(Octubre 1997)

HONDURAS

Los Trabajadores no tenemos por quien votar

por Martín Hernández, San Pedro Sula

El próximo 30 de noviembre se realizará un nuevo proceso electoral para elegir las autoridades que dirigirán el país en los próximos cuatro años. Este acontecimiento que debiera servir para un amplio debate sobre los problemas nacionales y las políticas para resolverlos, se ha convertido en la mejor forma de hacer que el pueblo se olvide de sus verdaderos problemas y termine votando a ciegas por un candidato o candidata que al convertirse en presidente, diputado o alcalde se olvidará de sus falsas promesas y gobernará a favor de los capitalistas y en contra del pueblo trabajador.

Ninguno de los dos partidos con mayores posibilidades de triunfar: el Partido Liberal y el Nacional van a resolver la falta de trabajo, de tierras, la carestía de vida, ni van a mejorar la salud y educación del pueblo hondureño. Cualquiera de ellos gobernará a favor de las transnacionales y los grandes capitalistas hondureños siguiendo los lineamientos de los organismos financieros internacionales cuyo único y supremo objetivo es incrementar las ganancias de unos pocos capitalistas y saquear nuestras riquezas mediante la trampa que es el pago de la deuda externa.

Más de lo mismo

A lo largo de todos estos años el capital ha ido quitando conquistas históricas al pueblo como la Reforma Agraria, el derecho de organización sindical en las maquilas, la estabilidad laboral, la jornada laboral de 8 horas y la protección a la niñez y la mujer trabajadora. Y se ha llegado a reformar el Código Penal para encarcelar a todo el que proteste contra esta política hambreadora.

El próximo gobierno, sea el de Nora de Melgar o el de Flores Facussé, va a seguir profundizando esta situación. Ya se habla del incremento al impuesto sobre ventas que golpea directamente al pueblo empobrecido; la empresa privada anuncia la inminente aprobación de un nuevo Código de Trabajo en el cual se elimina la estabilidad laboral, la jornada de 8 horas y se crean las condiciones para el surgimiento del solidarismo en las filas obreras. Las transnacionales bananeras están a punto de lograr la eliminación del impuesto de exportación al banano y conjuntamente con empresarios hondureñas impulsan la eliminación del techo para la tenencia de tierras.

Una "democracia" a su medida

Una democracia clasista en la que para poder participar en elecciones el primer requisito es ser capitalista o ser apoyado por ellos para tener el dinero necesario para participar. Una democracia en la cual se impide con cualquier argumento, la inscripción de candidaturas independientes, como la que impulsó el año pasado nuestro partido o las tres que se presentaron este año en diferentes departamentos del país y fueron rechazadas.

En otras palabras, la "democracia" que vivimos no es más que la dictadura de los capitalistas expresada a través de los partidos Liberal y Nacional.

No existe oposición

Los partidos Innovación y Unidad (PINU) y Democracia Cristiana (DC) han participado en los diferentes gobiernos o han tenido diputados en estos 17 años y han sido incapaces de impulsar una verdadera oposición a las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales. Es más, en el caso de la DC, en el gobierno de Callejas contribuyó a enterrar la Reforma Agraria cuando su dirigente Juan Ramón Martínez fue director del Instituto Nacional Agrario.

El PINU por su parte, en todos los años que tiene de estar en el Congreso Nacional no ha tenido ninguna política para denunciar ni mucho menos oponerse a las leyes represivas aprobadas en las diferentes legislaturas. Ambos partidos son cómplices desde el Tribunal Nacional de Elecciones de las maniobras e imposiciones de los partidos tradicionales en contra de las candidaturas independientes y de los nuevos partidos.

En estas elecciones también participará por primera vez el Partido Unificación Democrática que lleva en sus filas a varios dirigentes sindicales y campesinos, además de ex candidatos liberales y nacionalistas.

Sin embargo, este partido tampoco se atrevió a levantar las reivindicaciones obreras, campesinas y populares para enfrentar la política neoliberal de los gobiernos liberales y nacionalista; y su oposición se ha limitado a cuestionamientos formales y a la búsqueda de convergencias y pactos que expresan la política sindical que vienen impulsando dichos dirigentes. Tal el caso de los candidatos a diputados por Cortés Israel Salinas, principal dirigente de la CUTH y uno de los más entusiastas defensores del tramposo Pacto Social, y René Martínez, presidente del Sitraterco, fuertemente cuestionado por su política de colaboración con la transnacional bananera "Juntos es mejor".

La inconsecuencia de la política de UD se expresa claramente en la posición del presidente del partido, García España, avalando la impunidad para los militares responsables de las desapariciones en la década pasada. 1

No vote por ninguno

Como lo hemos dicho en otras oportunidades los trabajadores no tenemos por quien votar y por esa razón nadie está obligado a votar por un candidato en el cual no cree. El Partido de los Trabajadores se une a esa inmensa mayoría de hondureños y llama a los trabajadores del campo y la ciudad a NO DARLE EL VOTO a ninguno de ellos.

La gran tarea que tenemos los trabajadores es fortalecer nuestras propias organizaciones de clase para luchar unidos por nuestro salario, por el derecho a la tierra, por la cárcel para los militares asesinos, por la ruptura de los acuerdos con los organismos financieros internacionales y todos los pactos colonizantes que nos atan al imperialismo norteamericano.

Necesitamos conquistar nuestra independencia dándole la espalda a los Pactos Sociales y a los "Juntos es mejor" ya sea en el terreno sindical o político y construir nuestra propia herramienta política que luche por un gobierno obrero, campesino y popular que es el único que puede hacer lo que un gobierno patronal no puede ni quiere: gobernar para el pueblo trabajador.

Asesinado candidato a alcalde de UD en Tocoa El pasasdo de octubre fue asesinado en Tocoa, Colon, Carlos Escalera, candidato a Alcalde por el Partido Unificación Democrática de esa ciudad. Según dirigentes de UD, no se descarta que el asesinato responda a motivación política dado que Escalera, quien había sido directivo regional del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Energía Eléctrica -STENEE-, tenía serias posibilidades de resultar electo. El Partido de los Trabajadores se suma a la exigencia de la inmediata investigación y esclarecimiento de este asesinato y el castigo a los culpables, al mismo tiempo que señalamos que aún continúan sin ser castigados los responsables de la masacre de Guaymas, ocurrida en octubre de 1995 (Ver El Trabajador Centroamericano Nº 1) y el asesinato del dirigente campesino, Cándido Amador, ocurrido en abril del presente año.

1. Para profundizar en la política de UD ver los artículos Los Trabajadores no tenemos Candidatos, El Trabajador Centroamericano Nº 6, junio julio 1997; y UD no acepta una plataforma electoral obrera y popular, El Trabajador Centroamericano Nº 3, enero 1997.

por Franco De la Corte, Tegucigalpa

Conforme al Artículo 59 de la Constitución de la República "La Persona Humana" es el fin supremo de la sociedad y del Estado, por otro lado, el Artículo 60, expresa: "Que en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos los hondureños somos iguales ante la Ley"; así mismo el Artículo 61 enfatiza al señalar: que la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la Ley y a la propiedad.

De tales preceptos se colige que frente a la exacerbada delincuencia que en los últimos años viene sacudiendo al país, todos los hondureños por igual y sin distinción de clase, debemos de gozar de la protección que brinda el Estado a través de los Cuerpos de Seguridad.

Sin embargo la realidad es otra, y tales postulados constitucionales son utopías o letra muerta "ni la propia burguesía se cree el cuento", pues los Cuerpos de Seguridad están al servicio y protección de los ricos, cuidando almacenes, bancos, fábricas, residencias, latifundios, y demás bienes de la gran propiedad burguesa. En síntesis la política de seguridad ciudadana del gobierno de Carlos Roberto Reina, no es más que la política de garantizar la protección de la propiedad privada de los capitalistas.

Al pueblo trabajador le importa poco, que la Fuerza de Seguridad Pública, la D.I.C. y el ejército despliegue operativos espectaculares para dar con el paradero de los robacarros, asalta bancos y secuestradores; ya que no es propietario de Runners, BMW y Mercedes Benz; tampoco es propietario de bancos y ningún delincuente secuestraría al hijo de un trabajador para exigirle un rescate. Al trabajador le preocupa que se le brinde seguridad para proteger los enseres que con mucho sacrificio ha obtenido, sin embargo la actual política de seguridad protege a los ricos y desampara a los pobres; es común ver a dos y hasta tres militares cuidando los almacenes de los grandes empresarios, pero ninguno de éstos cuida los bienes del pequeño propietario ni mucho menos la casa del pulpero.

Es paradójico que el Estado ante los problemas de agua, salud, educación y demás problemas que aquejan a la comunidad, alimenta el discurso de que "los ciudadanos o comunidades deben aprender a resolver esos problemas", no obstante no sucede lo mismo cuando se trata de garantizar la seguridad de los bienes del trabajador frente a la delincuencia —aún cuando el pueblo ha dado ejemplos que organizados se puede evitar la delincuencia—; pues es sabido que el primer caso la política va orientada a descargar el costo social en el pueblo y en el segundo a garantizar el monopolio de las armas en manos de los grandes terratenientes, empresarios y banqueros; para ello incluso existe un reglamento para la tenencia y portación de armas el cual en su Artículo 5 establece que "sólo podrán obtener permisos [...] a) Los comerciantes debidamente acreditados; b) Los dueños o representantes de empresas agrícolas, mineras o ganaderas [...] Los profesionales [...] Los que viven en lugares despoblados donde no existe autoridad [...] Los que se dediquen al deporte de la caza [...] Los altos funcionarios Públicos."

Esta es una clara muestra de que en la "Democracia Hondureña" no todos somos iguales. Los derechos como el derecho a portar armas está reservado a la burguesía estableciendo como dijimos en líneas anteriores un verdadero monopolio de las armas dejando a los trabajadores del campo y la ciudad desarmados e indefensos, privados de un derecho elemental a la autodefensa.

Frente a esta situación el Partido de los Trabajadores propone a los trabajadores del campo y la ciudad y sus organizaciones unirse en función de iniciar una campaña política nacional para exigir al Congreso Nacional lo siguiente:

Considerando: que el alto índice de criminalidad afecta fundamentalmente a los trabajadores, pobladores y campesinos, quienes a diario ven asaltadas sus viviendas, violadas sus parientes o asesinados por asaltos o vendetas de terratenientes, sin que hasta ahora exista una política estatal, que realmente proteja los intereses de los pobres.

Considerando: que la actual política de seguridad ciudadana, es clasista, es decir que favorece fundamentalmente a los ricos, sin importarle la seguridad del pueblo trabajador.

Por tanto: exigir al Congreso Nacional, se emita un decreto especial que garantice la seguridad comunal, obrera y campesina, legalizando Brigadas de Autodefensa con pleno derecho a portación de armas, ya que sólo los trabajadores y campesinos sabrán defender con valentía lo que tanto les ha costado.