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(Abril/Mayo 1997)
HONDURAS
por Martín Hernández
A casi dos meses de haberse firmado el llamado "Pacto Social", el pueblo trabajador sigue sin ver los "muchos beneficios para las mayorías" prometidos por el presidente de la CUTH, Israel Salinas. Sin embargo, lo que sí se ha visto es la total desmovilización de los trabajadores de la salud, que venían de impulsar una gran lucha por aumento salarial y en la mesa de concertación debieron conformarse con una miserable propuesta gubernamental para no romper el Pacto.
Y no se resolvieron, no porque el gobierno no haya cumplido con el Pacto como afirman algunos directivos sindicales con el ánimo de confundir; sino por la sencilla razón que el Pacto Social no contempla ninguna medida concreta que permita lograr dichas reivindicaciones, su objetivo es beneficiar a la empresa privada y avanzar en la aplicación de las medidas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional.
Un claro ejemplo de los objetivos del Pacto pudo verse en la lucha por aumento de salarios de los trabajadores de la salud. El gobierno, ayudado por los dirigentes que firmaron el Pacto, logró que la Coordinadora suspendiera las medidas de fuerza y entablara una negociación "sin presiones" que le permitió al gobierno imponer su oferta salarial en contra de lo exigido por los trabajadores. Todo, según ellos "para beneficiar al pueblo". Sin embargo, la realidad es otra, según Juan Ferrera, ministro de finanzas, "haber manejado con prudencia las excesivas demandas salariales planteadas por los empleados públicos es un factor importante para haber logrado el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional.
En pocas palabras, el gobierno estaba preocupado por el Fondo y no por el pueblo.
Un ejemplo de ello, es el caso de la generación de energía eléctrica. Además de haber logrado que los principales dirigentes de las centrales obreras aprobaran el aumento de tarifas, la empresa privada logró toda una serie de compromisos de parte del gobierno y que se inscriben -cuándo no- en los dictados del FMI.
Entre ellos están la "exoneración del cargo por Diferencial del Precio del Petróleo que se aplica a los combustibles que se consumen en la generación de energía eléctrica" y que significa una reducción del costo de producción al aplicárseles el "Régimen de Importación Temporal". En otras palabras, las empresas privadas generadoras de energía eléctrica ven aumentar sus ganancias a costa del estado y del pueblo hondureño. Al mismo tiempo, se atraen capitales extranjeros hacia este sector estratégico en la vida nacional debilitando a la empresa estatal. Diez empresas privadas -entre ellas varias extranjeras- se van a presentar a licitación para suministrar energía después de eliminado el impuesto.
Pero eso no es todo. En la ciudad de La Ceiba se aumentó el precio del transporte público en un 50% y en la ciudad de El Progreso el agua potable en un 33%.
Por ejemplo, "la Comisión supervisora de la prestación de energía eléctrica", "integrada por la empresa privada, centrales de trabajadores, federaciones de patronatos y el Stenee" cuyos integrantes "trabajarán a tiempo completo y serán pagados por la Enee" y que tendrán como función vigilar el cumplimiento de las políticas en el sector y "conocer en sus oficinas regionales, de aquellos reclamos no resueltos en la sección de atención al cliente de la Enee". Esta nueva "chamba" en la que podrán anotarse los dirigentes de patronatos y centrales, tendrá un salario de tres mil lempiras.
Hablando claro, por tres mil lempiras, los dirigentes de las centrales aceptaron incrementar las ganancias de los empresarios, como vimos en el caso de la generación de energía eléctrica y frenar la lucha de los trabajadores, como en el caso de la Coordinadora de la salud.
Reformas al Código Penal
por Feliciano Núñez
El año pasado el Congreso de la República de Honduras aprobó reformas al Código Penal que por su profundo carácter represivo fueron duramente cuestionadas por distintos sectores del país. Los diputados modificaron algunos artículos, pero cuando todos pensaban que el problema estaba superado, la publicación de las reformas en el Diario Oficial La Gaceta ha destapado nuevamente el escándalo. ¿Qué se esconde detrás de esta fiebre "reformadora" de los diputados que abarca cada vez más terrenos y en todos los casos en contra del pueblo trabajador? ¿Qué hacer contra la delincuencia? ¿Quién decide qué país necesitamos? ¿Un puñado de ricos dueños de las fábricas, tierras, bancos y medios de comunicación?
Con el falso argumento de combatir la delincuencia, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas al Código Penal que fueron calificadas como "autoritarismo parlamentario" por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos.
Los artículos reformados no se limitaron a incrementar de manera totalmente arbitraria las penas por delitos comunes; sino que convirtieron en delitos comunes todos los métodos de lucha del pueblo hondureño. De esta manera, se cierra la tenaza sobre los trabajadores: de un lado el Plan de Ajuste con sus despidos, bajos salarios, tarifazos, privatizaciones, falta de tierras, negación del derecho de organización y un largo etcétera que empuja a la protesta y la lucha; y del otro la cárcel para quienes reclamen sus derechos.
Pero además, si los huelguistas realizan tomas de edificios, carreteras o puentes, pueden ser condenados "con reclusión de quince a veinte años e inhabilitación absoluta durante el mismo tiempo", ya que estarían cometiendo "delito de terrorismo". Artículo 335: quienes "Integren bandas, cuadrillas o grupos armados que invadan o asalten poblaciones, hospitales, centros de salud, instituciones bancarias, financieras o de seguros, centros comerciales o de trabajo, templos y demás lugares similares o tomen u obstruyan carreteras u otras vías públicas" cometen delito de terrorismo.
El artículo 331 establece que "Se sancionará con reclusión de dos a cinco años y multa de treinta mil a sesenta mil Lempiras a quienes convoquen o presidan cualquier reunión o manifestación ilícita." Y define como reunión ilícita aquella en la que "concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, con el fin de cometer un delito." Y peor si la manifestación termina enenfrentamiento con "la autoridad".
Por ejemplo, si un grupo de vendedores ambulantes marchan con palos en las manos para evitar que les decomisen sus mercaderías y se enfrentan a la policía, van cinco años a la cárcel.
Asi que ya sabe, compañero, nada de "Gallo, gallito..." porque va seis años al presidio.
Ahora, con el artículo reformado 227, "Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de tres a seis años, sin perjuicio de que tan pronto se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado".
Esto significa que las recuperaciones de tierra dejan de ser conflictos agrarios bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Agrario y pasan a ser considerados delitos comunes que permiten que cualquier juez ordene un desalojo y el encarcelamiento —sin derecho a fianza— de los campesinos involucrados. Además de poder acusarlos de terrorismo y sumarle todas las condenas vistas anteriormente.
Al mismo tiempo, al negarse el derecho al trabajo, a la tierra y a la educación para cumplir con los organismos financieros internacionales, se está incubando una profunda descomposición social de la cual la delincuencia que vemos a diario sólo es su expresión más impactante.
Por estas razones, la burguesía y el imperialismo —que no piensan cambiar su política antipopular, a menos que se les obligue— se preparan con instrumentos jurídicos, para enfrentar con una férrea represión las protestas populares.
De un lado el endurecimiento del Código Penal y del otro, el aumento del presupuesto para las FF.AA. y los distintos aparatos represivos, así como la creación de nuevos cuerpos de élite.
No son los responsables de todo el sufrimiento del pueblo quienes nos van a defender. En este problema como en todos los otros sólo el pueblo salva al pueblo.
Y la mejor medida frente a la delincuencia es la que proponen los compañeros indígenas "armarse, defenderse y también elevar sus reclamos".
Es lo que hicieron los vecinos de la aldea de San José de El Cacao, Macuelizo, Santa Bárbara, cuando cansados de los abusos de una familia de delincuentes, decidieron tomar la justicia en sus manos. "La comunidad los mató, pero nadie delatará nombres", dijeron.
Es lo que deben hacer las organizaciones para defender a sus dirigentes amenazados de muerte.
Es necesario por tanto, reorganizar Honduras, Y eso no pueden hacerlo un puñado de privilegiados. Es necesaria una Asamblea Constituyente democrática y soberana, para que el pueblo decida si la economía va a estar al servicio del Fondo Monetario o del pueblo hondureño; para que el pueblo decida si la tierra debe ser de las transnacionales bananeras o de los campesinos que la trabajan. Una Constituyente que establezca el castigo para los delincuentes de cuello blanco y los militares violadores de derechos humanos. Una Constituyente para que tome todas las medidas necesarias para conquistar la segunda independencia.
Entre "reforma y reforma" los capitalistas están haciendo de Honduras una enorme cárcel; es necesario conquistar —a través de la movilización amplia y unitaria— el derecho a decidir nuestro propio destino.
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El 12 de abril fue asesinado en Copán Ruinas, el dirigente de los grupos Chortí de los departamentos de Copán y Ocotepeque, Cándido Amador Recinos, secretario del Consejo Asesor para el Desarrollo de las Etnias Autóctonas (Cahdea). El asesinato estaría relacionado con la posesión de tierras en la denominada zona de protección arqueológica de Copán, que más de quinientos campesinos reclaman. Según Garmendia, dirigente de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah), el gobierno central no ha querido atender los reclamos del pueblo Chortís, pero sí ha respaldado los decretos que declaran zona de protección arqueológica a todas las tierras donde cultivan los ascendientes mayas, "quienes son de carne y hueso y no de piedras que se exhiben". Estos decretos benefician a los terratenientes del lugar y a los empresarios del turismo. Ante la muerte del dirigente del pueblo Chortís, Benítez, dirigente indígena, dijo que los pueblos étnicos deben "armarse, defenderse y también elevar sus reclamos a los organismos de los derechos internacionales para la defensa de estos pueblos". |
por Martín Hernández
Finalmente el gobierno firmó un convenio con el FMI llamado Programa Monitoreado. Más allá de la polémica sobre si es mejor o peor que los firmados anteriormente, el hecho fundamental es que el gobierno ha profundizado la entrega de nuestra soberanía convirtiendo a Honduras en una moderna colonia.
El 10 de abril, el asesor económico de la Presidencia de la República, Guillermo Bueso, anunció el sometimiento de nuestro país al Fondo Monetario. En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Juan Ferrera, ministro de Finanzas y Hugo Noe Pino, presidente del Banco Central, Bueso anunció los nuevos compromisos de reformas económicas y estructurales en los campos fiscal y financiero, con el objetivo de lograr un crecimiento del 4.5 % del PIB, reducir la inflación a un 15-16 % y elevar las reservas internacionales a 180 millones de dólares.
Reducir los impuestos a la importación de materia prima con el claro propósito de ampliar los beneficios del régimen de importación temporal que ya se aplican a la industria de la maquila a cualquier otro sector productivo. Además reducir el impuesto a la exportación del banano. Y reducir el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, es decir a las empresas y no a las personas naturales.
Toda esta ofensiva en el sector fiscal busca implantar el principio burgués que los más ricos paguen menos impuestos para obtener más ganancia y los más pobres paguen más impuesto para sostener un aparto de estado mínimo que garantice los beneficios para el capital.
Pero a no hacerse ilusiones con el destino de estos millones de dólares, según Hugo Noe Pino presidente del BCH, "no será destinado al gasto corriente sino a acumular reservas internacionales" (La Prensa 10/4/97).
Por eso la única salida realista es romper con los organismos y desconocer dichos acuerdos. Cualquier otra propuesta que busque mejores condiciones de negociación no es más que una ilusión.
Impuesto bananero
La alegría del vicepresidente de la Chiquita Brands, Fernando Sánchez, es totalmente justificada. El gobierno del Dr. Reina acaba de firmar ante el FMI el compromiso de reducir el impuesto bananero de cincuenta centavos de dólar a cuatro centavos por caja exportada en un plazo de dos años. A partir de este "incentivo" Sánchez plantea que hay que ampliar la producción de banano en 34 mil hectáreas refiriéndose al sector de la Mosquitia, especialmente al valle de Sico.
Recordó que en 1993 la Tela tuvo severas pérdidas y que en varias oportunidades se dijo que se marchaban del país, "sin embargo, trabajamos en las áreas problemáticas y conflictivas como las laborales y después de tres años y medio todo nos es favorable."
Efectivamente, en el año 92 el gobierno nacionalista de Callejas devaluó el lempira incrementando las ganancias de las bananeras. En 1994 el gobierno liberal de Reina reprimió a balazos la huelga del Sitraterco permitiendo el despido masivo de trabajadores y la instauración del peor colaboracionismo que ha existido en este sindicato. En 1995-96 nuevamente el gobierno de Reina envió miles de soldados para destruir la comunidad de Tacamiche y garantizar las propiedades mal habidas de la Tela.
Don Fernando Sánchez está contento, ha logrado cumplir los objetivos de Rolston: "Debemos obtener concesiones, privilegios, exoneraciones de toda carga pública [...] Debemos erigirnos en situación privilegiada [...] El viento sólo debe soplar a nuestras velas; y sus aguas humedecer no más que nuestras quillas" (H.V.Rolston, 20 de julio de 1920)
Para que el viento cambie de dirección hay un sólo camino: la nacionalización de la producción bananera, confiscando todas las tierras de las compañías para ponerlas al servicio del desarrollo nacional.
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Créditos: El Trabajador Centroamericano es una publicación conjunta del Partido de los Trabajadores (PT) de Honduras, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Nicaragua y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Costa Rica. Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión editorial, ni la de los partidos que la editan y son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquí nos encuentra: Nicaragua:
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