El Trabajador Centroamericano Nº 10

H O N D U R A S

Las preocupaciones de la Fesitranh

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) ha alertado a sus bases sobre las pretensiones de "algunos sectores" de presentar las reformas al Congreso Nacional "sin haberlo concertado con los diferentes sectores".

La gran preocupación ahora que estamos con el agua al cuello es que las reformas no fueron "concertadas". Nuevamente se pone el énfasis en un aspecto secundario y no en el principal que es el hecho que desde hace más de 4 años se viene concertando y el resultado es la imposición de los puntos de vista de la empresa privada.

Ha llegado la hora de llamar a las cosas por su verdadero nombre. Es necesario alertar a los trabajadores de que nos quieren quitar las pocas conquistas que tenemos y que para evitarlo es necesario iniciar ya mismo un proceso de discusión, organización y movilización que frene las pretensiones patronales.

Exigir más concertación es pedir que nos sigan engañando más, es darle la espalda a los trabajadores alentando esperanzas que nunca se harán realidad.

Ahora que ya estamos por entrar a las definiciones, ya que en cualquier momento se presentan al Congreso Nacional las propuestas de reforma, recién ahora algunos dirigentes empiezan a preocuparse mientras la gran mayoría desconoce el enorme peligro que enfrentan los trabajadores debido a las ilusiones sembradas y a la complicidad con los empresarios de quienes representando al movimiento obrero en la mesa de negociaciones no supieron o no quisieron alertar antes. Por cierto, uno de esos representantes es el actual Ministro del Trabajo, don Víctor Artiles.

Las ilusiones y la realidad

Desde hace casi 4 años la dirigencia de las tres centrales obreras de nuestro país (CTH, CGT y CUTH) han venido participando, conjuntamente con representantes del gobierno, la empresa privada y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en interminables reuniones para concertar la reforma al Código de Trabajo.

En todo este tiempo los burócratas sindicales han venido sembrando falsas ilusiones en el sentido que se estaba a punto de lograr grandes beneficios para los trabajadores, haciendo oídos sordos a los alertas que diferentes sectores veníamos haciendo.

Sobre esos alertas es importante señalar las opiniones del abogado Víctor Sabillón que fueron desechadas y del Partido de los Trabajadores expresadas en el artículo Ajuste y contra reforma laboral de Carlos Amaya Fúnez publicado en Revista de Centroamérica Nº 3, de febrero de 1995; en el cual se señala que el verdadero objetivo del gobierno es "flexibilizar" las relaciones laborales para legalizar y extender a todo el movimiento obrero el régimen superexplotador existente en las maquilas; alertas que se repitieron en numerosos artículos de los periódicos El Trabajador primero y El Trabajador Centroamericano después.

También hay que reconocer los esfuerzos hechos por algunos sindicatos de La Ceiba que han venido planteado sistemáticamente en cada reunión de las Centrales y Federaciones que era necesario preparar un plan de lucha para evitar que la empresa privada impusiera sus mezquinos intereses.

¿Qué podemos hacer?

En primer lugar debemos abandonar las falsas ilusiones, la reforma al Código no tienen nada de progresivo. El mismo representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho (pieza clave en la destrucción del sindicato minero Sitrapaci cuando ocupaba un cargo en el Ministerio de Trabajo) así lo reconoce al igual que los funcionarios de la OIT. Sin embargo, la salida que ellos proponen: reglamentaciones y cláusulas transitorias, no solucionan nada.

Es necesario y urgente la convocatoria a una asamblea nacional unitaria del movimiento sindical para definir un plan de lucha. Al mismo tiempo hay que abandonar la Concertación y retirar a todos los dirigentes de las numerosas comisiones en las que se encuentran para que vayan a las bases a preparar la lucha. De lo contrario las nefastas reformas terminarán imponiéndose.

Un mal de siempre

Las compañías bananeras han envenenado por largos años comunidades enteras mediante el uso indiscriminado de productos químicos altamente tóxicos; afectando a sus habitantes y los recursos naturales, contaminando las aguas, los suelos y el aire, a las personas, trabajadores, familiares y demás moradores sin distinción de edad y sexo.

Esto ha sido causa de muchos males, muchas enfermedades que sufren los campeños [1], sin que haya medicina alguna que alivie su daño físico, orgánico y moral hasta llevarlos a la muerte, no solo de ellos sino también de sus hijos quienes se ven afectados. Tal el caso de la reciente denuncia del director de un hospital de Olanchito, Yoro, [2] relacionada con la mayor incidencia de nacimientos de niños sin cerebro. A esto hay que sumarle las demás enfermedades como cáncer u otros tumores malignos que los doctores al servicio de las transnacionales siempre han tratado de ocultar.

EL Nemagón

No fue hasta principios de la década del '90 cuando se conoce en Honduras que la Standard Fruit Company, entre los años 1967 y 1983 había estado aplicando, en Coyoles Central, departamento de Yoro y sus alrededores, un producto químico prohibido en los Estados Unidos y que se encontraba incluido en la denominada "docena maldita" por ser altamente tóxico. Los hombres expuestos a este producto pierden la fertilidad y trae efectos secundarios como el cáncer interno y defectos de nacimiento, aparte de otras enfermedades dañinas que la ciencia médica todavía no han podido relacionar de manera directa y contundente con el uso del químico-y que la ley burguesa aprovecha para no considerar como efectos de la exposición al tóxico- aún a pesar de que muchos trabajadores expuestos mueran o queden inservibles para siempre, sin que nadie pueda decir la causa de dichas muertes.

Este producto químico es el famoso Dibromo Cloro Propano (D.B.C.P.) también conocido como Nemagón; fungicida y nematicida que por donde se aplica no hay vida vegetal y animal que quede viva, dejando a su paso grandes daños ambientales y humanos. Sus efectos tóxicos persisten por más de 80 años.

En un primer momento el Sindicato de Trabajadores de la Standard Fruil Company (Sutrasfco), buscando una alternativa, llegó a arreglos con la Standard Fruit Company en 1992 de hacer un examen clínico a los trabajadores para poder comprobar el grado de esterilidad que pudieran sufrir, estableciendo tres escalas: "A" eran los que quedaron totalmente estériles, a quienes se les indemnizaría con cincuenta mil lempiras; "B", con menor daño de esterilidad, se les entregarían treinta mil lempiras; y "C", levemente afectados, recibirían el valor de veinte mil lempiras. Pero este arreglo fue manipulado por la empresa mediante la utilización de un laboratorio controlado por ella dando dinero a personas allegadas, algunos sin daño orgánico y excluyendo a otros que si estaban afectados. Debido a esta situación se rompió el arreglo.

Así es como el 18 de abril de 1993, aparecen los abogados norteamericanos revisando a más de 500 trabajadores, haciendo su exposición sobre los químicos y asesorando sobre cómo demandar en los Estados Unidos a las firmas industriales elaboradoras de los agroquímicos en cuestión, poniéndose de inmediato al servicio de los trabajadores.

Así comienza el sueño que terminó en pesadilla

Los abogados del bufete "Charles S. Siegel" en EE.UU., con los abogados hondureños Arístides Mejía Carranza y Milton Jiménez Puerto, entraron de lleno a conocer y ventilar el espinoso caso judicial internacional, expresando que la demanda en el país del norte era de mayor garantía de éxito y la indemnización allá sería mucho mayor en dólares que el arreglo inicial en nuestro país o cualquier otra demanda acá, pudiendo recibir cada demandante no menos de veinte mil dólares. Para esto, en ese momento lo que expresaban es que se debía comprobar si estaban o no afectados por el producto químico. Incluso iniciaron el proceso con el compromiso de que, una vez saliendo de este asunto, se realizarían investigaciones sobre las diferentes enfermedades que sufren hombres y mujeres, investigando todos los productos químicos a que son expuestos, para poder presentar nuevas demandas por otros daños.

Es así como presentan el mismo año (1993), demandas contra las compañías productoras y compradoras de los agroquímicos: Standard Fruit Company, Dole Food Company, Shell Oil Company, Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, entre otras. La demanda fue en representación de más de 20 mil trabajadores de 12 países: Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía, Dominicana, San Vicente, Ecuador, Filipinas, Burkina Faso y Costa de Marfil.

Todo el proceso, que duró la demanda, estuvo lleno de palabras alentadoras y esperanzadoras de parte de los abogados, considerando que "iba a ser todo un verdadero éxito"; "que la demanda iba por buen camino"; "que pronto habría un veredicto favorable"; "que si se daba un arreglo extrajudicial tendrían que recibir una indemnización justa, similar a lo que podría resultar de un fallo emitido por un juez"; "que la indemnización podría andar alrededor de 20 mil dólares"; etc., etc.

Maniobras de la empresa

Incluso hubo muchas maniobras de la empresa. Una fue la de continuar haciendo exámenes clínicos, pagando de acuerdo a las escalas A, B y C antes mencionadas, sin el consentimiento del sindicato y exigiendo la firma de un finiquito a los trabajadores para quedar librada de cualquier otra demanda. Pero, los abogados alentaban en el sentido de que desistieran de esas cifras, ya que en EE.UU. la cantidad que recibirían los trabajadores hondureños afectados, sería mucho mayor y pagados en dólares americanos. Varios obreros desistieron de recibir los 20, 30 o 50 mil lempiras, depositando su confianza en los abogados estadounidenses y las leyes gringas, por añadidura.

Otra maniobra de la empresa fue en 1995, cuando en el marco de la negociación colectiva con el Sutrasfco, la patronal hace la propuesta de pagar a los trabajadores que fueron expuestos y resultaron afectados, la cantidad de siete mil lempiras. El resto de trabajadores que no fueron expuestos, sin excepción recibirían la cantidad de cuatro mil lempiras. En este punto incluían a las mujeres. Esta propuesta recibió el total repudio y malestar de la base sindical con sus dirigentes, acusándoles de querer vender la demanda, solidarizándose con este acto con los abogados de EE.UU. para que continuaran con la demanda en aquel país, representándolos en los tribunales competentes.

El arreglo extrajudicial

Hoy, después de cinco años, y a pesar de todas las promesas que se hicieron por parte de los abogados, resulta que llegaron a un arreglo extrajudicial sin consultar con los demandantes y además cambiando las condiciones.

Ahora resulta que sólo tienen derecho a la indemnización los que estuvieron expuestos, salieron afectados y tienen cuatro hijos o menos; los demás reciben cien dólares de consolación. Es decir, que quienes fueron afectados y quedaron estériles pero tuvieron más de cuatro hijos antes de estar expuestos no reciben indemnización sino cien dólares como consolación al igual que los que al practicárseles el examen clínico no salen afectados de esterilidad sin importar si tienen o no otro daño.

Total que, de 3 mil 200 trabajadores que dieron poder a los abogados, solo demostraron esterilidad 366, quedando unos 500 que no pudieron dar la muestra clínica. Y los afectados, no es que recibieron los 20 mil dólares, sino que la indemnización dependerá del resultado de su espermograma y del número de hijos que tenga creando escalas, recibiendo mil setecientos dólares o dos mil dólares, pero no más.

A esas sumas se les dedujeron el cuarenta por ciento (40%) en concepto de honorarios profesionales de los abogados norteamericanos y hondureños; y el doce por ciento (12%) por gastos de litigio. Al final, a un trabajador que recibió mil setecientos dólares sólo le quedaron u$ 816.00 dólares por el grave daño que le fuera causado por las bananeras, el resto fue para los abogados.

Con el arreglo, los abogados recibieron 41.5 millones de dólares (la Shell pagó 17 millones, la Dow Chemical 22 millones y la Occidental dos millones y medio de dólares). Ese total fue distribuido entre los trabajadores de los 12 países antes mencionados sin que exista un informe detallado de cómo se distribuyeron, pero todo parece indicar que la gran mayoría sólo recibió los cien dólares.

Una vez conocido el arreglo, ha causado gran malestar en todos los trabajadores de nuestro país, quienes justamente se sienten engañados, humillados y traicionados por los abogados, y responsabilizan inclusive a la misma organización sindical, la cual ha planteado que los únicos responsables son los tantas veces mencionados abogados, ya que la mayor parte del dinero lo cobraron ellos.

Nuevamente en pie de lucha

Como producto de ese malestar y con la experiencia que tenemos por los resultados de ese avieso arreglo extrajudicial, y aprovechando que la bananera Standard Fruit Company está dentro de las que no ha cedido al pago, los trabajadores debemos buscar formas de lograr una solución favorable, directamente en Honduras.

El Sindicato por un lado y un grupo de ex trabajadores por el otro (quienes realizaron toma de puentes y carreteras en el departamento de Colón impidiendo el paso a los contenedores que transportan fruta), considerando toda esa experiencia acumulada de engaños y traiciones, no podemos estar separados, desunidos y desorganizados. Debemos crear y consolidar una sola organización que aglutine a todos los trabajadores y ex trabajadores con sus asambleas, donde se decidan las cosas democráticamente y buscar conformar un frente con los trabajadores de los sindicatos bananeros para luchar unidos, compactos y decididos para lograr una justa indemnización.

También hay que contactar las organizaciones de los otros países que también fueron engañados, para hacer unidad de acción manteniendo una comunicación permanente, para que así todos logren un buen beneficio, el cual sólo será posible si se organizan y luchan unidos trabajadores y ex trabajadores, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

Ninguna confianza en las comisiones gubernamentales

Otro aspecto es que no se debe depositar confianza en comisiones creadas por el gobierno y la empresa para investigar como la que se conformó para impedir que continuara la toma de puentes y carreteras. Aquí la única que gana es la transnacional, ya que el gran ausente en dicha comisión es el afectado y otros sujetos que no se conocen toman las decisiones, parcializándose con la transnacional. No permitamos que nos sigan engañando, confiemos solo en nuestras propias organizaciones bajo el estricto control de las asambleas donde decidan los trabajadores y no los directivos.

El problema de los tóxicos es grave y el costo que éstos pueblos tienen que pagar, es caro. El gobierno siempre les ha permitido el ingreso y su uso sin ningún tipo de control. No creamos que les interesa cambiar, somos un país donde los gobiernos burgueses protegen a las transnacionales. Ellos se hacen un nudo para defenderse y evitar que les impidan su proceso de enriquecimiento. Para eso es importante el banano, no la vida humana. Es por eso que los trabajadores tenemos que unirnos y luchar juntos contra el uso indiscriminado de los productos químicos y el pago de indemnización justo de todos los daños causados a las personas, medio ambiente, aguas, vida animal y vegetal.

[1] Obrero de las plantaciones bananeras que vive en campamentos de las compañías.
[2] Región productora de banano en donde se encuentran las plantaciones de la Standard Fruit Company.

H O N D U R A S

El día lunes 9 de febrero los tribunales capitalinos a solicitud de la Fiscalía Especial de Protección del Consumidor emitieron ordenes de captura contra distintos directores de Institutos de la capital, acusados de estafa por haber subido arbitrariamente los costos de la matrícula. "Valiente acción" que pone de manifiesto el cinismo del gobierno de Flores: ahora resulta que el mismo Estado responsable de la crisis educativa, quiere aparecer como benefactor del pueblo utilizando para ello los mismos tribunales de justicia.

Lo que ha llevado a los directores a incrementar los costos de matrícula es la misma indiferencia de la misma Secretaría de Educación que ante los graves problemas de financiamiento que tienen los institutos y escuelas siempre dicen no hay dinero; esas ordenes de captura no son más que una cortina de humo para esconder el problema real: la escuela pública se pierde aceleradamente.

En varios artículos he venido señalando este problema y las organizaciones magisteriales no han pasado de hacer líricas declaraciones pero hasta ahora no tienen un plan concreto para evitar que esta conquista se pierda. Desde el momento en que los costos de la educación cada día recaen con mayor peso en el padre de familia, estamos asistiendo a una privatización de hecho; en algunos colegios los padres de familia ya pagan cuotas mensuales con carácter de obligatoriedad, si no pagan, sus hijos no pueden participar de los mismos beneficios del proceso enseñanza aprendizaje en igualdad de condiciones con los que si pagan.

Cada año la situación se vuelve más dramática, para demostrar cómo el Estado se desobliga de su responsabilidad constitucional de administrar y financiar la educación pública, veamos las declaraciones del director del Instituto Luis Bográn publicadas en El Heraldo el 10 de febrero : "la cuota de funcionamiento del Instituto es de 250 lempiras, que incluye 100 de matrícula, 50 para mantenimiento de talleres, 50 para reparación de edificios y el resto para mobiliario y equipo", además de eso precisó que todos esos fondos son reportados al Ministerio de Educación porque los colegios oficiales son auditados por la Contraloría General de la República, es decir, que la misma Secretaría conoce y tolera estos incrementos y a la hora de la hora los únicos perseguidos son los directores. El director del Luis Bográn también dijo que "sólo el año pasado la Contraloría que estaba interviniendo el instituto nos autorizó la cantidad de 145,000 lempiras para gastos en los talleres, esos eran fondos que hasta 1996 los proveía el Estado a través de ordenes de compra". Si el Estado no asume estos gastos ¿quién los termina pagando? ¿acaso no es el propio padre de familia? El mismo director dijo que desde el año pasado "la orden del gobierno fue que los institutos oficiales se autogestionaran y ello significa la exigencia de contribuciones de los padres de familia, así como recibir donaciones y otras regalías".

Estas declaraciones ponen de manifiesto la complicidad del gobierno anterior y ahora el de Flores en cargar los costos de la educación a los padres de familia pero por otro lado, hay que señalar que la actitud de los directores y los mismos docentes es sumamente cómoda ya que en vez de organizar a los padres de familia y a los estudiantes para luchar y evitar que los costos recaigan en los bolsillos de los primeros y obligar al Estado a asumir su compromiso de financiar la educación, buscan la salida más fácil, no se dan cuenta que ante los ojos del padre de familia ellos son los pícaros que están privatizando la educación; la cabeza visible de este proceso degenerativo somos los docentes, por ello muchos padres y estudiantes vieron con buenos ojos la política cínica e hipócrita de la Fiscalía del Consumidor de encarcelar directores, la única forma de desenmascarar al verdadero responsable del problema es uniéndonos docentes, estudiantes y padres de familia para analizar la situación y emprender un plan de movilización mediante el cual exijamos al gobierno que asuma los costos de la educación o ¿vamos a esperar el próximo año para darle otro trancazo a los padres de familia para que ellos resuelvan lo que el gobierno debe resolver?