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En las últimas semanas el continente americano se ha visto sacudido por una serie de luchas contra las privatizaciones impulsadas por los organismos financieros internacionales y aplicados servilmente por los gobiernos burgueses latinoamericanos. En muchos casos esas luchas adquirieron el carácter de verdaderos levantamientos populares que debieron enfrentar duras represiones pero que debido a su masividad lograron parar (así sea coyunturalmente) la entrega y venta de los servicios públicos.
Las puebladas del Perú contra la privatización de la energía eléctrica, las movilizaciones de Honduras contra la privatización del agua potable y las de Chile y El Salvador contra las reformas privatizadoras en salud, son un claro indicio de la voluntad de nuestros pueblos de no seguir por un camino que ha fracasado rotundamente y ha llevado a países como Argentina y Uruguay a situaciones de extrema miseria.
Estamos asistiendo al agotamiento de un modelo que se prometió como la panacea para todos los males, como el único camino posible para sacar a nuestros países del subdesarrollo y la miseria.
Frente al derrumbe del llamado “socialismo real” la burguesía de todo el mundo se lanzó en brazos del imperialismo y tras ella numerosas, o casi todas, las organizaciones de izquierda y populares que se olvidaron de la lucha de clases y abrazaron los cantos de sirena de la democracia burguesa, la “sociedad civil” y la “globalización con rostro humano”. Se abrió así una década de servilismo, de entrega de nuestros recursos naturales y humanos, de desorganización del movimiento obrero, campesino y popular y de profundo retroceso en la conciencia de clase.
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“... la república burguesa más democrática no es sino una máquina para la opresión de la clase obrera por la burguesía, para la opresión de las masas trabajadoras por un puñado de capitalistas.” Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del
Proletariado, |
La llamada “globalización” asentada en los tratados de libre comercio, el Plan Puebla Panamá y el Area de Libre Comercio de la Américas, ALCA, no es más que la versión por internet del viejo “Destino manifiesto” de desplegarse por todo el continente predicado por los colonialistas norteamericanos a mediados del siglo XIX y cuya máxima expresión fue William Walker y los filibusteros en dicho siglo; las bananeras, las cañoneras y las intervenciones militares en el siglo XX y los modernos representantes del FMI, el Banco Mundial, y todos los organismos creados por Estados Unidos para colonizar el continente en el presente siglo.
Las luchas que se libran en el continente necesitan de la más amplia unidad de acción para derrotar los planes de colonización imperialistas. Desde Argentina hasta México pasando por Centroamérica es necesario coordinar luchas continentales contra las privatizaciones y la entrega de nuestros recursos naturales así como la pérdida de conquistas debido a los planes de ajuste capitalistas. Los cientos de Foros regionales que se realizan contra el ALCA y los tratados de libre comercio deben avanzar a la planificación de acciones, de luchas regionales, no bastan documentos contra los planes imperialistas es necesaria la lucha en las calles de los campesinos y pobladores de todo el continente, son fundamentales las huelgas obreras a escala latinoamericana. La coordinación de acción obrera, campesina y popular debe ser la consigna del día.
Al mismo tiempo, es imprescindible oponer al sistema capitalista otro sistema basado en las necesidades sociales y no en la sed de ganancia del capital; un sistema que una los esfuerzos de los trabajadores del campo y la ciudad alrededor de una economía planificada democráticamente para garantizar la “democracia del músculo” consistente en el derecho al trabajo, la educación, la salud y la vivienda digna para todos los trabajadores del campo y la ciudad; un sistema en el cual la justicia no esté al servicio de los ricos y poderosos. Los trabajadores tenemos el derecho y la obligación de proponernos construir una sociedad socialista en la que no exista la explotación del hombre por el hombre, en donde la solidaridad de clase reemplace los estériles enfrentamientos religiosos, raciales o nacionales. No hay posibilidad de humanizar el capital como pretenden algunos, es necesario un nuevo modelo social.
Esta lucha que es imprescindible para el futuro de la humanidad no puede hacerse sin unificar las voluntades políticas de los trabajadores revolucionarios en fuertes partidos obreros revolucionarios que rescaten la experiencia histórica de la clase obrera latinoamericana y mundial; su ideología marxista, su programa de transición del capitalismo al socialismo y su método de movilización permanente de las masas trabajadoras en la perspectiva de gobiernos obreros, campesinos y populares en todos los países.
Quienes publicamos El Trabajador Centroamericano , creemos que es necesario avanzar de manera decidida en esta perspectiva histórica, formando el Partido Socialista de los Trabajadores Centroamericano , como un esfuerzo de los revolucionarios del área para responder a la principal tarea histórica que tenemos frente a nosotros: luchar por la tercera independencia centroamericana que en las nuevas condiciones históricas sólo puede hacerse mediante la Federación de Repúblicas Socialistas Centroamericanas .
La comisión mixta:
Desde inicios del mes de agosto entró en funcionamiento la denominada Comisión Mixta, cuyo principal objetivo es la discusión y aprobación ante los diputados de la Asamblea Legislativa de las medidas fiscales contra los trabajadores, el denominado Plan de Contingencia Fiscal.
La Comisión Mixta representa una maniobra del gobierno, con la cual hacer creer que todos los sectores sociales participan y deciden sobre la reforma fiscal, en otras palabras la comisión no es más que un instrumento del gobierno que pretende la aprobación del paquetazo fiscal. Dicha comisión la integran dos diputados de la PUSC, el PLN y el PAC, uno del Movimiento Libertario y la presencia de un designado del Poder Ejecutivo, es decir los políticos de los partidos burgueses. Por otro lado también integran la comisión representantes externos con voz pero sin voto, solo son sugerentes ante las medidas que se discutan, estos son: dos asesores de las cámaras empresariales y dos burócratas sindicales: Albino Vargas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Rodrigo Aguilar de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, junto con otros tres representantes más provenientes del sector cooperativo, solidarista y del Foro Agropecuario.
La Comisión Mixta desde que inició a funcionar se le asignó un período de tres meses para dar los resultados finales entorno al paquetazo fiscal, de manera que los diputados aprobaran las medidas correspondientes.
La Comisión Mixta fue sugerida por el Partido Acción Ciudadana y por las burocracias sindicales encabezadas por ANEP y la nefasta figura de Albino Vargas, como un espacio en el cual el gobierno diera la apariencia de realizar un acuerdo con la denominada sociedad civil, un pacto fiscal , para de este modo hacer creer a los sectores populares su participación en las decisiones del gobierno a través de la comisión.
La conformación de la Comisión Mixta, tiene como antecedente el fracaso del Foro Social implementado por el gobierno socialcristiano de Miguel Ángel Rodríguez, con el cual este pretendía vincular a muchos representantes de diversos sectores sociales para así poner en práctica la privatización de instituciones como el ICE y el INS. Al gobierno de Rodríguez se le escapó de las manos la posibilidad de aprobar la privatización de áreas de energía y seguros, culminando con la luchas del COMBO del ICE durante el año 2000, que frenaron en gran medida la políticas antipopulares del gobierno. Bajo ese contexto la diputada del PAC, la ex liberacionista y en el pasado primera dama de la República, Margarita Penón señaló “Creemos que a partir del episodio del Combo del ICE y en el contexto sociopolítico actual, la imposición de reformas parciales, aisladas y unilaterales constituiría un paquete tributario más e iría contra la corriente de la acumulación de fuerzas sociales que demandan una visión de conjunto sobre el problema fiscal y una amplia participación de la sociedad civil organizada” (La Nación 4 de junio del 2002). Es indudable que la Comisión Mixta es una farsa creada por el gobierno, para evitar que emerjan luchas contra el combo fiscal, pero además representa el acuerdo político entre el Partido Acción Ciudadana y el Poder Ejecutivo para dar vía libre al Plan Fiscal.
La misma Penón, sugirió que en la comisión tuvieran participación organizaciones sindicales y sociales y las cámaras empresariales y que estos serían la representación de la sociedad civil. Pero la realidad es otra, los participantes externos no fueron elegidos por los trabajadores, campesinos, estudiantes y demás sectores populares, estos fueron nombrados por el gobierno pues favorecen sus políticas. Los señores Albino Vargas de la ANEP y Rodrigo Aguilar de la Rerum Navarum, son parte de una cúpula sindical que no es la mayoría del movimiento popular del país, es más, constituyen un sector antidemocrático que no consulta a las bases de trabajadores, ni informa sobre las posiciones que se tienen en el seno de la Comisión Mixta, son un sector burocrático y oportunista que favorece los planes del gobierno por encima de los intereses de los trabajadores. Lo mismo sucede con los representantes de los otros sectores.
Por sí fuera poco, los dos asesores externos de las cámaras empresariales están por la aprobación del denominado Plan Fiscal. Más aún los empresarios sugieren otras medidas para el problema fiscal “la Unión de Cámaras (Uccaep) propuso nuevos impuestos temporales a plazo de un año, con los cuales se espera recaudar unos 70 mil millones de colones. Entre los impuestos se encuentran uno solidario sobre la renta a las empresas, uno a la propiedad de vehículos de lujo, que cobrará un 50% en la tarifa de automóviles, otro a las pensiones de lujo a cargo del Presupuesto Nacional y por último una carga a los suscriptores de cable, a los cuáles se les cobrará cerca de tres mil mensuales” (La Prensa Libre, jueves 5 de setiembre)
Es indudable que la Comisión Mixta recurriendo a falsas categorías como la denominada sociedad civil (que según los ideólogos burgueses integra a todos los sectores populares), pretende atacar a las masas trabajadoras imponiendo la carga fiscal provocada por los políticos burgueses por la evasión tributaria, privilegios y la corrupción. El gobierno de Pacheco, con el beneplácito de la comisión mixta para el 2003 pretende aumentar los ingresos del PIB 13,9% al 14,9%, reducir el gasto total del 18% a menos del 17% y reducir el déficit del gobierno del 4,1% al 2,1%, generando medidas hambreadoras sobre las espaldas de los más pobres. Para lograr tal propósito nada más claro que la opinión Samuel Yankelewitz presidente de la Uccaep quién sugiere “que no exista un crecimiento en la planilla del Estado, incluyendo nuevas plazas por un año” (La Prensa Libre, jueves 5 de setiembre). Este mismo recomendó además que los sindicatos del sector público se limitaran a no pedir ajustes salariales a la inflación, por critica situación económica. Además la cámara de empresarios considera importantes las medidas de emergencia, el denominado Plan de Contingencia Fiscal, para luego aplicar una reforma estructural al sistema tributario que permita aumentar la carga tributaria.
Es claro que los miembros de la comisión mixta provienen de las entrañas del mismo gobierno y no representan a los trabajadores. Por el contrario el objetivo del gobierno con esta comisión es golpear a los sectores populares, recortando el gasto en áreas primordiales como los salarios y las pensiones y pidiendo además sacrificio.
La Comisión Mixta, en el demagógicamente denominado Pacto Fiscal, tiene aprobadas una serie de medidas, a saber: impuesto a las sociedades inscritas en el Registro Público, recargo a las tasas sobre el impuesto de renta, impuesto adicional de 50% a la propiedad de vehículos con valor igual o superior a 7 millones de colones, impuesto mensual de 190 mil colones por mesa de juego y 95 mil colones por máquina tragamonedas, impuesto escalonado a empresas de apuestas electrónicas, aumento de 125 mil dólares a 300 mil dólares anuales a los bancos offshore, aumento de 100% de los aranceles a certificaciones del Registro Público, aumento del derecho de salida a extranjeros y aumento del impuesto selectivo de consumo a cigarrillos y licores. Además de estas medidas, el gobierno con el visto bueno de la comisión, también manda para que se apruebe de inmediato un reducción del gasto estatal público de 12.000 millones de colones.
Estas medidas constituyen apenas un inicio de la ofensiva del gobierno garrotero de Pacheco. Tales cambios fiscales van afectar a toda la población sin excepción y además con la reducción del gasto estatal, áreas fundamentales como la salud y la educación se verán sumamente golpeadas.
El mes de octubre, es el plazo para que la Comisión Mixta tenga una resolución sobre el Plan de Contingencia Fiscal. Sin embargo existen diferencias entre los miembros de la comisión fantoche, para el gobierno como se indicó se debe bajar el déficit fiscal proyectado para el 2003 del 4.1% del PIB a la mitad es decir unos 100 mil millones de colones aproximadamente. Pero para el PAC y el PLN ; “Se asoma el criterio de que debería ser suficiente con bajar el déficit a un 3% del PIB. Además, se insiste en que se debe evaluar el impacto que tendrán las medidas no tributarias (como reingeniería de la deuda y recorte del gasto) antes de pensar en elevar los impuestos” (La República 13 de setiembre del 2002). A la vez estos dos partidos burgueses se oponen a los impuestos al servicio de cable televisivo y a los celulares, contemplados en el plan, ya que la base social de estos es la clase media, gran consumidora de los mismos.
Es indudable que al seno de la comisión, se presentan claras diferencias pues la urgencia del gobierno es la aprobación del plan de contingencia, mientras que los representantes de los partidos burgueses del PAC y el PLN están por la discusión del reordenamiento del gasto y la recaudación, sin embargo estos sectores burgueses aprueban la mayor parte del plan de contingencia fiscal.
Pero el derechista partido Movimiento Libertario, con el representante que cuenta en la Comisión Mixta y en la fracción del mismo en la Asamblea Legislativa divergen del gobierno, así lo indicó Federico Malavassi presidente de la fracción libertaria: “no aprobarían ningún impuesto sin reactivación económica, sin racionalización del gasto público y sin que se cobraran bien los impuestos que hay actualmente” (La Prensa Libre, miércoles 9 de octubre del 2002).
El Movimiento Libertario se opone a ciertas medidas del Plan de Contingencia Fiscal, como es el caso de los impuestos a las máquinas y mesas de juego, esto porque este partido representa a un sector burgués ligado a los juegos de apuestas, es más este sector financió la campaña política de este partido, y con el plan se pretende imponer impuestos a las máquinas y mesas de juego, por lo que el Movimiento Libertario se opone a estos acuerdos.
Con esta perspectiva la comisión se esta convirtiendo en un atolladero, con lo cual se le obstruye al gobierno la aprobación del paquetazo fiscal. Ante tal situación es necesario que las organizaciones de trabajadores, campesinos y estudiantes levantemos las banderas de oposición a la farsa de la Comisión Mixta que se tambalea.
Por los motivos expuestos, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericano, SECA , hace un llamado a todas las organizaciones de trabajadores, sindicatos, los campesinos, al movimiento estudiantil y popular a rechazar y desconocer a la Comisión Mixta y los acuerdos que defina esta pues dan vía libre a los planes del gobierno. Realmente esta comisión no representa a los sectores populares y cualquier pronunciamiento por parte de esta es una trampa.
Las medidas que se toman en la comisión, referentes al Plan de Contingencia Fiscal, son apenas el inicio de una ofensiva brutal de gobierno, por ejemplo a los docentes se les quiere obligar a laborar doscientos días eliminando el incentivo salarial de setiembre, el Estado pretende reducir sus gastos al máximo y no contratar personal hasta el año 2007, así también derechos adquiridos como incentivos, el famoso salario escolar es un ejemplo, se encuentran en la mira del gobierno para ser eliminados. En síntesis se avecinan nuevas cargas tributarias para los sectores populares y con ello la eliminación de los escasos privilegios con que cuentan. Debemos oponernos a las medidas actuales y futuras del gobierno y cualquier trampa de comisión mixta que se presente.
El tiempo es limitado, ante la avasalladora máquina de golpes del gobierno, pero es necesario constituir un frente de lucha inmediato que frene el paquetazo fiscal propuesto por el gobierno y la Comisión Mixta.
¡Por la movilización de los
trabajadores contra el plan fiscal!
¡Abajo la comisión mixta!
Reforma del Estatuto del Docente
Por Franco de la Corte
Violencia, según el Diccionario de la Lengua Española significa “Calidad de violento. Acción o efecto de violentar” dicho vocablo se deriva del verbo violar el cual según el mismo diccionario lo define como “Infringir una ley o precepto”.
Partiendo de este enunciado, los actos de protesta ocurridos el día jueves 24 y viernes 25 de Octubre del corriente año en esta ciudad capital tienen un origen; los mismos fueron consecuencia de los actos violentos sucedidos la noche anterior al día 24 por parte del poder Legislativo a través del Congreso Nacional en complicidad con el poder Ejecutivo. Esos actos violentos realizados esa noche consistieron en haber violado los derechos de los propios congresistas a conocer y discutir los decretos que esa noche aprobó el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiana, ya que a raíz de esta actitud violenta los diputados del Partido Liberal, Pinu, S.D. y el Partido Unificación Democrática, abandonaron el hemiciclo legislativo, actitud que por omisión los vuelve a la vez autores de los actos de violencia legislativa.
Pero este solamente fue el antecedente inmediato y la gota que rebalsó el vaso de agua. El antecedente anexo ha sido la aprobación de la Ley de Equilibrio Financiero denominado popularmente como “Paquetazo”; la pretendida aprobación de una Ley de Municipalización del Agua que lleva como propósito concesionar y privatizar el agua en perjuicio de las clases desposeídas; la famosa verja; sumado a esto las decisiones arbitrarias del Ministro de Educación. Esto hizo que las acciones realizadas por el Magisterio y el Bloque Popular se convirtieran en movilizaciones apoyadas por el pueblo en general.
Un estado de Derecho como se supone que es el nuestro, solo se fortalece y se perpetua en la medida que se respeten los Derechos y Garantías mínimas que establece la Constitución de la República. Los primeros llamados a cumplir y respetar estos derechos y garantías son las propias autoridades. Estas sin embargo no pueden a su libre arbitrio determinar sus facultades y competencias, puesto que la Constitución y las leyes son las que determinan los limites de su actuar.
La Constitución de la República, no es cualquier Ley, es la Ley Suprema, es la Ley Fundamental a la cual todas las demás leyes deben estar sometidas y los mandatos de la misma están por sobre cualquier otro acto, particular o general que dicte cualquier autoridad, por que a excepción del pueblo, nadie es superior a la Constitución, en ese sentido todos los actos dictados por el Congreso Nacional, como leyes y decretos así como todos los actos del poder Ejecutivo y Judicial, tienen que subordinarse a los mandatos de la Constitución.
No es facultad del Congreso Nacional aprobar contratos suscritos por particulares y el estado en perjuicio de una ley y de quienes no han manifestado su voluntad en ese contrato y mucho menos es facultad de este Poder, disminuir, y regular los derechos y garantías que la Constitución de la República otorga a los particulares.
La Aprobación por parte del Congreso Nacional del Acta, suscrita por los Colegios magisteriales de primaria y el Gobierno para hacerla obligatoria a los docentes de educación media es una clara violación a la Constitución de la República, lo cual se convierte en una reforma tácita del Estatuto del Docente respecto a su Régimen Económico.
Con la aprobación de esta Acta se violentó la Garantía Constitucional numero 5, párrafo segundo del articulo 128, el cual establece: “Las Leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes Garantías: 1, 2, 3, 4, 5. Todo Trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo... Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectiva.” Esta es la garantía Constitucional consistente en el derecho a devengar un salario mínimo profesional.
En armonía con esta disposición constitucional el articulo 95 del Estatuto del Docente establece: “Los Derechos que reconoce esta ley no podrán ser disminuidos, tergiversados o ignorados y toda disposición en ese sentido será nulo ipso jure.”
Además la Constitución de la República en aras de preservar el principio de Supremacía Constitucional dispone en su articulo 64: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.” Por otro lado, el articulo 315 establece: “En casos de incompatibilidad entre una norma Constitucional y una Legal ordinaria, el Juez aplicara la primera.”
De no ocurrir el veto presidencial, los afectados tendrán expedito el camino para hacer uso de los controles y mecanismos que la Constitución otorga a los particulares a fin de que puedan ejercitar ante la Corte Suprema de Justicia el respectivo Recurso de Inconstitucionalidad por acción directa.
Pero el problema que tenemos no es de leyes, sino de Justicia, la cual solo existe para los que tienen el poder Económico y el Poder Político, prueba de ello es que a los manifestantes del 24 y 25 de octubre se les libró por parte del poder Judicial ordenes de captura, acusándolos de los Delitos Cometidos por los Particulares Excediéndose en el Ejercicio de los Derechos que les Garantiza la Constitución, Lesiones, Daños, e Incendio. Sin embargo por las movilizaciones que en su campaña presidencial realizó el presidente Ricardo Maduro que estuvo a punto de incendiar el Registro Nacional de las Personas no hubo acusaciones ni se libró orden de captura alguna.
Con todo esto las expectativas que tenía el pueblo hondureño con la nueva modalidad para la elección de la Corte Suprema de Justicia se han desvanecido. Mas los grandes escándalos de corrupción denunciados desde el seno del propio poder Judicial es un indicativo que por la simple vía legal los trabajadores no obtendrán justicia en sus peticiones. Lo único que cambió con la nueva modalidad de elección de la Corte Suprema de Justicia fue, los sueldos de los Magistrados, el numero de Magistrados (de 9 a 15) y el numero de años en el Poder de (de 4 a 7 Años), por que al final la tal junta nominadora no sirvió para nada, ya que siempre serán los políticos quienes elegirán la misma y siempre estará al servicio de los poderosos.
Plan de Arbitrios:
Por Gabriel Galeano
Este primero de diciembre las autoridades universitarias se preparan para dar un nuevo golpe a los estudiantes y trabajadores universitarios, ya que va a ser aprobado el Plan de Arbitrios o el Plan de Aumentos a la Educación Superior; hasta el momento todo parece estar listo, las bases para la aprobación están sentadas, el Consejo Universitario cuenta con todo a su favor, tan sólo se espera que llegue el día para aprobar las medidas que ponen en peligro la educación de miles de hondureños.
El Plan de Arbitrios no es más que las política del Estado en materia de educación ya que estas medidas están orientadas a reducir del presupuesto universitario, en donde lo fundamental es trasladar los costos de la educación a los estudiantes y trabajadores vía aumento al costo de la matricula y servicios universitarios. En ese sentido es que dicho plan contempla el aumento al valor de la matrícula, aumentos a los gastos de graduación, altos cobros de matrícula para alumnos reprobados, y el pago por exámenes de reposición; todo esto con el fiel propósito de reducir aún más el raquítico presupuesto que recibe la Universidad por parte del Estado. Pero se quiere ir mas allá, no se conforman con el aumento; también se pretende montar paralelas que dirijan el Alma Mater con el objetivo de acelerar la privatización en donde los empresarios de la educación serian ampliamente favorecidos.
Desde luego que todas estas medidas atentan contra la educación pública y están siendo consagradas por los lacayos de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, quienes no son más que la expresión del Frente Unido -organización en el poder por más de 20 años- y que en vez de hacer valer su posición como dirigentes universitarios no hacen otra cosa que avalar de cualquier forma semejantes medidas, obviamente con el propósito de seguir consumiendo el dinero que sacan de la Federación y otros negocios ilícitos.
Como hemos visto el Plan de Arbitrios es el instrumento en materia económica que le permitirá al Consejo Universitario destruir una serie de conquistas del estudiantado, haciendo más difícil el ingreso de los hijos de los trabajadores al campus universitario y, por lo tanto, reduciendo la actual población estudiantil, que por cierto es minoría, si tomamos en cuenta la gran cantidad de trabajadores que no tienen acceso a la educación superior. Esto convierte a la educación en algo inalcanzable, en un lujo que los trabajadores y sectores empobrecidos no podrían acceder. Ante semejantes medidas, el Partido de los Trabajadores de Honduras hace un llamado a los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios a que juntos nos movilicemos en contra de la aprobación del Plan de Arbitrios y contra toda medida que venga a atentar ante el derecho que tenemos los trabajadores de educarnos. Al mismo tiempo que debemos exigir que por ningún motivo el Gobierno meta sus narices en materia de educación superior, en esto hay que ser claro: tenemos que hacer valer nuestra autonomía y desde luego, desaprobar todo intento de intervenir la Universidad con paralelas o cosa por el estilo. De igual manera, debemos exigir el total desembolso por parte del Estado del presupuesto universitario, al mismo tiempo que abogar por el derecho que tenemos de recibir una educación gratuita y de calidad.
¡Por la no aprobación del Plan de Arbitrios Universitario!
¡Por la no intervención del Gobierno Por la defensa de nuestra Autonomía!
¡Por la Creación de un verdadero gobierno estudiantil!
Ley Marco del Sector Agua Potable
por Carlos Amaya Fúnez
Finalmente, después de varios años de permanecer engavetada la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, el gobierno de Ricardo Maduro se ha propuesto aprobarla contra viento y marea para cumplir las exigencias del FMI. De lograrlo el pueblo hondureño habrá perdido el control de un servicio público fundamental para la vida humana y estará comprometida la soberanía nacional.
Los diputados y la Asociación de Municipios de Honduras, AMHON, han insistido mediante costosas campañas publicitarias que la Ley Marco del Sector Agua Potable no significa privatización, sino la transferencia a las municipalidades de los servicios de agua potable lo que redundaría en una mejora en el servicio y una auténtica participación ciudadana.
Sin embargo, la realidad es otra. En primer lugar porque la Ley incentiva la participación de la empresa privada en la prestación de servicios mediante el concesionamiento; y en segundo porque las municipalidades no tienen suficientes recursos económicos ni capacidad técnico-administrativa para prestar el servicio.
Claramente lo ha expresado el alcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, quien señaló que la Alcaldía de la capital no podía hacerse cargo del servicio y que debía ser concesionado. Lo mismo ocurrió en San Pedro Sula donde la concesión le fue otorgada a la empresa italiana Aguas de San Pedro.
Si las alcaldías no tienen capacidad para prestar el servicio —la mayoría ni pueden con la recolección de basura— entonces el único camino que queda es el concesionamiento. En otras palabras, convertir el agua potable en una mercancía lo suficientemente “atractiva” para la empresa privada, a quien se le garantiza un amplísimo mercado (todo el mundo consume agua), precios ajustados periódicamente de acuerdo con la inflación y un “atractivo” margen de ganancia; todo con garantías jurídicas amparadas en el Plan Puebla Panamá y el futuro ALCA y que podemos sintetizar con la frase “los derechos son de las empresas y las obligaciones de los pueblos”.
Un claro ejemplo lo tenemos en el caso ya citado de San Pedro Sula. La empresa italiana tiene garantizados tres incrementos de precios al año lo que ha provocado un significativo aumento de precios, sin que haya mejorado el servicio que prestaba la Municipalidad. Basta ver la terrible situación que viven los pobladores de Cofradía que reciben de la empresa Aguas de San Pedro agua contaminada con heces fecales que ha provocado numerosas enfermedades a toda la población en particular a los niños, sin que la empresa ni la municipalidad quieran asumir sus responsabilidades.
Los más interesados en la aprobación de la Ley son los alcaldes ya que sería como sacarse la lotería. En efecto, tendrían en sus manos una fuente de ingresos y poder para enriquecerse personalmente, obtener favores y para financiar sus campañas políticas.
En caso que las alcaldías manejen el servicio, los ingresos serán destinados a financiar otros proyectos (la Ley lo permite) provocando la descapitalización de los recursos hoy en manos del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillado, SANAA; y provocando un significativo aumento al precio del agua brindada en la actualidad por los proyectos manejados por las Juntas de Agua de las comunidades. Además, se politizará el servicio beneficiando a los activistas y empresarios amigos del Alcalde de turno.
En caso que las alcaldías decidan concesionar el Agua Potable, también obtendrían un sustancial beneficio como ocurre en todo proceso de licitación en nuestro país. En otras palabras, la municipalización es una verdadera “piñata” para los alcaldes a costa de todo el pueblo hondureño.
Debido a la decidida lucha realizada por miles y miles de pobladores, principalmente del municipio de El Progreso, quienes lograron con su movilización suspender el debate de la Ley; los diputados decidieron hacer reformas cosméticas al dictamen tratando de dividir a la población entre usuarios del SANAA y comunidades con proyectos propios manejados por las Juntas de Agua.
En el primer dictamen, los diputados transferían los proyectos comunitarios a las Municipalidades al mismo momento de aprobarse la Ley provocando una expropiación forzosa de miles de millones de lempiras en perjuicio de las comunidades que con su propio esfuerzo y trabajo construyeron los proyectos sin ningún apoyo de las Alcaldías.
En el segundo dictamen, demagógicamente mantienen los proyectos en manos de las comunidades pudiendo éstas decidir la transferencia a las Municipalidades.
Sin embargo, los legisladores también introducen una serie de reformas de manera tal que si bien los proyectos comunitarios se mantienen formalmente en manos de las comunidades, quedarán regulados y controlados por el llamado Ente Regulador y las Municipalidades mediante contratos que se rigen bajo los mismos criterios y obligaciones de los prestadores privados (en su mayoría poderosas transnacionales). Eso significa que si las comunidades —que brindan el servicio sin fines de lucro a un precio mínimo— no cumplen con las normas establecidas por dichas autoridades serán sancionados, de tal manera que finalmente, las comunidades se verán obligadas a transferir sus proyectos.
En el caso del ente estatal, simplemente desaparece.
El caso de la municipalización — privatización del agua no es más que una de tantas privatizaciones impuestas a nuestros países por los organismos financieros internacionales en la última década. Antes fueron las empresas estatales, luego las telefónicas, posteriormente las de energía eléctrica y ahora le toca el turno a los servicios públicos básicos como el agua potable, la salud y la educación. Hasta el día de hoy, en ninguno de los casos los países que aplicaron las privatizaciones se han beneficiado, por el contrario han entrado en una profunda crisis como es el caso de Argentina.
En cuanto a Honduras, la privatización significa dejar por fuera de los servicios básicos a una inmensa población que no podrá pagar el precio de los servicios privatizados, aumentando el círculo de la pobreza y condenando a las futuras generaciones a más hambre y miseria.
El ejemplo de El Progreso en donde las organizaciones populares se unificaron y movilizaron contra la Ley Marco del Agua Potable logrando poco a poco incidir en la conciencia nacional sobre el problema, debe servir de ejemplo para el resto de privatizaciones que están en camino.
En educación el gobierno emitió una orden para que se cobren de manera obligatoria los gastos de funcionamiento de los colegios a los padres de familia y está planteado que se den cursos de recuperación para los aplazados cuyo costo también saldrá de los padres.
En salud se está discutiendo una profunda reforma de corte privatizador que ya ha empezado a implementarse mediante los aumentos de las cuotas de recuperación de los hospitales públicos y mediante la tercerización de los servicios que consiste en facilitarle a los médicos del sector privado las instalaciones del hospital con todos los recursos humanos y técnicos para realizar intervenciones quirúrgicas a un precio superior al del hospital pero que no ingresa a los fondos recuperados.
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Joe Rogaly, columnista del Financial Times |
La única forma de parar estas medidas nefastas es mediante un gran Frente Nacional contra las Privatizaciones que integre la lucha en las calles y la lucha parlamentaria con el objetivo de prohibir que los servicios públicos básicos sean privatizados, concesionados, descentralizados, municipalizados o reformados a favor de la empresa privada y contra los más oprimidos; al mismo tiempo que se exige el fortalecimiento de dichos servicios públicos mediante medidas de emergencia como el impuesto a la riqueza, a la tierra ociosa y fundamentalmente mediante el no pago de la deuda externa.
Un país empobrecido como Honduras no puede salir adelante sin una planificación centralizada de su economía, en donde los ingresos y egresos, estén definidos por las necesidades sociales de los trabajadores del campo y la ciudad. En donde los pocos recursos con que contamos sean invertidos en la llamada deuda social que no es otra cosa que: salud, educación y vivienda digna.
Ello implica una lucha frontal, sin tregua, contra el Plan Puebla Panamá y el ALCA, para evitar la entrega de todos nuestros recursos al imperialismo; y una lucha permanente contra el Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros internacionales para recuperar nuestra independencia política y soberanía nacional. Estos organismos son los nuevos piratas, los nuevos filibusteros del siglo XXI que vienen a colonizarnos para cumplir con el sueño imperialista plasmado en la Doctrina Monroe en el siglo XIX y la Carta Rolston en el siglo XX.
En esta lucha debemos unificarnos con las organizaciones obreras, campesinas y populares de la región para impulsar acciones comunes en la perspectiva de la tercera independencia centroamericana.
Veamos el ejemplo de Gran Bretaña, un país imperialista, en donde el agua se privatizó en 1989.
Los usuarios que en el año 1989 pagaban 150 dólares al año por consumo de agua, ahora deben pagar entre 250 y 800 dólares al año por los mismos servicios. Dos millones de usuarios pagaron la factura fuera de plazo el año pasado, y cada mes se corta el agua a 1,000 usuarios, según estadísticas recientes.
Veinte ríos británicos se secaron después de la privatización porque “las compañías no tienen incentivos para no producir desechos, y tienen todo tipo de incentivos para extraer agua de la forma más barata posible”, escribe Brendan Martin, quien trabaja para Public Services International , una federación internacional de sindicatos con sede en Francia.
La mitad de las nuevas compañías privadas son de propiedad de las trasnacionales francesas, mientras que otras son de propiedad de compañías británicas nuevas. El año pasado, los altos ejecutivos de estas compañías recibieron unos 540.000 dólares por concepto de salarios y ganancias extras.
(Fuente: SUNS/IPS)
Educadores perderán incentivo de setiembre el próximo año
Por Sebastián D. Fiorito
Un “octubre negro” estamos viviendo los educadores costarricenses. El gobierno aduciendo la difícil crisis fiscal del país, eliminará el pago del incentivo de septiembre, a pesar de los acuerdos establecidos con las organizaciones sindicales en 1997. Además, las burocracias de ANDE, APSE y SEC se encuentran negociando secretamente la problemática con el Ministerio de Educación (MEP).
Desde 1997, el magisterio nacional percibe durante septiembre, un incentivo del 168% sobre el salario base, en reconocimiento a la extensión del curso lectivo de 176 a 200 días. Para muchos docentes, el incentivo de septiembre es un logro importante, que solventa sus bajos salarios y los efectos de la crisis económica imperante.
Dicho incentivo no es gratuito. Tiene un alto costo laboral, que se resume en la obligación de cumplir con un largo, desorganizado y cansino año lectivo de 200 días, que cobra un promedio mensual de más de 3000 educadores incapacitados por problemas de salud. Es una enorme presión para todos los docentes, que debemos evitar al máximo las llegadas tardías, incapacidades laborales, pérdidas de lecciones y obtener una alta calificación al final del año, para poder aspirar a su disfrute.
Desde que se decretó en 1997, el gobierno ha venido cancelando e incrementando paulatinamente dicho incentivo. Sin embargo, la patronal siempre ha estado por su eliminación o recorte, como en el año 2000, cuando no quería pagar su valor del 158% por considerarlo excesivo.
Sólo el mes pasado, el ministerio invirtió en el pago del incentivo, 14000 millones de colones -casi de 38 millones de dólares. Según sus proyecciones para el próximo año, el monto subiría a 19000 millones de colones -cerca de 51 millones de dólares (La Nación, 3 de octubre, p.4A).
Para la ministra de Educación Astrid Fischel, resulta imposible seguir pagando el incentivo, considerando la actual crisis fiscal del país. Argumenta que “sacrificaríamos la construcción de más escuelas, no podríamos contratar más docentes, las becas, bonos y transporte se podrían disminuir” . Por ello, propone disminuir el curso lectivo a 174 o 187 días para eliminar o reducir a un 50% el incentivo, negociando el asunto con los gremios. (La Nación, 8 de octubre, p.5A).
La reacción de la burguesía ha sido inmediata. Obviamente la patronal está por eliminar el incentivo, conservando los 200 días. Primero, por la crisis fiscal del país. Como lo indicó el ministro de Hacienda Jorge Walter Bolaños, “no tengo ni un centavo más para ningún gasto extra, por más urgente que sea” (La Nación, 8 de octubre, p.5A).
Segundo, por que la Procuraduría General y la Sala Constitucional en su momento, se pronunciaron en favor del cumplimiento del Convenio Centroamericano de la Educación de 1966, que establece los 200 días y que está por encima de cualquier ley nacional. Un dictamen reciente de la Procuraduría, resolvió que “la falta de contenido presupuestario no autoriza al MEP a modificar el período lectivo de 200 días”. Apoyando éste argumento legalista, los diputados del derechista Movimiento Libertario, sostienen que “no se deben pagar más dineros por el cumplimiento de la ley” (La Nación, 11 de octubre, p.4A).
Tercero, por que el curso largo se ha reconocido como una gran reforma gubernamental “a favor” de los padres, alumnos y del desarrollo nacional que no puede perderse. Como lo ha afirmado el ex ministro Guillermo Vargas, la disminución del año escolar “sería una complacencia a la mediocridad y un acto vergonzoso” (La Nación, 4 de octubre, p.8A).
Y por último, por que los 200 días se han convertido en una garantía de Costa Rica a la inversión extranjera, en términos de oferta de mano de obra barata y especializada a futuro. No en vano, el presidente Pacheco en su última gira a Taiwán, criticó a la “China roja” como polo de atracción de inversiones, y defendió las potencialidades de “tiquicia” enfatizando los beneficios que a mediano plazo, capitalizará el curso largo.
Por eso, han sido fuertes las críticas hacia la propuesta de la ministra Fischel. Hasta se ha puesto en duda la capacidad de Fischel en el MEP, por su falta de decisión, en comparación a su antecesor (Guillermo Vargas) quién siempre impuso sin reparos el curso largo. Para los columnistas reaccionarios como Julio Rodríguez y Jorge Guardia, no puede ser que la educación se ponga al servicio de lo fiscal, y que el gobierno con la excusa para ahorrarse gastos, le de pretextos a los gremios para incumplir los 200 días (La Nación, 7 de octubre, p.19A).
En respuesta, la ministra ha ido variando su discurso. De la reducción del curso lectivo y del incentivo, paso a la solicitud de un presupuesto extraordinario para cancelar el incentivo completo el próximo año. Como el Congreso le negó tal posibilidad, asumió entonces la posición de defender la “conquista” de los 200 días, lo que implica prácticamente, mantener el curso largo sin incentivo.
Si bien la burocracia sindical salió al ataque, denunciado la movida del MEP, su posición ha sido sumamente contradictoria. Es incomprensible, que después de varios meses guardando silencio sobre el tema, sin atacar directamente los 200 días ni movilizar a la clase, ahora salga a la ofensiva, defendiendo el curso largo para proteger el incentivo.
Atrás quedaron las encuestas, los pronunciamientos timoratos y las marchas “marchitas” contra los 200 días, emprendidas durante enero pasado. Y ante los cuestionamientos de la patronal por el apoyo repentino al curso largo, reivindican precipitadamente el retorno a los 176 días establecidos por la Ley de Carrera Docente en sacrificando del incentivo.
No movilizan para nada al magisterio. Únicamente, se limitan a sondear opiniones de los agremiados sobre el tema. Incluso, se mantienen realizando sus tradicionales negociaciones secretas con la patronal. De ahí que le indiquen a las bases, que por el momento no se debe salir al ataque. Que hay que esperar las propuestas del MEP.
Por eso los educadores están confundidos y pesimistas sobre el problema. Únicamente piensan en la movilización si se mantuviera el curso largo sin incentivo. Se “casan” con el último discurso de las dirigencias: sacrificar un derecho ganado como el incentivo, a cambio de la reducción del curso lectivo. Aceptan disparates como reducir a 187 días el año escolar (apenas 13 días menos de lo actualmente establecido), a cambio de un incentivo anual del 84%.
El Magisterio Nacional no puede mantener una actitud pesimista y pasiva ante la crisis que se avecina. La reducción o eliminación del incentivo es un problema serio, que inicia en el sector educativo la política de recortes salariales, que desde los años ochentas ha venido golpeando a los trabajadores estatales, y que nunca antes había afectado al magisterio. La arremetida contra el incentivo, deja abierta la posibilidad de que en el futuro mediato, se apliquen recortes similares a derechos como el incentivo didáctico, salario escolar, anualidades entre otros.
El incentivo debe defenderse a muerte, por que significa más que un reconocimiento a la extensión del año lectivo. Representa una consideración mínima a todas las vicisitudes que a diario enfrentamos los educadores costarricenses. Por ejemplo, el trabajo cotidiano en infraestructuras ruinosas, con recursos inadecuados, con grupos que superan los cuarenta estudiantes, desarrollando programas saturados de contenidos y extenuantes adecuaciones curriculares. Preparando alumnos para rendir en pruebas nacionales, percibiendo y reparando las grandes carencias socioeconómicas de los educandos, y sacrificando el tiempo de recreación y de atención a la familia, para calificar exámenes y tareas, por mencionar algunas de las tantas dificultades docentes.
Es importante que los educadores tomen conciencia y parte en el problema. Que emplacen a sus dirigentes, para concretar la unidad de acción de todas las organizaciones magisteriales. Que ataquen directamente las tradicionales negociaciones secretas con el MEP, que tanto daño han causado en el sector. Que organicen asambleas de base en cada colegio y escuela, para discutir y proponer políticas de negociación con la patronal y acciones de lucha a desarrollar. En éste sentido, demandamos a las bases magisteriales exigir a las cúpulas, la convocatoria a un Congreso Nacional, donde los educadores, padres y estudiantes decidan sobre el curso lectivo y el incentivo, eviten a toda costa una nueva traición de la burocracia, como la de 1995 con el asunto de las pensiones.
¡Por la movilización permanente del Magisterio Nacional contra
los 200 días!
¡Reivindiquemos el curso lectivo establecido en la Ley de Carrera Docente!
¡Todos por la defensa del incentivo de setiembre!
¡Todos unidos contra el Plan Fiscal!
Por Gabriel Bolaños
La crisis económica actual, en que se encuentra sumergido el sistema capitalista, es necesario entenderla como resultado de una crisis presente en el sistema, desde hace largo período, sobre todo en el corazón del capitalismo, Estados Unidos e identificar las causas que han llevado a la misma. Pero, la recesión económica debe visualizarse también con relación al contexto político, ya que el derrumbe económico ha generado una crisis social fuerte, tanto en las metrópolis, como en el tercer mundo y ha provocado el despertar de luchas contra el capitalismo, pero a la vez una cruenta respuesta del imperialismo. En tal sentido un cambio importante con respecto a la política del imperialismo lo constituyó el 11 setiembre del 2001.
Antes de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, la recesión económica estaba presente y se caracterizaba por la volatilidad de las finanzas mundiales y la especulación bursátil que han producido efectos recesivos de producción y aumentos en el desempleo mundial.
En el plano político, antes de los atentados del 11 de setiembre, la II Intifada, un polo de referencia para la lucha de clases, se encuentra enfrentando a la máquina sionista, hoy la situación parece crítica, con prácticamente la derrota del pueblo palestino. Asimismo, dentro de ese contexto político, sobre todo en América Latina y desde el año 2000 hubo una serie de movimientos y luchas de resistencia que proliferan contra los planes del imperialismo y los organismos financieros internacionales, pero también por la defensa y mantenimiento de ciertos derechos; la lucha de los campesinos y los sectores populares en Ecuador que desalojan a BUCARAN, los levantamientos indígenas en Bolivia, la presión popular en Perú que derrota a Fujimori, títere del imperialismo, la movilización de miles de campesinos en Paraguay pidiendo tierras, la heroica lucha de los estudiantes de la UNAM en México, la cada vez mayor crisis colombiana con la aplicación del PLAN COLOMBIA. También en todo el mundo emergen los movimientos antiglobalización y de crítica contra los organismos financieros internacionales.
Sin embargo, luego de los atentados en Estado Unidos, y como resultado de la recesión económica capitalista han continuado tales luchas. En Bolivia el movimiento indígena y campesino cocalero, en Perú contra la privatización, en Paraguay los campesinos por tierra y por supuesto en Argentina por la explotación y miseria impuesta por el imperialismo, todas estas luchas en su conjunto pueden caracterizarse con un carácter de resistencia.
En tercer lugar, la política del imperialismo, tanto europeo como norteamericano, que desde la intervención militar en los Balcanes y la derrota en Kosovo, vienen desarrollando una ofensiva militar muy fuerte en todo el mundo. En el caso de Latinoamérica el Plan Colombia lo evidencia. Ahora bien el 11 de setiembre constituyó un punto de quiebre en cuanto al accionar de la política imperialista, luego del 11 de tal fecha, el imperialismo norteamericano lanzó una ofensiva contra los enemigos de la democracia en la llamada guerra contra el terrorismo. Así al imperialismo con los atentados, se le presentó la oportunidad (en bandeja de plata) para la acción armada a gran escala, cuyo claro ejemplo fue la intervención en Afganistán y la masacre del pueblo afgano. Como consecuencia el imperialismo se ha convertido en una máquina terrorista, encabezada por el gendarme mundial, el imperialismo yanqui, que sin lugar a dudas tiene graves consecuencias en el ámbito mundial y sobre todo para los países más pobres. Bush hijo, se ha reinventado una nueva ideología, ya no la anticomunista, bajo la Guerra Fría, sino la antiterrorista y no contra una gran potencia como la URSS, sino contra los estados y países más débiles, Afganistán, Irak son claros ejemplos, donde las potencias imperialistas tienen fuertes intereses económicos.
La estructura económica del de los EEUU, en el contexto actual es fundamentalmente enfermiza y es el resultado de un proceso de crisis del sistema capitalista, que se ha venido acumulando por años. El PIB en los Estados Unidos, en el lapso de tiempo de 1975-1999 creció un 3.2%, disminuyendo respecto al boom económico luego de 1945, que fue de 4,5%. Los datos del sector industrial-empresarial yanqui, uno de los sectores más significativos de la economía lo demuestran; en los años setenta los ingresos empresariales eran de 9%, A inicios de los noventa cayeron a 4% y actualmente representan un 3% del PIB. En el año 2000 los ingresos industriales en los EEUU fueron los siguientes: 518000 millones de dólares en cuarto trimestre económico. En el 2001 cayeron un 44.4%. Lo mismo sucede con las empresas manufactureras cuyos ingresos en el año 2000, segundo trimestre económico eran de 175000 millones de dólares y ese mismo año en el cuarto trimestre cayeron 71.2% los ingresos generales de las mismas. Estos datos permiten entender que la economía norteamericana venía en una crisis acelerada desde inicios de los noventa que tiene como punto de quiebre el año 2000, con el auge de la recesión.
Pero la situación económica mundial, ya demostraba también los síntomas de hundimiento; la crisis económica de mediado de los noventa en México, con el efecto Tequila y luego en el 97-98 con los Tigres Asiáticos, encabezados por Japón. Pero la recesión toco la estructura económica de los Estados Unidos, que hoy se caracteriza por déficit en la balanza de pagos y por las colosales deudas privadas y corporativas, la especulación financiera y a la vez con un creciente e inmenso déficit presupuestario. Todo da como resultado la caída de los ingresos tributarios en Estados Unidos, por la presencia de una recesión, la cual esta siendo exacerbado por Bush al reducir los impuestos y aumentar los gastos públicos en áreas como la militar ( 20% de aumento del presupuesto). Esto queda constatado de la siguiente manera, para finales del año 2001 según los datos de la revista The Economist, los ingresos en EEUU aumentaron 179000 millones de dólares pero con relación a la deuda de 2 billones de dólares, esta última creció 10 veces más que los ingresos. Deuda interna que es similar a la deuda externa de los países del tercer mundo de dos billones de dólares para el 2001.
Estos datos permiten mostrar la existencia de una crisis económica en las entrañas del sistema capitalista, en los Estados Unidos. Crisis dominada por las manipulaciones financieras y las caídas en los mercados bursátiles, la sobreproducción y la disminución de los niveles de consumo. El dinero y las empresas capitalistas se esfuman y derrumban de un momento a otro así por ejemplo el caso más sonado de la empresa ENRON donde sus acciones valían en promedio 90 dólares han pasado a 0.30 a inicios de este año, pero la ENRON es solo una parte del descalabro económico mundial, la ENRON extendía sus relaciones económicas a más de 40 países incluido Argentina. Hoy las grandes empresas tecnológicas que hace unos años eran parte ejemplar del boom económico capitalista se derrumban, ENRON, WORLDCOM, QUEST COMUNICACITIONS. Otras multinacionales como Hewllet Packard y la Compaq , la Sony y la Ericson han transitado al camino de las fusiones para reducir las perdidas individuales. Pero lo único que acarrearan tales alianzas son los niveles de desocupación y la reducción de los mercados.
La recesión económica capitalista esta presente, y la perspectiva de las repercusiones son superiores a las de 1929. Existe una sobreproducción mundial y los precios se han están en caída libre y esto afecta a todo el sistema económico mundial, hoy globalizado.
Desde que la crisis económica mundial empezó a presentar los síntomas de saturación de los mercados, aumento la disputa entre las diferentes burguesías nacionales por apoderarse de estos y los países pobres fueron los primeros en pagarlo. Esto en conjunto con las medidas implementadas por el FMI, OMC y BM que han obligado a los distintos países a implementar las privatizaciones, las políticas de apertura de los mercados nacionales a los productos multinacionales (a través de los TLC), a la reducción abismal de los gastos sociales y atacar los niveles de vida y los derechos de los trabajadores y demás sectores populares, todo para acceder a las ayudas del FMI. Todo en su conjunto a preparado el escenario para la profunda crisis económica y al desarrollo de una inestabilidad política a nivel mundial. El caso argentino es el ejemplo representativo y es necesario entenderlo desde una perspectiva histórica; de 1989-1993- producto de las privatizaciones se recaudaron 9910 millones de dólares y 13. 239 en títulos, que representaban en efectivo unos 5270 millones de dólares, en 1989- la deuda externa Argentina era de 60 000 millones de dólares, para el año 2001- la deuda externa era de 210 000 millones que representaban el 72.8% del PIB. Argentina es sin lugar a dudas en caso más claro del saqueo que implementan las potencias imperialistas. En este país como resultado de la privatización se redujo en gran medida el gasto social y con la escasez de financiamiento aumentó la deuda, camino similar al que avanzan las economías latinoamericanas. Actualmente Argentina, se encuentra en un abismo.
Por si fuera poco con la recesión económica, a través de los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, la implementación de zonas libres de impuestos, la preferencia a los productos de los países más ricos se están reventado aún más las economías de los países pobres, Latinoamérica es un evidente reflejo de tales acuerdos. Con la entrada en vigencia del PLAN PUEBLA PANAMA y el ALCA, va ha significar un aumento de la crisis social y económica, transitando a un mayor proceso de semicolonización; marginación de grandes sectores de la población, altas tasas de desempleo. Lo que representa un mundo más polarizado , donde por ejemplo actualmente un 1% más rico de la población gana más que el 57% más pobre.
En el caso de América Latina, y concretamente el cono sur, el acuerdo multilateral MERCOSUR, que une dos puntos claves de la economía mundial el rioplatense y el paulista, hoy esta en crisis el primero, en el caso argentino prácticamente abandonado por el imperialismo y el segundo con fuertes inyecciones en dólares para que no se descalabre, el gobierno yanqui metió en Brasil 30.000 millones de dólares para evitar que la enfermedad de la recesión se propague. No obstante, el real brasileño sé ha depreciado en un 120 por ciento respecto al dólar, a raíz de la recesión mundial y el descalabro argentino. Pero inevitablemente, la cadena de la enfermedad de la recesión económica, va afectando todo la zona y como resultado aumentan las luchas sociales y de resistencia por parte de las masas populares y trabajadoras, como lo demostraron los argentinos.
La recesión económica implica, que los mercados de las potencias caen precipitadamente. Las ganancias por las ventas de bienes han disminuido más que en cualquier otra oportunidad desde los años treinta, estamos asimismo ante la presencia de la caída sistemática en la producción industrial de más de doce meses desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los ramos de la tecnología y la producción automotriz norteamericanos son un ejemplo de los tantos existentes. Pero lo más grave es que la recesión implica un duro golpe para los trabajadores, que como resultado han visto reducidos sus derechos elementales, los niveles de empleo han crecido estrepitosamente.
El imperialismo, encabezado por el gendarme del mundo, los Estados Unidos, luego de la destrucción de las torres gemelas, se ha caracterizado por una cada vez mayor ofensiva militar, contra los supuestos enemigos de la democracia y el orden, la guerra antiterrorista. El ejemplo más concreto fue la intervención militar sobre Afganistán, con la muerte de cientos de civiles. Con el control de este país los imperialismo europeos y norteamericano se distribuyeron el control del gas natural y del petróleo. Sin embargo la guerra antiterrorista no va salvar a nadie de la situación económica caótica.
En esa escalada de agresión imperialista, ahora le toca el turno a Irak, país que no obedece las ordenes yanquis, - país independiente-, aunque en el fondo los yanquis tienen fuertes intereses y contradicciones entorno al petróleo. Aunque existen divergencias entre los imperialismo europeos y el norteamericano, y el reflejo de esto fue la reciente cumbre de la tierra donde las empresas gringas no quisieron firmar el acuerdo de Kioto pues ven afectados sus intereses, en relación a los impuestos y a las empresas europeas. Asimismo, las potencias europeas exigen que los yanquis respeten los formalismo de la ONU. Aunque la perspectiva es que los ESTADOS UNIDOS va intervenir unilateralmente en Irak.
Ante las crisis económica van haber levantamientos y luchas sociales y los yanquis no van tolerar inestabilidad. El caso nacionalista venezolano, la posible llegada al poder de Lula da Silva, que ya ganó la primera ronda electoral, como la misma situación en Colombia( ya con la aplicación del Plan COLOMBIA), se consideran y pueden considerarse zonas de inestabilidad política, y el imperialismo puede ser poco tolerante y aplicar la política del garrote. De ahí se desprende la necesidad de aglutinar a los sectores anticapitalistas, populares y de trabajadores en un frente común de resistencia contra la barbarie del sistema, esa es la tarea para los marxistas revolucionarios la de insertarse en los grupos de lucha, para forjar organizaciones combativas, de carácter democrático y prestas a la construcción del partido revolucionario.
Reflexiones después de las Elecciones Brasileñas
Por Ricardo Lara y Marcos Luna
Una importante crisis económica, que ha derivado en distintas crisis políticas, está recorriendo el Cono Sur. Esta crisis ha tenido distintas manifestaciones. La primera y más importante la caída del presidente De la Rúa en Argentina, en diciembre del 2001.
A casi un año, la burguesía argentina y sus partidos no han logrado encontrar una salida coherente, unificada y duradera —desde el punto de vista burgués— para sus problemas.
En una situación intermedia tenemos la inestable zona meridional, donde la lucha contra la guerrilla colombiana, tiene a este país como punto central de la escalada en la agresión militar norteamericana hacia América Latina. Y como parte de este proceso el casi abierto apoyo del gobierno de Bush a la oposición burguesa venezolana para derrocar al gobierno de Chávez, cuyas veleidades nacionalistas, para un país con grandes reservas petroleras, no son del agrado del gobierno norteamericano.
“El contagio argentino” también se ha pasado al resto del Cono Sur en forma de crisis políticas por pugnas interburguesas como en Paraguay o en forma de movilizaciones contra la privatización del sistema eléctrico como en Perú o bien en forma de movilizaciones y saqueos en contra de la medidas de austeridad que exige el FMI como en Uruguay.
El más reciente signo de inestabilidad, y que intentaremos analizar en este artículo, a partir de un marco más general, es el triunfo electoral de la coalición Partido de los Trabajadores-Partido Liberal en el gigante latinoamericano: la República Federativa de Brasil.
La poderosa economía brasileña no podía escaparse de este cuadro general. Cuando Argentina entró en situación crítica, en diciembre 2001, el FMI ofreció un paquete de ayuda a Brasil del orden de 15 billones de dólares, que no fueron suficientes para frenar la precariedad en la que había caído la economía brasileña.
Brasil viene arrastrando niveles de crecimiento económico bastante bajos. La tasa media de crecimiento en los años 90's, no pasó del 1,7%. Súmese a eso que el 98, lo único que salvo del default a la economía brasileña (influenciada directamente por la crisis asiática y rusa) fue el préstamo de 41 billones de dólares que entregó la administración Clinton1.
En el momento del anuncio de un nuevo paquete de ayuda del FMI en agosto de este año, la situación de la economía brasileña llegaba al extremo. La fuga de capitales, el alza del dólar y el riesgo país batían el récord. Prácticamente se interrumpieron las líneas de crédito y la amenaza de una moratoria se tornó bastante real.
La actitud del gobierno norteamericano refleja la gravedad de las consecuencias de un posible default brasileño en un escenario marcado por las grandes perdidas de los bancos norteamericanos, con una moratoria argentina y con los enormes fraudes financieros de corporaciones norteamericanas. El objetivo central del FMI, es clarísimo: garantizar la situación de los bancos privados. Los reales beneficiarios del paquete de ayuda del FMI viven en Nueva York y Washington y no en Brasil. En la practica, el préstamo del FMI permite a los bancos ganar tiempo y obtener mejores condiciones para retirar su dinero del país ante la perspectiva de quiebra financiera de Brasil o de una renegociación forzada de las deudas con un gobierno encabezado por Lula.
El peso de Brasil en América Latina es evidente. Su economía ocupó la octava posición en el ránking mundial, aunque ahora ha pasado a la undécima. Las cifras brasileñas demuestran que son una nación con recursos naturales inmensos y que ha sido capaz de desarrollar una industria aeronáutica, militar, farmacéutica e informática del mejor nivel. Brasil no es ningún país pobre, pero si es terriblemente desigual.
“La renta per cápita, de 3.600 dólares en el año 2000, según el Banco Mundial, es 10 veces la de muchos países de África y Asia. El 77% de los habitantes del planeta viven en naciones más pobres que Brasil. Sin embargo, 53 millones de brasileños viven por debajo de la línea de pobreza, de los que 23 millones son considerados indigentes. Las dos cifras significan, respectivamente, el 34% y el 14,5% de la población total.” (Diario, El País, Domingo 6 de Octubre)
Estas dimensiones gigantescas de Brasil, le dan una gran importancia al reciente proceso electoral donde con la participación de unos 100 millones de electores (de un total de 115 millones habilitados para sufragar) la coalición Lula-Alencar (Partido de los Trabajadores-Partido Liberal) se impuso en primera vuelta con el 46,4 por ciento de los votos, al oficialista Serra del PSDB con tan solo el 23,2 por ciento de los votos, Garotinho del Partido Socialista de Brasil queda en tercer lugar, con el 17,8%, y Ciro Gomes, del Partido Popular Socialista (ex estalinista) con el 11,9%.
Estas elecciones reflejan un sentimiento entre las masas brasileñas, de buscar una alternativa al actual gobierno de Fernando Enrique Cardozo, el cual ha aplicado a pies juntillas las política que le ha dictado el FMI. Tan es así que el slogan electoral utilizado por Serra, “O Serra o el caos”, intentando apoyarse en lo que se ha llamado “el efecto Lula”2, pretendiendo atemorizar al electorado, acabó teniendo afectos negativos para el candidato del PSDB.
Pese a las expectativas que generó el posible triunfo del PT-PL entre los trabajadores y los sectores populares, el Lula y el PT de principios de los 80's ya no existe más, la burguesía viene permitiendo, hace más de una década, que el PT llegue a los diversos gobiernos municipales y estaduales con la condición que defienda los intereses fundamentales de la burguesía en contra de los trabajadores.
El PT viene cumpliendo escrupulosamente esta tarea. Es por eso que hoy sectores importantes de la burguesía brasileña apoyan esta alianza electoral entre el PT y el PL. El PT recibe el apoyo y se alía con viejas alas reaccionarias de la burguesía que vienen de la entraña de la dictadura militar como el ex presidente José Sarney o el poderoso empresario textil José Alencar, candidato de la alianza por Minas Gerais, que tiene en su biografía el apoyo al golpe militar de 1964. El partido que se reivindicaba “para los trabajadores” ha triunfado a costa de moderarse hasta el extremo de hacerse irreconocible y al mismo tiempo logrando que empresarios, figuras y sectores importantes de otros partidos burgueses se pasen al lado de Lula.
Esta política de alianzas provocó un trauma en la base petista. Amplios sectores de izquierda ligados a la iglesia católica —una base tradicional del PT—repudiaron la coalición con el PL que hoy es utilizado por varios líderes y organizaciones político-religiosas pentecostales de derecha.3
Así pues la política de la burguesía brasileña, preocupada por la situación política convulsa en el resto del Cono Sur, ha sido crear un dique político preventivo: un frente popular como decimos los marxistas, es decir un gobierno de colaboración de clases entre los representantes políticos de los trabajadores (PT) y los representantes políticos y sociales de la burguesía (PL-Alencar y otros burgueses de la misma envergadura).
“ Las conclusiones del último 'Índice que mide la confianza de los inversores en determinados mercados', publicado en septiembre por una consultora estadounidense, señala que Brasil ha caído en el último año de la tercera a la decimotercera posición en la lista de países más fiables para la inversión extranjera directa. La encuestadora realiza esta consulta cada año entre los directivos de las 1.000 empresas más grandes del mundo. 'Creo que Brasil pasa por un parón técnico y que recuperará su posición cuando las percepciones mejoren', ha declarado el director presidente de la consultora ” ( El País, 6 de octubre)
Este es el escenario en el que asumirá el poder Lula, las turbulencias del mercado se produjeron inmediatamente después del anuncio del resultado electoral, en la bolsa de Sao Paulo, el índice Bovespa perdió un 4,83 por ciento. El real también cayó fuertemente tras el resultado de la primera vuelta electoral. Al martes 8 de octubre esta divisa perdió el 3,1 por ciento, para cotizarse en 3,73 por dólar, ya de todas formas el real, ya había perdido casi un 40 por ciento de su valor desde principios del año.
Súmese a estos hechos, el problema de problemas para los países latinoamericanos, tanto para Brasil, como para Uruguay o Argentina la monstruosa deuda externa con el imperialismo que llega a la astronómica suma de 685,000 millones de reales (100,000 millones de dólares) .
Ante esta realidad la actitud con la que Lula recibió los resultados electorales, podría ser más optimista de la cuenta: “Hemos tenido la mejor cosecha de todos los tiempos, la victoria más extraordinaria que un partido de izquierda consigue en América Latina” fue su presentación. Lula interpretó el resultado de las elecciones como el rechazo “al modelo económico vigente, basado en la dependencia, y a favor de un nuevo modelo de desarrollo.” ( EL País, 8 de octubre)
El ascenso electoral de Lula, pese a sus pactos con la burguesía representada en el PL y la absoluta moderación en la que realizó su campaña electoral, refleja una necesidad del movimiento de masas brasileño de buscar una alternativa a dos décadas de ajuste estructural y planes neoliberales. La población brasileña , se ve reflejada en la situación argentina y no quiere para ella misma esa situación. Idéntico sucede con la propia burguesía brasileña que se prepara para negociar su rol dentro del ALCA, para no sufrir la debacle de su homóloga argentina. Esta combinación de factores explica el triunfo del PT.
Este ascenso de Lula, va implicar un ascenso y reanimamiento de la izquierda reformista en sus distintas versiones, por ejemplo el PRD mexicano, el castrismo en sus distintas variantes, Alderete y D'Elia del CTA-CCC en Argentina, en general todos las corrientes políticas que se agrupan en el Foro Social Mundial en Porto Alegre.
Pero la más importante de las lecciones que podemos sacar, es que no hay posibilidad de evitar la destrucción de las economías de América Latina con sus secuelas de desempleo, marginalización y pobreza, sin desconocer la deuda externa con el imperialismo. Pero para imponer esta tarea, que no están dispuestos a realizar ni siquiera Chávez o Lula, y mucho menos los gobiernos cipayos latinoamericanos, es necesaria la movilización y lucha continental de los trabajadores e iniciar la construcción de organizaciones sindicales, campesinas y revolucionarias latinoamericanas.
1 De hecho el nivel de cambio flexible a partir de 1999, la reactivación en el 2000 de las exportaciones y la relativa fuerza del aparato productivo nacional-industrial de la burguesía brasileña evitaron un desplome económico como el que sufrió Argentina.
2 Este es un recurso utilizado por los grupos opuestos al PT, el cual consiste en atribuir el alza del dólar, el aumento del riesgo país y la consecuente amenazo de una corrida bancaria a la candidatura de Lula.
3 No hay que olvidar que José Alencar es una figura prominente de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD, dueña de Multimedia Récord) y que en la fundación del PT participaron más de 80,000 comunidades de base de la Iglesia Católica, conducidas en su mayoría por sacerdotes ligados a la Teología de la Liberación.
El gobierno quiere encarcelar a los dirigentes del magisterio y del Bloque Popular
por Martín Hernández
Ante el incremento de la movilización popular contra las medidas económicas de Maduro y el FMI, el gobierno ha respondido mediante la provocación, la violencia y el procesamiento de dirigentes y activistas populares. La orden de captura contra 28 compañeros luchadores es un nefasto precedente que nunca se había visto en Honduras.
En cadena televisiva el presidente Ricardo Maduro dijo que enfrentará a los alteradores del orden y a los provocadores “ con la energía que sea precisa ”. Desempolvó un dictatorial artículo del Código Penal que restringe las libertades democráticas consagradas en la Constitución de la República y procesó y ordenó la captura de 28 dirigentes magisteriales y populares que participaron en las jornadas del 24 y 25 de octubre pasado.
Las violentas protestas encabezadas por el magisterio y los trabajadores organizados en el Bloque Popular son la expresión de una sociedad cansada de ver cómo diariamente se pisotean las conquistas y los derechos de los trabajadores, cómo se destruye la educación y la salud públicas, cómo se pretende entregar la soberanía nacional mediante las privatizaciones del agua, la electricidad y las comunicaciones. En definitiva, un pueblo cansado de las recetas del Fondo Monetario Internacional que en más de una década han provocado la destrucción de la economía nacional y un incremento de la pobreza nunca vistos.
Mientras del otro lado de la escala social, los empresarios, los militares, los políticos burgueses y los opresores de todo tipo nadan en la abundancia, recetándose inmensas ganancias mediante las exoneraciones y exenciones impositivas, las licitaciones amañadas, los salarios de privilegio y el saqueo de los bienes del estado, en medio de la total impunidad gracias a un sistema judicial corrupto y al servicio de los capitalistas.
En este marco, el enfrentamiento fue una respuesta a la provocación que significó la decisión del Congreso de recetarse un incremento de diez mil lempiras, aprobar leyes dictatorialmente, mandar a construir una verja en el Congreso Nacional para impedir las manifestaciones y finalmente reprimir la protesta popular.
La decisión de procesar a los compañeros confirma la escalada represiva que el PT viene denunciando desde estas páginas (ver artículo ¿Una nueva doctrina de seguridad nacional? en El Trabajador Centroamericano N° 29, junio del 2002). En la medida que la crisis se profundiza y crece el descontento, el gobierno responde preventivamente creando toda una serie de instrumentos represivos con el objetivo de frenar las futuras protestas populares. El actual proceso cumple justamente dicho papel.
Además de convertir a los dirigentes en verdaderos rehenes políticos del régimen debido a la amenaza constante de ir a la cárcel por varios años y tratar de obligarlos a negociar bajo este chantaje; los procesos son un claro mensaje contra el pueblo hondureño en el sentido de que el que no acepte las imposiciones del gobierno y proteste será procesado.
El movimiento popular no debe permanecer pasivo frente a los compañeros procesados. Es necesario impulsar la más amplia movilización nacional e internacional exigiendo al gobierno de Maduro el sobreseimiento definitivo de los luchadores populares y la derogación de los artículos represivos que limitan o condicionan las libertades democráticas de los trabajadores del campo y la ciudad.
Respondiendo al llamado hecho por el Partido de los Trabajadores de Honduras, miles de activistas miembros de organizaciones obreras, partidos de izquierda, intelectuales y defensores de las libertades democráticas están condenando en diversos países el procesamiento de los dirigentes y activistas hondureños.
Particular mención merecen nuestros hermanos costarricenses quienes han desarrollado una intensa campaña que incluyó la presencia en nuestro país de las dirigentes Martha Elena Rodríguez y Marlene Peña de UNDECA (Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social de Costa Rica).
Algunas de las organizaciones que se han pronunciado son las siguientes: Federación Sindical Mundial, Unidad Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional) UIT. Los partidos de Costa Rica: PRTC-JS y PRT-BR, las organizaciones gremiales APSE, UNDECA, CUT, CTCR, ASTRAA, SITRAINA, SIMUN, SIMUN, SINDEU, SITUN, Sindicato de los Muelleros del Pacífico y estudiantiles: FES.
Los partidos argentinos: PRS-PO, MAS, LSR, PRS-CO, Revista “Nuevo Rumbo”, Nora Ciapponi, Revista “Herramienta”, Andres Romero, sindicatos de fabricas metalúrgicas, Asambleas Populares de Buenos Aires y Capital Federal. La LST de la República Dominicana. La LOI de Brasil y el PST de Colombia y de Paraguay.
Partido Revolucionario de los Trabajadores de Costa Rica |
Partido Revolucionario de los Trabajadores de Nicaragua |
Partido de los Trabajadores
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