El Trabajador
Centroamericano Nº 37

EDITORIAL:

Frente al patrullaje conjunto, el proyecto ILEA y el TLC: Luchar por la Tercera Independencia

Como todos los 15 de septiembre se celebró en toda Centroamérica, la independencia de la corona española, 182 años han pasado desde aquel 15 de septiembre de 1821 cuando se proclamo formalmente la independencia.

En las escuelas, colegios y universidades de toda Centroamérica se enseña, con matices de más, matices de menos una versión falseada de la independencia. Básicamente este mito señala que mientras en México y el Cono Sur se libraron guerras civiles y feroces batallas contra las fuerzas armadas de la regencia colonial, en Centroamérica ocurrió algo distinto, fueron las propias autoridades coloniales quienes declararon, redactaron y firmaron la independencia.

Pero esto no puede ser entendido como una “incongruencia de la historia” o “una excepcionalidad” las razones del actuar político de las autoridades coloniales centroamericanas quedaron muy claramente plasmada en el acta de independencia: “ siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala... [optaron por mandarla] a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo ”.

Es decir las autoridades coloniales, ante el terror que les producía la idea de un desbordamiento de las masas populares, se proclamaron “independentistas”. Señal clara de ello es que varios de los próceres de la independencia, como Gabino Gainza, José Cecilio del Valle y Pedro Molina, fueron en realidad altos funcionarios de la administración colonial.

Así fue proclamada la primera independencia. Luego de ello habría una temporal anexión al imperio de Iturbide en México. Esta actitud refleja nuevamente la incapacidad de los criollos centroamericanos, para poder dar soluciones a su recientemente conquistado territorio independiente. Por eso buscaron desesperadamente la protección del “imperio” mexicano, pero el Plan de Iguala fracasó y la crisis al interior del propio México influyó sobre el sector de criollos que realmente querían la independencia política de Centroamérica.

Las autoridades centroamericanas, presionadas por el pueblo, se vieron compelidas a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el 1 de Julio de 1823, la cual emitió un decreto reconociendo que “ la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano... fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales ” y que por lo tanto, las provincias de  Centroamérica “ representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia ”. Esta sería conocida como la segunda independencia de Centroamérica.

Pero las burguesías y sus caudillos criollos eran incapaces de darle solución a los problemas de la recién nacida República y sumado a esto, preservaron casi intactas las instituciones coloniales bajo una nueva forma barnizada de Estado Federal. De 1821 a 1824, fecha en que se proclamó la República Federal de Centroamérica , los cambios políticos ocurrieron en un ambiente relativamente pacífico. Pero siempre con un férreo control de la oligarquía sobre  las instituciones del nuevo Estado. La guerra civil y el llamado periodo de la “anarquía” vendrían después con el consiguiente desmembramiento del Estado Federal.

En todo este proceso histórico, hasta el arribo de los filibusteros comandados por William Walker, la clase dominante centroamericana se mostró incapaz de mantener no solo las bases del estado federal, sino de la de los pequeños Estados, pero en la lucha militar contra William Walker se reconstruyó en los hechos la unidad centroamericana, para volver a disolverse inmediatamente después de obtenida la victoria sobre los filibusteros. Luego de ello cada uno de los países fue presa del imperialismo ingles, en primer momento y del estadounidense posteriormente, este fue el último “respiro centroamericanista” de la burguesía.

El espíritu de la unidad centroamericana entonces cobró vida en las luchas revolucionarias de del siglo XX, como la lucha antiimperialista del General Sandino y Farabundo Martí en los años treinta, la revolución de 1954 en Guatemala, la huelga general en Honduras ese mismo año, la revolución de 1948 en Costa Rica, y finalmente en la revolución de 1979 en Nicaragua y 1981 en El Salvador. Pero este proceso se vio truncado con la derrota de los procesos revolucionarios por la acción combinada del imperialismo y de las direcciones nacionalistas del movimiento obrero y de masas.

El último período histórico, sobretodo el que se ha desarrollado después de la derrota de la revolución centroamericana, ha sido un periodo de ajuste estructural y de ataques a las conquistas de la clase obrera, se sembró las dispersión, la desorganización e inicio un periodo casi de lucha por la supervivencia.

No obstante la lucha de clases continua, tantos las fuerzas reaccionarias, como las revolucionarias, intentan mejorara sus posiciones. Signo claro de ello son dos hechos político que hemos visto este año: Por un lado las seis rondas de negociación entre los cinco gobiernos del área y los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio: las objetivas tendencias de la economía se han encargado de centroamericanizar cada vez más todos los aspectos de la vida económica y social y a la vez el imperialismo norteamericano presiona a las distintas burguesías del área a integrarse para que de esta forma, el pueda garantizase una mayor cuota de extracción de riqueza en una región que ya de por sí es una de las regiones privilegiadas del imperialismo norteamericano para esta tarea. Como hemos querido demostrar, inclusive cuando las burguesías centroamericanas hablan de “integrarse” no lo hacen con un afán de ganar independencia, estas burguesías son cipayas del imperialismo norteamericano y le deben su lealtad.

Pero a su vez hemos visto un incremento de las luchas de resistencia del movimiento obrero y de los sectores populares en toda Centroamérica, docentes en Guatemala y Costa Rica, trabajadores eléctricos en Costa Rica, de la salud en Panamá y el Salvador, las luchas contra la privatización del agua y el congelamiento salarial en Honduras.

Todas estas luchas siguen siendo luchas de resistencia en contra de las privatizaciones y el ajuste que las burguesías intentan aplicar siguiendo los mandatos imperialistas, pero reflejan una leve reanimamiento de los trabajadores y los sectores populares.

Pero no es repitiendo sus errores, separando las luchas por país, como los trabajadores pueden vencer el ajuste y a los planes imperialistas, las burguesías centroamericanas son incapaces de llevar adelante una integración progresiva de Centroamérica, solo la clase obrera centroamericana puede llevar adelante el proyecto de la fracasada revolución morazánica: La integración política y social de Centroamérica de una manera progresiva que signifique mejoras sustanciales en el nivel de vida del pueblo trabajador.

La lucha por la tercera independencia de Centroamérica está en manos de la clase obrera y de los sectores populares, el TLC es un proyecto, que lejos de independizarnos, tiene como objetivo un mayor sometimiento político, económico y militar al imperialismo norteamericano. Tan es así que la presencia directa de la bota militar imperialista se acrecienta, tanto en la forma del “patrullaje conjunto” que es aceptado por todos los países del área, como con el intento de implementar en Costa Rica el enclave militar norteamericano llamado “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”.

Lo peor de todo es que las burguesías centroamericanas son cada vez más proimperialistas, tan es así que inclusive han enviado tropas para apoyar la ocupación militar norteamericana en Irak. En este momento el comando “ultra”   cuenta con 845 soldados centroamericanos (370 hondureños, 360 Salvadoreños y 115 nicaragüenses).

Exigir el retorno inmediato de las tropas centroamericanas en Irak y luchar contra la implementación del TLC, de la Academia Internacional de Policía, del patrullaje conjunto y cualquier forma de presencia militar imperialista en Centroamérica, es el camino a la tercera independencia.

COSTA RICA:

El Instituto Costarricense de Electricidad en una encrucijada

Por  Leonardo Ortiz

Luego de la pasada huelga que desarrollaron los trabajadores del  ICE, acaudillados por el Frente Interno de Trabajadores (FIT-ICE), por un período de tres semanas, donde se tuvo como eje central de la lucha la aprobación de una emisión de títulos valores por 100 millones de dólares, que durante la huelga el gobierno aprueba la entrega de 40 millones. La lucha finaliza  luego del acuerdo del  4 de junio, donde  se establece una comisión de alto nivel y las autoridades del ICE se comprometieron a entregar un informe de la situación financiera de la institución, para que luego el Banco Central aprobara el faltante presupuestario restante. Durante el mes de julio la autoridad bancaria aprueba el dinero requerido por el ICE, sin embargo tras el resultado final hay una serie de implicaciones que colocan al ICE en una encrucijada.

Financiamiento a cambio de reducción del déficit

El Banco Central encabezado por la figura de Francisco de Paula Gutiérrez, aprobó el 16 de julio el financiamiento total para el ICE, con la emisión de títulos valores por 60 millones de dólares, que equivalen alrededor de 24.000 millones de colones, los cuáles se colocarán a partir del año entrante en el mercado internacional. Dicho dinero se suma a los 40 millones de dólares que inicialmente había aprobado el Banco Central, con lo que se logra la aprobación de los 100 millones requeridos por el ICE.

No obstante,  la llegada del financiamiento al ICE tiene una serie de implicaciones. El gobierno y el Banco Central con el acuerdo del cuatro de junio exigieron al ICE que a cambio del dinero, la institución debe reducir el déficit del presente año en 23.913 millones de colones y que para los dos siguientes años no debe tener un ningún déficit. Esto implica  hacer una disminución de $250 millones en el 2004 y otra similar en el 2005.  En los últimos años la inversión promedio del ICE ha sido de $250 millones al año, sin embargo el gobierno y la Junta Directiva del ICE buscan reducir tales cifras proyectando que el presente año junto con el 2004 y el 2005  la institución solo invierta  $ 450 millones, es decir reducir el gasto a $ 150 millones por año. 

La meta del gobierno con la reducción del déficit fiscal, es lograr el presente año un déficit de 4.1 % en la producción y con el recorte  presupuestario de instituciones públicas se pretende  llegar a tal meta. Inclusive para el siguiente año el  gobierno busca apretar más la faja, y ya calcula  terminar el 2004 con un déficit del 3,2 por ciento del producto interno bruto (PIB). Pero  a parte de reducir el presupuesto, el gobierno quiere que las instituciones generen más y en tal sentido quién  traza claramente dichos objetivos es el Ministro de Hacienda Alberto Dent, que para el caso del ICE considera necesario reducir el déficit fiscal del sector no financiero a un 3,2 por ciento del producto interno bruto en el 2004, cuentan con que a la vez el ICE genere un superávit de aproximadamente ¢10.000 millones. Dicha política de Dent no es solo para el ICE el gobierno busca que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aporte un superávit y que con esto el Gobierno Central disminuya sus gastos. Pero Dent heredero de Jorge Walter Bolaños en el Ministerio de Hacienda va más halla y plantea la necesidad de cerrar instituciones públicas que según Dent solo generan perdidas.

La política del gobierno es clara, reducir el déficit a partir de limitar el gasto de las instituciones, pero a la vez exigir a las mismas mayor rentabilidad con escasos recursos. En ese sentido los acuerdos del 4 de junio constituyen al final una trampa para el ICE pues el gobierno logró imponer su política, que aunque no constituye una derrota, representan una serie de medidas que paulatinamente implican la disminución de la actividad de la institución, pues se disminuye la inversión en proyectos prioritarios para la población al igual que los servicios que recibe la misma, inclusive al contar con menos presupuesto muchos trabajadores ponen en peligro su estabilidad laboral. Pero el golpe sobre los sectores populares no termina ahí, el gobierno dio vía libre para aumentos en las tarifas, el primero ya se dio en junio del presente año, el segundo se proyecta para enero del 2004 de un 10% y un año después un aumento de 12%, esto significa que  el gobierno cargara sobre las espaldas de la población el dinero que requiere el ICE y la rentabilidad que exige a la institución.

La perspectiva del ICE

El ICE como una de las empresas más rentables en el campo de la generación de electricidad y las telecomunicaciones en América Latina, cuyo presupuesto equivale al 70%  del presupuesto anual del gobierno, se encuentra en una encrucijada.

En primer lugar, con la aprobación de los títulos valores por parte del Banco Central para el financiamiento de la institución, el gobierno impuso su política de entrabar el funcionamiento de las instituciones estatales, en este caso las que tienen más valor económico, bajo el esquema de la reducción del gasto . Esta política se manifiesta bajo uno de los ejes del actual gobierno la reducción del déficit fiscal y el proceso de privatización del Estado. En el caso del ICE se le impuso  una reducción del déficit para los dos siguientes años por el financiamiento como ya se indicó.

Luego, en segundo término, la creación de una comisión técnica que tiene como objetivo central evaluar los estados financieros de la institución, representa una instancia de control del gobierno para tener control sobre la institución y tener los elementos para aplicar los planes de desmantelamiento.  Este mecanismo de la comisión es una trampa que el gobierno de Pacheco viene aplicando con diferentes sectores; magisterio la comisión de pensiones,  comisión fiscal, donde con un caparazón democrático incluyen la participación de las burocracias sindicales, pero en realidad son un medio para justificar las reformas de las instituciones estatales.

Pero la arremetida del gobierno no acaba, junta  a la  comisión de alto nivel encabezada por el agente del gobierno, el Defensor de los Habitante José Manuel Echandi, tiene presencia la comisión mixta del ICE, que labora sobre la Ley de Fortalecimiento  y Modernización del IC E. Tal ley pretende la eliminación del monopolio estatal de las telecomunicaciones y los servicios de electricidad, representa la versión maquillada  del famoso Combo energético, la misma contra la que se luchó en el año 2002. 

Ahora bien, además el ICE enfrenta una presión cada vez mayor de las Empresas Cogeneradoras de Electricidad, que venden este servicio al ICE, amparadas en dos leyes la 7200 y la 7508 que permiten la generación privada de energía. Estas empresas cada día aumentan la generación de electricidad, cosa que antes correspondía solo al ICE. Aquí es donde cobra sentido la política del gobierno de reducción del gasto e intervención sobre el funcionamiento del ICE, además de la cercana aprobación de un proyecto de ley, pues un sector de la burguesía dominante, como es el caso de los Arias con su famoso Ingenio Taboga SA  y los Figueres que tienen empresas cogeneradoras y presionan por un negocio sumamente rentable como es el ramo de la energía.

Pero  no solo la burguesía tiene intereses en la institución, también la propia dirigencia  del ICE, favorece el desarme de la institución, pues tienen inversiones en las Sociedades Anónimas Laborales (SAL), que le venden  servicios al ICE en mantenimiento y construcción de obras  entre otras cosas.

Pero sin embargo la situación del ICE no finaliza en el ámbito nacional con lo descrito. Persiste un interés fundamental del capital extranjero, sobre todo el norteamericano, que a través del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica exigen al país como una de las condiciones para la aprobación del mismo la apertura del sector de telecomunicaciones y generación de electricidad que representa el 28% de los activos del sistema financiero nacional. 

Inclusive  con el reciente acuerdo entre las burocracias sindicales de la ANEP y la CTRN junto con un sector de la burguesía  y el  gobierno, el denominado pacto de la Tercera República se apoya cualquier iniciativa que gobierno lleve a cabo, como por ejemplo la política fiscal y el apoyo al TLC, con la condición de que las burocracias sindicales oportunistas puedan participar de la negociación. En tal sentido las dirigencias sindicales favorecen y dan vía libre para la destrucción del ICE:

El ICE, se encuentra en una encrucijada, rodeado de los burgueses nacionales que buscan parasitar del negocio de la energía y por otro lado bajo la sombra de los capitalistas extranjeros que extraer más recursos del país y de la población, con la empresa estatal más rentable.

La política para frenar la arremetida del gobierno

• Es necesario que las bases de trabajadores del ICE se opongan a la política del gobierno de reducir el gasto a cambio del financiamiento de la institución, que significa limitar el accionar de la institución
• Que los trabajadores del ICE exijan a las dirigencias del FIT-ICE,  rechazo al proyecto de ley, la oposición a cualquier aumento tarifario que solo es una medida para desangrar los sectores populares. Además que las dirigencias sindicales del ICE rompan con el acuerdo con las cámaras empresariales y el gobierno, la Tercera República, que es un pacto global que apoya la reforma fiscal  y favorece el TLC.
• Los trabajadores del ICE y la dirigencia del FIT, deben levantar una política  unitaria con otros sectores que enfrentan  las acciones destructivas del gobierno, como lo son el magisterio nacional y  los trabajadores de la salud. Las luchas separadas demuestran  que solo la unidad y un frente amplio de trabajadores son los que pueden enfrentar al gobierno. La presión contra el ICE ya no solo es interna, sino que las transnacionales norteamericanas a través del TLC buscan la apertura de la institución.
• Por la eliminación de las leyes 7200 y 7508 que permiten la generación privada de electricidad y que paulatinamente  afecta al ICE.  No más compra de servicios a las SAL, por la ampliación de los servicios del ICE.
• La unidad y el llamamiento a la movilización nacional tanto de los trabajadores del ICE como  de otros sectores sindicales, populares  y estudiantiles bajo un plan nacional de lucha debe ser el eje para frenar la arremetida del gobierno y del imperialismo. Los ejes de la lucha son claros: no al proyecto de Ley para el Fortalecimiento del ICE y a cualquier otro proyecto que pretenda el desmantelamiento de  las instituciones estatales,  ampliación de los servicios públicos  y no a la política de reducción del gasto, frente nacional y centroamericano para oponerse a la aprobación del TLC entre  el istmo y Estados Unidos, no al Plan Permanente Fiscal.

¿TERRORISMO O LUCHA DE MASAS?

¡Fuera tropas imperialistas de Irak!

Por Orson Mójica

En la pasada edición de El Trabajador Centroamericano No 34 , afirmamos que “ el derrocamiento de Sadam Hussein había destapado una verdadera caja de pandora ”. Las tropas de la coalición imperialista, liderada por los Estados Unidos e Inglaterra, más otros países cipayos que se le sumaron, entraron triunfantes a Bagdad, sin que el ejército iraquí —otrora el cuarto ejército más poderoso del mundo— presentara ningún combate serio. A pesar de ese triunfo militar evidente, no hay paz en Irak.

Los marines ocuparon militarmente Irak con relativa facilidad, arrestaron a casi todos los altos funcionarios del régimen de Sadam Hussein, ubicaron y ejecutaron a los dos hijos de éste, pero no han logrado pacificar el país ni instaurar un gobierno semicolonial que sea creíble ante los ojos de la población.

Crece la resistencia contra la ocupación

Casi a diario, combatientes desconocidos, desde las sombras y atrincherados en la población civil, atacan a las tropas invasoras y le causan algún tipo de bajas. Estos constantes ataques guerrilleros, mas los espectaculares ataques terroristas contra dependencias extranjeras, han causado nerviosismo en Washington. El reciente ataque dinamitero contra el edificio de la ONU fue una violenta repuesta a la resolución No 1483 del Consejo de Seguridad, que avaló la ocupación estadounidense.

Donald Rumsfield , ministro de defensa de los Estados Unidos, se apresuró a declarar que a pesar de los ataques “no había una guerra de guerrillas en Irak ”, ya que ese termino puede inducir a pensar a muchos norteamericanos que estamos ante un nuevo Vietnam.

Lo que está en el tapete de la discusión, es si la incipiente y dispersa resistencia iraquí puede convertirse a corto plazo en una masiva guerra de guerrillas contra las tropas imperialistas, capaz de derrotarle.

Las condiciones objetivas para un mayor desarrollo de la resistencia contra la ocupación imperialista, están dadas. Producto de una década de bloqueo y agresión imperialistas, la mortalidad infantil es altísima, la población civil esta subalimentada y sin asistencia médica, la escolarización ha disminuido enormemente, la clase media esta destruida, la criminalidad y la delincuencia abaten las ciudades iraquíes. A pesar de su inmensa riqueza petrolera, Irak es actualmente un país sumamente pobre y en proceso de disgregación.

Existe mucho descontento popular en Irak por que los ocupantes se han mostrado incapaces en restablecer los servicios básicos de agua, teléfonos y electricidad. Lo anterior se debe, entre otros factores, a que las centrales eléctricas iraquíes fueron construidas por firmas alemanas (Siemens) o suecas (ABB). Recordemos que Alemania se opuso inicialmente a la guerra contra Irak. Para reparar las líneas telefónicas había que contratar los servicios de Alcatel (Francia), que había instalado la red de telefonía y conocía el terreno. Washington  se ha propuesto no dejar el jugoso negocio de la reconstrucción de Irak en manos de las viejas potencias europeas que se le opusieron.

Las milicias chiítas

El vacío dejado por derrumbe del ejército iraquí ha sido llenado, en cierta medida, por la proliferación de milicias chiítas, con un fuerte sentimiento antinorteamericano. Existe un tenso statu quo en donde todas las fuerzas están armadas hasta los dientes. Una de las últimas exigencias del procónsul norteamericano en Irak, ha sido el desarme de las milicias chiítas.

El reciente atentado, —que ninguna organización se ha atribuido— en el que fue asesinado el ayatollah Mohamed Baquer Al Harim, el pasado 29 de agosto, en la mezquita de Najaf , representa un intento desesperado por cortar la cabeza del principal dirigente del Consejo Supremo de la Revolución Islámica Iraquí (CSRII).

Desde diferentes ángulos e intereses, tanto  los sunnitas y los seguidores de Sadam Hussein , así como las propias tropas invasoras, desean el debilitamiento de la principal fuerza política y militar de Irak: los chiítas.

Si las milicias chiítas se niegan a entregar sus armas, es decir, si no se rinden políticamente ante el ultimátum norteamericano, existe una fuerte tendencia al enfrentamiento militar entre estas y las tropas imperialistas .

Reconstruyendo el Estado burgués

Existe un acelerado proceso por medio del cual el imperialismo norteamericano esta reconstruyendo las instituciones del aparato del Estado burgués, pero ahora bajo su control político.

Para ello esta creando fuerzas de policía y de seguridad iraquíes, incluso con ex miembros del antiguo ejercito iraquí, con el objetivo que sean soldados iraquíes los que se encarguen de reprimir y perseguir a los miembros de la resistencia. Esta urgente necesidad de utilizar los cuadros del antiguo régimen, lleva  a las tropas invasoras a tensar sus contradicciones con las milicias chiítas.

Antes de retirarse de Irak, sea por su propia conveniencia o por la presión militar de la resistencia, quieren construir unas fuerzas armadas que les sean fieles, y que le garantice a los Estados Unidos el control del petróleo iraquí.

Luchar por la autodeterminación de Irak

En estas condiciones, la principal tarea democrática-nacional es luchar por la expulsión de las tropas imperialistas. Ante un ejército de ocupación que captura, tortura y asesina a los patriotas, cualquier método de lucha es valido, siempre y cuando ayude a las masas iraquíes a sublevarse contra sus enemigos . Los marxistas revolucionarios no somos partidarios de acciones terroristas, por muy heroicas o efectivas que estas sean.

La derrota militar o expulsión del ejército imperialista más poderoso del mundo será posible, solamente por la combinación de la heroica resistencia de las masas trabajadoras de Irak y la movilización de los trabajadores norteamericanos y europeos que se oponen la ocupación imperialista

Causa mas impacto político dentro de los Estados Unidos y Europa, una huelga general de las masas iraquíes, que dinamitar el edificio de la ONU. Causa más problemas militares, una Intifada en todos los barrios de las principales ciudades iraquíes que el estallido de un coche-bomba

Por la autodeterminación de las minorías nacionales

En ese proceso por lograr la expulsión de las tropas imperialistas y conquistar la independencia y autodeterminación nacional, es urgente levantar las consignas democráticas relacionadas con la autodeterminación de las minorías nacionales dentro de Irak.

El 80% de lo iraquíes son árabes, pero están divididos en torno a la religión: una mayoría chiíta y una minoría sunnita, que fue base social de Sadam Hussein. Un 15% de los iraquíes son kurdos, pertenecientes a una nación sin Estado que fue borrada del mapa por las potencias imperialistas europeas. Existen kurdos en Irak, Turquía, Rusia, Irán y Siria. La principal minoría nacional la constituyen indudablemente los kurdos, quienes fueron masacrados bajo el régimen de Sadam Hussein . Por esta razón, los kurdos apoyaron la invasión imperialista.

Los marxistas revolucionarios debemos levantar la bandera de la autodeterminación nacional de los kurdos, para luchar junto a ellos por la autodeterminación de Irak frente a las potencias imperialistas. No abogamos para que los kurdos se separen de Irak, pero si ellos así lo desean, debemos respetar su decisión.

¿Cómo se pueden ganar a los kurdos a la lucha por la expulsión de las tropas imperialistas? Únicamente garantizando el derecho a su  autodeterminación, incluso a separarse y hasta convertirse en un estado independiente, pero estos asuntos cruciales deben ser discutidos por el pueblo iraquí a través de una Asamblea Constituyente, libre y soberana , que decida, sin injerencia imperialistas, como reconstruir el país, que tipo de gobierno o de Estado debe construirse, como utilizar el petróleo, que sistema económico, y cual debe ser la relación entre la mayoría árabe y la minoría kurda.

La lucha por la tarea democrática mas elemental, como es la independencia política y la autodeterminación nacional, sólo podrá ser lograda si se intensifica la lucha por la expulsión de las tropas imperialistas.

HONDURAS

La cara oculta del Diálogo Nacional

Por Joseco

“El gran diálogo nacional ofrece una oportunidad para que los hondureños reflexionemos sobre el proceso de descentralización y desarrollo local y que adoptemos una política de Estado alrededor de este proceso, que trasciende la voluntad política y la función ejecutiva de la presente administración.”

Documento de  apoyo  al  Gran Diálogo Nacional, 17/8/03

Definitivamente el Gran Diálogo Nacional impulsado en los últimos días por el gobierno del  presidente Ricardo Maduro y en el marco de dar una respuesta a las múltiples manifestaciones de los sectores populares en contra de las medidas económicas aplicadas por el Poder Legislativo, no es otra cosa mas que el lenguaje dictatorial del Fondo Monetario Internacional disfrazado de una “política nacional”. Dicha fachada es una condición para concretar la firma de la famosa Carta de Intenciones , la cual según el presidente del Ejecutivo, Ricardo Maduro “ liberará más de 17 mil millones de lempiras para invertir en la lucha contra la delincuencia y la pobreza, y miles de millones más para proyectos prioritarios de la población ” (La Prensa, 25/8/03).

En este marco, la temática a desarrollar en las diferentes instancias de dicho diálogo, no son las definidas por los sectores participantes en dicho proceso y mucho menos las aspiraciones genuinas de los sectores más golpeados por el alto índice de desempleo y miseria, sino la voluntad “divina” de los organismos de crédito internacionales, quienes no escatiman esfuerzo para sumirnos cada vez más en la indigencia. Es así como el diálogo se transforma en un diálogo de sordos, o dicho de otra manera, un discurso de doble sentido.

El más claro ejemplo de esta cínica política es el hecho de la reciente aprobación de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento. La Ley preparada por técnicos del BID fue sometida a discusión sin tomar en cuenta la opinión de la población, de tal manera que fueron necesarios varios meses de movilizaciones, tomas de carretera y puentes, realizados por la Asamblea Popular Permanente contra las Privatizaciones de El Progreso y otras a nivel nacional para detener la discusión y lograr, el 4 de marzo del presente, el compromiso del presidente del Congreso, Porfirio Lobo, y cuatro jefes de bancada de retirar el proyecto y elaborar uno nuevo en consulta con los sectores populares. La APP-CP cumpliendo el compromiso presentó un anteproyecto de Ley elaborado por sus propias organizaciones descartando la privatización del servicio y proponiendo así una salida nacional. Sin embargo, ésta no fue tomada en cuenta y el Congreso Nacional a pie juntillas se decidió por la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) rompiendo el compromiso asumido. De tal manera que el diálogo terminó siendo un distractivo para aprobar contra viento y marea la propuesta privatizadora.

Desarrollo institucional

En esta primera de las cinco áreas temáticas del Documento de Apoyo al Gran Diálogo Nacional y particularmente en la parte que corresponde a la eficiencia de la gestión pública y régimen laboral del sector público, el documento textualmente reza: “ el gobierno de la República ha iniciado acciones tendientes a la profesionalización y modernización de la gestión del recurso humano en la administración pública. Como acción relevante se ha elaborado y someterá a la aprobación del Congreso Nacional un proyecto del Régimen de Servicio Civil, cuyo contenido pretende llenar los vacíos y hacer frente a toda la problemática planteada con el Régimen y particularmente con la Ley de Servicio Civil, actualmente en vigencia ”.

Dichas acciones forman parte del Programa de Reestructuración Institucional y Reingeniería de la Administración Pública (Programa/Proyecto SIGMA) que no es más que una de las “sugerencias” del FMI encaminada a eliminar conquistas históricas de la clase trabajadora estatal, mediante el desconocimiento o la derogatoria de artículos económicos consagrados en los estatutos y contratos colectivos vigentes. Dicho documento contiene además la privatización de otros servicios como telecomunicaciones, energía eléctrica, puertos, sector postal, que abarca la concesión de HONDUCOR y Agua Potable y Saneamiento, en el que tipifica textualmente como “ prestadoras de servicio a las municipalidades en acción directa o vías de gestión privada ”.

De esta manera se pretende la regulación del gasto público eliminando las conquistas de la clase trabajadora sin tocar mínimamente los estratosféricos sueldos de los diputados, magistrados, ministros y el propio presidente del Ejecutivo, quien demagógicamente se llena la boca al decir “ apretémonos la faja por igual ” (La Prensa, 26/8/03), obviando así, el jugoso aumento recetado por los magistrados hace unos pocos meses, así como la millonaria condonación hecha a los terratenientes incluyendo al presidente del Legislativo, Porfirio Lobo.

Justicia y seguridad democráticas

En relación a esta segunda temática aparentemente “ la seguridad personal es sin duda el tema de mayor importancia ” (pág. 1). Por esta razón, el documento justifica la necesidad de “ una inversión inmediata por unos setecientos millones de lempiras ” que no puede ser únicamente del Estado. Es decir que para el FMI y el gobierno la reducción de la delincuencia no pasa por crear más empleos, mejorar la salud y la educación, eliminar la corrupción, combatir la pobreza y encarcelar a los delincuentes de cuello blanco, sino aplicar vía decreto una ley de exterminio (Ley Antimaras) para los sectores más desarraigados mientras los quiebrabancos, militares corruptos y narco–diputados, se pasean abiertamente bajo los mantos de la inmunidad y la corrupción. La Justicia y Seguridad de papá Fondo y Maduro queda huérfana de democratismo y equidad, mientras las cárceles se llenan como bomba de tiempo de los más pobres y desposeídos.

Desarrollo social y capital humanos

Tanto el gobierno como el FMI reconocen que en el año 2001 de 4.3 millones de hondureños con 10 años y más, el 20% carece de educación. Para ser sinceros, aceptamos que el sistema educativo tiene sus deficiencias, sin embargo, no se puede exigir calidad educativa a un pueblo sumido en la miseria, hambre, inseguridad y desempleo. La verdadera transformación educativa no va a lograrse con recetas y exigencias (70%) fuera del verdadero contexto de la crisis que atraviesa el país. La tasa de mortalidad infantil actualmente es de 5.3% por mil habitantes y la desnutrición crónica según información del 2002 afecta al 33% de la población menor de cinco años. Además existen 80 municipios con índice de desnutrición crónica superior al 50%. A esto sumémosle la tasa de desempleo de 35.2% desde 1987 al 2002. Frente a este cuadro desolador, pedir calidad educativa con un discriminatorio 70% es un crimen, y mucho más cuando la responsabilidad constitucional del gobierno es casi nula en relación al sostenimiento logístico para el sector. No cabe duda entonces, que la propuesta del diálogo es absolutamente pura demagogia.

Conclusiones

La convocatoria al Gran Diálogo Nacional es una maniobra para desmovilizar a las masas y encasillarlas en una discusión improductiva y querer socializar un proyecto de país, elaborado fría y calculadamente por los Organismos de Crédito Internacional, para chuparnos hasta la última gota de sangre y sudor. Bien lo dicen los indígenas en huelga de hambre en la capital: “Nosotros no sabemos de globalización, devaluación, ni de tratados, ni de siglas, pero... las sentimos. ”

Es imprescindible entonces romper con el Diálogo, romper con el Fondo, TLC, ALCA, PPP y contra todas aquellas medidas antinacionales impuestas por los organismos voraces internacionales, impulsando acciones como la convocada por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular el 26 de agosto y que fue una muestra de lo que el pueblo organizado y movilizado puede hacer. Sólo así podremos lograr una respuesta concreta a los grandes problemas nacionales.

¡No pago de la Deuda Externa!

¡No a las privatizaciones!

¡Fuera tropas hondureñas de Irak!

¡Por un gobierno obrero, campesino y popular!

COSTA RICA

El escandaloso e ilegal financiamiento de Pacheco

Por Esteban Fernández

En las últimas semanas, el diputado Humberto Arce, del Bloque Patriótico Parlamentario (BPP), una escisión del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha denunciado una serie de donaciones hechas por empresas extranjeras y nacionales a la campaña política del 2002. Además, dichas donaciones son ilegales pues sobrepasaron los montos establecidos por la ley.

Es importante señalar que  la legislación electoral costarricense prohíbe las donaciones empresariales, esto en teoría para evitar el  “tráfico de influencias”, es decir, que desde el Poder Ejecutivo se favorezca de manera “desigual” los intereses un determinado  grupo de empresas. Por esto, las donaciones solo pueden ser hechas por individuos.

La denuncia de Humberto Arce es que durante la pasada campaña electoral hubo una serie de donaciones hechas por empresas a una cuenta especial denominada Bayamo S. A. en el banco BICSA de Panamá. Es decir que existía una estructura paralela en el Partido Unidad Social Cristiana, para conseguir fondos e impulsar la candidatura presidencial de Pacheco y estas estructuras  no eran controladas por el TSE (Tribunal Supremo de Elecciones).

Esto ha producido un escándalo  político y una fuerte crisis en el gobierno y el PUSC. El actual canciller de la República, el señor Roberto Tovar Faja, era quien manejaba las finanzas del PUSC durante la campaña electoral y apenas apareció la denuncia este apareció en público, diciendo que el responsable de esas cuentas paralelas era el actual tesorero del PUSC, el señor Fernán Guardia, este desmintió la versión, pero reconoció la existencia de esa cuenta, aunque no admitió tener el control sobre ella.

¡Vaya, problema! Existió durante la campaña electoral presidencial, una cuenta que reportó millones de colones a la campaña, pero de la cuál nadie se hace responsable y de la cuál el actual presidente simplemente se a limitado a decir, que no sabia de la existencia de dicha cuenta. Es realmente extraño que teniendo esta cuenta, semejante éxito durante la campaña nadie sepa en el gobierno o en el PUSC, quién fue el verdadero responsable de esa cuenta.

Sin embargo, eso tiene, mucho sentido si se toma en cuanta la deriva posterior del escándalo, pues hasta ese momento sólo había surgido la punta del Iceberg, pues en la cuenta de Bayamo S.A.,  se descubrieron donaciones del gobierno taiwanes, que por medio de un fondo “para estimular la solidaridad entre personas, instituciones y gobiernos extranjeros” (La Nación, 20 de Agosto, Pág 5) giró por lo menos $300 000 a la campaña de Pacheco, “uno, por $50 000, se entregó a un empresario costarricense y otro por $250 000 se giró a favor de Caribbean Bank of Exports (CABEX), la filial offshore del banco Bañes (Ídem)

Esto explica por qué el gobierno taiwanés, realiza tantas costosísimas “obras de buena voluntad” como la construcción del puente sobre el Río Tempisque, y porqué el gobierno de Costa Rica pide a los distintos gobiernos de Centroamérica que consideren al Estado taiwanés como Estado “amigo de Centroamérica” y que se considere la posibilidad de reducirle los impuestos a las empresas taiwanesas en sus inversiones en América Central.

En este escándalo donde se mezclan intereses partidarios, políticas estatales, disputas intra partidarias y a su interior, (aunado  a las incapacidades del TSE) quedan manifiestas las estrechas relaciones entre el gobierno y empresarios nacionales y extranjeros, pero cada quién ha sacado una posición para lavarse las manos. El gobierno de Pacheco, negó en primera instancia la estructura paralela y para finalmente aceptarla, pero aclarando que los actuales miembros del gabinete o jerarcas importantes no tuvieron nada que ver con esa estructura. Además que el control de la misma siempre estuvo en control del partido.

El PUSC negó su control sobre esta cuenta, pero luego de que se demostró, por las investigaciones de distintos periódicos nacionales, como La Nación y Al Día, que esto era imposible y que la cuenta estaba en control del PUSC, admitieron el manejo de dicha cuenta. El Tribunal Supremo de Elecciones ha reconocido públicamente que no tiene forma de controlar esos dineros y finalmente el gobierno de Taiwán que dice que no sabe nada de los giros de dinero para la campaña.

El escándalo continúa

El último capítulo de este escándalo político, está relacionado con una estafa fiscal al Estado costarricense por parte de tres empresarios, uno salvadoreño de nombre José Trinidad Sosa Sosa así como el matrimonio taiwanes de Chi Kwon Li Su (Pablo Li Su) y Anita Vemon, (...) durante los años 2000, 2001 y 2002 (La Nación, 1 de Setiembre, 2003, pág. 6) Esta estafa fiscal es de aproximadamente 4 000 millones de colones.

La relación de esta estafa con las cuentas de la campaña electoral es que estos empresarios realizaron donaciones de 25 millones de colones al PUSC en una de las cuentas que estaban abiertas durante la campaña electoral. Estos señores, de manera misteriosa, desaparecieron del país justo antes de que el Organismo de Investigaciones Judiciales allanara la casa de habitación de uno de ellos, en la cual se habían llevado acabo varias reuniones sociales con la presencia del actual canciller Roberto Tovar Faja, (quien era como hemos dicho quien controlaba las donaciones durante la campaña electoral) e inclusive con la presencia de mismo presidente Pacheco.

Este último hecho le ha servido a los periódicos nacionales para desviar la atención sobre las estructura paralelas de la campaña electoral y centrar la atención pública en la evasión de impuestos, porque estos periódicos, que también representan los intereses de los empresarios desataron un monstruo y ahora no saben cómo controlarlo, porque el escándalo de la estructura paralela le estaba y todavía le está costando al Poder Ejecutivo un problema de legitimidad frente a la opinión pública y además un problema en el Congreso, que destacó una Comisión de Investigación sobre ese problema (Comisión Legislativa de Financiamiento de Partidos Políticos).

En esta comisión han tenido que comparecer representantes del PUSC, del TSE y los representantes de los bancos nacionales privados, quienes además aceptaron haber hecho donaciones a las campañas de ambos partidos mayoritarios. Y auque no todos los representantes de bancos citados han comparecido, la declaración del gerente Federico Albert del banco Banex, señaló que además de la cuanta en Panamá, existen en nuestro país varias cuantas a nombre del PUSC, de las cuáles sólo una fue reportada como donación al TSE. Pero, el tesorero del PUSC en su comparecencia frente  a la Comisión Legislativa sólo informó de la existencia de una de esas cuentas en el banco Banex; en total el número de aportes asciende a 35 por un valor de 34,5 millones de colones, según Albert.

Estas cuentas, además están restringidas a unas pocas personas del PUSC, entre las que se cuenta la ex Ministra de la Presidencia, actual asesora del presidente, la Rina Contreras, que durante la campaña era la presidenta del Partido.

En medio de este ya dantesco escenario, la Defensoría de los Habitantes sale fustigando a Pacheco y su administración por haber ocultado información a la opinión pública. Hay que recordar que este sería el segundo problema de grandes dimensiones que enfrentaría la actual administración, siendo el primero la huelga de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad y del Magisterio Nacional.

Es en este contexto en el que han existido voces, fundamentalmente ligadas a Liberación Nacional como lo son Antonio Álvarez Desanti y sectores ligados al grupo empresarial La Nación S.A., como el escritor Rodolfo Cerdas, que le piden la renuncia al presidente, el primero le pide que denuncie a quienes pudieron haber cometido las anomalías en el manejo de los recursos de su campaña, o de lo contrario, “su obligación sería renunciar a la Presidencia”. (Al Día, 3 de septiembre, 2003, Pág. 4)

El segundo, Cerdas, sostiene: “ Si don Abel no supo nada de todo esto, pero lo ha aceptado de hecho, la verdad es que entonces debería irse para la casa porque no tendría ni la altura, ni la responsabilidad, ni la capacidad para ejercer el cargo de presidente, por haberse permitido ser un títere de una camarilla que, manipulándolo y aprovechándose de su desidia, comprometió la dignidad y el honor de Costa Rica”( Ídem)

Nuestra política: una campaña para que renuncie Pacheco

Si algo ha quedado claro frente a los ojos de los sectores populares es la suciedad y el tráfico de influencias en medio del cual se mueven todos los partidos patronales y como no son más que la caja de resonancia de los intereses de los empresarios que más dinero estén dispuestos a aportar a sus arcas. Ha quedado más que demostrada la corrupción del personal político de la burguesía y como la “elección democrática” es una falsedad, como decía Marx, hace ya siglo y medio: “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.(Manifiesto del Partido Comunista)

Ante estos hechos desde el PRTC hacemos un llamado a todas las organizaciones populares, de trabajadores, estudiantiles, etc. ha levantar un programa de lucha frente a estos hechos:

Lo primero exigir que se abran las cuentas de todos los partidos políticos para que se aclaren de donde procede el dinero que han recibido y como financian sus actividades.

Que como se ha demostrado que muchas de las donaciones que recibieron los partidos políticos durante la pasada campaña electoral sobrepasan lo límites legalmente establecidos o son abiertamente ilegales, estas deben ser entregadas integras y de inmediato al Estado, en específico al TSE.

Además exigir una investigación judicial clara y abierta para todos los altos representantes del PUSC que estuvieron involucrados en el manejo de fondos de la campaña electoral del  Presidente Pacheco y que se les condene a prisión si se demuestra su negligencia y sus malos manejos.

Así mismo debemos levantar una campaña para exigir la renuncia del Presidente Pacheco, en este escándalo, no solo se ha visto a la luz su verdadero rostro y a quedado claro que la pose de “hombre honesto” que quiso presentar en la campaña electoral, no era más que una mentira. Exigimos su renuncia pues es un presidente que ha llegado al poder a través de un partido que ha sido financiado con decenas de millones de colones de  manera ilegal. 

El capitalismo salvaje crea descontento y rechazo...

Por Liev Romero

Recientemente, en El Salvador aprobaron una Reforma al Código Penal, y en Honduras  la llamada Ley “Antimaras”. En Nicaragua se ha creado un revuelo previendo una posible invasión de “mareros”  al territorio nicaragüense, en vista de las reformas legislativas adoptadas en estos países. Es necesario analizar el fenómeno y dar soluciones objetivas y concretas, partiendo del estudio científico.

En Nicaragua, a diferencia de los países vecinos ya mencionados, no se ha desarrollado tan ampliamente el fenómeno de las pandillas o “maras”. Esto tiene una explicación. En primer lugar, en la década de los años 80 del siglo pasado, el feroz bloqueo del imperialismo, creó un encerramiento y pocos contactos con el exterior. Diferente situación ocurrió en Honduras y Guatemala, donde el fenómeno de las agrupaciones juveniles estableció nexos con el narcotráfico y crimen organizado.

En segundo lugar, la juventud fue la cantera donde el Gobierno Sandinista encontró el elemento humano de combate que envió a luchar contra el ejército Contra. Ambos factores formaron un escudo ante la formación de pandillas, que después de 1990 quedó sin eficacia. La caída del régimen sandinista y el plan de ajuste del gobierno de la Sra. Violeta Barrios, provocó el despido masivo de trabajadores (ejército, policía, sindicatos) y la consecuente desocupación y desempleo que fueron catalizadores óptimos para que surgiera el fenómeno de las “pandillas”.

Conciliación y represión selectiva

De 1990 hasta la fecha, si bien  es cierto el fenómeno de las “pandillas” ha mantenido un crecimiento ascendente, no ha logrado un nivel de desarrollo como el de los países vecino. La razón de este rezago es sencilla: la Policía Nacional, que surgió de las columnas guerrilleras en el periodo de la revolución, ha mantenido una posición conciliadora y de represión selectiva.

Una política conciliadora, en cuanto pretende, a través de una acción conjunta con los ONG y de los de “Comités de Prevención y Reinserción”, brindar una salida a los pandilleros, tratando de disolver persuasivamente sus organizaciones. Al no ser reprimidas, perseguidas y sofocadas, no necesiten perfeccionar su organización interna, limitando esta a un territorio geográfico determinado y acciones no tan delictivas.

Una política de represión selectiva contra los jefes o segundos jefes mas recalcitrantes, utilizando los órganos de inteligencia, reclutando e infiltrando las pandillas, que le permiten tener acceso a información valiosa sobre las actividades delictivas y el tipo de armas que poseen.

¿De dónde vienen?

Si bien sobre este fenómeno se ha escrito mucho, que van desde hipótesis antropológicas hasta culturales; es necesario que los marxistas revolucionarios tengamos la capacidad de analizar este fenómeno y encontrar su origen para poder tener directrices hacia esta problemática.

Hay un principio marxista que dice que “ el estado material determina la conciencia.” En nuestros países, azotados por la pobreza y desempleo que han provocado los planes de ajustes y recetas del imperialismo, sobre todo en los  grandes cinturones de miseria formados en los cascos urbanos,  la gente desempleada busca formas de resolver sus problemas a través de los asaltos callejeros. Las pandillas realizan estos asaltos de manera organizada.

Ahora bien, el fenómeno del narcotráfico ha permitido que los individuos tengan una alternativa de trabajo fácil y bien remunerado, que el Estado burgués no les provee. Una parte de la población de las clases bajas, tiene que atentar contra su propia clase, para poder sobrevivir.

Hay  otro fenómeno cultural que influye en el desarrollo de las pandillas. Las políticas del FMI y BM, provocan una involución en el sistema de educación pública, la calidad de educación carece de todo profesionalismo, sustentación histórica y análisis científico que hace que el estudio sea mecánico y repetitivo, lo que impide crear una conciencia analítica del joven, que le permita canalizar descontentos y mantener una postura critica en torno al sistema que lo destruye lentamente como ser humano.

Las pandillas son un síntoma de la descomposición social, la punta del iceberg de un descontento que con el tiempo dará como resultado una generalización del descontento hacia el sistema capitalista que es el verdadero padre de las “pandillas”.

Las “pandillas” no son producto solamente de la pobreza. En Estados Unidos, por ejemplo, el American Way of Life ha sido ineficaz de controlar la violencia de los grupos juveniles. Incluso, muchos de los jefes de las “maras” de El Salvador y Honduras se formaron en el ambiente de las grandes ciudades norteamericanas, y al ser deportados trajeron los métodos y el tipo de organización  que desarrollaron posteriormente agrupaciones como la “mara salvatrucha”.

Una  política revolucionaria ante el fenómeno de las “pandillas”

Que las maras sean un síntoma endémico de la realidad que el capitalismo nos impone, no significa automáticamente que sean correctos los métodos y consignas de estas agrupaciones. Debemos de estar claros que si bien son una reacción salvaje contra el capitalismo salvaje, no constituye en si mismas una vanguardia política, sino una primera repuesta a la opresión del capitalismo.

Si las “pandillas” son frutos de la descomposición del sistema capitalista, la política de los revolucionarios debe pretender, desde las organizaciones del movimiento obrero y popular, que estas ayuden a combatir al sistema. Las pandillas no desaparecerán con la violencia, salvo que haya un genocidio, como pretende la burguesía hondureña.

Si el Estado burgués no quiere la proliferación de pandillas, entonces debemos exigir al Estado que proporcione Empleo, Educación y Salud a todos los jóvenes !!  Debemos canalizar el descontento social de las pandillas, encaminar su lucha tergiversada por una lucha por reivindicaciones justas, por medios de vidas mas amplios.

Debemos abrir un debate dentro de los grupos juveniles a fin de que se tenga una conciencia clara de que es el sistema capitalista quien realmente los sofoca y segrega. La política, pues, es forjar acciones de cara a que los jóvenes tengan una verdadera directriz revolucionaria que permita canalizar su instintiva protesta social.

Documentos

Reflexiones marxistas sobre la violencia

Reproducimos unas pocas citas de la obra “Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión” de Victor Serge  

“Donde el Estado capitalista se contenta por principio con combatir los últimos efectos de las causas sociales que le está vedado tocar, el Estado soviético actúa sobre esas causas. La indigencia, la prostitución, la precaria situación de la salud pública, la criminalidad, el deterioro de las po­blaciones, el bajo índice de natalidad no son sino efectos de causas económicas profundas. ⁽²⁾ Después de cada crisis económica aumenta la criminalidad; no puede ser de otra manera. Y los tribunales capitalistas redoblan su severidad. A los trastornos provocados por el funcionamiento na­tural de la economía capitalista -anárquica, irra­cional, regida por los egoísmos individuales y por el egoísmo colectivo de las clases  poseedoras- la burguesía no conoce otro remedio que la repre­sión. ⁽³⁾ El Estado soviético, al concentrarse sobre las causas del mal, tiene evidentemente menos necesidad de la represión. Mientras más se desa­rrolle, más su acción económica será eficaz, con­certada, previsora, y menos necesidad tendrá de la represión, hasta el día en que una inteligente gestión de la producción suprima, con la prosperi­dad, males sociales tales como la criminalidad, cuyo contagio se esfuerza en aminorar por medio de la coercion”(...)

“Se robará menos cuando el hambre no exista; y menos aún se robará cuando el bienestar de todos se haya realizado”Mucho antes de 1789, el tercer estado era, contra la vehemente afirmación de Sieyes, una fuerza respetada dentro del Estado. Los primeros cincuenta años de desarrollo económico de la burguesía no dejaron de ser años de atroz dictadura de clase. Los falsificadores oficia­les de la historia voluntariamente olvidan la ver­dad sobre la primera mitad del siglo XIX. El capitalismo moderno, en su camino hacia la opu­lencia, pasó sobre los cadáveres de muchas genera­ciones de trabajadores que habitaban pocilgas, trabajaban del alba al oscurecer, desconocían toda libertad democrática y entregaban a la fábrica devoradora hasta los débiles músculos de chiquil­los de ocho años... Sobre los huesos, la carne, la sangre y el sudor de estas generaciones sacrifica­das se erigió toda la civilización moderna” (...)

“Ahora percibimos con nitidez uno de los principales medios de la violencia capitalista: el hambre. Hace medio siglo que se puede hablar de terror económico. El obrero amenazado de desempleo, amenazado de morirse de hambre, traba­ja entre la chusma industrial, trabaja como un bruto para no morirse de hambre más que a la larga: en quince años. (No poseemos datos sobre la duración media de la vida de esos asalariados; lo deploramos; esas cifras lo resumirían todo.) En nuestros días es igual: a la violencia económica por hambre, con todo la más importante, en definitiva la única eficaz, la represión no hace sino proporcionarle el complemento exigido por «la defensa del orden» capitalista contra determi­nado tipo de víctimas particularmente inquietan­tes (los malhechores) y contra los revolucionarios.”

COSTA RICA

¡No a la academia internacional de policía!

Por Víctor Manuel Artavia

Luego de que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Panamá rechazaran las gestiones estadounidenses para instalar dicha academia en sus territorios, el gobierno de George W. Bush se decidió por presionar a la administración de Abel Pacheco y el 6 de junio del 2002 se firmó el convenio para la instalación de la “Academia para el Cumplimiento de la Ley” (ILEA por sus siglas en inglés).  Después de varios meses en silencio, dicho proyecto a vuelto a ser tema en la Asamblea Legislativa, y actualmente, está a punto de ser elevado al plenario legislativo y puesto a  votación.

¿Qué es la ILEA?

Si bien es cierto el poder económico y la hegemonía mundial del imperialismo norteamericano no tiene ningún peligro de ser arrebatado por otras potencias, los Estados Unidos requieren de fuerzas militares alrededor del mundo que le permitan actuar en determinado momento que peligren sus intereses económicos y políticos.  Dentro de esta lógica es que se inscribe la creación de la ILEA y sus similares en todo el mundo (Hungría-1985, Tailandia-1999, Bostwana y Nuevo México-2001), las cuales bajo la carátula de centros de capacitación técnica y jurídica para jueces y policías, en realidad funcionan como enclaves militares de adiestramiento de fuerzas represoras.

Aunque en el convenio de la ILEA se recalque que ésta velara por el fortalecimiento de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, etc., esta academia vendrá a jugar el rol que en años anteriores tuvo la Escuela de las Américas en Panamá, en la cual se entrenaron los militares y dictadores que por muchas décadas asesinaron y torturaron a miles de sindicalistas, dirigentes estudiantiles y campesinos, etc.

El por qué de esta academia y la urgencia de los Estados Unidos por su aprobación, radica en que forma parte del proyecto imperialista estadounidense para América Latina, el cual abarca desde el plano económico hasta el militar.  Con la entrada en vigencia del ALCA programada para el 2005, además de los diferentes TLCs bilaterales, las condiciones de vida de miles de trabajadores y campesinos se vendrán abajo, lo cual indudablemente traerá futuras protestas y luchas populares (como el caso argentino).  Frente a esta situación, resulta apremiante para el imperialismo yanqui contar con fuerzas represivas en el área que le permitan mantener el “orden” y la sostenibilidad de su proyecto, ya sea a través de la intervención directa de sus fuerzas armadas o por medio de ejércitos títeres en cada país.

Desde esta óptica es claro la importancia geopolítica que tiene la ILEA para los Estados Unidos, más aún si se considera que recientemente tuvieron que sacar sus tropas de Vieques y el Comando Sur de Panamá.  Costa Rica se proyecta dentro de los planes estadounidenses como la cabeza de playa para cualquier acción militar en Centroamérica y el Caribe, tal como lo hace Colombia en el Cono Sur con la puesta en marcha del Plan Colombia.

La ILEA será una carga en los hombros de los trabajadores

Aunado a las terribles consecuencias políticas para el istmo que puede contraer la instalación de la ILEA en Costa Rica, también es necesario indicar que dicha institución será financiada con fondos estatales, es decir, con el sudor de los trabajadores: “Según el acuerdo, Costa Rica aportaría las instalaciones para el desarrollo de las actividades de la academia, así como el mantenimiento y vigilancia de dichos espacios físicos aparte del personal administrativo de apoyo.” (Semanario Universidad, 21/7/2003, p. 4)

Esto entra en clara contradicción con el discurso de austeridad de la administración Pacheco, bajo el cual a hecho recaer todo el peso de la crisis fiscal sobre los trabajadores.  Mientras el gobierno está dispuesto a desembolsar grandes sumas de dinero para la manutención y funcionamiento de la ILEA, está luchando por todos los medios de destruir el sistema de pensiones del magisterio, aumentando los impuesto indirectos, además de recortarle el presupuesto al ICE y al conjunto de instituciones estatales.

Junto con esto, a los funcionarios estadounidenses en la ILEA se les otorgará el estatus de delegados diplomáticos, con lo que no tendrán que pagar un solo centavo de impuestos y gozaran de plena inmunidad, o sea, no podrían ser procesados por las autoridades costarricenses.  Esto calza con la política internacional de los Estados Unidos de no someter sus fuerzas armadas a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ni de cualquier órgano judicial regional o nacional, con lo cual buscan impunidad total para los crímenes contra la humanidad que constantemente realizan sus soldados en todo el mundo.

Fuera tropas yanquis de Latinoamérica

Ante la cada vez más directa intromisión de las fuerzas armadas imperialistas en todo el territorio latinoamericano, es preciso que los trabajadores y los sectores populares impulsemos una lucha frontal contra los proyectos militares estadounidenses en el área, los cuales como ya se explicó, no pueden desligarse en nada de las políticas económicas que han sumido en la miseria a miles de trabajadores y campesinos, y que con la implementación del ALCA y los TLCs pretenden causar más hambre y miseria con tal de enriquecer a los grandes capitalistas imperialistas y las burguesías nacionales.

Desde el PRTC hacemos un llamado a la unidad de acción de las organizaciones políticas, estudiantiles, campesinas y sindicales en pro de la defensa de la soberanía de nuestros pueblos, puesto que las repercusiones de la ILEA trascenderán las fronteras de Costa Rica.

Créditos:

El Trabajador Centroamericano es una publicación conjunta del Partido de los Trabajadores (PT) de Honduras, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Nicaragua y del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericano (PRTC) de Costa Rica.

Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión editorial, ni la de los partidos que la editan y son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Director: Marcos Luna

Consejo editorial: Orson Mojica, Gabriel Ortiz, Martín Hernández

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