El Trabajador Centroamericano Nº 10

COSTA RICA

por Alberto Ramírez Ocampo y Pedro Rojas García

Al momento de escribir el presente artículo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había finalizado de contabilizar los votos emitidos el 1 de febrero de 1998. Por lo tanto tenemos un panorama más completo para analizar los resultados de las pasadas elecciones que le dieron un precario triunfo a Miguel Angel Rodríguez.

El ganador de las elecciones: el abstencionismo

Desde la edición anterior resaltamos que las elecciones del 1° de febrero y sus resultados indican que existe una crisis del sistema electoral burgués en Costa Rica. El abstencionismo fue mayor que la votación para cada uno de los partidos burgueses tradicionales: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC). El corte de los resultados al 8 de febrero era el siguiente:

Como se puede observar a partir del cuadro anterior, el abstencionismo fue mayor que la votación que obtuvo el PUSC por un margen de 35,294 votos, es decir en un 5.4%, mientras que fue superior a la del PLN en una franja de 69.093 votos, o sea, en un 11.2%. En las elecciones del año 1994 la abstención fue del 19%, aumentando en el año 1998 a 32.2%, lo que implica un incremento del 13.2%, que en términos absolutos representa más de 200,000 votantes.

Por otro lado, es de gran importancia señalar que desde el año 1958 en que por circunstancias especiales (el bloque burgués calderonista no participó ese año en las elecciones) la abstención alcanzó la cifra récord del 35.3 %, no se había producido en los últimos 40 años de la historia costarricense este fenómeno histórico-político. Lo anterior refleja varios cambios importantes:

- En primer lugar, un proceso de ruptura político-electoral de un gran sector de masas con los partidos que han sido pilares tradicionales del régimen democrático burgués: las masas después de 40 años de engaños y estafas de esos partidos patronales, han comenzado a darse cuenta que el régimen lejos de resolverles sus problemas y necesidades, más bien los ha hundido en la miseria, de ahí que su decepción los haya llevado a la abstención masiva y que los partidos llamados minoritarios no hayan podido capitalizar masivamente dicho descontento, aunque lo expresaron parcialmente, así sea de manera distorsionada.

- En segundo lugar, el nuevo gobierno electo no cuenta con un apoyo masivo, todo lo contrario tiende a convertirse en un gobierno frágil ya que las masas no le dieron un respaldo categórico. El resultado electoral de los partidos burgueses tradicionales es tan precario que Miguel Angel Rodríguez obtuvo más votos como candidato perdedor en las elecciones de 1994 que como presidente electo en el año 1998. Los datos son muy reveladores de la crisis de los partidos patronales tradicionales. En las elecciones presidenciales del 94 los dos partidos patronales (PLN-PUSC) obtuvieron el 77% del padrón electoral, mientras que en el 98 apenas llegaron al 61.8%, perdiendo un 15.2%. En la Asamblea Legislativa en el año 94 tuvieron el 66.5% del padrón electoral en tanto que en el año 94 llegaron al 49.6%, perdiendo el 16.9 % de los votantes. En otras palabras, los grandes perdedores de estas elecciones son el PUSC y el PLN.

La votación por los partidos minoritarios

Los partidos minoritarios, tanto a nivel nacional, provincial y cantonal, lograron capitalizar una importante franja del electorado descontento con el bipartidismo tradicional. Para las elecciones a Presidente en 1994 los partidos minoritarios alcanzaron el 2 %, mientras que en 1998 ascendieron a un 7.8 %, lo que representa un crecimiento de casi un 6 % de los votos emitidos. En todo caso, su mayor crecimiento se registró a escala de las votaciones para diputados, ya que en el año 1994 obtuvieron 221,533 votos, mientras que en 1988 obtuvieron 320,000 votos, en términos absolutos un incremento de alrededor de 100,000 votos y en términos relativos un aumento del 16 %. Así las cosas, los diversos partidos minoritarios pasaron de tener 4 diputados en la administración anterior a tener 7 diputados a partir del 1 de mayo del año en curso.

No obstante, estos datos gruesos no pueden obviar un análisis más preciso de lo que representan cada uno de esos partidos. Unicamente Fuerza Democrática (F.D.) mantiene representación parlamentaria con respecto al período 94-98, la cuál pasa de dos diputados a tres en la actualidad. En el período anterior los dos diputados de F.D. correspondían a la Provincia de San José, actualmente se le agrega una curul más en representación de la Provincia de Alajuela. Los otros dos partidos minoritarios que tuvieron representación parlamentaria en el período anterior, ambos de carácter provincial (Partido Agrario Nacional de Limón y Partido Unión Agrícola de Cartago), perdieron toda representación. Este dato indica la fragilidad y versatilidad de los minoritarios.

Mención aparte merece Fuerza Democrática, un reagrupamiento de antiguos izquierdistas con ropaje cada vez más moderado, algunos oportunistas en su mayoría desprendidos del PLN, y capas medias azotadas por la crisis, con un programa de carácter socialdemócrata y un discurso opositor al neoliberalismo. Esa conjunción de fuerzas y un despliegue publicitario de última hora, permitieron a F.D. captar una significativa votación y empezar a ubicarse como una alternativa de recambio frente a la crisis del bipartidismo, en el marco de la salvaguardia del régimen democrático burgués.

Ingresan por primera vez a la Asamblea Legislativa cuatro partidos cada uno con un diputado: Por San José: El Movimiento Libertario, de extrema derecha, el Partido Integración Nacional, de corte populista, el Partido Renovación Costarricense, satélite del PUSC y por la Provincia de Alajuela: ingresa como diputado Guido Vargas del Partido Agrario Laborista Alajuelense (PALA), caudillo de una organización de pequeños y medianos productores agrícolas de carácter masivo: UPA-NACIONAL.

Vale la pena destacar que muchos electores que votaron por los partidos minoritarios lo hicieron sin siquiera conocer su programa y propuestas. Sobre todo así lo hicieron los votantes del PLN a la Presidencia que en gran número "quebraron el voto" para las papeletas legislativa y municipal. La votación relativamente considerable para los minoritarios en ese terreno es básicamente un acto de mero castigo contra el bipartidismo, sin una identificación clara con las opciones emergentes. Sin embrago cada caso merece un análisis particular. Así por ejemplo, el Movimiento Libertario refleja un fenómeno aún incipiente de polarización hacia la extrema derecha de capas desesperadas de la burguesía media y la pequeña burguesía que se convierte en caldo de cultivo para salidas autoritarias. Por otra parte, el PALA refleja la organización y actividad reivindicativas de importantes capas del campesinado medio agobiado por la crisis.

Asimismo, en varios cantones se presentaron papeletas municipales integradas por dirigentes comunales de muy distinto signo. En Escazú la agrupación denominada "La Yunta" y en Curridabat "Siglo XXI", obtuvieron la mayoría de regidores y síndicos municipales, aventajando a los dos partidos mayoritarios. En otros cantones, estas agrupaciones municipales, si bien no lograron la mayoría, sin embargo obtuvieron un importante caudal de los votos.

Todo indica que se está operando un proceso de descentralización del poder, a partir del resquebrajamiento del bipartidismo. No obstante, el vacío político que deja la crisis de los partidos burgueses tradicionales, está lejos de ser llenado por los partidos minoritarios, lo que expresa el repunte histórico del abstencionismo. Asimismo, ninguno de los llamados minoritarios representa fielmente los intereses obreros y populares. Ninguno representa una alternativa revolucionaria que se oriente hacia la movilización de las masas por la solución de sus necesidades y contra el sistema capitalista. Por ello, el PRT correctamente llamó a no votar y empalmó con el sentimiento de importantes sectores de las masas.

Sin embargo, es necesario precisar ahora nuestras tareas. El análisis reflexivo sobre las elecciones nos indica que se hace necesario construir una alternativa de los trabajadores y que hay un espacio que se expresa en el terreno electoral. Los activistas obreros y populares deben agruparse, elaborar un programa de independencia de clase, y prepararse en esa perspectiva.

En los últimos años el proceso de empobrecimiento que vive la sociedad costarricense se ha expresado en un creciente porcentaje de jóvenes que abandonan el sistema educativo por tener que trabajar para ayudar a sus familias. La reforma educativa que impulsó la Administración Figueres, a punto de concluir su mandato el próximo 8 de mayo, ha acelerado este proceso. Casi la mitad de los jóvenes se está quedando sin recibir enseñanza media.

Desde el punto de vista cultural, esto significa un retroceso muy grande en uno de los aspectos en los que la sociedad costarricense se galardoneaba más frente al resto de Centroamérica. Desde el punto de vista social, esta marginación de la juventud tiene profundas consecuencias, acelerando fenómenos de descomposición social, tales como drogadicción, alcoholismo, prostitución, bandidaje.

Con el Ministro de Educación Pública actual, Eduardo Doryan, se ha plasmado una nueva concepción educativa, que responde a los intereses de la burguesía costarricense en el marco del proceso de la globalización. No muy diferente de las reformas que impulsan en otros países los "asesores" educativos de los organismos financieros internacionales, en C. R. esta reforma, conocida como EDU-2005, condiciona el proceso de formación de los niños y los jóvenes a la preparación de la mano de obra barata y poco calificada que buscan las transnacionales para invertir en nuestros países. Mientras desaparecen de las escuelas materias tan formativas para los niños como la educación física, se hace eje en la enseñanza del inglés y la informática, en condiciones en que, por el tamaño de los grupos, el faltante de aulas, la pobreza de recursos pedagógicos y la falta de capacitación de los docentes, ni siquiera se está logrando una enseñanza adecuada del español y la matemática. Pero más aún, la idea de poner al servicio de las transnacionales el sistema educativo ha llegado tan lejos, que con cada viaje del Presidente Figueres en busca de inversionistas, los programas de los colegios técnicos pasan a definirse en función de las compañías que vendrán.

Ahora bien, la otra cara de ese proceso, es la exclusión pura y simple de los estudiantes que no dan la talla, que no se ajustan a las normas de productividad y competitividad que se exigen del educando. Para que no aumente el gasto del Estado en educación y favorecer una mayor privatización del sistema educativo se impulsa, utilizando mecanismos como los exámenes de Noveno Año y Bachillerato, que los muchachos dejen de estudiar o se trasladen a los institutos privados de educación abierta, que pululan como hongos y son una verdadera estafa desde el punto de vista de la formación que pueden ofrecer a los educandos. Incluso para evitar que los jóvenes que deben trabajar se trasladen a los colegios públicos nocturnos, se vienen poniendo una serie de trabas a los estudiantes de estos colegios con el fin de terminar cerrándolos y que no haya competencia para los institutos privados.

Sin olvidar de que hay además un proceso de elitización y restricción del acceso a las universidades estatales, en proceso de reestructuración (despidos y cierre de carreras) para condicionarlas también a las necesidades de las transnacionales.

EDU-2005 se ha venido imponiendo con el apoyo de las burocracias que dirigen las organizaciones tradicionales de los educadores costarricenses (ANDE, APSE y SEC), las cuáles han avalado que el Gobierno viole la ley, en lo que es uno de los aspectos clave de la reforma: la extensión del curso lectivo.

La Ley de Carrera Docente establece el curso lectivo del primer lunes de marzo al 30 de noviembre. El Gobierno ha impuesto la entrada a clases desde el pasado 11 de febrero y concluir el curso lectivo el 11 de diciembre.

Esta medida comenzó desde el año pasado en secundaria y este año se generalizó. Por falta de capacidad administrativa, aulas y pupitres, atraso en el nombramiento de docentes, en la matrícula y traslados, en la confección de horarios, era claro que las dos primeras semanas (sobre todo en secundaria) iba a haber mucho desorden y que los días de clases que se ganan son un engaño.

La medida, sin embargo, tiene un importante trasfondo ideológico y político: imponer que los profesores trabajen más por el mismo salario e ir acostumbrando a los educandos a las condiciones de trabajo (largas jornadas de sobreexplotación) propias de la "flexibilización laboral" hoy en boga.

La única organización magisterial que ha venido denunciando que desde el punto de vista pedagógico esta medida no sirve, ha sido el Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE 7 DE AGOSTO), organización que se formó después de la traición de las burocracias de ANDE, APSE y SEC, durante la huelga de los educadores en defensa de su régimen de pensiones en setiembre de 1995.

SINPAE ha advertido que más días de clase dentro de un sistema tradicional de enseñanza, que encierra al estudiante en el aula, a lo único que lleva es al agotamiento de los educadores y el aburrimiento y la deserción de los estudiantes. SINPAE ha señalado también, que la entrada a clases en febrero, se convierte en un duro golpe contra el bolsillo de los trabajadores (pues se produce muy próxima a la fecha de las graduaciones, la Navidad y el período, ahora reducido, de vacaciones). En estas condiciones, es evidente, que aumentará la deserción a nivel de la secundaria e incluso de la educación primaria. Las becas, libros y uniformes que da el gobierno, son paliativos insuficientes y que no cubren a toda la población escolar que los necesita.

La "democracia" costarricense comienza pues, a negar el derecho a la educación a los sectores populares. Es sintomático de ello, el que la legislación penal juvenil haya sido endurecida. La nueva ley penal juvenil en muchos aspectos va a castigar más duramente a los jóvenes que a los adultos.

La defensa de la educación pública, del acceso gratuito de los sectores populares a todos los niveles de la educación, incluida la universitaria, y de una formación integral para el niño y el joven, es una tarea urgente de los trabajadores y el pueblo costarricense. Contra las políticas educativas de la globalización, de encadenar desde la escuela a jornadas que no dejan espacio para la distracción y el descanso, de imponer un sentido de competitividad capitalista y el sometimiento a una disciplina autoritaria, los educadores, con el apoyo de los padres de familia, deben de fomentar la rebeldía de los estudiantes. Hay que hacer que nuestros educandos rechacen el futuro de explotación y miseria para el que se los quiere preparar desde la escuela y el colegio. Hay que señalar a la juventud trabajadora la necesidad de definir un proyecto verdaderamente socialista y democrático, para que los trabajadores tomen el poder y acaben con el sinfín de males que nos aporta el capitalismo.

¿Qué le ofrece el capitalismo a los jóvenes?

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), uno de cada cinco niños menores de diez años en América Latina debe trabajar y abandonar la educación formal.

Pero no creamos la demagógica historia en el sentido de que Costa Rica es la "suiza centroamericana", y por lo tanto es muy distinta al resto de Latinoamérica. En nuestro país miles de jóvenes iniciamos nuestra vida con el futuro vendido: pululan niños pidiendo limosna en las calles, cada vez más adolescentes se prostituyen o están sometidos al flagelo de las drogas y el alcohol. Ciento cincuenta mil jóvenes entre los doce y los diecisiete años (dos de cada cinco de la población juvenil indicada) no tienen acceso a la educación secundaria y solo el 12 % de los jóvenes podrán ingresar a la educación universitaria.

Por consiguiente, el maravilloso "mercado de oportunidades" que pregonan los neoliberales se reduce a la cada vez más dura oportunidad de trabajar para subsistir. La burguesía tica con gran cinismo ha impuesto un sinfín de trabas y limitaciones a los jóvenes de los sectores populares. Bajo el programa llamado EDU-2005 está imponiendo una educación al servicio de las grandes transnacionales y está promoviendo la deserción masiva de todas las formas posibles: extensión del curso lectivo, exámenes de sexto grado, noveno año, bachillerato y admisión a las universidades, que se constituyen en una cadena de coladeros, déficit de aulas y material didáctico, grupos o secciones muy numerosas que impiden un correcto desarrollo pedagógico, talleres de "valor agregado" los sábados y sistema de créditos para los colegios nocturnos, reduciendo a estos colegios a su mínima expresión, etc.

Por otra parte, si después de sortear todos esos obstáculos un joven tiene el privilegio de ingresar a la Universidad, con frecuencia no se le permite estudiar la carrera de su agrado, debido al rígido y competitivo sistema de cupos restringidos; o peor aún, si con mucho esfuerzo y a un alto costo logra concluir sus estudios universitarios, se encuentra con serias dificultades para desempeñarse laboralmente en su profesión.

Así también los jóvenes trabajadores son superexplotados por sus patronos tanto nacionales como extranjeros; especialmente en las maquilas, zonas francas industriales y trabajos agrícolas, en donde los capitalistas buscan a los jóvenes pues saben que somos "carne fresca", que soportamos las salvajes curvas de producción y estamos indefensos social, política y sindicalmente para contestar su explotación.

¿Qué debemos hacer los jóvenes?

Ante esta perspectiva, los jóvenes que militamos en el P.R.T. pensamos que es necesario construir una organización revolucionaria de la juventud. Una organización que sea solidaria con las luchas de los trabajadores y los pueblos oprimidos en cualquier parte del mundo y que a la vez intervenga activamente en los problemas y luchas de la juventud costarricense. Una organización que luche por resolver las necesidades más apremiantes de los jóvenes, en dónde quiera que se encuentren sus miembros, y a la vez se postule como una alternativa revolucionaria a los movimientos juveniles actuales, desde las sectas religiosas, las juventudes de los partidos reformistas, las organismos no gubernamentales (ONGs), hasta los grupos ecologistas o feministas con una visión parcial y pequeñoburguesa sobre los objetivos de sus luchas. Una organización juvenil que milite decididamente por la revolución socialista. Esa es la única forma en que los jóvenes podremos forjar un futuro con esperanza: luchando y organizándonos para derrumbar el sistema capitalista y construir una sociedad al servicio de los jóvenes y los trabajadores.

Por tales razones, en ocasión del 28 aniversario de la gesta juvenil contra ALCOA, que se conmemora el próximo 24 de abril, estaremos convocando a un encuentro de todos los jóvenes que coincidan con nosotros en esos objetivos esenciales a fin de sembrar los cimientos de la Juventud Revolucionaria. Próximamente estaremos circulando una declaración en ese sentido y precisando los detalles organizativos. Esté atento compañero y compañera.

El 12 de enero del año en curso, el Ministro de Trabajo Dr. Farid Ayales, dictó una directriz administrativa (Directriz DM-0095-98 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Con esta medida, se trata de que en nuestro país se apliquen nuevas modalidades o sistemas de trabajo, que constituyen una evidente violación al Código de Trabajo y cuyo objetivo central es LA FLEXIBILIZACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. Se trata de aplicar la liberalización del mercado laboral, para que los patrones tengan aún más "libertades" para sobre-explotar a los trabajadores.

Para tal propósito debe reducirse la intervención del Estado en las relaciones laborales a un mero formalismo decorativo, bajo el supuesto falso de que patronos y trabajadores serán quienes definan las condiciones y las normas de trabajo. Cuando en la realidad sabemos que el trabajador está con respecto al patrón como "el burro amarrado contra el tigre suelto". Si aún hoy con la intervención del Estado, los patronos viven continuamente violando las leyes laborales (leyes ya de por si sumamente restrictivas para el trabajador), si se elimina completamente la regulación estatal, no es con otro objetivo que el de recrudecer la tiranía del capital sobre el trabajo.

La directriz ministerial plantea cambios en los sistemas de gestión empresarial, jornadas de trabajo, trabajo nocturno de las mujeres, reglamentos internos y sobre la compensación de vacaciones entre otros, y si bien es cierto todos son de sumo interés y preocupación para los trabajadores, uno de los aspectos más perjudiciales es el que tiene que ver con la jornada laboral. Lo que se pretende con este nuevo sistema de trabajo es que los trabajadores cumplan su jornada ordinaria de 48 horas en 4 días, lo que significaría que tengan que trabajar 12 horas diarias durante esos 4 días y eliminar de esa manera la jornada extraordinaria.

Esta disposición arbitraria del ministro Ayales viola abiertamente el artículo 136 del Código de Trabajo, en el que se establece lo siguiente: "La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas".

A pesar de que el ministro de trabajo pretende hacer creer que la aplicación de este modelo "redunda en un mayor beneficio para el trabajador y la empresa", difícilmente podemos tragarnos semejante falacia. Queda claro que los nuevos sistemas de trabajo implican un beneficio únicamente para los patronos al quedar exentos de pagar las horas extraordinarias (que son equivalentes a tiempo y medio del salario de una hora ordinaria). Al imponer la jornada ordinaria diaria de 12 horas, entonces el trabajador no se hace acreedor al pago de tiempo extraordinario. En definitiva, los patronos podrán explotar más a los trabajadores, pagándoles menos salarios y obteniendo mayores niveles de ganancia. Significa entonces que los trabajadores tendrán jornadas extenuantes e insalubres y menos ingresos en sus bolsillos.

Las organizaciones sindicales deben informar a sus bases sobre los alcances de esta directriz ministerial, aunando esfuerzos para echar abajo ese adefesio antiobrero. Es necesario exigir a las cúpulas sindicales que salgan del letargo y la complicidad en que se encuentran y organicen la lucha en defensa de las conquistas más elementales de los trabajadores, no solo en la vía legal, sino fundamentalmente a través de la movilización de los trabajadores.