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(Junio/Julio 1997)
por Feliciano Núñez, Honduras
Lo que en un principio fue una nueva protesta reprimida brutalmente por la policía y el ejército, se convirtió en un acto heroico de un pueblo que hizo retroceder a las fuerzas represivas, las sacó de la ciudad y organizó la vigilancia garantizando durante casi un mes, una ciudad sin violencia ni delincuencia ni policías.
El 30 de abril, en horas de la madrugada, un contingente de unos 70 policías y 30 militares golpearon y dispararon sus armas contra 500 pobladores que se habían tomado pacíficamente la carretera en El Paraíso, ciudad de 20,000 habitantes, en protesta porque el gobierno no manda a reparar 5 kilómetros de la vía, solicitud que venían haciendo desde hace más de un año. El violento desalojo policial, que continuó con enfrentamientos en el centro de la ciudad, dejó como saldo dos personas muertas -Cristino Díaz Herrera (49) y Wilmer Díaz Figueroa (15)- y 24 heridas.
Al conocerse la muerte de los compañeros más de 3 mil personas salieron a las calles a enfrentar a pedradas a los policías que debieron replegarse a las postas policiales donde fueron rodeados por los manifestantes. Frente a esta situación los policías debieron negociar una tregua para recoger sus pertenencias y abandonar la ciudad rompiendo para ello el muro trasero de la posta, en medio de una lluvia de piedras. Salidos los agentes las postas fueron quemadas con todos sus muebles.
"El pueblo está indignado y por eso reaccionó de esta manera", dijo Esperanza Idiáquez, una anciana de 62 años, al señalar que la población reaccionó violentamente por la negligencia del gobierno en atender un problema social y por la brutalidad de la policía.
Tras la huida de la policía y ante la falta de vigilancia, la población organizó el Consejo de Defensa Ciudadana, que tomó el control de la ciudad y estableció patrullajes nocturnos con grupos de civiles -hombres, mujeres y niños- armados de palos, machetes y armas de fuego para brindar seguridad y protección a la comunidad.
Las primeras medidas tomadas fueron establecer que los negocios de bebidas alcohólicas y otros centros comerciales se cierren a las 8 de la noche y que los pobladores no salgan a la calle después de las 10 de la noche.
Tras los primeros quince días de funcionamiento del Consejo el doctor Armando Morazán informó a diario La Prensa que "no hay robos, violaciones, asaltos ni problemas con maras, cero violencia". ¡Ni los "leopardos" lograron tanto en San Pedro Sula!
A punto de vencer el plazo para iniciar la reparación de la carretera y ante el evidente incumplimiento de parte del gobierno, el Consejo amenazó con iniciar presiones nuevamente e impedir la instalación de las urnas en noviembre, como expresión de repudio.
El ejemplo dado por la población de El Paraíso debe ser tomado muy en cuenta por los trabajadores y el pueblo ya que por un lado enfrentaron la brutal represión policíaca imponiéndole una derrota vergonzante a la policía y por otro lado empezaron a resolver el problema de la violencia mediante el armamento de la población y la subordinación de los cuerpos de vigilancia al organismo surgido al calor de la lucha.
Ahora es necesario consolidar la organización. El Consejo de Defensa Ciudadana no debe disolverse y tampoco los Comités de Vigilancia. Todas las organizaciones que han estado participando en la lucha deben realizar asambleas para ratificar el mandato dado al Consejo.
Por su parte, el movimiento obrero y popular debe sacar las lecciones: para hacerle frente a la represión es necesario organizar los comité de autodefensa, que también sirven para prevenir la delincuencia.
La violencia y la represión han sido el tema obligado últimamente en nuestro país. De un lado, el intento de secuestro que terminó con la muerte del hijo del ex presidente del Banco Central de Honduras en el gobierno de Callejas, Ricardo Maduro, y que puso en movimiento a toda la burguesía, al gobierno y las fuerzas armadas; y de otro la aprobación de las reformas al Código Penal y la violenta represión en El Paraíso (con un saldo de dos muertos); son una clara muestra de cómo se mide la violencia en Honduras: según la clase social a la que pertenece el muerto.
Es evidente que en los últimos años el crecimiento de la violencia ha sido espectacular no sólo en Honduras sino en toda América Latina y el Caribe. "La tasa de homicidios en la región aumentó a casi el doble entre 1980 y 1991, pasando de 12,8 a 21,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según las Naciones Unidas.
Ello es el resultado de la implementación de los Planes de Ajuste con su secuela de aumento de la pobreza, del desempleo, y la falta de acceso a la tierra y a la educación de amplios sectores de la sociedad y que afectan particularmente a la juventud latinoamericana. En un estudio presentado en un coloquio que convocó el BID el año pasado, el profesor de economía Mauricio Rubio, de la Universidad de los Andes, en Colombia , "comparó el valor promedio de un año de salarios para alguien empleado en el sector formal de la economía con el valor promedio que tienen actos individuales de delincuencia para quien los perpetra. Hace 30 años, el ingreso anual de un empleado en Colombia era cinco veces mayor que el lucro que dejaba en promedio un acto delictivo. Hacia 1992, un acto delictivo dejaba mucho más que un salario anual promedio."
En el caso centroamericano debemos sumar como factor agravante de los índices de delincuencia la finalización de la guerra en el área con la consiguiente desmovilización de miles de combatientes, de soldados y de cuerpos especiales como los "escuadrones de la muerte" que no han sido reabsorbidos por la sociedad (debido a las carencias señaladas anteriormente) y que han continuado en su propia guerra: la industria de la muerte, actuando como sicarios y matones a sueldo del que pueda pagar sus servicios: las mafias de narcotraficantes, robacarros y demás delitos en los que participan grandes capitalistas.
Esta combinación de factores hace que la delincuencia adquiera características masivas y espectaculares, resultado directo del triunfo del imperialismo y las burguesías regionales sobre el proceso revolucionario del área (en lo militar, político y económico). En otras palabras, la actual delincuencia es consecuencia directa del modelo de superexplotación que el sistema capitalista está aplicando en nuestros países.
Con el secuestro y asesinato de Saybe primero y luego el del hijo de Ricardo Maduro —uno de los empresarios más importantes del país—, la violencia pega un salto y afecta directamente los intereses de la burguesía. El BID ya había analizado este fenómeno: "Los residentes de muchos vecindarios urbanos y suburbanos, que a principios de los años 80 se consideraban a salvo de violencia, ahora enfrentan robos, violaciones, secuestros y asaltos".
Más allá de cuáles fueron las verdaderas motivaciones de los crímenes (algunos sectores mencionan a las mafias), es evidente que la burguesía no puede quedarse pasiva y responde con una ofensiva generalizada dirigida hacia el gobierno para que éste apruebe toda una serie de medidas represivas dirigidas a defender SU propiedad privada. La "Marcha por la Vida y la Paz" realizada en San Pedro Sula y que movilizó a unas 40 mil personas fue parte de esa ofensiva.
Sobre las repercusiones de la violencia en la economía es interesante el estudio hecho por el profesor colombiano, Mauricio Rubio: "calculó que la delincuencia le cuesta anualmente a ese país el equivalente de 15 por ciento del PIB. Rubio calculó asimismo que las consecuencias indirectas de la violencia —como el desaliento a la inversión— han robado a Colombia un 2 por ciento de PIB anual en crecimiento económico." Esto significa que también afecta la ganancia capitalista que se ve reducida por el incremento de los gastos relacionados con seguridad.
En este marco de crecimiento de la delincuencia en la región, una característica nueva en nuestro país es el surgimiento de verdaderas mafias con conexiones internacionales e importante influencia en el gobierno y las FFAA. Es más, según ha denunciado el Codeh muchas de estas bandas están dirigidas e integradas por personal dado de baja en las FFAA, y en algunos casos activos.
Un claro ejemplo de ello es el narcotráfico, pero también las redes de roba carros (los principales compradores de carros robados son los propios militares, los diputados y los empresarios), de roba niños, de falsificadores de pasaportes ("chinazo" y "pasaportazo", en el que se encuentran involucrados importantes personajes del gobierno y también funcionarios de EE.UU.); y los asesinatos por encargo que antes no existían en nuestro país. Y que vienen a sumarse a la corrupción institucionalizada que existe tanto en el gobierno como en la empresa privada, y al saqueo de las arcas públicas que existe desde hace décadas.
Frente a este panorama es evidente que no estamos únicamente ante simples rateros o delincuentes que roban por hambre —que sí los hay y a montones— sino ante el surgimiento de un verdadero proceso de acumulación capitalista, que se expresa en la existencia de mafias que luego invierten en negocios "lícitos" (bienes raíces, banca, etc.) lo obtenido de manera ilícita, y que son mucho más dañinos que las perseguidas "maras".
Asustado por las consecuencias violentas que su propia política económica está generando, el gobierno responde con una serie de medidas represivas contra el pueblo en general (aunque inicialmente se haya centrado en las "maras") y cuyo objetivo fundamental es defender la propiedad privada de los capitalistas. Ninguna de las medidas adoptadas ataca las causas de la violencia, ni a los delincuentes capitalistas ni defiende los pocos bienes del pueblo trabajador.
Por un lado incrementa el presupuesto de las FFAA, la Fusep y la DIC, crea nuevos cuerpos represivos especializados como la brigada antisecuestros y monta los operativos "pantera" y "leopardo" para cuidar la banca y el comercio en las áreas céntricas, mientras en los barrios, colonias y terminales de buses los trabajadores, amas de casa y jóvenes quedan a merced de los delincuentes sin ninguna protección.
Impulsa el decomiso de armas amparado en la legislación vigente (ver recuadro) quitando puñales, machetes y pistolas de bajo calibre al pueblo pobre mientras permite que los terratenientes y los empresarios continúen con sus matones a sueldo armados con AK-47 y armas nacionales.
Con la consigna de que "hay que parar la violencia" el gobierno logró bajar el nivel de críticas a las represivas reformas al Código Penal y mediante un proceso de "concertación" introdujo una serie de modificaciones secundarias legitimando el criterio de que las protestas populares (tomas de tierras, puentes, carreteras, edificios, lugares públicos) son un delito (ver artículo "Hacia un régimen cada vez más represivo" en El Trabajador Centroamericano Nº 5). Al mismo tiempo que profundiza el principio burgués de que con dinero se lavan los crímenes y se evita la cárcel.
Un aspecto particular de la política represiva del régimen es la creación de la llamada "policía civil" pero que en realidad es transferir la policía de la esfera militar en la que se encontraba al poder civil (como es la policía en todas partes del mundo) instruida por técnicos policiales de reconocidos países represores como España y EE.UU.
Y por si fuera poco, en medio del río revuelto, el presidente Reina aprovecha para justificar la permanencia de las tropas norteamericanas en nuestro territorio al proponer en la Cumbre de San José al presidente de EE.UU., Bill Clinton, convertir Palmerola en un "centro de lucha contra el narcotráfico".
¿A dónde conducen estas medidas? La respuesta está a la vista: la violenta represión que sufrieron los indígenas en su última peregrinación a Tegucigalpa, y el desalojo con un saldo de dos muertos y 24 numerosos heridos ocurrido en El Paraíso; y la profundización de la pérdida de nuestra soberanía nacional pisoteada -ya no sólo por los soldados gringos- sino por la DEA y los "técnicos" policiales.
El movimiento obrero y popular no puede, bajo ningún punto de vista, apoyar las medidas adoptadas por el gobierno y que buscan proteger los intereses de los capitalistas, dejando al pueblo indefenso frente a la delincuencia. Por eso es necesario que los trabajadores y el pueblo en general discutan y propongan sus propias medidas -siguiendo el ejemplo de El Paraíso-. Como un aporte a este necesario debate, el Partido de los Trabajadores propone las siguientes medidas:
Las citas fueron tomadas de El Costo Oculto del Delito, La violencia despoja a generaciones futuras, Paul Constance. Documentos del Banco de Integración y Desarrollo, BID.
Tenencia y portación de armas¿Quién tiene derecho a usar armas en Honduras? Esta es una de las preguntas fundamentales que toda organización obrera y popular debe analizar y responder. Actualmente, la legislación vigente en nuestro país, otorga este derecho democrático únicamente a los capitalistas, a los funcionarios públicos y a las fuerzas represivas. Así el artículo 5º del reglamento para la tenencia y portación de armas, establece que "sólo podrán obtener permiso [...] a) Los comerciantes debidamente acreditados; b) Los dueños o representantes de empresas agrícolas, mineras o ganaderas [...] los profesionales [...] los que vivan en lugares despoblados donde no exista autoridad [...] los que se dediquen al deporte de la caza [...] los altos funcionarios públicos". Y además el artículo 19 señala que "no podrán obtener permiso entre otros [...] los que por razones de su carácter hayan demostrado peligrosidad, a juicio de las autoridades de su vecindad", lo cual deja a criterio de las autoridades determinar a su entera voluntad si alguien puede o no portar armas. Esta es una clara muestra de que en la "democracia" hondureña no todos somos iguales. Los derechos, como el derecho a portar armas, está reservado a la burguesía estableciendo un verdadero monopolio de las armas. Dejando a los trabajadores del campo y la ciudad desarmados e indefensos privados de un derecho elemental a la autodefensa. |
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Créditos: El Trabajador Centroamericano es una publicación conjunta del Partido de los Trabajadores (PT) de Honduras, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Nicaragua y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Costa Rica. Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión editorial, ni la de los partidos que la editan y son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquí nos encuentra: Nicaragua:
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