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Este 15 de septiembre se celebró en toda Centroamérica, excepto Panamá, la fecha de la independencia respecto al colonialismo español. Han transcurrido 181 años desde aquel 15 de septiembre de 1821 cuando se proclamo formalmente la independencia.
En las escuelas, los maestros les muestran a nuestros hijos una visión idílica de la independencia. Mientras en el resto de América latina se libraron guerras civiles y feroces combates contra las fuerzas colonialistas, en Centroamérica ocurrió algo inaudito: fueron las mismas autoridades coloniales quienes juraron solemnemente la independencia. Esta incongruencia de la historia quedó plasmada en el acta del 15 de Septiembre de 1821, cuando las autoridades coloniales reconocieron que “ siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala... [optaron por mandarla] a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo ”.
No fue una casualidad, pues, que ante el temor del desbordamiento de las masas populares, las mismas autoridades colonialistas se han transformado de la noche a la mañana en “independentistas”. Todos los próceres de la independencia, como Gabino Gainza, José Cecilio del Valle y Pedro Molina, fueron en realidad altos funcionarios de la administración colonial.
Así fue proclamada la primera independencia que contradictoriamente trajo consigo inmediatamente la temporal anexión a México. Esta anexión reflejó el temor y la incapacidad de los criollos centroamericanos al encontrarse, de la noche a la mañana, a la cabeza de un territorio independiente. Por eso buscaron desesperadamente la protección de Iturbide y su Plan de Iguala que pretendía establecer una monarquía constitucional en México. No obstante, la anexión a México dividió a los criollos centroamericanos.
La revolución al interior de México influyó sobre el sector de criollos que realmente querían la independencia política de Centroamérica. El Plan de Iguala fracasó en México y finalmente fue proclamada la República. Las autoridades centroamericanas, presionadas por el pueblo, se vieron compelidas a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el 1 de Julio de 1823, la cual emitió un decreto reconociendo que “ la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano... fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales ” y que por lo tanto , las provincias de Centroamérica “ representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia ”.
Así ocurrió la proclamación de la segunda independencia de Centroamérica en menos de dos años. Esto constituye un caso singular en América Latina. Titubeantes, los criollos “liberales” se encontraron de golpe al frente de un estado independiente y no hallaban la forma de organizarlo. Los más radicales quisieron copar el modelo constitucional de los Estados Unidos de América.
Así tuvimos otro fenómeno pocas veces visto: las instituciones coloniales sobrevivieron bajo la forma de un nuevo estado federal, pero en el cual Guatemala y El Salvador eran los “Estados” dominantes, igual que en la época colonial.
De 1821 a 1824, fecha en que se proclamó la República Federal de Centroamérica , los cambios ocurrieron en un ambiente relativamente pacifico. Ello se debió a que la oligarquía retuvo el control de las instituciones del nuevo Estado. La guerra civil y el llamado periodo de la “anarquía” vendrían después.
En todo este proceso histórico, hasta el arribo de los filibusteros comandados por William Walker, la clase dominante centroamericana se mostró incapaz de mantener no solo las bases del estado federal, sino de la de los pequeños Estados resultantes de la desmembración de la República Federal de Centroamérica .
En la lucha contra William Walker se reconstruyó en los hechos la unidad centroamericana, para volver a disolverse inmediatamente después de obtenida la victoria sobre los filibusteros. Desde entonces, hemos sido dominado por los colonialistas del mundo contemporáneo: las potencias imperialistas de Inglaterra y los Estados Unidos.
A pesar de las dos declaraciones de independencia, y que todos somos hijos de la extinta República Federal de Centroamérica, continuamos separados y divididos por artificiales fronteras nacionales que los TLC están derribando apresuradamente.
Todas las revoluciones del siglo XX ocurridas en Centroamérica, como la lucha antiimperialista del General Sandino y Farabundo Martí en los años treinta, la revolución de 1954 en Guatemala y la huelga general en Honduras ese mismo año, la revolución de 1948 en Costa Rica, y la revolución de 1979 en Nicaragua, no lograron reconstruir la patria centroamericana.
Lo que las burguesías, o en su defecto las direcciones nacionalistas pequeño burguesas, no han podido realizar, lo esta logrando el imperialismo mundial en la medida en que obliga a todos los países centroamericanos a abrir y unificar los mercados, para supuestamente competir mejor dentro del proceso globalizante y devorador del capitalismo imperialista.
La celebración de la fecha de la primera independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, debe llamarnos a la reflexión sobre la necesidad de revisar y reinterpretar nuestra historia. En casi dos siglos de existencia, lejos de conquistar nuestra independencia, hemos estado sometidos al yugo de las potencias coloniales e imperialistas.
La tercera independencia de la nación centroamericana es una necesidad apremiante para los pueblos que conformamos la nacionalidad centroamericana. Solo de esta manera podremos lograr avanzar hacia delante, evitando la degradación que produce el hambre, miseria y desempleo imperantes en nuestros países.
La experiencia histórica es implacable: solo unidos podremos derrotar a nuestros enemigos, solo unidos podremos ser libres, soberanos e independientes del capitalismo y del imperialismo mundial.
Conflicto por el Estatuto Docente
Por Martín Hernández
El Ministro de Educación de Honduras, Carlos Avila, amenazó primero con suspender el año lectivo en secundaria debido a los paros que realizan los profesores del nivel medio y después decidió prorrogar el período hasta mediados de diciembre demostrando la total irresponsabilidad del gobierno en materia educativa. El Ministro pretende descargar sobre los estudiantes las consecuencias de haber sido el mismo gobierno quien ha violado el Estatuto Docente y ha retenido indebidamente el salario de los profesores. La insistencia en crear incertidumbre en el sistema educativo responde a la estrategia de destrucción de la educación pública, gratuita y laica para abrir paso a una educación privada al servicio de las necesidades del gran capital nacional y extranjero.
Desde que asumió la presidencia Ricardo Maduro una de las tareas centrales que se propuso a corto plazo fue golpear al magisterio en un aspecto fundamental como es el Estatuto del Docente. Más allá de todas las páginas escritas y horas de radio y televisión gastadas por el gobierno en justificar su acción, el hecho cierto y comprobado es la violación de la ley por parte del mismo gobierno al incumplir un Estatuto aprobado por el Congreso de la República.
Con la acción, favorecida por la ceguera de algunos dirigentes magisteriales que le hicieron el juego al traicionar las aspiraciones de las bases, el gobierno le arrebató al magisterio nacional una conquista lograda tras años de lucha. Pero, al mismo tiempo, sentó un nefasto precedente que afecta a todo el pueblo: en forma descarada el gobierno hondureño se toma la atribución de cumplir o incumplir las leyes de acuerdo a su conveniencia . Conducta autoritaria que también se pone de manifiesto en el conflicto de la Corte Suprema de Justicia con el Colegio de Abogados a propósito del otorgamiento del título de Notario.
Ahora bien, esta insistencia sistemática en golpear al magisterio y que ya ha logrado un importante triunfo al dividir las organizaciones gremiales, no empieza ni termina con el Estatuto Docente. En realidad este sólo es un aspecto de una estrategia global diseñada por los organismos financieros y los capitales transnacionales y que los gobiernos locales cumplen al pie de la letra. Es más, en muchas ocasiones, centrar toda la atención en el Estatuto Docente le ha permitido al gobierno ir atacando otros aspectos fundamentales de la educación sin encontrar mayor resistencia de parte del pueblo hondureño, sus organizaciones y en particular del propio magisterio nacional.
Así, el Estado se ha ido desentendiendo de sus obligaciones trasladando el costo del mantenimiento de la infraestructura educativa (pupitres, aulas, gimnasios, materiales de aseo, etc.) que son costeados con dinero de los padres de familia y trabajo físico de los propios estudiantes sin retribución alguna. De igual manera, es práctica común en las escuelas y colegios que los servicios de vigilancia y aseo sean pagados por los padres. Hoy es normal que los estudiantes vendan rifas, organicen fiestas, concursos y campeonatos para conseguir fondos para alguna actividad educativa que el Estado debería garantizar.
Por otro lado, bajo el falso nombre de “modernización”, desde hace diez años los gobiernos hondureños han venido impulsando una reforma educativa que ha bajado el nivel académico y vaciado de contenido las diferentes asignaturas. Hoy, la educación de la escuela pública es totalmente superficial e insuficiente. Se ha cambiado el perfil del egresado. Ya no se forma estudiantes con conocimientos generales y actitud crítica frente a la realidad nacional, que busquen su superación. Hoy el ideal del producto educativo es un estudiante desinformado, sumiso e individualista que pueda ingresar al mercado de trabajo (léase maquilas) con una alta productividad basada en el condicionamiento adquirido e incapaz de pensar en forma crítica y social. Hasta se llegó al extremo de querer hacer obligatoria la lectura de la Biblia en todos los centros educativos públicos. La baja calidad educativa es consecuencia de estos modelos impulsados desde el gobierno y no de las huelgas magisteriales como cínicamente quiere hacernos creer el Ministro de Educación.
Mientras el gobierno hunde conscientemente el sistema educativo público; incentiva bajo todas formas posibles la educación privada convirtiéndola en una un próspero negocio. Salvo contados casos de instituciones educativas privadas destinadas a formar con alta calidad a los futuros cuadros que la burguesía necesita y donde por diferentes medios se limita el ingreso; la inmensa mayoría de institutos privados son simples vendedores de títulos en donde de manera más o menos clara a nadie le interesa la formación integral de los jóvenes.
Por todas estas razones, el Ministro de Educación amenaza con suspender o prorrogar el año lectivo. Con ello lograría generar un mayor caos en la educación pública fortaleciendo la educación privada, debilitaría la lucha magisterial, aislaría a los docentes del pueblo buscando un enfrentamiento entre los padres y los maestros; y provocaría una mayor frustración entre los jóvenes.
Lamentablemente muchos profesores, engañados por el discurso oficial y mal orientados por dirigentes magisteriales oportunistas, se han dejado llevar por la dinámica que imponen las medidas gubernamentales y se han convertido en correa de trasmisión de la política de destrucción de la escuela pública, alejándose y levantando una barrera entre los maestros y el pueblo y sus organizaciones.
Han sido los profesores y en particular los directores de los centros educativos quienes más han contribuido a que los padres de familia y el pueblo en general no le exijan al Estado el cumplimento de sus obligaciones, aceptando matrículas, cuotas, rifas y otras formas de financiamiento del proceso educativo terminando con la escuela gratuita.
En algunos casos, esta práctica está llegando al extremo que algunos profesores, con el visto bueno de los directores, ofrecen puntos a cambio de dinero supuestamente para cubrir alguna necesidad del establecimiento educativo.
Incapaces de oponerse a este orden de cosas, en muchos casos, ante las críticas propias de los jóvenes, los profesores terminan ahogando sus inquietudes imponiendo la disciplina en forma autoritaria. Al mismo tiempo, el magisterio se han ido aislando de los padres de familia, cansados éstos de los abusivos cobros en las instituciones educativas.
Hoy la lucha por la defensa de la educación pública pasa por la solidaridad con el gremio magisterial en la defensa de sus conquistas. En ese sentido, los profesores de media agremiados en el COPEMH y el COPRUMH están dando una valiente muestra de dignidad y resistencia al mantener en alto la denuncia contra las arbitrariedades del gobierno.
En particular merece especial reconocimiento el hecho que por primera vez, en muchos años, los profesores están tratando de romper su aislamiento y han hecho propuestas que apuntan a la defensa de la educación pública, gratuita y laica, que permitiría levantar un gran frente unitario contra las políticas neoliberales en materia educativa.
La exigencia de cumplimiento del Estatuto Docente es fundamental para el respeto a las conquistas logradas, y debe servir de ejemplo al resto de trabajadores del sector público y privado.
Para la defensa de dichas conquistas es fundamental reconstruir la unidad del magisterio de media y primaria, por encima de los intereses particulares de los dirigentes de cúpula. Una clara muestra de que la unidad es posible es la acción conjunta llevada a cabo en El Progreso el 7 de agosto en donde la FOMH local (todos los gremios magisteriales locales tanto de media como de primaria) se tomaron el puente La Democracia por espacio de dos horas, apoyados por organizaciones populares como el Bloque Popular y el Partido de los Trabajadores.
Los gremios de educación media han anunciado que a partir de ahora no colaborarán con el gobierno en resolver los problemas que al Estado competen. En tal sentido hay un compromiso de no continuar cobrando matrícula y un llamado a los estudiantes y padres de familia a defender la educación pública y gratuita.
Para que este anuncio no se quede en una simple declaración demagógica, es necesario que los profesores tomen la iniciativa de convocar a los padres de familia en todos los colegios y definir estrategias de lucha comunes. Al mismo tiempo es necesario que los profesores realicen una labor de concientización en las aulas con los estudiantes, no sólo en relación a la defensa del Estatuto Docente, sino sobre todos los problemas del colegio y del sistema educativo.
Los acuerdos deben partir de suspender inmediatamente todo cobro o actividad económica exigiendo al gobierno que atienda las necesidades educativas. Fortalecer la educación pública, significa asignar el presupuesto necesario para que no falten aulas, mobiliario, material didáctico y de aseo. La vigilancia debe estar a cargo del estado y no de los padres de familia, a través de la policía nacional y municipal.
Para lograr la incorporación masiva de los estudiantes en defensa de la educación pública hay que impulsar la organización estudiantil independiente y democrática sin ningún tipo de condicionamiento tales como la edad o requisitos académicos. Los más interesados en la defensa de la educación son los estudiantes ya que se trata de su presente y futuro. Los profesores deben alentar pero no condicionar ni mucho menos imponer sus propios intereses en la organización estudiantil.
¡No a la instalación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley!
por Leonardo Ortiz
”La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley y la instalación de una base militar norteamericana en Costa Rica significan el aumento de la represión contra los sectores populares que presenten una oposición al capitalismo.”
En el contexto de la aplicación de los planes económicos para la región, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la cercana aplicación del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), junto con la inestabilidad social y política que experimenta la región como resultado de la recesión económica capitalista y la aplicación de los planes de ajuste en los diferentes países, el imperialismo norteamericano prepara una mayor intervención militar para combatir cualquier oposición. Como lo ha hecho con el Plan Colombia donde estableció bases militares como la de Manta en Ecuador, el imperialismo busca evitar que conflictos sociales como en el caso de Argentina, desemboquen en un alzamiento de las luchas a favor de los sectores populares y contra el sistema capitalista.
La aprobación para la instalación de una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley y la autorización para que en la costa pacífica de Costa Rica atraquen buques artillados norteamericanos, forman parte de los planes del imperialismo norteamericano contra la región. El gobierno tico encabezado por la figura nefasta de Abel Pacheco, junto con la partida de sumisos diputados de todos los partidos burgueses en el Congreso, justifican con tales medidas la violación a la soberanía del país, pero también el aumento de la agresión contra los países hermanos latinoamericanos.
El gobierno de los Estados Unidos en todo el mundo posee centros académicos internacionales militares, como son los casos de Filipinas, Indonesia, Hungría y Nuevo México, donde prepara las fuerzas y líderes para la represión, como lo hizo con la antigua Escuela Militar de las Américas en Panamá (1946-1984), hoy en Estados Unidos, donde preparó a figuras de la talla de Noriega, Hugo Banzer, también desde la cual garantizó la intervención en Nicaragua y El Salvador en los años ochenta y desde donde surgieron los militares fascistas chilenos encabezados por Pinochet entre otros, que sirvieron fielmente a los propósitos del imperialismo.
La mal llamada Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, no es otra cosa que un centro de adiestramiento militar y policial. El acuerdo firmado entre el Ministro de Seguridad de Costa Rica Rogelio Ramos y el Embajador norteamericano el 6 de junio John Danilovich, considera que la creación de una institución de este tipo busca preparar individuos para combatir el terrorismo, la prostitución infantil, el narcotráfico, el lavado de dinero, tráfico de personas etc. En otras palabras el gobierno estadounidense con tal academia pretende ser la panacea a todos los problemas que aquejan a la humanidad y pero sobre todo que a los que afectan sus intereses.
El articulo 2 del acuerdo indica que “ la Academia pretende el fortalecimiento institucional de la justicia en América Latina haciendo énfasis en el estado de derecho, los derechos humanos y la democratización...”, esto es un mentira utilizada por el gobierno yanqui, a quién no le interesa la defensa de los derechos humanos, al contrario la utiliza como pretexto para poner en práctica sus políticas de dominación. En la academia se prepararan a jueces, policías, fiscales y funcionarios aduaneros de diferentes nacionalidades entrenados por instructores estadounidenses encargados de poner en práctica las políticas represivas pretendidas por el imperialismo (artículo 5). Dichos instructores norteamericanos, contarán con plenos poderes y recursos directamente costeados por el gobierno de los Estados Unidos (articulo 7), asimismo tanto los estudiantes como los militares estadounidenses encargados de la instrucción contarán con inmunidades y privilegios similares a los de un cualquier diplomático (artículo 11). Por sí fuera poco cualquiera que integre el personal de la Academia así como los estudiantes no pagarán absolutamente ningún impuesto, carga social e inclusive el alquiler de viviendas (artículo 12). Prácticamente la Academia Internacional de Policía se convierte en un enclave militar, donde los militares yanquis pueden actuar a su conveniencia sobre las espaldas del pueblo costarricense.
Desde la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de setiembre y el ataque contra el Pentágono, el gobierno yanqui se ha convertido cada vez más en una máquina de intervención militar. Utilizando como justificación la lucha contra el terrorismo la administración de George Bush a incrementado el gasto militar, de manera que el Congreso estadounidense en este año ha aprobado un aumento de $ 37,000 millones, tal dinero se invertirá en escuelas militares como la que se creará en Costa Rica.
Es indudable la vinculación entre la Academia Internacional Policial y el aumento del gasto militar yanqui, con la aplicación del Plan Colombia, los TLC y el ALCA, como con la puesta en práctica de los paquetazos económicos en los distintos países de Latinoamérica, cuya única pretensión es atacar a los sectores populares, sindicales y estudiantiles, ahora considerados terrorista, ya que luchan y se oponen a la cada vez mayor destrucción de las condiciones de vida, trabajo, educación por parte del sistema capitalista. Las movilizaciones en América Latina han ido en aumento: Argentina, Paraguay, los trabajadores peruanos que pusieron en jaque al gobierno, los indígenas bolivianos, la inestabilidad colombiana, lo testimonian. Todo en su conjunto hace que el imperialismo norteamericano establezca centros de adiestramiento de fuerzas represivas militares, no para la defensa de los derechos humanos como demagógicamente dice el acuerdo entre el gobierno testaferro tico y el estadounidense, sino para combatir cualquier protesta o movilización que genere problemas a los intereses norteamericanos en la región.
La trampa empleada por el imperialismo para creación de la academia es la supuesta democratización y el cumplimiento de los derechos humanos . Pero la realidad es otra, como sucedió en Centroamérica durante los años ochenta con la muerte de más de 200 mil personas, a manos de militares patrocinados y entrenados por los Estados Unidos, o la masacre que actualmente se lleva acabo en Colombia contra dirigentes populares, sindicales y estudiantiles a manos del ejército colombiano dirigido por los militares yanquis. O más recientemente en la carnicería llevada a cabo en Afganistán, donde miles de civiles han muerto y se impuso desde el exterior un gobierno títere, todo por la defensa de los derechos humanos y democracia por parte de los Estados Unidos. Por tanto la Academia Internacional Policial, viene a reforzar el carácter de dominación imperialista sobre el mundo y el avance de la ofensiva contrarrevolucionaria sobre las masas trabajadoras del mundo y las escasas conquistas sociales que poseen.
En conjunto con la Academia Internacional Policial, en la Asamblea Legislativa se dio la aprobación de un acuerdo, a través del cuál alrededor de cuarenta embarcaciones norteamericanas pueden atracar en la costa pacífica del país. Dicho acuerdo fue aprobado a inicios de julio, amparándose en un arreglo entre el gobierno de EE.UU. y el tico de octubre del año 1999 (Semanario Universidad 12/7/02). Tal convenio implicaría que en el país circularían alrededor de 5,000 marines estadounidenses de las cuarenta embarcaciones que establece el acuerdo y además toda la estructura militar, helicópteros y artillería dentro de las embarcaciones.
Según el acuerdo las embarcaciones norteamericanas ocupan un lugar para atracar y luego continuar en la lucha contra el narcotráfico de manera conjunta con las autoridades costarricenses . Es obvio que el denominado patrullaje conjunto no es de carácter policial, y mucho menos sólo para el combate contra la droga, por el contrario la instalación de un puesto de atraque de barcos artillados, constituye un punto de abastecimiento y tránsito en la cada vez mayor intervención militar yanqui en América del Sur. De tal manera que Costa Rica juega el rol de cabeza de playa contra la intervención en Sudamérica, como es el caso colombiano. Asimismo, el gobierno yanqui con la salida de Panamá, necesitaba un nuevo puesto de operaciones, que se refuerza con la existencia de una Academia Internacional Policial. Tal atracadero de barcos artillados significa la violación de la soberanía del país, pero más grave aún la instauración de un centro de operaciones militares que busca el control y ataque contra los pueblos latinoamericanos.
El establecimiento de una Academia Internacional Militar y de una base de operación de embarcaciones yanquis representa una agresión a la soberanía del país, pero sobre todo contra los sectores populares, los trabajadores, organizaciones sindicales y los estudiantes, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica y del resto de la región. Es necesaria la constitución de un frente de organizaciones estudiantiles, sindicales y populares para oposición total contra la presencia militar norteamericana en el país. La unidad de acción entre todas las agrupaciones y la movilización permanente e inmediata es la única alternativa para frenar las medidas tomadas entre el servil gobierno tico y el imperialismo yanqui.
El Partido Revolucionario de los Trabajadores - SECA hace un llamado para que todas las organizaciones estudiantiles, de izquierda y sindicales levantemos las banderas de la unidad contra la presencia militar norteamericana. Pero además, la lucha debe unificar un solo programa, donde se combata decididamente los planes económicos del gobierno de Pacheco, el denominado plan fiscal , que representa un duro golpe para los costarricenses.
Por la unidad de acción de todas las organizaciones populares contra la academia policial y la presencia de tropas norteamericanas en el país. No a los paquetazos económicos del gobierno.
¡Abajo el plan de emergencia fiscal!
por: Alberto Ramírez
El día lunes 29 de julio, el gobierno envió a la Asamblea Legislativa dos proyectos de leyes que constituyen parte del paquetazo fiscal que le quieren propinar al movimiento de masas: el plan de emergencia fiscal y el plan permanente fiscal. A partir del cinco de agosto, se inician las sesiones extraordinarias del Congreso en las que el Presidente de la República tiene la iniciativa de enviar sus proyectos de leyes para que aquél los discuta y apruebe. Según el ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños: “La recomendación del Gobierno... es que el primer plan (emergencia fiscal) se apruebe en 30 días y una vez concluida esta discusión se inicie un debate de un año del plan permanente” . (La Nación, 30 de julio del 2002). Analicemos la situación del déficit fiscal, sus causas, así como nuestra propuestas para resolverla.
Actualmente: “El faltante presupuestario del gobierno equivale a un 130% de los ingresos y como porcentaje del producto interno bruto (PIB) a un 4,7%, casi 300 mil millones de colones”. (La República, 12 de julio del 2002). Por tanto, el gobierno quiere recaudar ese faltante, sacando del bolsillo de los trabajadores, profesionales y demás sectores populares esa inmensa cantidad de dinero a través de los diferentes proyectos de leyes que ha enviado a la Asamblea Legislativa, del cual es parte el plan fiscal (emergencia y permanente). Según estimaciones del gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI) el combo tributario propuesto por los ex-ministros de Hacienda y del cual se derivan los proyectos enviados al parlamento: “...por el lado de los ingresos... rendirá 250 mil millones, equivalente a un 80% del déficit. Una reducción del gasto se ha contemplado para cerrar la brecha fiscal”. (Ídem).
1) Creación del impuesto al valor agregado (IVA). Este es un nuevo impuesto que el gobierno le quiere imponer a las personas por el uso de:
2) Destruir poco a poco el régimen de servicio civil . El anti-obrero y anti-popular plan de emergencia fiscal inicia su siniestra destrucción del régimen de servicio civil y de la autoridad presupuestaria, excluyendo de éste a todos los empleados de:
Lo anterior tiene como objetivo implementar la “flexibilización laboral” en esos sectores laborales, preparando el despido masivo de sus trabajadores. Esto es solamente el inicio para continuar con la eliminación de los demás sectores laborales del régimen del servicio civil.
3) Imposición del impuesto de renta a las instituciones autónomas y bancos estatales. A estas empresas públicas serán tratadas como empresas privadas en cuanto al pago de impuestos, ya que se les aplicarán las mismas reglas de cálculo que aquellas. Serán tratadas como sociedades anónimas que, en el fondo, es una forma de privatización sin hacerla formalmente.
4) Creación de otro impuesto del 10% sobre las utilidades netas a las instituciones autónomas y bancos estatales para el fisco. En realidad con este plan se pretende sangrar financieramente hasta su destrucción a las empresas y bancos públicos. Como no pudieron privatizar las empresas (ICE e INS), y bancos estatales, entonces han encontrado otra forma de debilitarlas al máximo para luego venderlas. Este nuevo impuesto llamado “aporte” coloca en desventaja a las empresas estatales frente a las privadas. Según el Presidente del Banco Nacional de Costa Rica, Rodolfo Brenes: “...si al 23% que actualmente le quitan de sus ganancias se le agrega ese 10%... la situación se convierte en un atentado contra la banca estatal”. Entonces, ese nuevo impuesto a la banca estatal es una maniobra para destruir y privatizar los bancos públicos. Por otro, si se le llega a imponer ese nuevo impuesto del 10 por ciento a las instituciones autónomas, éstas para recuperar ese “aporte” al fisco subirán las tarifas de electricidad, teléfono, seguros, etc.
5) Creación de un nuevo impuesto de 200 dólares anuales a todas las sociedades anónimas. En Costa Rica existen 275 000 sociedades anónimas que van desde las que tienen una o dos personas, hasta grandes consorcios capitalistas. Este impuesto debería ser cobrado solamente a aquellas sociedades anónimas que obtienen jugosas ganancias como la de los capitalistas, no a los pequeños negocios.
En síntesis, el plan de emergencia fiscal que se tramitará en los próximos días en la Asamblea Legislativa tiene como objetivo sacarle más dinero a los trabajadores, profesionales, pequeños y medianos negocios y pueblo en general con el propósito de financiar el gigantesco déficit fiscal que han creado los diferentes gobierno de turno del PLN y el PUSC, debido a su ineficiencia y a las prebendas otorgadas a los diferentes sectores burgueses.
Ese gran déficit fiscal, que a su vez ha generado una astronómica deuda interna, es el producto de varios factores:
En primer lugar, el modelo de desarrollo económico denominado “promoción de las exportaciones”, implementado por la burguesía y los distintos gobiernos de turno en los años 80, condujo a una reducción y posterior eliminación de los impuesto a los sectores exportadores más dinámicos de la economía: zonas francas y otras regímenes especiales. Veamos como se redujeron los impuestos a las exportaciones.
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| Indirectos |
1983
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1993
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2001
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| Exportaciones |
19.79%
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4.05%
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0.05%
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Del 100% de los ingresos tributarios del Gobierno Central los impuestos a las exportaciones constituían casi el 20 por ciento en 1983, disminuyendo al 4 por ciento en 1993 para desaparecer, prácticamente en el año 2001.
En segundo lugar, para el año 1994 se iniciaron la ejecución de otras exoneraciones y subsidios (CAT) a otros sectores económicos que, en vez de contribuir a la finanzas del Estado, éste le regala grandes cantidades de dinero del presupuesto de la República. De acuerdo con el Estado de la Nación del año 2000: “...el sistema de incentivos creado para generar un nuevo modelo de crecimiento económico se diseño de tal manera que, a mayor éxito en la implementación de la nueva estrategia, en peor situación se encontrarían las finanzas públicas, porque el desarrollo de las exportaciones no tradicionales, el turismo, las actividades forestales –actividades todas que disfrutan de amplias exoneraciones y subsidios- requiere gasto e inversión pública, pero no contribuye a los ingresos del Gobierno. (Un Acuerdo Nacional Razonable)”. Veamos como en concepto de Certificado de Abono Tributario (CAT) el Gobierno Central ha gastado (regalado) inmensas sumas de colones para otorgárselos a empresarios, muchos de los cuales han estafado al Estado, haciendo exportaciones ficticias para hacerse merecedores de esas regalías del erario público.
| Gastos del Gobierno Central | CATs |
| 1996* |
3.0%
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| 1999** |
10.6%
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| 2000*** |
3.38%
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| 2001*** |
1.52%
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| 2002 |
n.h.d.
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De las datos anteriores, se puede observar como el porcentaje de los gastos del Gobierno Central en concepto de CATs aumentaron significativamente del año 96 al 99, pasando del 3 por ciento a más del 10 por ciento. Es más, en el año 1999 los gastos que hizo el Gobierno en Certificado de Abono Tributario fueron iguales a los invertidos en el Fondo de Educación Superior (FEES), el cual fue del 10.7%. Sabemos que el Gobierno en el año 2002 está destinando 19 mil millones de colones en CATs del presupuesto nacional, pero no conocemos cual es el porcentaje respecto a los gastos.
En tercer lugar, la evasión fiscal constituye uno de los problemas más graves del déficit fiscal. Esa evasión ha alcanzado cifras astronómicas de hasta 100 mil millones de colones y tiene cuatro modalidades: subfacturación, sobrefacturación, contrabando y la manipulación del valor de la exportaciones para pagar menos impuestos.
En cuarto lugar, existe un gigantesco y sistemático gasto estatal superfluo que, constituye un robo contra el erario público, bajo diferentes formas que sangran las finanzas públicas que hay que contener de inmediato: consultorías, gastos de representación, remodelación de edificio, viajes al extranjero de los altos funcionarios del gobierno, propaganda de los diferentes ministerios, instituciones autónomas, casa presidencial, robo descarado de los fondos del sector social (IMAS, IDA, INVU, Fondo de Asignación Familiar, etc.). En síntesis derroche, malversación de fondos y corrupción.
Con base a los todos los aspectos antes señalados que provocan el déficit fiscal, si estos se combatieran y resolvieran este no existiría. En realidad, el déficit fiscal ha sido creado por las exoneraciones de impuestos a los exportadores, subsidios a los empresarios (CAT y otros), evasión fiscal de los empresarios, robo, derroche y corrupción de la clase política (PUSC y PLN) que llegan cada cuatro años al Estado para saquearlo, enriquecerse y hacerse del botín.
Para resolver el enorme déficit fiscal y que no afecte a los trabajadores y demás sectores populares como pretende hacer el gobierno, los socialistas revolucionarios organizados en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-SECA) proponemos las siguientes medidas, para ser discutidas por el movimiento obrero y popular, obviamente consideramos que no son las únicas, estamos dispuestos a llegar a acuerdos de lucha con los diferentes sectores sindicales, populares y revolucionarios para enfrentar a los siniestros planes del gobierno de Abel Pacheco en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias. A continuación nuestras propuestas:
1) Impuesto a las exportaciones de las empresas de zonas francas y demás empresas cubiertas por regímenes especiales. Estas son las empresas que más generan ganancias y por tanto, deben de pagar conforme ganan. Por ejemplo: en el año 2001 de 5 009 millones de colones que se generaron por exportaciones 2 330 millones fueron de las zonas francas, lo cual constituye el 46, 52% del total de ellas. Este es el sector más dinámico junto con INTEL que representa casi un 30% de las exportaciones globales.
2) Eliminación inmediata de los Certificados de Abono Tributario (CAT) del presupuesto de la República.
3) Que los bancos privados paguen impuestos con bases a sus ganancias y si se comprueban que evaden al fisco deben ser expropiados y su capital debe servir para financiar el déficit fiscal.
4) Combatir la evasión fiscal bajo sus diversas formas. Todos los negocios y empresas que sean evasores comprobados del fisco deben ser expropiados, sin indemnización, tanto de sus bienes como de sus cuentas bancarias, estos recursos deben ser controlados por los trabajadores de estas empresas y utilizados para financiar el déficit fiscal.
5) Eliminación de los privilegios, derroches, robos y otras formas de asalto del erario públicos por parte de los grandes funcionarios estatales: eliminación de los grandes sueldos de los funcionarios públicos (ministros, viceministros, presidentes de entes autónomos, diputados, asesores y otros); eliminación de las consultorías que no son mas que robos disfrazados; eliminación de toda propaganda de las instituciones públicas, llamase ministerio, institución autónoma o casa presidencial; eliminación de los privilegios para todos los cónsules en cualquier país. En síntesis, abajo todas las triquiñuelas para robar al Estado.
6) No al pago de los intereses de la deuda interna de todas las empresas privadas y estatales. Moratoria del pago de la deuda externa. Estos intereses desangran las finanzas públicas, ya que consumen el 25,2% del presupuesto de la República. Que las empresas estatales condonen la deuda que el Estado tiene con ellas, dado que el ICE y el INS son empresas con superávit, estas tienen la capacidad de condonar la deuda, sin afectar su funcionamiento. Que el Estado desconozca la deuda que tiene con las empresas privadas porque ya muchas veces les ha pagado esa deuda a través de los intereses, los CATs y otros privilegios otorgadas a ellas. El Estado sólo debe renegociar sus deudas con aquellas empresas de interés social que puede afectar a los trabajadores como la Caja de Costarricense de Seguro Social (CCSS)
* Fuente: Plan de Desarrollo 1994-1998. Ministerio de Planificación.
** Fuente: Las cifras de la década: Semanario El Financiero.
*** Revista Actualidad Económica. Febrero del 2002.
Sebastián D. Fiorito
Como lo planteó El Trabajador Centroamericano de febrero pasado, los 200 días lectivos, han sido un duro golpe para los educadores, estudiantes y padres de familia y un gran fracaso educativo en Costa Rica.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha empeñado en ocultar ésta realidad. Pero los docentes la percibimos a diario en las escuelas y colegios. Cada mes son más las compañeras y compañeros incapacitados por largos períodos debido a problemas de salud. Los asesoramientos profesionales y las inversiones del MEP en infraestructura y recursos didácticos ya no existen. El ausentismo y deserción escolar aumentan por el peso económico del curso largo. La baja promoción académica y los problemas de conducta estudiantil resultan cosa de todos los días.
El año escolar comenzó en medio de un gran desorden, con problemas en los nombramientos de educadores, sin grupos conformados por que muchos estudiantes realizaban pruebas de aplazados, y sin un calendario escolar definido. Además, con un gran desgano de todos, ya que los 200 días reducen a un mes las vacaciones de principio de año, minando las posibilidades verdaderas de descanso y recuperación.
El año también, se ha desarrollado bajo mucha desmotivación. Ni siquiera los incentivos salariales levantan los ánimos ante las carencias de recursos e infraestructura, y las prohibiciones de realizar actividades de aprendizaje extra curriculares como ferias científicas, giras educativas o visitas guiadas. La línea ministerial es terminante: no perder clases. Esto implica limitarse a desarrollar metodologías magistrales en el aula, para cumplir al “dedillo” los saturados programas de estudio, y rendir bien en las pruebas nacionales. Toda una contradicción, por que en los próximos meses se perderán muchas lecciones, debido al desarrollo de las pruebas nacionales.
Encima de todo, los supervisores y directores (lacayos del MEP) someten a los educadores por medio de reglamentos y directrices “draconianas”, que los docentes también recetan a sus alumnos.
No todo está perdido. En medio de la zozobra imperante, han surgido protestas de educadores, estudiantes y padres de familia contra el curso largo. Incluso en julio pasado, un sector de la prensa burguesa trató el problema. Para vergüenza de todos, El Heraldo destacó que solo Costa Rica está cumpliendo la cláusula de los 200 días del Convenio Centroamericano de Educación de 1966.
El matutino destacó que el resto de los países que suscribieron el convenio (Nicaragua, Guatemala y Honduras), desarrollan cursos lectivos de 180 días, que resultan incluso más organizados que el tico. Se citó a Nicaragua, donde el primer mes escolar se dedicó a la planificación. Eso permitió que los alumnos iniciaran lecciones al mes siguiente, sin mayores contratiempos. Todo un golpe bajo para el mito de la “educación costarricense como la mejor de Centroamérica”.
Igualmente aleccionadora, fue la mención de países imperialistas como Francia y Estados Unidos, donde los cursos lectivos son “cortos”, pero de gran calidad educativa. Japón es el único país que supera a Costa Rica en días lectivos, pero no hay forma de comparar la cultura nipona y sus recursos con la nuestra. Además, Japón es una de las naciones con los máximos índices de suicidio juvenil, que muchos atribuyen a las presiones de su vanagloriado sistema educativo.
Días efectivos de clases por país
| País | Días Lectivos |
| Guatemala | 180 |
| Honduras | 180 |
| Nicaragua | 180 |
| Japón | Más de 200 |
| Los Ángeles, EEUU | 180 o menos |
| Costa Rica | 200 |
| Francia | Aproximadamente 150 |
Fuente: El Heraldo, 18 de julio del 2002.
Desgraciadamente, en la mayoría de los problemas magisteriales, las burocracias de APSE, ANDE y SEC son corresponsables. Hasta la fecha, nada han hecho respecto a los 200 días. Levantaron una lucha en enero, con tan pobre convocatoria, que al final las burocracias terminaron “caricaturizadas” por la maquinaria propagandística del ex ministro de Educación Guillermo Vargas, verdadero “Bonaparte de los 200 días”.
Después de esa derrota, las burocracias se han mostrado timoratas y pasivas ante la crisis. Se han “borrado del mapa” y prueba de ello, fueron sus negociaciones secretas con la patronal ministerial sobre el Calendario Escolar 2002 en julio pasado.
La nueva ministra de Educación Astrid Fischel, historiadora “marxista”, ex vicepresidenta del anterior gobierno, sin ninguna experiencia ni formación académica en el sector, se ha limitado a defender los 200 días, a la usanza del ex ministro Vargas: con mano dura. Tanto, que en las negociaciones de julio, extendió el curso lectivo a 205 días, so pretexto de dar espacio al desarrollo de las asambleas anuales de los sindicatos magisteriales y evitar la pérdida de lecciones.
Las burocracias sindicales le siguen el juego a Fischel. No atacan los 200 días, y hacen un buen negocio con las afiliaciones sindicales. Esto por que muchos educadores, con tal de alivianar la última extensión del curso impuesta por la ministra, se agremian masivamente a los sindicatos (entre julio y octubre) para asistir a las asambleas nacionales de varios de ellos. Las burocracias sindicales entonces, permiten que el MEP le pase por encima a derechos fundamentales como las asambleas, con tal de hacer su “agosto” en afiliaciones, y superar las crisis acumuladas en las membresías desde la fallida huelga de 1995.
El Magisterio Nacional no puede seguir tolerando ésta crisis. Menos cuando están en juego derechos fundamentales como la salud ocupacional, las asambleas sindicales, las vacaciones escolares y la adecuada planificación del año escolar. No se puede seguir aguantando un curso lectivo que atenta contra la integridad física - emocional de los docentes, y contra las legítimas aspiraciones de los estudiantes.
Durante este mes y octubre próximo, se celebraran las asambleas nacionales de los sindicatos. Éstas no deben tomarse como simples días de descanso. Más bien, deben valorarse como espacios propicios para discutir y proponer planes de lucha contra los 200 días, y contra otras amenazas que ciernen sobre el Magisterio como el denominado Plan de Emergencia Fiscal. Durante dichas asambleas se deben emplazar a las dirigencias, y exigirles acciones más efectivas contra la “línea dura” de la ministra y del gobierno, en las que prevalezca la consulta democrática a las bases.
No debe olvidarse, que en octubre inician las negociaciones del calendario escolar 2003, con la imposición de la ministra Fischel de fijar el calendario para los próximos tres años. Eso sería “mortal”, si al final se impone su política de curso lectivo largo, con nuevos ingredientes como la reprogramación de las vacaciones y la incertidumbre del incentivo salarial para los próximos años.
¡Por la movilización permanente del Magisterio contra los 200 días!
¡Reivindiquemos el curso lectivo establecido en la Ley de Carrera Docente!
¡No a la negociación del calendario escolar por tres años. Defendamos las negociaciones anuales!
¡Todos contra la aprobación del Plan de Emergencia Fisc al!
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
por Gabriel Galeano
Las Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, han iniciado un proceso de transformación institucional dentro del Alma Mater conocido como la “IV Reforma”. Hasta el momento se han sentado las bases ideológicas y jurídicas para dar inicio. En los pasillos universitarios se corea y vitorea el proceso de “Reforma” por parte del Frente Unido, frente estudiantil de derecha, hasta el punto de reproducir vertiginosamente los falaces argumentos de las autoridades de turno: que con la “Reforma” los estudiantes universitarios tendrán mayores oportunidades de empleo; que con la “Cuarta” la Universidad saldrá de su limitada y reducida influencia; pero ante todo, que con dicha reforma, la UNAH logrará insertarse con objetividad en los retos que impone el plan Puebla-Panamá.
Ante semejante cortina ideológica levantada con gran ímpetu por los ideólogos de la educación, los marxistas revolucionarios desnudamos el verdadero carácter que lleva en sus entrañas la “Reforma” y las consecuencias más inmediatas que esta trae para nosotros los estudiantes.
La “IV Reforma” es el instrumento jurídico que le permitirá a los dirigentes universitarios introducir una serie de cambios institucionales con el propósito de eliminar las trabas que le impone la actual estructura jurídica, asimismo es el parámetro metodológico del estado hondureño para desentenderse de sus obligaciones en materia de educación; es en ese sentido que la “Cuarta” funciona como un regulador de los fondos de la Universidad en tanto que esta nueva estructura no busca crear o poner en funcionamiento nuevos centros educativos, por el contrario, para resolver el problema de crecimiento de la población estudiantil esta reforma nos propone coartar o regular el acceso a las aulas universitarias; para esto se propone implementar las siguientes medidas: aplicación de exámenes de admisión, altos cobros de matrícula para alumnos reprobados, como también realizar aumentos a la matrícula en general.
De lo que se trata en esta propuesta es crear Fundaciones que controlen la mayoría de los servicios estudiantiles que presta la UNAH; en otras palabras, lo que pretende la Rectoría es reducir el número de estudiantes para contar con mayor presupuesto para llevar a cabo sus propios negocios. De igual manera propone una serie de mecanismos para descentralizar los centros regionales y las facultades del Alma Mater para que puedan autogestionarse, es decir, que ellas generen sus propios fondos, los cuales tendrían que obtenerse de las ventas de servicios a instituciones privadas. Así la existencia de la Máxima Casa de estudios estaría determinada por la lógica del mercado y no por los principios por las cuales fue creada.
Como hemos visto la “IV Reforma” es el instrumento que le permitirá al Consejo Universitario destruir una serie de conquistas del estudiantado haciendo más difícil el ingreso de los hijos de los trabajadores al Campus Universitario, convirtiendo la educación pública en actividad de unos pocos, sectorizada por los que poseen capacidad de pago. Por otro lado, lo que busca la “Cuarta” es beneficiar a un grupo de empresarios que poseen en sus manos los laboratorios, talleres y demás espacios que forman parte de la ciudad universitaria y que por supuesto, puedan vender sus servicios a los estudiantes universitarios. De igual manera uno de los grandes objetivos de la “Cuarta” es contribuir con el fortalecimiento de las instituciones privadas donde necesariamente deberán acudir los estudiantes que no puedan ingresar a las instituciones estatales.
Ante semejantes medidas, el Partido de los Trabajadores hace un llamado a los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios para que juntos nos movilicemos contra la propuesta que intenta aniquilar la universidad del pueblo y a través de ella, el más grande fruto de los trabajadores: la educación pública.
Debemos exigir a las autoridades universitarias que por ningún motivo se restrinja el acceso a las aulas universitarias; que no se apliquen exámenes de admisión; de igual manera, que por ningún motivo se le aumente a la matrícula o al valor económico de las unidades valorativas, al mismo tiempo que, debemos exigir una escala móvil de becas en plena concordancia con el costo de vida y abogar por el derecho que tenemos de recibir una educación gratuita y de calidad.
¡No a los Exámenes de Admisión!
¡No al Aumento a los Costos de la Matricula!
¡No a las Fundaciones Privadas!
Partido Revolucionario de los Trabajadores de Costa Rica |
Partido Revolucionario de los Trabajadores de Nicaragua |
Partido de los Trabajadores
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