(Junio/Julio 1997)

La verdad sobre el Consejo Nacional de Salarios

María Libertad Carrasco, Costa Rica

Figueres prometió en campaña electoral "salarios crecientes", pero los trabajadores saben a ciencia cierta que ha ocurrido todo lo contrario, porque para sus familias cada día es más difícil rendir los colones para adquirir lo más elemental para su subsistencia. Resulta entonces fácil comprobar que los salarios son cada vez más bajos, a pesar de que en cada semestre nos dicen que se cubre al menos el índice de inflación oficial.

El 2 de junio del año en curso el Consejo Nacional de Salarios acordó un 9 % de ajuste salarial para los trabajadores del sector privado. El Ministro de Trabajo, Farid Ayales, con una sonrisa de oreja a oreja, presentó este acuerdo como una maravilla de la concertación. La representación gubernamental junto con la sindical acordaron ese porcentaje, mientras la representación de las cámaras patronales propuso un 7 % de ajuste. Aparentemente una decisión favorable a los trabajadores y un espaldarazo político-electoral para el Gobierno de turno. El presente artículo pretende demostrar que se oculta tras este engañoso acuerdo. Asimismo, es importante que los lectores conozcan el mecanismo de toma de decisión en la materia, el organismo político que "decide" (denominado Consejo Nacional de Salarios) y la representación que lo compone, porque al fin y al cabo, muy a pesar del discurso oficial, los salarios nunca han sido crecientes y los remanentes que semestralmente se nos adeudan nunca son tomados en cuenta para la fijación salarial siguiente.

Sobre el organismo técnico

Según la Constitución Política (artículo 57), todo lo relativo a la fijación de salarios mínimos se encuentra a cargo de un organismo técnico. Este supuesto organismo técnico, fue creado formalmente mediante la ley Nº 832. Allí nació el llamado Consejo Nacional de Salarios como un organismo tripartito compuesto por doce miembros, nueve propietarios distribuidos en tres por cada sector: Patronos, Trabajadores y Estado; y tres suplentes.

Sin embargo, el origen político de este organismo no sólo se evidencia en su conformación, sino también en la designación de sus miembros. Según su ley, cada cuatro años tanto las organizaciones de trabajadores como las de patronos deben presentar ternas al Poder Ejecutivo para la designación de los miembros del Consejo.

Como es de esperar, las invitaciones para participar en las ternas son enviadas por el Ministro de Trabajo directamente a las Confederaciones Sindicales y a las Cámaras de patronos, y ambas instancias mediante una decisión "secreta", que no toma en cuenta la realización de asambleas abiertas, informa al Ministro quienes son sus tres candidatos.

Finalmente, el Poder Ejecutivo elige a los 12 representantes del organismo. No por casualidad entonces, los representantes de los trabajadores han sido en la mayoría de los casos burócratas sindicales de las confederaciones más cercanas al gobierno de turno que no han sido elegidos directamente por los trabajadores y por lo tanto que no representan sus intereses.

Este procedimiento de designación le garantiza al gobierno entonces, no sólo elegir a sus representantes sino a todos los miembros del Consejo, y por lo tanto incidir directamente en el resultado final de la fijación salarial, obligando al sector laboral o al sector patronal a concertar con él para obtener lo votos necesarios en la fijación del nuevo aumento salarial.

Más allá de los estudios técnicos que el personal del Departamento de Salarios efectúa, más allá incluso de consideraciones objetivas sobre el Indice de Precios al Consumidos (IPC), sobre el costo de vida o de la canasta básica, sobre el salario mínimo vital, o la simple consideración de que todo salario debe servir no sólo para alimentarse adecuadamente sino también para vestirse, educarse y recrearse, los salarios fijados sólo han ayudado a "mal vivir", porque los porcentajes de aumento nunca han obedecido a criterios realmente técnicos, sino sólo al juego político entre las propuestas que los diferentes sectores presentan al Consejo.

Las implicaciones políticas del organismo no tendrían mayor trascendencia si se limitara a fijar el salario mínimo, pero la ausencia de verdadera organización sindical en el sector privado, y por lo tanto la falta de negociación colectiva, ha obligado al Consejo a jugar el rol de organismo negociador y por lo tanto que sus aumentos mínimos, sean considerados como aumentos salariales para los trabajadores del sector.

La burguesía, ávida en reducir costos de producción, pagando salarios de hambre, presuntamente para evitar el fantasma del desempleo y bajo la excusa de las implicaciones que conlleva la globalización y el libre mercado, se ha acomodado perfectamente a la estructura del Consejo Nacional de Salarios, negociando salarios mínimos como si fueran salarios de mercado. Esto ha ocasionado que la mayoría de trabajadores del país devenguen realmente un salario mínimo y no un salario que valore su experiencia, su antigüedad, su eficiencia o su especialización.

El gobierno por su parte, ha encontrado en el Consejo uno de los sitios más seguros para mejorar su imagen pública. Sólo como ejemplo, podemos citar que durante la Administración Figueres Olsen, de las revisiones salariales realizadas por el Consejo Nacional de Salarios salió la conceptualización gubernamental de los Salarios Crecientes, del Salario Escolar y de la reunificación de categorías para simplificar el Decreto de Salarios Mínimos.

Y en el caso de las organizaciones laborales, tal y como ocurre en cada organismo donde participan las confederaciones sindicales (El Consejo de Salud Ocupacional, el Consejo Superior de Trabajo, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, etc.) bajo la consabida frase de que se debe "concertar y no enfrentar" que ha sido promovida astutamente por la O.I.T., casi como precepto religioso, han caído en el juego creado mediante estas instancias para callar, mediatizar, burocratizar y corromper a las dirigencias sindicales, las que gracias al pago de dietas, viajes y otros beneficios personales, se convierten en útiles instrumentos al servicio del Gobierno y de la burguesía, creyéndose parte de esa élite privilegiada que incide en los cambios sociales y económicos del país.

No esperar nada de las cúpulas: organizarse y luchar

¿Y del futuro qué nos espera? Nada bueno. Basta con darse cuenta de la concertación que existió entre el gobierno y las centrales sindicales para acordar "en las alturas" y a espaldas de los trabajadores el aumento del 9% que regirá a partir de julio de 1997.

Según los estudios realizados por Rodrigo Aguilar Arce, representante sindical ante el Consejo Nacional de Salarios, la inflación proyectada de enero a junio del año en curso asciende a un 7.5 %. Al dato anterior hay que sumarle el remanente por inflación acumulada que se viene arrastrando desde octubre de 1996, la cual consiste en un 6.86 %. Sumando la inflación del semestre y el remanente acumulado, tenemos entonces que para ajustar el salario acorde al proceso inflacionario se debía incrementar en un 14.36 %. La cúpula sindical en el Consejo Nacional de Salarios no defendió siquiera ese porcentaje, y por lo tanto aceptó de hecho que se continué deteriorando el salario de los trabajadores del sector privado. Más bien se apresuró a concertar con el Ministro de Trabajo, deseoso este de crear una buena imagen en un año de campaña electoral.

No debemos creer ingenuamente que el problema podría ser resuelto cambiando a los representantes sindicales dentro del seno del Consejo, o reformando la ley para convertirlo en un organismo más democrático. El Consejo Nacional de Salarios seguirá cumpliendo su rol, el rol para el cual fue creado. Los trabajadores por su parte deben entender que solo con su movilización podrán empezar a reivindicar sus derechos constantemente mancillados.

Negociación salarial para el sector público

Urge luchar para recuperar los salarios

por David Morera Herrera, Costa Rica

Si por la víspera se saca el día, es de esperar que la negociación salarial para los trabajadores públicos será como siempre muy insuficiente. Si para la empresa privada se fijó un porcentaje por debajo de la inflación, en virtud de las políticas de recorte del gasto público y austeridad, es de suponer que para los empleados públicos el ajuste salarial será aún menor. Para tal efecto, se supone que la Comisión de Salarios para el Sector Público, en la que participa la representación sindical, debe estar ya definiendo este asunto.

No obstante, su costumbre recurrente ha sido discutir entre cuatro paredes el asunto, sin informar y mucho menos movilizar a los trabajadores. Estamos aún a tiempo de iniciar una lucha seria por recuperar el salario de los trabajadores del Estado. La representación sindical en la Comisión debe llamar de inmediato a una Asamblea democrática de sindicatos del sector público, en la que se empiece por definir el porcentaje de ajuste salarial a proponer, de manera que se compense verdaderamente el duro efecto de la inflación. Los trabajadores día a día sufren el deterioro de sus salarios, con una política decidida por recuperarlos, con una sistemática preparación de las bases, por medio de asambleas en cada centro de trabajo, se puede organizar la movilización inmediatamente. No hay tiempo que perder. De lo contrario, una vez más la cúpula sindical no hará más que regateos en la Comisión, sin ninguna consecuencia, y los trabajadores una vez más seremos los afectados.

Algunas reflexiones sobre la huelga del ICE

Una derrota anunciada

por David Morera Herrera, Costa Rica

Del 19 al 23 de mayo del año en curso se efectuó una huelga en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), convocada por el Frente de Organizaciones Laborales (FOL) del ICE, con el objetivo de revertir el llamado proceso de "modernización y reingeniería" que impone a marcha forzada el Consejo Directivo de la Institución. En particular, los sindicatos agrupados en el FOL, demandan la revocatoria de las medidas que conducirán a despidos por efecto de la reorganización y rechazan los procesos de privatización y desmantelamiento del ICE, por ejemplo: suprimir la licitación de 400,000 líneas de telefonía alámbrica, reasumir y fortalecer los proyectos del sector eléctrico: Angostura y Miravalles III y exigir a la Asamblea Legislativa no apruebe el proyecto para la venta de centrales hidroeléctricas en operación.

El antecedente huelguístico más inmediato fue la huelga por la expulsión de la transnacional MILLICOM que procuró adueñarse de la telefonía celular. Ese movimiento fue multitudinario y logró el objetivo propuesto: la MILLICOM se fue de Costa Rica. No obstante, al no contar con un pliego de más largo aliento, en el que se incluyeran un conjunto de reivindicaciones, la patronal y el Gobierno contragolpearon rápidamente. En primer lugar, rebajaron los días de huelga de los salarios de los trabajadores, lo que constituyó un ataque inmediato a sus bolsillos. Posteriormente, empezó a aplicar, lenta pero sistemáticamente, las medidas de "reingeniería", imponiendo fundamentalmente la pérdida de la estabilidad laboral. Mediante el programa de movilidad laboral voluntaria (retiros voluntarios) y el despido de trabajadores ocasionales, el ICE se ahorró 2,500 plazas, y fue creando un clima de inseguridad y zozobra entre los trabajadores. Estas son las condiciones en las que se arriba al estallido del movimiento de presión en el ICE.

Sobre la base de considerar que la Huelga fue completamente justa y necesaria, y partiendo de que nuestros militantes estuvieron en primera línea de la solidaridad y el apoyo a la misma, reivindicando además el valor y el ejemplo de los huelguistas y reconociendo que la dirigencia del FOL tuvo el mérito de tratar de organizar la pelea, a diferencia de otras dirigencias que hicieron como el avestruz, o lo que es peor, se encargaron de boicotear abiertamente el movimiento; con toda franqueza presentamos a continuación una evaluación crítica con el fin de explicar las causas del fracaso de una lucha de tal magnitud como la que analizamos, y aprender las lecciones.

Las causas de la derrota

La Huelga de mayo fue acatada por menos del 50 % de los trabajadores del ICE. El documento que pone fin al movimiento es completamente inservible. La dirigencia del FOL manifiesta que suspende la Huelga, a solicitud de los obispos católicos y algunos precandidatos de los partidos patronales, para iniciar un proceso de mediación y diálogo de cara a la discusión de los proyectos en corriente legislativa. En resumen: vanas promesas y nada concreto. La verdad debe decirse sin tapujos: el saldo de la Huelga constituye una derrota para los trabajadores del ICE y para el conjunto del movimiento obrero y el pueblo de Costa Rica. Un sector sindical de mucho peso se lanzó a pelear, y no logró ninguno de sus objetivos, con lo que el Gobierno y la patronal están en mejores condiciones para continuar y profundizar su rumbo privatizador.

Sintetizaremos seguidamente las cuatro razones fundamentales que, según nuestro criterio, explican este resultado:

1) El FOL decreta la Huelga sin realizar previamente una exhaustiva y sistemática consulta democrática a las bases. El FOL no convoca formalmente a Asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo que explícitamente se pronuncien por la declaratoria o no de la Huelga. Al proceder burocráticamente a convocar la Huelga, el FOL comete un grave error: la única garantía de que la lucha se fortaleciera era ir a las bases a convencer uno a uno a los trabajadores, a medir el pulso y el potencial de la lucha objetivamente. Por esta razón, nosotros somos enfáticos: sin amplia democracia obrera y sindical, no hay posibilidades de desarrollar y hacer triunfar las luchas de los trabajadores.

2) La ausencia de un Plan de Lucha y una acción unitaria del conjunto del movimiento sindical . Un huelga de la magnitud de la del ICE, que implica una lucha nacional y popular contra las pretensiones privatizadoras del Gobierno, la patronal y el propio imperialismo yanqui y las transnacionales, requiere de una convocatoria amplia y una acción unitaria de los más amplios sectores sindicales y populares. No obstante, la dispersión del movimiento sindical y popular, se reflejó crudamente en el hecho de que no se organizó siquiera una tibia solidaridad a los trabajadores del ICE, salvo honrosas excepciones.

3) Paralelamente, la dirigencia de ASDEICE jugó un sucio papel de rompehuelgas. ASDEICE es uno de los sindicatos con mayor afiliación en la Institución, actualmente se encuentra estrechamente vinculado a la dirigencia de la ANEP, a través de la llamada Federación de Trabajadores del Sectores Público. La dirigencia de ASDEICE cumplió un papel nefasto: no sólo no apoyó la huelga, sino que se encargó oficina por oficina de llamar a los trabajadores a no participar en la misma.

Asimismo, otros sectores, que supuestamente defienden al ICE, brillaron por su ausencia o hipócritamente empezaron a "atornillar al revés", tal es el caso del Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI) y su flamante presidente: Rodrigo Carazo (Ver recuadro adjunto).

4) El FOL comete también un grave error al lanzar una huelga indefinida, exponiéndose a un paulatino desgaste del movimiento, fundamentalmente por efecto de las rebajas salariales, y al mismo tiempo no adopta medidas más contundentes de presión. El hecho de que los Gobiernos de turno, en aplicación de las directrices neoliberales dictadas por el FMI y Banco Mundial, sean cada vez más violentos en el ataque a los derechos de los trabajadores, requiere del movimiento sindical afinar políticas y tácticas de lucha, más combativas y novedosas. La Huelga de los educadores de agosto-setiembre de 1995, demostró que no fueron suficientes mes y medio de huelga y marchas de más de cien mil personas agitando pañuelos blancos, para torcerle el brazo al gobierno. El ICE es una institución estratégica, paralizar el servicio eléctrico o telefónico en determinados momentos, siempre y cuando se haga con el concurso activo y decidido de los trabajadores, pudo haber golpeado más fuerte al Gobierno y a los patronos en el terreno económico y crear un impacto mayor en la opinión pública. Los activistas sindicales tiene que comprender que las luchas tenderán a radicalizarse cada vez más, los enfrentamientos serán cada vez más duros como producto de las políticas de ajuste: las barricadas, las tomas de edificio y otras medidas de ese tipo, con la condición de que sean adoptadas democráticamente por las bases en lucha, son recursos válidos en esa perspectiva.

Por último, queremos invitar a los trabajadores del ICE y a nuestros lectores en general a darnos sus opiniones. De seguro, podemos generar una rica discusión para aprender todos las experiencias de esta huelga. Asimismo queremos agregar lo siguiente: se ha perdido una batalla, pero la guerra contra el Gobierno y la patronal continúan. Lejos de desmoralizarnos por esta derrota, hay que preparar paciente y tenazmente la próxima revancha. Estamos seguros que los trabajadores y los activistas sindicales honestos, procesarán estas lecciones y más temprano que tarde saldrán a la pelea nuevamente. Esa será siempre nuestra trinchera.

La doble moral de Carazo y el C.D.I.

El Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI) es un agrupamiento que reúne a algunas figuras burguesas, intelectuales de clase media y burócratas sindicales, supuestamente interesados en rechazar la venta del patrimonio nacional y el desmantelamiento de las instituciones públicas. Está encabezada por Rodrigo Carazo Odio, ex-presidente del país (1978-1982). El CDI se crea inicialmente en oposición a la venta del ICE, y siempre ha declarado que la defensa de esa institución es uno de sus objetivos primordiales.

Cuando los huelguistas del ICE estaban en una dura pelea, contra el gobierno, los jerarcas del ICE, los dirigentes sindicales traidores, y la gran prensa, el CDI demostró toda su hipocresía y su método ajeno a la clase trabajadora. La huelga era el momento para que Carazo y el CDI hicieran una gran campaña de apoyo al movimiento. La verdad fue completamente otra: Carazo y el CDI brillaron por su ausencia. Todas las frases demagógicas y discursos en presunta defensa del ICE, no pueden ocultar esa realidad.

Más grave aún, publicamos a continuación una carta confidencial de Carazo dirigida a Jorge Arguedas, uno de los principales dirigentes del FOL, en la que intenta que este desista la convocatoria del movimiento de presión a escasos días de iniciarse, con argumentos completamente reaccionarios. Carazo está ante todo interesado en mantener un diálogo con los jerarcas del ICE y los diputados, que se ha demostrado con creces que es un "diálogo de sordos", y enfatiza el prejuicio burgués de que cuando los trabajadores recurren a su legítimo derecho a huelga, con ese "desmán" le brindan armas a sus enemigos.

Dientes para afuera Carazo apoya a los trabajadores del ICE, pero en los hechos cierra filas con Roberto Dobles, presidente ejecutivo del ICE., para tratar de impedir y paralizar la huelga. Juzguen ustedes, compañeros lectores: