Un paso más en la globalización
Penalizar la Miseria

por Manuel Sandoval

Al mismo tiempo que la Ministra de Justicia Mónica Nagel anunciaba planes para privatizar las cárceles y el interés de Wackenhut Security Systems, el gigante del mercado carcelario privado en Estados Unidos, para vender la comida en las prisiones nacionales, una Comisión Legislativa concluyó en un copioso informe que el Estado no está "cumpliendo adecuadamente su deber en el planeamiento y ejecución de políticas de prevención del delito, el consumo de drogas y la violencia intrafamiliar y social" (La Nación, 15/4/99). Según la Comisión hay una "impunidad absoluta para una serie de delitos, principalmente contra la propiedad", y los cuerpos policiales actúan con rezago e improvisación.

Por supuesto que la burguesía costarricense, cuando habla de los delitos contra la propiedad, no está preocupada por la impunidad con que los jerarcas del Partido Unidad (en el Gobierno) y de Liberación Nacional, saquean con sus parientes y amigos las instituciones públicas. En la última década el monto de lo robado se acerca a la suma estratosférica de la deuda interna: un millón de millones de colones (más de $ 3,000 millones), y los culpables no los vamos a encontrar entre rejas, sino frecuentando el Club Unión, el Cariari y Flamingo.

La preocupación de los diputados del PUSC y del PLN apunta más bien a endurecer la legislación represiva y fortalecer el aparato policial, para reprimir duramente las conductas delictivas en los sectores populares que están siendo hundidos en la miseria. Entre las recomendaciones de la Comisión está unificar todos los cuerpos represivos creando un Ministerio del Interior, castigar con cárcel la portación ilegal de armas, "restringir la concesión del beneficio de libertad condicional al condenado por delitos dolosos" y que se reforme la legislación penal juvenil para que se procese como adultos a los jóvenes a partir de los 15 años.

Este tipo de medidas no son nada original, los diputados costarricenses sólo se están haciendo eco de uno de los aspectos más importantes de la globalización: penalizar la miseria. En los Estados Unidos, que es el ejemplo en esta materia, la población marginalizada y hundida en el desempleo, sobre todo los negros (que son víctimas además del racismo), están condenados a un ciclo sin esperanza entre el "guetto" de las grandes ciudades y las cárceles. Mientras se reducen los programas de asistencia social, continuamente aumentan (en términos relativos) los gastos en represión y confinamiento carcelario. La salida del sistema capitalista para la población trabajadora excluida de la producción es someterla a un férreo control policial y carcelario. Especialmente a la juventud, que tiende a convertirse en la principal víctima de la "exclusión".

Este modelo yanqui de legislación represiva está siendo exportado, porque conlleva también el negocio de la privatización de las cárceles. Sumamente rentable, porque el guarda es sustituido por mecanismos electrónicos e informatizados de control del reo, pero que significa una deshumanización mayor del sistema. No por casualidad, las cárceles privadas son de máxima seguridad.

Los riesgos de penalizar la miseria no escapan a algunos burgueses costarricenses, como la Defensora de los Habitantes, que han alzado su voz contra las propuestas de la Comisión, señalando que la Ley Penal Juvenil castiga ya con penas hasta de 19 y 15 años a los jóvenes y que endurecer las penas sería violatorio del Código de la Niñez y la Adolescencia y de convenios internacionales. Más que preocupación por los muchachos que se verían encerrados de por vida, lo que se está expresando es el temor de que llenar las cárceles de jóvenes y transgresores leves, puede crear un problema social aún más explosivo del que se quiere controlar. En un país capitalista desarrollado como Holanda se ha abierto una fuerte polémica, porque en pocos años, una legislación represiva como la que propone la Comisión, ha multiplicado por tres la población penal. ¿El Estado costarricense irá a tener recursos para encerrar en las cárceles los miles y miles de jóvenes y pobres que no van a encontrar otra vía para sostenerse en la marginalidad que el robo y la delincuencia?

La lucha contra el endurecimiento de la legislación represiva contra los jóvenes pobres que delinquen, es una tarea de primer orden. No podemos permitirle a la burguesía que los condene a pudrirse en las cárceles, cuando el capitalismo es el que los ha degradado y conducido a delinquir. No podemos permitir tampoco que el sistema carcelario pase a manos privadas, porque tarde o temprano, para garantizar sus ganancias, las empresas van a deshumanizar aún más las condiciones carcelarias.

Los criminales más peligrosos del país están libres. Se preparan incluso a robarle a los costarricenses el patrimonio nacional. Los trabajadores y el pueblo tenemos la gran tarea de enfrentar con nuestra masiva movilización a las cúpulas corruptas del PLN y PUSC, a esos son a los que hay que dejar de por vida en las cárceles.

El resurgir del movimiento estudiantil
La lucha contra la reforma en bachillerato y la nota de conducta

por Roberto Herrera

"We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
teacher leave the kids alone"

Pink Floyd

El presente año ha estado marcado por un hecho histórico, la lucha de los estudiantes de secundaria contra la nueva forma de evaluación del examen de bachillerato, y las condiciones que impone la nota de conducta, la importancia de esta lucha radica en que es el primer movimiento nacional realizado por estudiantes de secundaria, desde la expulsión de ALCOA, en los años 70’s.

El impacto nacional que ha creado la movilización de los colegios puso durante el mes de marzo al problema de secundaria en la voz de todo el mundo, convirtiéndose incluso en uno de los problemas centrales del país.

La reforma en evaluación

El bachillerato es el examen final que hay que realizar para aprobar quinto año, para la evaluación consta de dos partes:

1. La nota de presentación, que son las notas promediadas de todas las materias (básicas y especiales) durante cuarto y quinto año, y vale el 40 % del examen.
2. Y el examen propiamente dicho que vale el restante 60 % para ser bachiller.

Normalmente para ser bachiller la suma de las dos notas debía ser 65%.

Pero el MEP a principios de año decidió elevar la nota a 70% y eliminar de la nota de presentación las materias especiales (música, artes plásticas, educación física).

Es evidente que el famoso examen no es más que un instrumento para reducir el acceso de los sectores populares a la educación universitaria, ejemplo de ello fue que el examen del año pasado estuvo cargado de errores y preguntas ambiguas, por lo que más de la cuarta parte del examen era apelable. Sin embargo las autoridades educativas no dijeron nada de la campaña de apelaciones impulsada por la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES).

En la lógica de la nueva reforma educativa, cada vez la educación se centra más en el rendimiento en el examen de bachillerato. La actual reforma tenía como móviles centrales para el gobierno, crear una presa de estudiantes en quinto año, que indudablemente se tiende a desplazar a modalidades privadas de educación ( educación abierta y bachillerato por madurez) negocio altamente rentable para algunos mercaderes de la educación, que muy normalmente son también jerarcas del MEP.

Junto a esto también enfilaban a muchos estudiantes a desertar en busca de trabajo en las fabricas o fincas (indudablemente los más afectados con la reforma son los colegios de zonas rurales, que sacan siempre las peores promociones en bachillerato) y a la vez con la eliminación de las materias especiales de la nota de presentación, se da el primer paso en vías de transformarlas en materias opcionales, y luego de eso conducir al despido de los profesores de esta rama.

La Nota de Conducta

Al aplicar esta reforma el MEP sabía que iba a crear un gran malestar en el estudiantado, producto de esto aprobó el Reglamento de Conducta, que es un claro mecanismo para aplastar las manifestaciones criticas de los alumnos. En este reglamento se acepta la expulsión de estudiantes por 15 días, un mes e inclusive todo el curso, si comete las faltas tipificadas en el mismo, estas se clasifican en leves, graves o muy graves.

Por todos lados del documento se describen las supuestas faltas que cometerían los estudiantes, que en realidad son claros intentos de coaccionar cualquier tipo de crítica, o de lucha en contra de las autoridades educativas. Por ejemplo las faltas leves, incluyen el uso incorrecto del uniforme, o "las interrupciones incorrectas al proceso de aprendizaje en el aula"; y se le aplica a el estudiante las siguientes acciones correctivas "Amonestación verbal del director con ... copia a los padres... y reparación verificable del daño causado."

Entre las faltas graves se considera un "delito" que es el tope del autoritarismo " La utilización de paredes, mesas, sillas... para colocar letreros, dibujos o gráficos no autorizados", además "las faltas graves de indisciplina contra el director" o "las frases o los hechos irrespetuosos en contra del Director... y otros miembros de la comunidad educativa" son sancionadas con "traslado de sección... reparación del irrespeto o la ofensa... a las personas o grupos internos o externos a la institución, mediante la oportuna retractación pública... interrupción del proceso educativo hasta por un período máximo de quince días"

Entre las faltas muy graves está "impedir que otros miembros de la comunidad educativa participen en su normal desarrollo de las actividades regulares de la institución, así como incitar a otros a que actúen con idénticos propósitos" y se sanciona con "interrupción del curso lectivo hasta por el resto del año".

Más aún, la nota de conducta la define en un 80% el profesor y solo el 20% por la junta directiva de sección y las apelaciones de esta nota son ante el Director, dejando a los estudiantes en un total estado de indefensión.

Los efectos coaccionantes de este reglamento empiezan a hacer estragos en los estudiantes como ya se ha visto a lo largo de la lucha del presente año.

Tomarse el cielo por asalto

El 18 de febrero, los sindicatos agrupados en el Comité Sociolaboral, tenían convocada una marcha, y a esta se sumó la FES, con sus propias reinvindicaciones:

En está ocasión participaron unos 12 colegios, movilizando unos 1,200 estudiantes. Ese mismo día los colegios de Heredia organizados en la FES habían realizado una manifestación de 1,500 personas en su cantón con bloqueo de las principales carreteras.

El 25 de febrero en Asamblea General de Estudiantes, que reunió a más de 50 colegios de todas partes del país, se eligieron delegados por colegio y un comité coordinador, se acordó convocar a movilización el 4 de marzo.

En esta participaron alrededor de 10,000 estudiantes, nunca se había visto manifestación igual, el día anterior inclusive Guillermo Vargas, el Ministro de Educación, había anunciado sanciones y expulsiones a los que participaran en la marcha.

En un ambiente festivo, pero de lucha, esta generación inició su primer combate en la historia. La prensa burguesa con su cinismo característico ha atacado con todas sus fuerzas los objetivos y los métodos de está lucha. No obstante los estudiantes volvieron a salir a la calle el 19 de marzo junto a los profesores y el pueblo en la marcha nacional.

Hoy por hoy los jóvenes de secundaria, somos el sector que más ha combatido los planes del gobierno, y la FES es vista como un grupo de respeto entre los sindicatos. Justo por eso el Ministerio después de la movilización cedió los puntos 2 y 4 de la lista de peticiones arriba indicada.

Es labor de la FES para esta etapa reimpulsar acciones de movilización para conseguir las peticiones faltantes y fundamentalmente tener una proyección unitaria, no solo con los sectores populares (que ya la tiene), sino que fundamentalmente con los estudiantes universitarios, a partir del problema de becas, examen de admisión y cupos restringidos en las materias, además de tender el puente para la unidad con el movimiento estudiantil centroamericano, especialmente el nicaragüense, que esta dando desde el año pasado una fuerte pelea por el presupuesto para la educación.

¿Cenicientas, Trabajadoras o Esclavas?

por Roberto Calderón Barrantes - Sindicato de empleados del PANI

En el Patronato Nacional de la Infancia, entidad pública definida por la Constitución Política como la institución encargada de la protección especial de las personas menores de edad y de su madre, labora un promedio de cien mujeres en la atención directa de los niños, las niñas y los adolescentes, que ingresan a la institución por razones socio familiares y a quienes se les brinda abrigo temporal en una red de albergues, distribuidos territorialmente por todo el país. A aquellas trabajadoras les corresponde atenderles en todas sus necesidades básicas, tanto materiales como afectivas. Se trata de mujeres sencillas, en su mayoría madres, con baja escolaridad, y urgidas de llevarle sustento a sus familias. Quizá por este último motivo, se han visto obligadas a aceptar condiciones contractuales que en muchos casos degeneran en un régimen laboral de solapada esclavitud, que pasa desapercibido en medio de una sociedad que se auto proclama la cuna de la democracia centroamericana.

Así, por ejemplo, casi la mitad de estas trabajadoras debe mantener un ritmo laboral de veinticuatro horas diarias, prolongado consecutivamente por once días, y al cabo del cual se les concede un descanso de tres días, que no siempre pueden disfrutar, sea porque deben sustituir a sus compañeras ausentes por incapacidades medidas, por vacaciones, o por despidos; o bien, porque sus domicilios son tan distantes de sus centros de trabajo, que agotan su período de descanso en el viaje de ida y regreso, de manera tal que su satisfacción se reduce a permanecer unas cuantas horas con sus hijos y seres queridos, y dejarles alguna provisión económica para su subsistencia.

Al interior del Patronato, a ese importante y abnegado sector de servidoras se les conoce como "Tías Sustitutas", o simplemente como "Niñeras". Sobre sus espaldas recae todo el peso de la responsabilidad, no sólo de la atención individual de numerosos y heterogéneos grupos de niños, de niñas y de adolescentes, muchos de ellos con discapacidades múltiples y con problemas de conducta; sino también están obligadas a garantizar la estabilidad, el orden y la armonía del albergue, lo cual deben realizar echando mano de su propio ingenio, del sentido común y de su experiencia, con un reducido y hasta nulo apoyo técnico, pues los profesionales de la institución, lejos de significarles un apoyo logístico y un recurso para su orientación, se transforman o degeneran en simples inspectores o supervisores del trabajo.

Para las niñeras y para las tías sustitutas, e inclusive para otras que ni siquiera cuentan con ese estatus, sino dentro de la nomenclatura oficial se les titula como misceláneas, los elementales derechos laborales, como las vacaciones, los tiempos de descanso, las jornadas mínimas, las horas extras, la igualdad salarial, el acceso a los servicios de salud y la carga laboral balanceada, todas ellas muy desarrolladas por la hermenéutica ius laboralista, casi siempre les son cercenados o arrebatados sin reparo alguno. Consecuentemente, y ante el estado de alta presión psicológica, del desgaste físico y emocional que provoca el permanecer dentro de una acelerada dinámica laboral no menor de dieciséis horas, con reducidos períodos de sueño unas veces, en plena vigilia otras, atendiendo de madrugada emergencias médicas de niños en los hospitales, sin recursos de algún género, y todo ello día tras día, noche tras noche; termina por quebrar la moral y la vitalidad física de este sufrido batallón de trabajadoras. De allí que, es frecuente encontrarlas como pacientes en los consultorios psiquiátricos y en las clínicas médicas, y cuando los galenos conocen de su realidad laboral, es frecuente, además, que ordenen incapacidades médicas con el fin de provocarles su recuperación. No obstante, sus dramas no terminan allí, toda vez que la institución patrono, actuando como la araña al acecho de la víctima atrapada en su tela, espera pacientemente que la trabajadora incapacitada permanezca en esa condición por espacio de tres meses, para aplicarles en su perjuicio la norma legal que le faculta despedirlas. Así, sin consideración alguna, se garantiza reemplazar el personal enfermo y desgastado, por otro lozano y urgido de empleo, para reiniciar un ciclo interminable que se ha venido repitiendo, como dantesca obra teatral, por casi tres decenios y con incontables bajas de servidoras.

El fantasma del despido, tan arraigado como agente perturbador en las mentes del trabajador y de la trabajadora comunes, cada día pierde más de su poder inhibidor en las niñeras y en las tías sustitutas. La explicación es lógica: Tanta opresión recae sobre sus espaldas y tan denigrada es su condición laboral, que el efecto quimérico del riesgo del despido cede ante sus realidades y muchas de ellas no dejan de verlo como una forma, quizá brusca, quizá irónica, de terminar el estado de esclavitud y de opresión laboral a que están sometidas.

Como grupo, han levantado espontáneamente gestas heroicas y hasta suicidas, como la invasión de los recintos de la Junta Directiva patronal, en posición firme y con la fe inquebrantable de quien se sabe víctima de la injusticia y de la degradación humana. Han sabido asumir una compostura amazona, exigiendo la restitución de sus derechos, pero en el fondo su corazón sublime, manipulado por los agentes patronales de oficio, especialistas en la demagogia de quien sabe estructurar promesas que de antemano conoce que no va a cumplir, y quizá con el pensamiento puesto en el destino de los niños que deben atender, tan víctimas como ellas mismas, se han regresado una y otra vez con las manos vacías y con la esperanza de ver dibujadas en la realidad aquellas promesas mezquinas.

Sus penas, sus reclamos y sus congojas, han ido desfilando por una y otra instancia pública, de esas que la legalidad ha creado para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y laborales. Sus causas son conocidas en la Defensoría de los Habitantes, en la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y hasta en la Sala Cuarta Constitucional. Con relación a sus casos, las dos primeras han hecho una labor que da pena y que nos hace dudar de hasta donde son capaces de ser consecuentes con la letra loable de sus leyes orgánicas. Con respecto a la Sala Constitucional, mediante dos votos, los números 4902-95 y 3482-96, fue posible que al menos desde el espectro jurídico quedara claro que sus jornadas diarias han de ser de un máximo de diez horas, con posibilidad de ampliarla como extraordinaria a doce horas, así como que les asiste el derecho a que se les pague un sobre sueldo por disponibilidad, pero permaneciendo en sus centros de trabajo once días consecutivos; negándose a reconocerles su condición, constitucionalmente garantizada, de trabajadoras con una jornada laboral máxima de cuarenta y ocho horas semanales, y con derecho a un día de descanso por semana. Por esa razón, los magistrados de minoría que salvaron sus votos, Castro Bolaños, Arguedas Ramírez, y Calzada Miranda, cuestionaron a sus colegas de mayoría que estaban arrogándose indebidamente facultades de modificar la misma Constitución.

Pese a la existencia de esos dos fallos constitucionales, la entidad patrono no ha doblegado su animus explotador, y se resiste a ponerlos en práctica. Evade, además, advertencias de la Inspección del Trabajo, y recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes; y lo hace aprovechando inteligentemente cuestiones relacionadas con la burocracia de aquellos entes públicos. Se nutre, también, para esos nada loables propósitos, con la proyección de una imagen de entidad cenicienta, sin recursos presupuestarios y maniatada para incrementar el número de personal, argumentos en alguna medida válidos pero utilizados como una excusa eterna para justificar su propia inercia y su falta de voluntad para darle solución eficaz a los problemas laborales que día con día se acrecientan en su personal.

El sindicato de la institución, denominado SEPI, del cual en abrumadora mayoría son afiliadas las niñeras y las tías sustitutas, venciendo grandes adversidades, poco a poco va dándole forma a una lucha en pro de justicia laboral y de respeto a los derechos humanos de aquellas servidoras. En un primer orden, lleva a cabo una ardua cruzada para concienciar al resto del personal de la institución, respecto a la situación de sobre explotación de las niñeras y de las tías sustitutas, a efecto de lograr su apoyo real a sus justas y legítimas demandas, y de disolver los estigmas que se han creado en su perjuicio, producto de que los agentes patronales les atribuyen la responsabilidad directa de todos los males y calamidades que surgen de un sistema de albergues plagado de deficiencias y de contradicciones. En segundo lugar, trabaja con las propias afectadas, en pequeños y medianos grupos, e individualmente, reforzándoles su condición humana, atendiéndoles en sus problemas laborales, y muy especialmente orientándoles para que por sus propios medios identifiquen los mecanismos e hilos sutiles que aplican los agentes patronales para inhibir su conciencia de grupo y para propiciar divisiones entre ellas, valiéndose de artimañas y de favoritismos, de desigualdades en la carga laboral y en los escalafones salariales. En tercer lugar, se les otorga apoyo legal logístico, no solo para que sean indemnizadas por motivo del abuso patronal a su fuerza de trabajo, lo cual y como corolario de las sentencias constitucionales, podrá implicarles una indemnización global cercana a los mil millones de colones ante casi un centenar de demandas judiciales en trámite; sino también para ejercer presión ante las entidades públicas relacionadas con los derechos laborales y humanos, a fin de que ordenen eficazmente el cese del estado de sobre explotación.

Pero también trabaja el sindicato, simultáneamente, en la preparación psicológica y material de las tías sustitutas y de las niñeras, para lo que pareciera será el desenlace final del episodio: la huelga total. Ello en tanto los agentes patronales no estarán dispuestos a garantizarles un trabajo digno, ajeno de toda forma directa o encubierta de esclavitud. El sindicato plantea la tesis de que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a contar con servidoras que disfruten de ambientes laborales humanos, dignos y equilibrados, pues ello proporciona estabilidad, tranquilidad y desarrollo en dichos niños, niñas y adolescentes. La entidad patrono sostiene que dicha tesis es imposible de materializar por razones presupuestarias, pero en el fondo con ello encubre una profunda brecha ideológica, toda vez que opta por la atención en cantidad, no así en calidad, pese a que el erario estatal cuenta de sobra con dichos recursos, pero que son trasladados para el financiamiento de aventuras no planificadas y de alto dividendo en la imagen gubernamental, de proyección de políticos de turno, y de publicidad artificial que procura dejar en las masas la sensación de que las cosas se hacen, y que se hacen bien.

No obstante, y ante la ofensiva de las tías sustitutas y de las niñeras, los agentes patronales sin ánimo de dar el brazo a torcer en sus maquiavélicas intenciones, en los últimos meses, han reforzado sus acciones para trasladar la administración de todos los albergues al sector privado, constituido por innumerables organizaciones no gubernamentales, muy loables unas, de dudosa reputación otras, pero casi todas con el denominador común de tener a su personal administrativo, a decir sus niñeras, sometidas a un régimen laboral mucho más oprobioso y cruento que el que viven sus homólogas en el Patronato, todo ello a vista y paciencia de las autoridades públicas en materia de trabajo y de derechos humanos. Por esa razón, el drama de las encargadas de la atención de niños en albergues, centros de menores y aldeas infantiles, trasciende el escenario público y deberá ser atendido como tal, con prontitud, con humanidad y con fortaleza, por las organizaciones y asociaciones del movimiento popular. Diríamos nosotros, atreviéndonos a poner en el tapete de discusión una posible alternativa: Urge la conformación de un sindicato de niñeras en el ámbito nacional.