El Trabajador Centroamericano Nº 5

(Abril/Mayo 1997)


COSTA RICA


El Trabajador Centroamericano Nº 5
Abril/Mayo 1997

La Deuda Interna:

Un pretexto para vender el patrimonio nacional

Alberto Ramírez Ocampo

En los últimos meses se han escrito montañas de articulos sobre el problema de la deuda interna. Los medios de comunicación en manos de los capitalistas y su gobierno han sobredimensionado ese asunto, para tratar de engañar al pueblo de que no hay más salida a esa cuestión que vender las empresas públicas y parte de la zona terrestre-marítimo del país.

Actualmente la burguesía ha presentado tres propuestas para "solucionar" la deuda interna: la de los ex-presidentes de la República, la de la comisión técnica bipartidista (PLN-PUSC) y la del gobierno de Figueres. Esas tres propuesta son casi identicas, pareciéndose mucho al misterio de las tres divinas personas.

Dentro de esas posiciones burguesas es una excepción la postura del ex-presidente Rodrigo Carazo Odio quien se opone a la privatización y que en la declaración de los ex- presidentes señaló: "No estoy de acuerdo con la tesis de que la venta de activos de Estado incluya al ICE ni a otras entidades que prestan servicios públicos. Hacer semejante cosa significaría sacrificar inútilmente al pueblo de Costa Rica y abrir el campo al control indiscriminado sobre la soberanía nacional por parte de grandes empresas monopolísticas internacionales". (La Prensa Libre, 13/11/96).

La lucha de los trabajadores y demás sectores populares en contra de la venta del patrimonio nacional y del encarecimiento del costo de la vida por parte del gobierno para pagar la deuda interna es una lucha decisiva: se trata de evitar que los capititalistas y su gobierno hundan al pueblo trabajador en mayores niveles de miseria.

¿Qué es la deuda interna?

Es el dinero que el gobierno presta a las instituciones públicas y a la empresa privada para financiar el déficit fiscal. Existen dos tipos de deuda interna: la no-bonificada y la bonificada. La primera asciende a la cantidad de 250 mil millones de colones y se les debe a los trabajadores de los regímenes especiales de pensión (50 mil millones) y al Banco Central (200 mil millones). La segunda suma aproximadamente unos 500 mil millones de colones, en un 58% se le adeuda a las instituciones públicas (CCSS, INS, ICT, Bancos del Estado y otras instituciones) y en un 42% a los grandes capitalistas.

La deuda bonificada la constituyen los bonos fiscales que los gobiernos colocan en el mercado a intereses hasta de un 24 por ciento. Los montos mínimos de los titulos de propiedad del gobierno son de un millón de colones y se colocan a plazos desde 28 días hasta 336. A través de esos bonos el gobierno se financia en un 30 por ciento sus gastos. Esto se analizará más adelante.

Evolución de la deuda interna

Según el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 1994-1998: "De 1984 a 1987, el déficit del Gobierno Central se financió principalmente con los préstamos externos y transferencias de países amigos... A partir de 1988, ante el efecto combinado de la contracción del flujo de ayuda externa y el aumento en el servicio de la deuda externa, se recurrió a la deuda interna, la cual se convirtió en la principal fuente de financiamiento".

Como se puede notar de la cita anterior, Costa Rica financió su crisis económica mediante la ayuda que el imperialismo norteamericano y mundial le brindaba por los servicios que los gobiernos en ese momento prestaban en contra de la revolución centroamericana. Fue debido a esa razón que se logró sostener la maltrecha economía nacional y evitar así que el país entrara en la vorágine revolucionaria que estremecía a la región centroamericana. El imperialismo premió al regímen costarricense en ese período por su rol contrarrevolucionario, financiando hasta en un 60 por ciento el déficit fiscal de la nación.

Como se puede observar en los cuadros Nº 1 y 2, el incremento colosal de la deuda interna se ha producido en el período de 1990- 1996, es decir, en los gobiernos de Calderón y Figueres. En realidad, los únicos responsables de ese endeudamiento han sido los partidos de los capitalistas: el PUSC y el PLN. El gobierno de Calderón durante su mandato aumentó en un 120 por ciento la deuda, mientras que el gobierno de Figueres la ha subido en más del 200 por ciento. Y hoy, estos mismos que endeudaron a todos los trabajadores y demás pobres del país, desde las cámaras empresariales, desde los partidos patronales y los círculos academicos burgueses, exigen la venta de las empresas del Estado y de la zona terrestre-marítimo y encarecen el costo de la vida, para hacernos pagar la deuda que ellos han disfrutado de diferentes formas y maneras.

Por otra parte, de acuerdo con el cuadro Nº 3 que publicamos abajo, se puede observar que el pago de los intereses de la deuda interna es un cáncer que se traga una buena parte de los ingresos del Estado, impidiendo destinar parte de esos dineros a obras de interés social.

Las causas de la deuda interna

Según los ex-presidentes de la República (Mario Echandi, José Trejos, Luis Alberto Monge, Rodrigo Carazo, Oscar Arias y Rafael Angel Calderón) en su declaración sobre la deuda interna señalan que: "La causa fundamental del crecimiento de la deuda interna es la acumulación del déficit fiscal".

Ese argumento de los ex-presidentes es falso. El frío no está en las cobijas. En realidad, el déficit fiscal es creado por el modelo económico del país de apertura comercial, basado en la eliminación de los impuestos a los capitalistas exportadores, en la reducción del impuesto a la renta, en la millonaria evasión fiscal y en los incentivos en dolares a los capitalistas, mediante los llamados Certificados de Abono Tributario (CAT). Es decir que, en última instancia, la deuda interna es causada debido a que los ingresos del Estado se han reducido año tras año porque las actividades económicas más dinámicas no pagan impuestos, tales son los casos de la producción bananera, turística, cafetalera y otras. Como el gobierno cada vez recauda menos impuestos recurre al endeudamiento interno. De muestra un botón: en el año 1983 los impuestos de renta representaban el 18.11 por ciento de los impuestos directos, pero para el año 1993 éstos habían disminuido al 11.37 por ciento; las exportaciones en el año 1983 representaban el 19.79 por ciento de los impuestos al comercio internacional, pero en el año 1993 bajaron hasta el 4.05 por ciento.

Entonces, la causa del déficit fiscal es que éste se ha mantenido debido a que los mismos que han gobernado (PUSC y PLN), han venido disminuyendo a favor de ellos mismos sus tributos al Estado y evadiendo el fisco, generando de esa manera la deuda interna.

El binomio déficit fiscal-deuda interna es un verdadero engaño para el pueblo trabajador que han sido creado de manera consciente por los gobierno del PUSC y el PLN para tener como justificación la venta de la empresas públicas a su favor, la venta de un parte del territorio nacional, así como el aumento generalizado de los precios de los productos y servicios básicos.

Los capitalistas que son los mismo que gobiernan, por el lado de los ingresos, no pagan impuestos por sus exportaciones y por el lado de los gastos, reciben de parte del gobierno incentivos en dólares por esas exportaciones (CAT), entonces se reducen los ingresos del gobierno y aumentan los gastos, una vez que esos ingresos disminuyen, los gobierno de turnos endeudan a la nación de manera indiscriminada. Cuando ya no pueden seguir pagando la deuda interna deciden venderse entre ellos y sus socios extranjeros las empresas más rentables del Estado. Así opera este mecanismo de robo en el Estado Burgués.

En verdad la economía nacional y las condiciones de vida de la población se ha venido deteriorando porque los capitalistas no pagan impuestos y evaden masivamente el fisco. Los burgueses mientras más ganan, menos pagan: las exportaciones aumentan cada año y los impuestos de éstas han llegado a cero debido al proceso de globalización económica.

Por otra parte, la deuda interna constituye un buen negocio para los capitalistas. Actualmente el gobierno disminuyó del 24 al 15 por ciento la tasa de interés de los bonos fiscales para la instituciones del Estado, pero a los empresarios les seguirá pagando la tasa preferencial del 24 por ciento. O sea, que los grandes capitalistas poseedores de titulos de propiedad del gobierno reciben jugosas cifras de dinero por concepto de intereses por parte del Estado.

El plan de la burguesía para pagar la deuda interna: Privatizar empresas públicas y exprimir al pueblo trabajador

El plan de la burguesía de conjunto para pagar la deuda interna es un ataque violento contra el nivel de vida del movimiento de masas y sus conquistas sociales históricas alcanzadas a lo largo de varios años de lucha y sacrificio, tales como la banca nacionalizada, las empresas estatales y la seguridad social. El Plan de Figueres para pagar la deuda interna consiste en las siguientes medidas anti-obreras y anti- populares:

Como se puede observar, todas esas medidas significan que el gobierno de Figueres y los capitalistas quieren hacer que los trabajadores, campesinos, estudiantes y otros sectores populares, paguemos la deuda interna que ellos generaron y de la cual se han beneficiado y quieren seguirse beneficiando, a través de la privatización de las empresas del Estado y la venta del patrimonio nacional.

La propuesta del PRT: ¡¡¡Qué los capitalistas paguen la deuda interna!!!

Los capitalistas, las cámaras patronales, sus Partidos Políticos (PLN-PUSC) y su gobierno quieren hacer que los trabajadores paguemos la deuda interna con una serie de medidas draconianas que ya están ejecutando contra el movimiento de masas, tales como la que señalamos anteriormente. La propuesta de los socialistas revolucionarios agrupados en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) es diametralmente opuesta a la de los burgueses.

En primer lugar, llamamos a sindicatos y otras organizaciones populares a exigirle al gobierno que haga público los nombres de los empresarios y empresas que son los acreedores de la deuda interna del Estado. El gobierno no ha querido dar a conocer los nombres de esos capitalistas porque sencillamente son ellos mismos: los que han saqueado al Estado!!

En segundo lugar, planteamos una radical Reforma Fiscal mediante la cual los grandes ricos paguen la deuda interna: que los capitalistas exportadores paguen impuesto y ese dinero sea utilizado para amortirzar la deuda; carcel y expropiación de los bienes de los empresarios que evaden el fisco, pues, con una recaudación eficiente de esa millonaria evasión fiscal se podría pagar la deuda o no existiría la misma. De último, proponemos que se invierta la composición de los ingresos tributarios que recauda el Estado: que los ingresos directos que apenas constituyen el 18 por ciento de las entradas del gobierno pasen a constituir junto con los impuestos a las exportaciones el 85 por ciento del total de ingresos tributarios y que los impuestos indirectos solamente representen el 15 por ciento, para quitarle la pesada carga tributaria a los trabajadores y sectores populares. Que se aplique la norma: que los ricos paguen impuestos como ricos y los pobres paguen los mismos como pobres!!

En tercer lugar, llamamos a los trabajadores y otros sectores populares a exigirle al gobierno que se eliminen los incentivos en dólares a los capitalistas, mejor conocidos como Certificados de Abono Tributario (CAT), así como las llamadas partidas específicas de los diputados que representan un negocio de los políticos para manipular y engañar a las masas. Acompañando esas medidas hay que demandar otras más, tales como la reducción de los jugosos salarios y viaticos de los altos funcionarios públicos.

En cuarto lugar, para evitar que los capitalistas y su gobierno, se vendan entre ellos y sus socios transnacionales el patrimonio nacional (BCR, BICSA, INS, RACSA y la zona marítimo- terrestre), bajo el pretexto de que no hay dinero para pagar la deuda interna, los trabajadores, campesinos, estudiantes, y las organizaciones obreras y populares en general, debemos impulsar un movimiento exigiéndole al gobierno que aplique una moratoria del pago de la deuda interna y reduzca las tasas de interés de la deuda interna bonificada en manos de los capitalistas tal como se hizo con las instituciones públicas, esto con el objetivo de que no exista ninguna presión por efectos del pago de la deuda interna.

El PRT presenta este programa al pueblo de Costa Rica, convencidos de que solamente con la lucha consecuentes, masiva y organizada del mismo será posible empezar a garantizar que nuestras justas reivindicaciones se impongan sobre los intereses mezquinos de los capitalistas, sus gobiernos de turno y sus partidos políticos.


¿Qué pasa con la lucha en defensa de las Pensiones?


El Trabajador Centroamericano Nº 5
Abril/Mayo 1997

por David Morera

Ya es conocido por nuestros lectores el significado de la reforma al reglamento de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La elevación de la edad para el retiro a los 65 años para ambos sexos y la reducción del monto de las pensiones son razones más que suficientes para motivar la lucha del pueblo costarricense. Desde el 16 de diciembre de 1996, las organizaciones sindicales del Hospital San Juan de Dios, alertaron al conjunto de sindicatos nacionales sobre este asunto. Así fue como nos enteramos un día antes que la Junta Directiva de la CCSS pensaba ratificar la mencionada reforma, y el día 17 de abril una delegación de trabajadores del Hospital y un grupo de dirigentes y funcionarios de varios sindicatos, se tomó simbólicamente el piso noveno de Oficinas Centrales de la CCSS, y con esa acción obligaron a las autoridades de la Institución a posponer la vigencia de la reforma, y destaparon su contenido de cara a la opinión pública. Posteriormente la huelga del 28 y 29 de enero del año en curso en el Hospital San Juan de Dios, incorporó la lucha por pensiones dignas como una reivindicación central, coadyuvando a que el tema impactara en la opinión pública.

No obstante, han pasado más de cuatro meses desde esos hechos, y la dirigencia sindical nacional ha brillado por su inoperancia en la movilización de los trabajadores. Sectores sindicales de peso, tales como la Confederación Rerum Novarum y la Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL) sencillamente han estado completamente desentendidos de la problemática de las pensiones. Por su parte, el Frente de Organizaciones Sindicales del Sector Salud (FOSSS), encabezado por la dirigencia de UNDECA y ANEP, al cuál luego se le sumó el SINDEU, y otros sectores de educación, se convirtió en interlocutor sindical en este tema, pero no ha pasado de presentar planteamientos a los jerarcas de la CCSS, algunos de ellos muy correctos, como por ejemplo la denuncia de la alta morosidad patronal, pero que no van más allá del papel ni trascienden las cuatro paredes de presuntas "negociaciones" con la CCSS. En ese marco, el FOSSS se ha limitado a realizar tan sólo una acción de lucha, la concentración del 4 de marzo frente a las instalaciones centrales de la CCSS, de muy pobres resultados, a excepción del contingente del Hospital San Juan de Dios y algunos otros sectores.

¿Qué es lo que sucede? ¿Hay alguna posibilidad de enfrentar consecuentemente la lucha por pensiones dignas? ¿Qué hacer frente a la tendencia a la postración de parte de las cúpulas burocráticas que controlan el movimiento sindical? ¿Qué objetivos y qué acciones nos podemos trazar los luchadores sindicales y populares que realmente queremos detener este nefasto proyecto?

Nuestras opiniones son las siguientes.

Primero se hace necesario un objetivo claro: la derogatoria

Al quedar al descubierto el intento de los jerarcas de la CCSS de aprobar a hurtadillas la reforma, éstos se vieron obligados a diferir su vigencia. Pero en realidad se trata de una maniobra para ganar tiempo e imponer finalmente las modificaciones a las pensiones. Lo cierto es que la reforma está aprobada desde diciembre de 1996, lo único que hace falta es definir la fecha de su aplicación. Cualquier martes que sesiona la Junta Directiva de la CCSS está puede decidir la vigencia inmediata de la reforma. Con la maniobra de posponer su aplicación, los jerarcas han querido evitar que se declare viciado de nulidad el procedimiento seguido, puesto que la Ley constitutiva de la CCSS establece que deben darse al menos seis meses de plazo para consultas a los sectores interesados. De modo que hacen la pantomima de la consulta, dejan transcurrir el tiempo, engolosinan a la burocracia sindical con un remedo de negociación bajo cuerda, y finalmente quedan en condiciones de imponer el zarpazo final.

Desde el inicio de este proceso, no han faltado las insinuaciones de parte de algunos dirigentes sindicales en el sentido de negociar un incremento de la cuota de Invalidez, Vejez y Muerte a cambio de no elevar la edad para pensionarse. Si no han consumado la capitulación se ha debido a la presión de algunos sectores más combativos que han levantado claramente la lucha por la derogatoria de la reforma. Justamente, la mejor expresión de que la cúpula sindical no quiere dar una batalla en serio contra la reforma de las pensiones, es que se niega sistemáticamente a plantear la consigna de derogatoria de la misma. Combatir consecuentemente contra la reforma si esta ya se encuentra aprobada, pasa necesariamente por definir como objetivo claro la exigencia de la derogatoria a las autoridades de la CCSS. De lo contrario, se le hace el juego a los jerarcas de la institución y el Gobierno, al aceptar lo que de hecho ya estos decidieron: una suspensión "indefinida" de su vigencia, que es como el pleito entre "el tigre suelto y el burro amarrado"

Sin democracia sindical, la lucha se estanca y retrocede

Ante el planteamiento de definir como objetivo la derogatoria de la reforma realizado por los sindicatos agrupados en la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (SINDEU, SINPAE, AFITEC, UNEUNED), el SITHOSAHUDI y la seccional de UNDECA en el Hospital San Juan de Dios y el sindicato del Hospital de Guápiles (SITRAHOSGUA), la respuesta de la dirigencia que encabeza el FOSSS ha sido muy reveladora. Primero, bajo la presión del sector más combativo, aceptaron realizar una Asamblea democrática el 18 de marzo en el Kamakiri para dirimir el asunto. No obstante, cuando valoraron que en esa Asamblea ganaría por mayoría la tesis de la derogatoria, maniobraron para impedir la votación de todos los participantes, y restringir la votación a sólo un representante por organización. Finalmente, ante las protestas reiteradas de los asambleístas, la mesa directiva decide suspender la sesión, supuestamente para convocar a una nueva Asamblea plenamente democrática para el día 8 de abril. Lamentablemente a esta maniobra se prestó por omisión el propio compañero Héctor Monestel, secretario general del SINDEU, quien formaba parte de la mesa directiva de ese evento. Con esta acción se echa un balde de agua fría sobre la lucha, y finalmente la prometida Asamblea "democrática" del 8 de abril, realizada en las oficinas centrales de UNDECA, se hace absolutamente restringida a un representante por organización y cuenta con una raquítica asistencia. Mientras adrede no se define el objetivo de la lucha, la dirigencia del FOSSS, incluida la representación del SINDEU, continúa con un remedo de "negociación" con las autoridades de la CCSS, y en esas condiciones participa en la farsa del foro de concertación que convocaron las autoridades de la CCSS el 10 de abril, en la que además participan las cámaras patronales, el solidarismo y el cooperativismo.

Con desmovilización nos ponemos la soga al cuello

El saldo concreto de este proceso es que no se organiza y prepara la movilización de las bases trabajadoras en defensa de las pensiones. Por el contrario, las acciones de lucha, la divulgación de los contenidos de la reforma, las asambleas de trabajadores en los centros de trabajo, brillan por su ausencia. Así no habrá manera de detener a los jerarcas de la CCSS y el Gobierno. No obstante, aún es tiempo de retomar el camino correcto: demandemos a la dirigencia del FOSSS organizar a la mayor brevedad una Asamblea realmente democrática, absolutamente abierta a todo luchador y activista, completamente unitaria, a la que se invite a todas las organizaciones sindicales y populares sin ningún distingo, y que tenga por objetivo definir un Plan de Lucha concreto y escalonado para derogar la reforma al régimen de pensiones de la CCSS. De no ser así el Gobierno y la Junta Directiva de la CCSS en corto tiempo darán la estocada final y empezarán a aplicar la reforma al régimen de pensiones.


Persecución Política en la ANEP


El Trabajador Centroamericano Nº 5
Abril/Mayo 1997

Violando las normas estatutarias y contraviniendo el dictamen del anterior Fiscal General, la dirigencia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), encabezada por el sr. Albino Vargas Barrantes, aprovechó la Asamblea General de medio período de este sindicato, realizada el pasado 5 de abril para imponer la suspensión en su condición de afiliado al compañero David Morera Herrera. Se supone que la medida rige por dos meses mientras se realiza una investigación en su contra, supuestamente por ofender el honor de la Junta Directiva y su secretario general a raíz del paro de labores del Hospital San Juan de Dios ocurrido el 28 y 29 de enero de 1997. Recuérdese que en ese evento la actuación de Albino Vargas fue completamente repudiable, atacó al paro por innecesario y a su dirigencia por extremista ante la prensa nacional, y por ello fue declarado non grato en una Asamblea de 600 trabajadores del Hospital.

El Fiscal General, Julio Jiménez, en su oportunidad indicó que no se había seguido el debido proceso en relación a este caso, y que por tanto no se podía adoptar ninguna sanción hasta tanto no se garantizara audiencia y derecho a la defensa al acusado, y no obstante, la camarilla que detenta el poder en ANEP, desató en la Asamblea una feroz persecución en contra del compañero Morera, quien pertenece a una tendencia al interior del sindicato denominada Democracia Sindical y además es militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La Asamblea en cuestión fue cuidadosamente preparada para lograr ese objetivo. Se realizó un sábado a partir de la 1:00 p.m. en un hotel capitalino y la burocracia dirigente movilizó únicamente a sus seguidores. Al final la suspensión del compañero Morera la realizan con 50 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones. En un sindicato de más de 10,000 afiliados, es una cantidad ridícula para coartar el derecho de afiliado a un compañero. Por otra parte, el sr. Albino Vargas presentó una querella por difamación ante los Tribunales contra los compañeros David Morera y Víctor Solano, en cuya acción civil resarcitoria demanda 20 millones de colones presuntamente por daños y perjuicios. Apelando a los Tribunales burgueses, Albino Vargas pretende dirimir los problemas políticos al interior del movimiento obrero. Manifestemos nuestra solidaridad con los compañeros perseguidos en ANEP por ser luchadores clasistas y antiburocráticos. Dirijamos mensajes a la Junta Directiva de la ANEP en ese sentido.


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Secretariado Centroamericano

Créditos:

El Trabajador Centroamericano es una publicación conjunta del Partido de los Trabajadores (PT) de Honduras, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Nicaragua y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Costa Rica.

Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión editorial, ni la de los partidos que la editan y son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

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