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El Trabajador
Centroamericano N°
42
Junio 2004
EDITORIAL: Paro parcial exitoso en Guatemala y…
Lucha decisiva del magisterio de Honduras
En Centroamérica comienzan a soplar vientos favorables para el
desarrollo de las luchas obreras y populares. En el ultimo año
y medio se han movilizado los trabajadores del ICE y del magisterio en
Costa Rica, hubo un paro parcial exitoso contra la privatización
del Seguro Social en Panamá, se produjeron importantes luchas del
gremio hospitalario en El Salvador, se han movilizado los estudiantes
universitarios en Nicaragua, hay un poderoso ascenso del movimiento popular
que se refleja en la creación del Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular (CNRP) en Honduras, y recientemente le tocó el turno a
Guatemala, el país clave de Centroamérica, por su potencial
económico y por el tamaño de su clase obrera.
El paro parcial exitoso convocado por el Colectivo de Organizaciones
Sociales (COS) de Guatemala, el pasado 8 y 9 de Junio, obligó
al gobierno de Oscar Berger no solo a reconocer la fuerzas creciente de
las organizaciones de masas, sino también a cederle en muchas de
las peticiones. Lo anterior representa un avance considerable debido a
que en Guatemala las organizaciones obreras y populares fueron desarticuladas,
sus dirigentes fueron asesinados o huyeron al exilio, acosados por las
diferentes dictaduras militares y el terror fascista durante varias décadas.
Aunque en este paro parcial exitoso, la dirigencia de las diversas organizaciones
agrupadas en el COS, se mostraron muy conciliadoras con el gobierno de
Berger, lo mas importante de este proceso ha sido el desarrollo de la
movilización obrera y popular. No habían terminado las movilizaciones
en Guatemala, cuando los maestros de Honduras saltaban a la palestra,
colocándose al frente de la lucha por la defensa del salario y
del derecho a la educación.
El magisterio de Honduras tiene una larga tradición de lucha.
A partir de febrero-marzo del presente año se produjo una revitalización
de los Colegios Magisteriales con el cambio de las directivas sindicales
en los colegios más importantes, y se realizaron algunas acciones
como la toma de las direcciones departamentales en todo el país
y del ministerio de educación a finales de mayo.
Después de estas movilizaciones, el gobierno de Maduro llamó
a la dirigencia del magisterio a dialogar, creando una comisión
donde estaban el ministro de trabajo, el de educación y un representante
del Congreso Nacional. Mientras se producían las conversaciones
y estas fracasaban, se iniciaron una serie de paros escalonados con marchas
y tomas a nivel nacional, amenazas de tomas de puentes, puertos y aeropuertos.
La semana pasada el Presidente Maduro en persona llamó a los dirigentes
magisteriales a reiniciar el dialogo
El lunes 14 y martes 15 de Junio se produjo un diálogo del más
alto nivel entre Maduro y las seis organizaciones magisteriales, con la
presencia de la llamada sociedad civil, que terminó cuando el Presidente
dio por clausurada la etapa de negociaciones, argumentado que no puede
hacer concesiones al magisterio por que ello implicaría romper
los acuerdos con el FMI, amenazando con nuevos impuestos o con quitarle
a la a la población la salud, vivienda o la anhelada seguridad.
Maduro pretende confrontar a los maestros con el conjunto de la población.
Al cierre de la presente edición de El Trabajador Centroamericano
se esperaba una nueva reunión con representantes del COHEP (empresa
privada), la iglesia católica y evangélica, los cinco partidos
políticos y los burócratas de las centrales obreras en donde
el gobierno presentará una propuesta global que sea aprobada por
consenso para imponersela al magisterio nacional.
Se han producido asambleas y marchas, la toma de la salida al norte
en Tegucigalpa. En la mayoría de los colegios y escuelas hay comités
de huelga y se han realizado asambleas con los padres de familia. El magisterio
de Honduras marcha hacia un enfrentamiento decisivo con el gobierno de
Maduro.
Muchas veces ocurre que los dirigentes sindicales negocian a espaldas
de los trabajadores, desmontando las luchas o conduciéndolas a
la derrota desde adentro. Debemos asimilar las experiencias del magisterio
de Costa Rica, en donde los diferentes gobiernos han venido arrancado,
poco a poco, las conquistas del profesorado.
La lucha de los maestros de Honduras coincide con una huelga de hambre
de los sindicalistas de la FUTH, los paros progresivos de los trabajadores
de HONDUTEL, las tomas de institutos por parte de los estudiantes y los
preparativos para la jornada nacional de protesta de la Coordinadora Nacional
de Resistencia Popular por los 12 puntos presentados el 1° de mayo.
Las próximas jornadas de luchas en Honduras son muy importantes.
Desde las páginas de EL TRABAJADOR CENTROAMERICANO, sugerimos a
los maestros de Honduras que den paso a un COMITÉ NACIONAL DE HUELGA
conformado por delegados, democráticamente electos en las asambleas
de colegios y escuelas, con el objetivo de que este organismo amplio decida
las acciones a tomar en este decisivo enfrentamiento con el gobierno de
Maduro. Al mismo tiempo es necesario unificar y centralizar las diferentes
luchas en un solo frente contra el gobierno de Maduro.
COSTA RICA:
La revuelta popular en la Carpio
Por Santiago Moloch
El pasado 31 de mayo, mismo día en que
se realizaba por las calles de San José una multitudinaria manifestación
contra el TLC (alrededor de 12 mil personas), en la marginal ciudadela
de «La Carpio» se produjeron fuertes enfrentamientos entre los
residentes y la fuerza policial, la cual reprimió un bloqueo comunal
y esto generó que en horas de la noche se iniciaran los «pequeños
combates».
¿Qué es La Carpio?
Esta barriada obrera-marginal nació en 1993, cuando 25 familias
nicaragüenses y unas pocas costarricenses se tomaron una finca baldía
de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual desde ese instante
se ha convertido en uno de los más grandes «precarios»
(comunidades con casas de lata) del país, además de ser
uno de los principales centros receptores de inmigrantes nicaragüenses.
Actualmente en esta ciudadela habitan 3.200 familias, con una población
que oscila entre 28 000 personas, representando los inmigrantes alrededor
del 42% del total. De hecho, tan grande es el peso de la población
nicaragüense en este lugar, que en muchas de sus paredes se leen
pintas con leyendas como «La Carpio es Nicaragua».
Como es típico en este tipo de comunidades marginales, donde
se presentan elevadas tasas de desempleo o subempleo, adicciones y violencia
familiar, La Carpio es foco de grandes problemas sociales, como por ejemplo
la circulación de drogas y las pandillas. Aunque éstas últimas
no llegan a ser tan significativas como las «maras» hondureñas
y salvadoreñas, si comienzan a tomar forma de «organizaciones
del crimen», por lo que en un futuro no muy lejano podrían
llegar a aumentar notablemente su tamaño y poderío. Además,
hay que indicar que con el incremento de los índices de pobreza
en Costa Rica y la deserción escolar, estas pandillas tienen condiciones
propicias para conseguir nuevos integrantes, que encuentran en este tipo
de agrupaciones una identidad y «seguridad».
El conflicto
En los últimos años, las gigantescas cantidades de basura
producidas en la ciudad capital, San José, y la urgente apertura
de un nuevo relleno sanitario ante el colapso del antiguo botadero de
Río Azul, han sido temas de mucha polémica y por ende, un
problema político de gran relevancia. Ante esto, los diferentes
gobiernos intentaron construir un nuevo relleno en varias zonas, principalmente
de carácter marginal, pero esto no fue posible debido a las protestas
de los residentes.
Por esta razón, el gobierno de Miguel A. Rodríguez negoció
con los habitantes de La Carpio la apertura en dicho lugar del relleno
sanitario, prometiendo creación de empleos, realizar toda una serie
de mejoras en la ciudadela, tales como nuevos acueductos, asfaltar las
calles, etc., pero ante todo, otorgar títulos de propiedad a todas
las familias de esta comunidad. Además de estas concesiones, la
empresa que administraría el relleno debería entregar unos
60 colones por tonelada para un fideicomiso comunal. Gracias a esta negociación
se construyó en julio del 2001 el Parque Tecnológico
Ambiental de La Carpio (nombre sutil para un botadero de basura),
el cual es administrado por la empresa EBI.
Al paso de varios años muchas de estas promesas no fueron realizadas.
Por ejemplo, la empresa EBI decidió no entregar el dinero a la
comunidad, alegando malos manejos de los dineros por las disputas entre
varias organizaciones comunales que buscaban concentrar los fondos. También,
no se realizaron obras públicas significativas y principalmente
el gobierno no entregó los títulos de tierras, argumentando
que muchas de esas familias viven en precarios de pocas dimensiones y
esto violenta las leyes de urbanismo del país, por lo cual es imposible
dar los títulos, factor que no mencionaron a la hora de las negociaciones.
Ante esta situación, la Asociación de Desarrollo de La
Carpio convocó para un bloqueo el 31 de mayo, acción que
luego de las luchas contra el COMBO ICE pasó de ser una simple
contravención a ser delito, con un castigo que oscila entre los
6 meses y 2 años.
Los combates
A eso de las cinco de la tarde, luego de unas 10 horas de bloqueo, la
Fuerza Pública comenzó a lanzar gases lacrimógenos
contra los manifestantes, los cuales sumaban unas 300 personas. Tal como
era de esperar, la policía pudo fácilmente deshacer el bloqueo
y dispersar a los manifestantes. Pero dicha situación se transformó
en horas de la noche, cuando las cinco pandillas que hay en la ciudadela
y muchos de los residentes que no se encontraban en el bloqueo o regresaban
a sus casas luego de trabajar, se unieron a las protestas de manera «espontánea»
y dieron inicio a fuertes enfrentamientos.
Lo particular de estos enfrentamientos (razón por la cual se
han convertido en el tema predilecto de la prensa) fue la violencia que
presentó, puesto que además de las piedras y los palos con
se defendían muchos residentes, también se emplearon armas
de fuego, y según algunos medios de televisión, hasta se
emplearon morteros caseros. De hecho, a eso de las 11 de la noche la Cruz
Roja contabilizaba más de 102 civiles heridos o afectados por los
gases lacrimógenos, principalmente niños, además
de 8 personas con heridas de balas, 6 de ellos policías.
Ante esta situación, la policía rápidamente perdió
sus posiciones y fue obligada a retirarse, hecho que el Ministro de seguridad,
Rogelio Ramos, calificó como algo «táctico» porque
no querían dañar más inocentes con los gases. Lo
que a nuestro entender realmente ocurrió, fue que la policía
no pudo hacerle frente a los masivos ataques de toneladas de piedras combinados
con algunos disparos de balas, que para la noche habían pasado
de ser unas centenas a miles de personas, muchas de las cuales tal vez
no tenían una clara conciencia de la lucha comunal, pero que canalizaron
todo su descontento social contra las fuerzas policiales.
Junto con esto, no hay que menospreciar el hecho de que la policía
tica no está acostumbrada a este tipo de enfrentamientos, los cuales
además de contar con muchos jóvenes pandilleros que tienen
cierta experiencia por los enfrentamientos con otras pandillas, también
habría que sumarle que muchos de los pobladores nicaragüenses
de La Carpio vivieron la revolución y por lo tanto, tienen cierta
experiencia en combates urbanos. De hecho, esta lucha comunal presentó
algunos rasgos muy similares, guardando la distancia y objetivos, a los
de 1978 en Monimbo, Masaya, Nicaragua, comunidad indígena que empezó
una semi-insurrección contra la Guardia Nacional y fue una de las
chispas para la revolución nicaragüense.
Algunas conclusiones
Este tipo de conflictos comunales son un fenómeno reciente en
Costa Rica, al menos dentro de la capital, pero se han venido intensificando
en los últimos años (por ejemplo: León XIII, Los
Cuadros, Pavas). Esto es una prueba fehaciente del empeoramiento en los
niveles de vida de los trabajadores y de los sectores populares, lo cual
es consecuencia directa de la reducción de las inversiones estatales
en obras públicas, educación, bajos salarios y desempleo,
lo que está destruyendo la llamada «excepcionalidad»
tica y es cada vez más palpable lo que muchos especialistas llaman
«la centroamericanización de Costa Rica».
Además, esta reciente lucha comunal de La Carpio cuenta con el
ingrediente especial de los inmigrantes nicaragüenses, sector de
la población que se encuentra bajo condiciones de vida sumamente
miserables, especialmente los «ilegales», además de que
son víctimas de una xenofobia que es creada y difundida por el
gobierno y la prensa. Es la primera ocasión en muchos años
en que grupos de inmigrantes salen a pelear en Costa Rica, cosa que no
se veía desde las luchas bananeras en décadas anteriores.
Por ello, no resulta extraño que el gobierno y los medios de prensa
estén explotando el tema de la violencia juvenil y los inmigrantes,
realizando casi un vínculo directo entre ambas, con lo cual pretenden
crear la ilusión de que el crecimiento de la violencia en todos
los planos en el país es producto de la llegada de miles de nicaragüenses.
Por ejemplo, en muchos reportajes periodísticos se ha resaltado
el papel de ciertos cabecillas pandilleros de origen nicaragüense:
«Se llama Noel…Nació en el departamento de Estelí…era
miembro de una banda juvenil…Cuando se vino no lo pensó dos
veces para fundar aquí una cuadrilla juvenil parecida...parece
confirmar que Los Melenitas (nombre de una pandilla) son una
pandilla importada de Nicaragua.» (La Nación, 06/06/04)
Ante este tipo de notas periodísticas claramente xenófobas
y la política del gobierno hacia los inmigrantes, los revolucionarios
debemos ser los más fervientes defensores de la unidad de los trabajadores,
campesinos, estudiantes, etc., centroamericanos y de todo el mundo, hay
que combatir la clásica política del «divide y vencerás»,
que persigue crear «chivos expiatorios» a los cuales achacarles
la responsabilidad de todos los males sociales, y de esta forma desviar
la atención de las verdaderas causas de la pobreza. Creemos que
los residentes de La Carpio deben continuar su lucha por el cumplimiento
de los acuerdos ofrecidos por la administración Rodríguez,
con lo cual debe garantizarse vivienda para los habitantes por medio de
proyectos habitacionales (los llamados multifamiliares) que garantice
un lugar digno para habitar a las 28.000 personas de La Carpio, independientemente
de su nacionalidad o estatus de residencia. También demandamos
el cese inmediato de los cateos de casas, represión y redadas contra
los pobladores de La Carpio.
NICARAGUA: CNU y UNEN negociaron el presupuesto....
Que se entregue completo el 6%
Por Liev U. Romero G.
El 6% para las universidades fue negociado.
El CNU accedió a que el gobierno redujera el presupuesto de 940
millones, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fallo en su sentencia,
a 860 millones de córdobas. La comunidad universitaria debe exigir
el cumplimiento de la Sentencia en su totalidad y repudiar a los rectores
porque han traicionado la lucha.
Que paguen: ¡Sí hay plata!
El Gobierno de Enrique Bolaños siempre esgrimió que no
tenía dinero para cumplir la Sentencia. Eso es una vil mentira,
que se confirma en los mega salarios dolarizados de los funcionarios públicos,
así como las prebendas que éstos reciben como dietas, incentivos,
viáticos, combustible, etc. El Gobierno debe garantizar el 6% sin
despedir empleados públicos, sin incrementar los impuestos; que
sacrifiquen sus prebendas, que rebajen sus salarios.
El CNU y UNEN «aceptan» sacrificio
Desde el 24 de Mayo, Telémaco Talavera declaró que el
CNU, aceptó bajar la asignación a 860.5 millones, lo que
implica una perdida de 80 millones para las universidades. Esto es una
clara claudicación a la política del gobierno de reducción
en la inversión social.
Una negociación a «oscuras»
Desde que se inició las protestas el 26 de Abril; el CNU y UNEN
se hicieron cargo de negociar con el Gobierno la forma de pago de 216
millones de córdobas que faltaban a la asignación original
de 721 millones. Estas negociaciones se realizaron a puertas cerradas,
los estudiantes nunca supimos que negociaban. Esto demostró el
actuar burocrático de estas estructuras. El pasado 10 de junio
se anunció el resultado: El Gobierno solo concedería 139.4
millones (de 216) a las universidades. Debemos condenar el actuar unilateral
de los rectores, quienes aceptaron la reducción sin consultar con
las bases estudiantiles.
Protestas sin Democracia
Durante el mes y medio de protestas, se hicieron piquetes y caravanas
en Managua y algunos departamentos (León, Carazo, Estelí,
etc.); siendo el punto culminante la semana del 17 al 21 de mayo, en donde
las protestas se elevaron a enfrentamientos violentos contra la policía,
resultando 22 policías heridos y uno muerto, así como estudiantes
lesionados y detenidos. La muerte del policía, provocó la
critica social acerca de los métodos utilizados en la protesta;
esto forzó a la dirigencia a no seguir implementando el método
de choque, bajando de nuevo la lucha a piquetes y caravanas.
Estas actividades se caracterizaron por la poca afluencia de los estudiantes.
En los enfrentamientos se veían a 400 estudiantes contra la policía,
en las caravanas números mayores, pero aún poco, tomando
en cuenta que en Nicaragua hay 60,000 estudiantes. Esto se debe a que
los estudiantes no decidimos como luchar, sino que UNEN impone los métodos
de lucha que no integran a la mayoría. No fue sino hasta el 27
de mayo, a un mes de iniciadas las protestas, que UNEN y el CNU convocaron
a una marcha nacional, la cual aglomeró a mas de 15 mil estudiantes
universitarios.
Nuestra Política
El PRT, participó activamente durante las protestas, llamando
al estudiantado a luchar por que se cumpla la Sentencia de la CSJ, así
como a reclamar el derecho de decidir los métodos y formas de luchas,
por medio de Asambleas por Facultad. Así mismo de llamar a la independencia
de UNEN como estructura estudiantil, del CNU, en lo que respecta a política
y métodos. Si estos organismos han fallado, nosotros debemos continuar
con la consigna irrevocable de: 940 millones YA!, no se deben desmovilizar
las protestas, sigamos convocando a marchas nacionales y de ser necesario
a una Huelga Nacional de Universidades.
NICARAGUA: Una vez mas la burocracia manipula las elecciones...
Exigimos nuevas elecciones en la UPOLI
Por Maximiliano Cavalera
A mediados del mes de mayo se realizaron elecciones
de dirigencia estudiantil en dos recintos universitarios: la primera en
la universidad politécnica de Nicaragua (UPOLI) y la segunda en
el recinto universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA) de la UNAN.
Elecciones cuestionadas
Ambos comicios se caracterizaron por enormes anomalías e irregularidades
que se dieron en el transcurso del proceso, tales como: boletas electorales
sin numero de serie, ausencia de fiscales en el conteo de los votos, y
juntas receptoras de votos cerradas. En el RUCFA ocurrieron todas estas
anormalidades, pero a pesar de las denuncias interpuestas en el Comité
Electoral de Recinto (CER), los comicios fueron validados el día
31 de mayo por el Comité Electoral Nacional (CEN).
El caso de la UPOLI es diferente. Esta es una universidad privada con
subvención estatal por medio del 6% asignado a la educación
superior. Los dueños de esta institución es la congregación
bautista, que junto a los jesuitas de la Universidad Centroamericana son
las dos instituciones privadas beneficiadas por la ley de autonomía
de las universidades, ya que esta ley les reconoce el derecho a recibir
subsidio estatal.
Anularon elecciones en UPOLI
Los días 16 y 17 de mayo se realizaron los comicios en la UPOLI,
donde corrieron tres planchas, denominadas: Acción Universitaria
(AU), Todos y Todas, y PREU, resultando ganadora esta ultima plancha liderada
por Karen Bello. Inmediatamente después de terminado el proceso,
las otras dos planchas pasaron a impugnar los votos del grupo ganador,
llovieron acusaciones de «partidización» de las planchas,
acusando a PREU de estar vinculada políticamente al PLC, partido
que dijeron « patrocinó y financió toda la campaña»
. Al finalizar el mes de mayo, el CEN se pronuncio anunciando la
nulidad de las elecciones en la UPOLI, argumentando irregularidades en
el procedimiento electoral.
Estos problemas que se dieron en la UPOLI y en el RUCFA no son procesos
desconocidos para la mayoría de los estudiantes de la educación
superior en Nicaragua. Todavía podemos recordar las elecciones
fraudulentas por las que Yasser Martínez, actual presidente de
UNEN, llego a ostentar el cargo. La tradición de totalitarismo
dejada por los años en que el FSLN ha controlado al movimiento
estudiantil, sigue carcomiendo a la mayoría de los dirigentes,
que hacen cualquier cosa para mantenerse perpetuamente en sus cargos,
inclusive arreglar elecciones a favor de su propia cúpula.
Asimismo se presentan otros problemas como el financiamiento de las
planchas, estas son patrocinadas por los dos partidos políticos
económicamente mas fuertes del país, el FSLN y el PLC, creando
una dinámica que lleva al clientelismo político, y a esto
hay que sumarle que la independencia política esta supeditada a
los intereses de los partidos que han venido traicionando al movimiento
estudiantil a través de los años. Debemos saber que el problema
no es la politización de los grupos que corren en las elecciones,
sino los intereses que representan y como han actuado en el transcurso
de las luchas que han librado las universidades por su independencia y
mejoría en sus condiciones, y es aquí donde nos encontramos
que estos grupos no han luchado al lado del estudiantado, sino que lo
ha venido utilizando para negociar cualquier cuota de poder.
Burocratismo en la UNEN
Por otro lado es necesario advertir que esto seguirá ocurriendo
mientras el movimiento estudiantil siga siendo controlado por pequeños
sectores que no les interesa la participación activa del comunidad
universitaria en la vida de la universidad. Lo primordial es la intervención
del estudiantado, intervención que no solo se limita a votar en
los comicios, sino la acción directa en cada uno de los problemas
que atañen a la población estudiantil.
Es imperativo que se realicen de nuevo las elecciones en ambos recintos,
no solo en la UPOLI sino también en el RUCFA. No podemos permitir
que sigan ocurriendo anomalías como las ocurridas en la ambas universidades,
estos comicios deben ser democráticos y representativos, la mayoría
del estudiantado debe ser el que decida quienes serán sus representantes,
asimismo debe participar activamente en el transcurso del proceso como
supervisor de la actividad electoral.
HONDURAS: Campaña de alfabetización:
Educación SI... Campañas NO...
Por Simón Torres
El analfabetismo en los países capitalistas es crónico;
un gran porcentaje de la población no sabe leer ni escribir y muchos
son analfabetas funcionales, es decir, por desuso olvidaron lo aprendido
y a lo sumo estampan su firma para cobrar un mísero salario o hipotecar
sus pocos activos. Casi siempre los candidatos presidenciales pregonan
demagógicamente que una de las prioridades será la reducción
sistemática de este flagelo, pero una vez instalados en el poder
olvidan dicha promesa y poco de lo que hacen es aprovecharse de instituciones
no gubernamentales que reciben financiamiento extranjero y justifican
el gasto de estos recursos montando campañas alfabetizadoras que
porcentualmente llegan a un mínimo segmento de la población.
Hablar de reducción del analfabetismo por parte de los gobernantes
de turno es una falacia, es demagogia pura, el gobierno de Honduras no
destina a la reducción del analfabetismo ni el dos por ciento del
presupuesto para el sector educativo; lo poco asignado sirve nomás
para cubrir el mísero salario de abnegados profesores que laboran
en las pocas escuelas públicas nocturnas en algunas ciudades del
país, de ahí que una salida elegante, política y
económica, sea la implementación –dentro del trabajo
educativo social obligatorio para los estudiantes de secundaria próximos
a egresar– de campañas de alfabetización cuya carga
económica cae más que en el alumno en la raquítica
economía del padre de familia.
Trabajo Educativo Social
El trabajo educativo social lo han realizado históricamente los
alumnos que egresan de los bachilleratos de cualquier modalidad. El año
anterior el Ministro de Educación envió al Congreso la iniciativa
de Ley para que todos los alumnos de los últimos años, incluyendo
los de Educación Comercial, realizaran el trabajo educativo social,
quienes además de la práctica contable tienen que realizar
un número considerable de trabajos en el orden ambiental, ornato,
reparación y, además, alfabetizar un compatriota, pero lo
que el ministerio pretende es que los alumnos asuman el compromiso de
reducir los altos índices de analfabetismo, cosa que le compete
ética y legalmente al Estado. De lo anterior se colige que el Estado
aprovecharía el trabajo realizado por la fuerza estudiantil para
publicitar logros en materia educativa y justificar así ante los
organismos internacionales de crédito la utilización de
fondos que se desvían hacia otras actividades con aviesos propósitos.
Oposición estudiantil
Por razones de tiempo el decreto se aplicó hasta este año
con la consabida oposición de padres de familia y estudiantes,
quienes no se oponen al noble trabajo de enseñar a leer y escribir
a un compatriota, sino a participar en una campaña que no es más
que una medida populista y demagógica, cuyo costo como ya se dijo
recae en la economía familiar, y los méritos, de realizarse
los llevaría el ególatra ministro del ramo y el Estado.
Como si esto fuera poco, la implementación de esta campaña
es producto de la improvisación y desorganización que caracteriza
a nuestros gobernantes. No existe un verdadero plan encaminado a reducir
en mediato o inmediato plazo los índices de analfabetismo. No forma
parte ello de las políticas en materia educativa, si es que existen
políticas en este ramo. Por esa razón los estudiantes de
educación media, verdaderos seres pensantes, aunque los medios
de comunicación financiados por el gobierno pregonen lo contrario,
se oponen enérgicamente a participar en esta farsa.
La posición de los estudiantes era en un principio obviar por
este año la improvisada campaña de alfabetización,
por considerar que el tiempo de que se dispone hace imposible esta labor
y proponen que para el próximo año se implemente una verdadera
campaña alfabetizadora que responda a las necesidades de los trabajadores
y campesinos que no han tenido acceso a la educación, tomando en
cuenta las necesidades y posibilidades de los estudiantes y profesores.
El ministerio y el Congreso cedieron demagógicamente ante las peticiones
de los estudiantes. El problema se trasladaba a los compañeros
que el próximo año estarían en las mismas condiciones
en la que ellos se encuentran. Por esa razón los estudiantes de
segundo año junto con los egresandos emprendieron acciones encaminadas
a la derogación de dicho decreto.
El gobierno, ante la toma de muchos institutos, llamó a los dirigentes
estudiantiles y de padres de familia al diálogo. Los dirigentes
de 13 instituciones educativas de la capital y otros de interior del país
que participaron en el diálogo, decidieron retirarse. «‘
Esto es una trampa, nos retiramos y las acciones continúan’,
manifestaron los dirigentes al escuchar a los representantes de las asociaciones
de padres de familia exponer su posición acerca del TES. »
(La Prensa)
Las acciones continúan, hay institutos con más de un mes
de no recibir clases y al ministro y mucho menos al Presidente de la República
parece no importarle la solución inmediata de este problema.
A organizarse nacionalmente
La lucha estudiantil nos enseña que ante la solución de
problemas de carácter general estos son capaces de organizarse
y luchar por su solución, pero también dejan al descubierto
la poca o ninguna atención que estos han recibido de organizaciones
que se supone son de vanguardia en el campo gremial, laboral o político,
es más, en muchos casos, el apoyo a la lucha estudiantil tiene
por objetivo central crear una base de apoyo que luchar por organizar
a los estudiantes para unificarlos nacionalmente y avanzar en sus propias
reivindicaciones.
Esta situación ha dejado un importante margen al gobierno para
negociar con un grupo de dirigentes estudiantiles y lograr acuerdos por
instituto –sobre todo de la capital– que no representan una
auténtica conquista para todo el movimiento estudiantil.
Es así que los estudiantes necesitan avanzar en el proceso de
constituir una organización representativa nacional democrática
y para la lucha. El año pasado se constituyó la Federación
Nacional de Estudiantes de Secundaria que representó un significativo
avance en la lucha estudiantil, sin embargo, este año la FENAESH
no ha tenido casi ninguna participación en las actuales luchas.
De donde se desprende que una tarea urgente es la elección de
delegados estudiantiles en todos los institutos oficiales para realizar
un Congreso Nacional Estudiantil que entre otras cosas discuta:
- Reivindicaciones propias de los estudiantes a nivel nacional.
- Defensa de la total gratuidad de la educación pública
exigiendo al gobierno la ampliación del presupuesto para educación.
- Política de lucha unitaria a nivel nacional conjuntamente
con el magisterio nacional y la incorporación a la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular, para que juntos con todos los sectores
que la integran, lleven a cabo acciones tendentes a la formación,
en todos los rincones del país, de asambleas populares, comites
de huelgas, marchas, mitines, y otras actividades propias del movimiento
popular de cara a a la gran jornada nacional de protestas.
- Organización de una Federación estudiantil de alcance
nacional con igualdad de representación para todos los institutos
del país y puesta en práctica de una verdadera democracia
interna que aglutine a todas las fuerzas progresistas estudiantiles.
HONDURAS:
Magisterio: propuesta para enfrentar al gobierno
Carlos Lanza
El magisterio hondureño ha iniciado una de las luchas más
tenaces en defensa de sus derechos contemplados en el Estatuto del Docente.
Proponemos una serie de puntos que vendrían a ser los ejes políticos
organizativos que el magisterio debe impulsar para enfrentar consecuentemente
al gobierno de Maduro y que compartimos con los compañeros del
Movimiento Alternativa Independiente del Copemh.
- Unidad interna : El magisterio ha superado la división
que lo mantuvo fragmentado y debilitado los últimos dos años;
esta vez estamos unidos y hasta ahora todas las organizaciones magisteriales
han evidenciado tener la misma agenda de lucha. Mantener la unidad es
fundamental para ganar confianza y fuerza en la movilización,
la dirigencia debe tener cuidado de que sus diferencias no atenten contra
la unidad que la base de primaria y de media siempre han tenido; las
asambleas son el mecanismo democrático de resolver las diferencias
y fortalecer la unidad.
- Respetar las decisiones de la base: Todos sabemos que la
dirigencia tiene un margen para tomar decisiones por su cuenta siempre
que se enmarquen en el espíritu de lucha del magisterio pero
hay cosas que son estratégicas y que pueden definir el destino
de la lucha, por ejemplo, las políticas de negociación
o cuestiones relacionados con el rumbo de la movilización deben
ser consultadas con la base y si la base da un determinado mandato,
aunque éste no le guste a la dirigencia, debe respetarse porque
al final de cuentas son las bases quienes sostienen la lucha en las
calles, colegios y escuelas.
- No separar el diálogo de la movilización: La
tendencia de la dirigencia magisterial desde hace muchos años
es que cada vez que el gobierno llama al diálogo lo primero que
hacen es desmontar su estrategia de lucha, guardarla y olvidarse de
ella. No entienden que gracias a la movilización se abre la mesa
de diálogo y por lo mismo, sólo la movilización
hará posible que nuestras exigencias sean escuchadas. Podemos
hacer giros tácticos y suspender acciones si valoramos que es
correcto hacerlo pero sólo para retomar inmediatamente la lucha
con más fuerza y decisión.
- Impulsar la política de la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular: La Coordinadora no es una instancia aparte de nosotros,
nosotros somos parte integrante de la Coordinadora y formamos parte
de la conducción pero hasta ahora cuando hablamos de la Coordinadora
lo hacemos como una instancia de la que esperamos esto o lo otro, sin
darnos cuenta de que las organizaciones magisteriales son el sector
mayoritario y mejor organizado de la Coordinadora y por lo tanto son
las que deben convertirse en la vanguardia de esta instancia unitaria
del movimiento popular proponiendo ideas, acciones y recursos para dinamizar
la lucha, no olvidemos que dentro de los 12 puntos de la Coordinadora,
están incluidas las demandas del magisterio
- Por una lucha sistemática y unitaria ojo con la «madre
de las batallas»: tengamos cuidado con ese tipo de nominaciones
porque da la impresión de que estamos planteando una guerra terminal.
Creemos que el magisterio tiene una inmejorable coyuntura para dar una
pelea fuerte y dar serios golpes al gobierno siempre y cuando empalmemos
con el resto del movimiento popular organizado en la Coordinadora y
que todos nos orientemos a preparar el gran paro cívico nacional.
La madre de las batallas la debe dar todo el pueblo o no la da nadie.
Si no se da la lucha unitaria en el marco de la Coordinadora el magisterio
puede sostener un ritmo de movilización más intenso del
que sostuvieron el Copemh y el Coprumh en los dos últimos años
pero eso se llama lucha de resistencia y no la madre de las batallas.
Proponemos entonces una lucha sistemática, con acciones permanentes
(no necesariamente diarias) y bien coordinadas que efectivamente golpeen
al gobierno y no sean un desgaste para nosotros.
- Organicemos los comités de lucha en cada colegio y escuela:
estos comités vendrían a jugar el rol de un comité
de huelga con funciones políticas y organizativas. Los comités
de lucha deben ser estructuras dinámicas, democráticas
y disciplinarias que ayuden a incorporar a todos los docentes a la lucha,
pero además debe cumplir una función de vigilancia sobre
los acuerdos y orientaciones que la base y la dirigencia acuerden en
las asambleas. Proponemos que esos comités funcionen por zonas
o distritos integrándose con profesores de primaria y de media
para facilitar el manejo de las tareas y orientaciones.
HONDURAS:
Por el derecho a la educación exijamos la aprobación
de las horas nuevas
María Osorio
El presidente Ricardo Maduro continúa sin presentar soluciones
concretas a la problemática educativa nacional. Estamos a la mitad
del año lectivo y aún no se resuelve uno de los tantos problemas
que existen en educación: la aprobación de las nuevas horas
clase en educación media.
El crecimiento de la población estudiantil en nuestro país,
demanda el aumento de matricula en los diferentes institutos; en la mayoría
de los casos se niega a miles de estudiantes el ingreso a recibir educación
secundaria, ya sea porque no existe el espacio físico o porque
se corre el riesgo de que las autoridades educativas no aprueben los nuevos
cursos, problema que estamos enfrentando actualmente ya que el Ministro
de Finanzas ha afirmado que no existe presupuesto para tales horas.
La no aprobación de las nuevas horas clase ocasiona un problema
al interior de los institutos: por un lado, a los docentes que imparten
clases en los cursos nuevos el Estado no les acredita el salario correspondiente
al año lectivo –lo cual ha sido una práctica en los
últimos años– al final los docentes terminan trabajando
ad-honoren. Por otro lado, los estudiantes están a punto de perder
el año lectivo si los docentes deciden no continuar trabajando
gratis; tampoco existe el espacio para ubicarlos en los cursos existentes
porque no se puede sobrepasar el límite de estudiantes en los cursos,
que de hecho ya están sobrecargados.
Ante la negligencia de las autoridades educativas, la demagogia del gobierno
y la indiferencia de los dirigentes magisteriales, a los docentes y estudiantes
no les queda otra salida que buscar soluciones individuales o por institutos
a pesar que es un problema a nivel nacional. Por ejemplo, el instituto
Superación San Francisco, ubicado en la ciudad de Comayagüela,
necesita la aprobación de diez secciones, en las cuales hay alrededor
de cuatrocientos cincuenta alumnos que están a punto de perder
el año lectivo. A inicios del año, los directivos realizaron
los trámites respectivos para su aprobación ante las autoridades
educativas pertinentes pero no recibieron respuesta favorable. Los directivos,
docentes y estudiantes decidieron buscar soluciones por la vía
del diálogo con diputados del Congreso Nacional quienes tampoco
presentaron soluciones. Después de cuatro meses de insistencia
y sin obtener resultados positivos a través del diálogo,
el Consejo de Profesores decidió organizar un comité de
lucha integrado por directivos, docentes, estudiantes involucrando a los
padres de familia, sin embargo la mayoría son indiferentes al problema.
Hasta ahora el Instituto se ha movilizado en las calles y la lucha ha
dado como resultado una serie de reuniones que hasta ahora son prometedoras.
Sin embargo son varios institutos en todo el país los que enfrentan
dicha problemática.
Es importante agregar que durante este proceso de lucha algunos docentes
en lugar de involucrar a los padres en la problemática educativa,
lo que hicieron fue ganarse el rechazo de estos, porque adoptaron una
actitud cómoda: decirle al padre de familia que se llevara a su
hijo de la institución porque no continuarían atendiéndolo
Esta actitud dista mucho del compromiso que un docente debe tener con
los estudiantes y padres de familia, lo correcto es luchar junto a esos
padres y exigirle al gobierno el cumplimiento de la educación obligatoria
y gratuita, lo cual permitiría ganar al padre e involucrarlo en
la lucha del magisterio nacional.
La experiencia del instituto Superación San Francisco indica
el camino a seguir, desafortunadamente este colegio está luchando
solo porque hasta el momento es el único que ha comprendido la
dimensión de este problema. Las organizaciones magisteriales deben
retomar este problema porque tiene que ver con la defensa de la educación
y el derecho de los jóvenes a estudiar; por otro lado, es necesario
que en cada colegio se organicen comité de estudiantes, docentes
y padres de familia con el objetivo de preparar la lucha por la aprobación
del presupuesto de las horas nuevas; hagamos a nivel nacional lo que el
instituto Superación San Francisco ha hecho a nivel particular.
COSTA RICA:
La crisis de los fondos de inversión
Alberto Ramírez
Desde el 15 de marzo hasta el mes de mayo se produce un pequeño
«crack» en el mercado bursátil de Costa Rica. Más
de 18,000 inversionistas y ahorristas salieron huyendo con sus dólares
y colones de los fondos de inversión, trasladándolos –muchos
de ellos- a cuentas corrientes, depósitos a plazos y certificados
de inversión de los bancos públicos y privados que brindan
más seguridad. La crisis fue tan severa que: «Según
datos de la Superintendencia General de Valores los fondos de inversión
–colones y dólares- presentaron una reducción en sus
activos superior a los $ 2 000 millones entre los lapsos de los ajustes».
(La Nación, 18 de mayo).
En el mercado financiero costarricense existen diversos tipos de fondos
de inversión: de mercado de dinero; de ingresos; de crecimiento;
accionarios e inmobiliarios. Estos son administrados por sociedades u
operadores cuyos dueños son generalmente bancos privados y públicos,
los cuales los invierten en bonos, acciones y otros títulos valores
a distintos plazos.
La mayor parte de esos fondos están invertidos, principalmente,
en títulos de deuda externa a largo plazo y tasas fijas de interés,
con altísimos rendimientos del 9% anual en dólares y del
30% en colones, al grado tal que: «En 3 años crecieron a 1.3
billones de colones (50% de la liquidez total). De ese montón,
el 75% estaba en dólares». (La Nación, 11 de mayo).
Esa gran cantidad de dinero significaban 3 mil millones de dólares.
¿Por qué se produce la crisis?
Los precios de los bonos, acciones y títulos valores se derrumbaron.
Según informaciones periodísticas : «Desde el 15 de
marzo y, en especial, a partir del 16 de abril los fondos de inversión
en dólares enfrentan una baja en sus rendimientos, superior al
4% anualizado». (Semanario El Financiero, 10-16 de mayo). La crisis
de esos fondos no sólo ha significado la disminución de
las ganancias de los inversionistas y ahorristas, sino que: «La corrección
de precios en los bonos nacionales...provocó disminuciones en los
rendimientos de fondos de pensiones y de inversión en dólares
y colones, incluso por debajo de cero. En ciertos casos las pérdidas
se «comieron» parte del capital inicial que invirtieron las
personas». (La Nación, 21 de mayo).
Esos precios cayeron estrepitosamente debido a dos factores. Según,
Adolfo Rodríguez, Presidente de Superintendencia General de Valores
(SUGEVAL): «La tendencia de las tasas de interés se ha revertido
en las últimas semanas, con ello los precios de los valores de
la deuda han caído y provocado pérdidas de capital a sus
tenedores. Este fenómeno se ha presentado en todos los mercados,
a partir de varios ajustes iniciados en Estados Unidos...». (Semanario
El Financiero, 17-23 de mayo).
En segundo lugar, existió una manipulación de precios de
esos fondos a manos de los puestos de bolsa y los bancos. Así que:
«...algunos puestos habrían presionado –sin mayor lógica-
los precios de ciertos títulos a la baja, con el propósito
de apropiarse de esos valores para obtener luego –tras un alza de
precio- ganancias de capital». ( Semanario El Financiero, 10-16 de
mayo).
Crisis de los fondos de Inversión se traslada a los fondos de
Pensiones
La crisis de los fondos de inversión ha afectado directamente
los fondos de las pensiones complementarias voluntarias y obligatorias,
tanto en dólares como colones. Estas son llamadas segundas pensiones.
Ambos regímenes agrupan a 1 200 000 trabajadores. De acuerdo con
informaciones periodísticas: «Cada afiliado al régimen
de pensiones complementarias obligatorias perdió en mayo 2 600
(colones), en promedio, de las ganancias acumuladas en periodos anteriores.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en este
régimen hay 1 140 021 trabajadores, por que el monto total de pérdidas
se aproxima a los 3 000 millones (colones)». (La Nación, 4
de junio)
La rentabilidad de los fondos de pensiones ha venido en picada debido
a la crisis de los fondos de inversión. En marzo eran del 20.11%
y en mayo se ubicaron en 17.19%. Es importante señalar que el 82%
de los recursos de esas pensiones son invertidos por las operadoras en
bonos del gobierno.
La mal llamada «Ley de Protección al Trabajador» creada
durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, con el objetivo
de capitalizar el mercado financiero y bursátil, condujo a la privatización
y mercantilización de las pensiones complementarias obligatorias.
Por ende, estas están expuestas a los vaivenes y riesgos del mercado
financiero especulativo. La reciente crisis de los fondos de inversión
que ha llevado a la pérdida de 3 mil millones de colones de los
fondos de pensiones es apenas el inicio de los graves problemas que se
avecinan con los dineros de los trabajadores, cuando se abran los seguros
obligatorios en el año 2011 debido al tratado de libre comercio.
Aprendamos de esta lección. Con la apertura de los seguros, muchas
empresas transnacionales aseguradoras se llevarán los miles de
millones ahorrados por los trabajadores para especular con ellos en los
mercados bursátiles y, en ese proceso, esos fondos serán
saqueados, dejando en la ruina a miles de trabajadores.
Es necesario y urgente que el movimiento sindical inicie una campaña
en contra de la «Ley de Protección al Trabajador» que
ha privatizado y mercantilizado las pensiones de los trabajadores, exigiendo
su inmediata derogación para evitar que los recursos de la clase
obrera sean robados por la especulación financiera. Las operadoras
de pensiones complementarias (OPC) que administran esos fondos de pensiones
y que son controladas por el capital financiero especulador deben ser
disueltas. Esos recursos deben ser controlados y administrados solamente
por instituciones estatales que garanticen el pago de las pensiones, pero
bajo supervisión y control estricto de los trabajadores y sus organizaciones.
COSTA RICA: La corrupción gubernamental
El caso de la Caja Costarricense del Seguro Social
Leonardo Ortiz
La corrupción dentro del gobierno de Abel
Pacheco ha constituido el tema de discusión en los últimos
meses, sobre todo a partir del escándalo dentro de la Caja Costarricense
del Seguro Social(CCSS), manifiesto en los negocios del expresidente ejecutivo
de tal institución Eliseo Vargas y las Farmacias EOS S. A.
y de la firma O.Fischel R. y Compañía S. A., que conforman
la Corporación Fischel , una de las principales proveedoras
de la CCSS, iniciando el problema con en el alquiler de una casa al exgerente
financiero de la Fischel ( valorada en $ 735.000,00) por parte de Vargas.
Junto a lo anterior salieron a la luz pública irregularidades en
la utilización de un préstamo al gobierno finlandés
para la compra de equipo, cuyo monto ascendía a $ 39.5.
Es necesario entender que la situación actual que vive la CCSS
y el gobierno de Pacheco, hacen parte del proceso de privatización
y reforma de las instituciones estatales, donde estas se han convertido
en una piñata, donde sectores burgueses sacan provecho. Asimismo,
los negocios sucios que se han realizado dentro de la CCSS, aumentan un
problema político del actual gobierno socialcristiano, el cual
lo constituye la constante inestabilidad, más de diez ministros
que han sido separados de sus cargos. El gobierno de Pacheco, que entre
sus tantos argumentos llegó al poder con el lema de austeridad
y transparencia en las funciones, esta siendo ejemplo de todo lo contrario.
Unido a los elementos anteriores es evidente además la disputa
entre sectores burgueses entorno al control y compra de servicios estatales,
como lo son los de la CCSS, sobre todo en el marco del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
El desmantelamiento de la salud pública
La problemática que afronta la Caja Costarricense del Seguro Social,
es parte del proceso de desmantelamiento y privatización que ha
venido sufriendo la institución. En primer lugar en 1997 se crea
la Dirección de Compra de Servicios de Salud, con la cual paulatinamente
servicios dentro de la CCSS son administrados por instancias privadas,
por ejemplo el área de seguridad, limpieza, alimentación
entre otras. Luego con la «Ley de Desconcentración de Hospitales
y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social» del
año 1998, se refuerza más el rol de los Equipos Básicos
de Atención Integral de Salud (EBAIS), que para el año 2002
cubrían el 80% de la población ( Estado de la Nación
n 8). Los EBAIS son sinónimos de una atención en salud precaria,
porque estos son atendidos por un médico, un auxiliar de enfermería
y un asistente técnico y en promedio cada uno abarca de 3500 a
4000 personas. Pero más aún los EBAIS constituyen un negocio
redondo pues los mismos son administrados por instancias privadas, solo
la Clínica Bíblica administra 17 en el país ( Semanario
Universidad 20 mayo del 2004).
Es un hecho que en la actualidad los servicios de salud, otrora públicos,
cada vez más son dirigidos por instituciones privadas, solo en
el año 2000 se pagaron 1500 millones de colones en compra de servicios.
Así el actual problema desatado por los vínculos entre
el expresidente ejecutivo de la CCSS y la corporación Fischel son
parte del proceso de robo y aprovechamiento de los recursos estatales.
Cabe solo mencionar los ingresos que percibe la Fischel por venta de servicios,
medicamentos y equipo médico a la CCSS: según información
del Departamento de Compras y Adquisiciones de la Caja, las empresas del
grupo Fischel facturaron, en el 2002, al menos ¢331,4 millones a
la institución; esa cifra se incrementó a unos ¢1.172
millones en el 2003. Con ello se demuestra como los jerarcas estatales
favorecen a instancias privadas, con el caso de la Fischel es increíble
el aumento de un año a otro en la venta de servicios a la CCSS.
Pero el problema de la CCSS no culmina con los favores en cuanto a la
compra de servicios. El préstamo del gobierno finlandés
por $ 39.5 (millones) para la compra de equipo, el cuál se utiliza
parcialmente o no se utiliza, dejó al desnudo el problema que se
pagaron sumas exorbitantes. Lo extraño de todo esto es que el representante
del consorcio finlandés en Costa Rica es la Fischel.
Por sí fuera poco, hubo una sobre compra de sueros en el año
2003, lo que ocasiono la perdida de gran cantidad del producto alrededor
de 490 millones de colones ( Seminario Universidad 10 de junio).Todos
estos problemas reflejan la política de privatización y
descentralización de la CCSS.
Sin embargo el problema no es nuevo, desde el desfalco millonario al
desaparecido Banco Anglo, son cada vez más constantes los problemas
de corrupción dentro de las instituciones estatales. Dentro del
actual gobierno esto no ha sido una excepción, primero con los
pagos exorbitantes en asesorías, la repartición de fondos
provenientes de otros países, el más reciente escándalo
por los fondos taiwaneses, 2000 millones de colones en el último
quinquenio. Toda está situación a colocado por el suelo
la imagen de honestidad del gobierno de Pacheco, aún con el nombramiento
de una nueva junta directiva para la CCSS, que inmediatamente por suspendida
por el Ministerio Público al invertir casi 2 millones de colones
en una campaña a favor de Eliseo Vargas.
El TLC y la CCSS
La venta de servicios a la CCSS del seguro social, ha puesto en disputa
a diferentes sectores burgueses por el control de un espacio que con la
aprobación del Tratado de Libre Comercio se torna sumamente lucrativo.
Con el TLC, la CCSS verá reducida la posibilidad de comprar medicamentos
genéricos, que representan actualmente el 67.86% de las medicinas.
Con la entrada en vigencia del TLC se elevaría el presupuesto
para compras, pasando de los $70 millones actuales (solo 47.5 corresponden
a medicamentos genéricos) a $390 millones (Cuadernos Centroamericanos
N3) .
Esto ha hecho que las denuncias hacia la Fischel, no solo por la cuestión
de la corrupción en que se ha visto en vuelta la corporación,
sino por el interés de sectores burgueses que poseen vínculos
con las grandes transnacionales farmacéuticas de controlar un negocio
de tal magnitud y necesitan paulatinamente limpiar la competencia. El
mismo Wálter Reiche Fischel, presidente de la corporación
farmacéutica enfrenta un proceso judicial, esto refleja las diferencias
que existen entre diferentes sectores burgueses.
Pero sin lugar a dudas, los grandes perjudicados van a ser los sectores
populares que verán encarecidas sus condiciones de salud.
Colapso de la Seguridad Social
El problema de la corrupción dentro del gobierno como se ha descrito,
acelera aún más el hundimiento de la CCSS, que con la morosidad
por millones de colones en las cuotas obrero patronales, con el faltante
del aporte estatal para las pensiones, hacen que la perspectiva de la
salud costarricense se la de entrar en crisis. Basta con mencionar que
el IVM ( Régimen de Invalidez Vejez y Muerte), tiene una proyección
a entrar en crisis, ya que para la segunda década del presente
siglo la población en edad de jubilarse se habrá duplicado
y la CCSS no cuenta con los recursos para hacer frente al pago de las
pensiones, a esto hay que unirle que para el año 2010 el porcentaje
de contribución sobre los salarios superará la contribución
actual de 7.5% por lo que se generara un desequilibrio financiero. En
otras palabras el sistema de pensiones entrará en crisis y aún
más cuando la CCSS invierta más dinero en la compra de medicamentos
por las medidas impuestas por el TLC.
La corrupción y el desmantelamiento de la seguridad social, no
se arreglan con comisiones de notables como la planteada por el gobierno,
en la cual participan sectores de la burguesía industrial e inclusive
vinculados a grupos que venden servicios a la CCSS, los responsables del
robo están en el gobierno y la comisión. Es necesario la
unidad política a nivel de los sindicatos y organizaciones populares
para frenar el proceso de descentralización de la salud pública
y oponerse a la aprobación del TLC que enterraría por completo
la seguridad social de este país. Que los empresarios morosos en
las cuotas de sus trabajadores paguen las deudas con la Caja. Que el estado
cumpla con la parte que le corresponde para financiamiento al sistema
de pensiones.
La lucha es por evitar el colapso del sistema de salud pública,
ya de por sí débil, pues todas estás medidas atentan
contra la vida de miles de personas.
GUATEMALA: recupera fuerzas el movimiento obrero y popular
Exitoso paro parcial
Sebastián Arreola Marroquín
Diferentes organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles
y populares de Guatemala, agrupadas en el Colectivo de Organizaciones
Sociales (COS) , realizaron un paro parcial a nivel nacional el pasado
8 y 9 de junio, contra los violentos desalojos de campesinos en el agro,
contra el paquete tributario del gobierno de Oscar Berger, contra el aumento
a la luz y en rechazo a la firma del TLC con Estados Unidos.
Este paro fue anunciado desde el pasado 24 de Mayo en repudio a los
más de 20 desalojos registrados en los primeros meses del gobierno
de Berger. En Guatemala, a partir de al finalización de la guerra
civil, se ha producido en los últimos años una ola de invasiones
o ocupaciones de tierras por parte de organizaciones campesinas, y también
de parte de las organizaciones de indígenas que han retornado al
país, procedentes del exilio en México.
Rodolfo Pocop, dirigente del Frente Nacional Común Maya Campesino,
que aglutina a grupos campesinos, sindicales, sociales e indígenas,
declaró que el « pueblo tiene derecho a la resistencia
». Estas organizaciones campesinas promovieron un antejuicio
contra Arturo Soto, ministro de Gobernación, para quitarle la inmunidad
y juzgarle por la violencia usada en contra de los campesinos. Daniel
Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) exigió
«acciones concretas y que se pare la represión y los desalojos»
en el campo.
Por su parte, Miguel Ángel Sandoval, dirigente de Plataforma
Agraria, declaró «Por primera vez se está constituyendo
un bloque popular en donde participan obreros, campesinos, estudiantes,
maestros y vendedores de mercados, para demandar al Gobierno acciones
concretas. Tenemos años de diálogos infructuosos en el país:
ya basta de mesas que resuelven poco y sólo sirven para perder
tiempo. Planteamos una mesa de diálogo con la Corte Suprema de
Justicia, el Congreso, el Ministerio Público y los de Trabajo y
Gobernación, para que así se inicie la solución de
cada una de las demandas».
En el mismo sentido, Manuel Pablo Quino, dirigente sindical de la Central
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), declaró que «
No es viable que se esté realizando en el campo una política
de tierra arrasada, con desalojos y quema de pertenencias» .
Joviel Acevedo, dirigente de la organización Asamblea Nacional
Magisterial, también declaró: «El magisterio va
a estar en la protesta (..) este paquete fiscal que viene a dañar
el magro sueldo no sólo de los maestros, sino de la clase trabajadora»
Orlando Blanco, dirigente del Colectivo de Organizaciones Sociales,
dijo que: «Queremos que nos dé una respuesta concreta
a nuestras demandas, que paren con los desalojos, pongan un impuesto a
las tierras ociosas, no aumenten el IVA y que no ratifiquen el Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos».
Berger llamó al dialogo
Visiblemente preocupado por la dinámica de los acontecimientos,
Óscar Berger, Presidente de la República llamó al
dialogo. «Si alguien tiene algo que manifestar, que toque la
puerta, y el presidente lo va atender» , manifestó. Berger
criticó a la oposición de promover disturbios y paso a conformar
un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, integrado por Helen Mack, directora
de la Fundación Myrna Mack; Sandra Muralles, de la Organización
de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro; Adela de
Torrebiarte, de Madres Angustiadas, y Carmen de León, del Instituto
de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. Otros integrantes serán
Enrique Álvarez y el empresario Max Quirín, y Julio Balconi,
ex ministro de la Defensa.
Berger anunció que el Ejército no formaría parte
de las fuerzas de seguridad que vigilarían las protestas. En cambio,
dio órdenes a los 21,000 efectivos de la Policía Nacional
Civil (PNC) de respetar a los manifestantes, pero intervenir en los casos
de bloqueos de carreteras o toma de edificios públicos.
Ante la inminencia del paro, el Gobierno resucito apresuradamente las
Mesas Intersectoriales de Diálogo que funcionaron sin resultados
tangibles durante dos años y cuatro meses, convocadas por la OEA
y la ONU, en las que participaron más de 300 organizaciones sociales
para proponer políticas para combatir la pobreza y la inseguridad
reinante en Guatemala.
Paro parcial exitoso
En respuesta al paro convocado por las organizaciones magisteriales,
la ministra de Educación, María del Carmen Aceña,
amenazo con despedir a quienes participaran en las protestas. «
Lo que más nos preocupa es el bien de los alumnos y que se respete
su derecho a estudiar. No autorizamos el paro por esta razón
», declaró.
Las organizaciones agrupadas en el Colectivo de Organizaciones Sociales
(COS), ocuparon carreteras en todo el país, realizaron concentraciones
frente a instituciones públicas, y se tomaron las entradas de las
principales ciudades.
Marco Tulio Florián, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores
de Salud, llamo a apoyar el paro por que el paquete tributario «afectará
a los más pobres» . Mientras tanto, en la Casa del Maestro
y la sede de la Unidad de Acción Sindical y Popular se llevaron
a cabo reuniones de coordinación para garantizar el paro.
La Asamblea Nacional del Magisterio cerró la mitad de las escuelas
en todo el país. Muchas escuelas permanecieron cerradas porque
no asistieron los estudiantes. La Asociación de Estudiantes Universitarios
suspendió las actividades estudiantiles en la USAC y otras universidades.
Aproximadamente 37 mercados permanecieron cerrados en todo el país.
Se produjo un apagón a nivel nacional que aportó más
tensión al paro. Las autoridades de la Empresa Eléctrica
lo atribuyeron a un rayo o una rama que afectó las líneas
de transmisión en la hidroeléctrica de Chixoy, Alta Verapaz.
Ante los piquetes de manifestantes que bloquearon la entrada de ciudad
Guatemala, la municipalidad tuvo que desviar el tránsito por vías
alternas.
Se realizaron concentraciones frente al Ministerio de Finanzas, Corte
Suprema de Justicia, Ministerio Público y Casa presidencial.
La preocupación patronal
El presidente de la cámara patronal CACIF, Juan Carlos Paíz,
señaló que « Los empresarios no apoyamos el paro
laboral por considerar que las acciones de hecho, que anticipan el uso
de fuerza, atentan directamente contra la seguridad de todos los guatemaltecos
».
El transporte no se paralizó, la mayoría de centros comerciales
permanecieron abiertos. El sistema bancario se mantuvo abierto, pero los
hospitales pararon parcialmente prestando solamente el servicio de consulta
externa y emergencia.
Manifestación y Dialogo
En ciudad Guatemala, se produjo una manifestación en dos columnas:
una desde la Avenida Bolívar, zona 8, y otra desde la Calle Martí,
zona 2, para converger en la Corte Suprema de Justicia y la Plaza de la
Constitución, mientras sus dirigentes dialogaban con el presidente
Óscar Berger. En las negociaciones participaron dirigentes del
Colectivo de Organizaciones Sociales (COS); el vicepresidente Eduardo
Stein; José Quesada, magistrado de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), y Juan Luis Florido, Fiscal General de la República. En
la noche del 9 de Junio se dieron a conocer los acuerdos.
Las organizaciones campesinas obtuvieron un triunfo. El Gobierno se
comprometió a presentar en 90 días una iniciativa de ley
ante el Congreso suavizando la tipificación de los delitos de usurpación
(de tierras). El Ministerio Público habilitará una fiscalía
para asuntos agrarios y revisarán los procesos penales de desalojo.
Esto dará un compás de espera para que CONTIERRA
analice uno por uno los conflictos agrarios.
En relación al paquete tributario, Berger se comprometió
a que su bancada no apoyará que se grave el bono 14 y el aguinaldo,
y que solamente paguen ISR quienes ganan más de 3 mil quetzales
mensuales. Respecto del CAFTA, Berger se comprometió a hacer una
difusión de su contenido en idiomas indígenas, pero no dio
marcha atrás al proceso de ratificación del mismo.
A cambio, las organizaciones que convocaron al paro se comprometieron
a no manifestarse en los próximos tres meses y a reunirse nuevamente
para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. «Esta reunión
nos servirá para evaluar los avances», declaró Daniel
Pascual, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
«Resultados positivos»
«Los resultados del paro fueron positivos. No escuchamos un nuevo
discurso politiquero, sino compromisos concretos de los poderes del Estado
(..) Hay voluntad de solucionar los conflictos agrarios », declaró
complacido Rodolfo Pocop, del Frente Nacional Común Maya Campesino.
Por su parte, Álvaro Aguilar, ministro de Agricultura, señaló:
« Fue una día con resultados positivos para el país
».
No hay duda que a pesar de que el paro no fue generalizado, y que la
clase obrera industrial no estuvo al frente de la protesta, hubo una importante
movilización de masas en Guatemala, el país clave de Centroamérica.
Las organizaciones de masas lograron algunos acuerdos importantes que
pueden considerarse un triunfo parcial del movimiento obrero y popular,
en un país en donde las bandas fascistas masacraron a los dirigentes
de estas organizaciones.
Créditos:
El Trabajador Centroamericano es una publicación
conjunta del Partido de los Trabajadores (PT) de Honduras, del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Nicaragua y
del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Costa Rica.
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