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El año 2001 aparece en el horizonte centroamericano como un año eminentemente electoral. En noviembre serán las elecciones para presidente en Nicaragua, las generales en Honduras y en febrero del 2002 las generales en Costa Rica.
La burguesía centroamericana ha cerrado los espacios políticos a las masas y ha consolidado regímenes bipartidistas. Los partidos gobernantes de Costa Rica, el Partido Unidad Social Cristiana, de Nicaragua, el Partido Liberal Constitucionalista y de Honduras, el Partido Liberal; enfrentan al Partido Liberación Nacional, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al Partido Nacional, respectivamente.
Estos seis partidos burgueses, se han turnado en el gobierno en las últimas décadas caracterizadas por la aplicación de los planes de ajuste y el retroceso general del nivel de vida de nuestros pueblos.
Ninguno de ellos representa una alternativa para los trabajadores y masas explotadas de la región, razón por la cual se han ido desgastando y se ha incrementado el abstencionismo electoral. No obstante, ninguno de los partidos minoritarios han logrado capitalizar esta situación ya que sus propuestas son las mismas que la de los grandes partidos, consolidando de esta manera a los debilitados partidos mayoritarios.
Frente a esta realidad los trotskistas centroamericanos sostenemos que es necesario que los trabajadores del campo y la ciudad construyamos nuestra propia alternativa política electoral clasista al servicio de las luchas obreras y populares, ya que no basta con darles la espalda a los partidos burgueses en los procesos electorales, sino que debemos oponerles nuestras propuestas de clase.
Es necesario que además de impulsar las luchas reivindicativas gremiales por el salario, contra las privatizaciones, por la tierra y los servicios básicos para la población, también nos organicemos para la lucha política contra los representantes del sistema capitalista en la región.
Esas candidaturas deben además de levantar las reivindicaciones cotidianas plantear la necesidad de la segunda independencia de nuestros países, esta vez del imperialismo norteamericano. Para este objetivo es fundamental la lucha por el no pago de la deuda externa y la ruptura de los acuerdos colonizantes con los organismos financieros internacionales; la lucha por sacar las tropas norteamericanas y sus bases de la región sean estas marines o de la DEA.
Las candidaturas obreras deben levantar un programa de reforma agraria radical e integral, que además de entregar tierras a los campesinos les brinde asistencia técnica y crédito barato para fomentar la producción. Debe plantear un plan de obras públicas de alcance nacional dirigido a reducir el desempleo al mismo tiempo que busca resolver problemas básicos como la construcción de escuelas, centros de salud, viviendas baratas, etc.
En definitiva, lo que las masas trabajadoras centroamericanas necesitan es derrotar las propuestas neoliberales burguesas y levantar un programa social basado en las necesidades de los propios trabajadores que sólo un gobierno obrero, campesino y popular puede llevar a cabo bajo la perspectiva de la Federación de Repúblicas Socialistas Centroamericanas.
Uno de los sectores que ha resultado más afectado por el gobierno de Miguel Angel Rodríguez (MAR) es el del agro, donde los pequeños y los medianos campesinos no han podido hacerle frente a la apertura comercial y miles de ellos se han visto al borde de la ruina. Como resultado de esto se han producido luchas campesinas por todo el país contra los planes de gobierno, a las cuales MAR solo les ha respondido con la represión.
El pasado 12 de diciembre en la provincia de Limón se realizaron varios bloqueos que terminaron convirtiéndose en pequeñas batallas entre la policía y los manifestantes. Con estos bloqueos que en su mayoría eran de campesinos, acompañados de trabajadores bananeros, muelleros, transportistas, etc., los manifestantes buscaban obligar al gobierno a cumplir compromisos de desarrollo para la zona que ya se habían convertido en parte del recuerdo.
Esta provincia es una de las más pobres del país y además de ser azotada por la crisis campesina, que es generalizada en todo el territorio nacional, hay que añadirle la reciente y precipitada caída de la producción bananera (al reducirse las exportaciones en un 17,36%), que ya ha dejado a más de 500 trabajadores desempleados (y se esperan otros 7,000 despidos más para este año) aparte de los procesos de privatización de los muelles.
Todo esto fue caldo de cultivo para que los bloqueos del 12 se tornaran violentos cuando los policías antimotines entraron a golpes para desarmar el movimiento. El enfrentamiento principal se dio en Guápiles, dando como resultado 75 personas heridas, de las cuales 50 eran policías y el resto manifestantes.
Los compañeros manifestantes, frente a la política del garrote de Miguel Angel Rodríguez, se vieron en la necesidad de autodefenderse, lo que sirvió de motivo para que el gobierno en unión con los medios de prensa lanzara toda una campaña de desprestigio hacia el movimiento, presentando a los campesinos como terroristas y llegando al punto de acusar a los dirigentes de ofrecer dinero a la población para que asistiera a los bloqueos. Aunque el Gobierno tuvo que iniciar un proceso de negociación y terminó dando algunas concesiones, contratacó abriendo un proceso judicial contra cinco de los dirigentes del movimiento, acusándolos de secuestro de varios policías durante los enfrentamientos. Entre los compañeros acusados están Orlando Barrantes y Jesús Calderón de CONATRAB.
Desde el PRT le extendemos a estos cinco compañeros nuestra solidaridad puesto que la autodefensa frente a la represión policial es sumamente justificada y necesaria, más cuando se lucha contra las políticas de apertura de mercados que están arruinando a los campesinos.
Le hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, estudiantiles y demás agrupaciones de izquierda a solidarizarse con los compañeros que están siendo víctimas de la "justicia" burguesa, la cual no es capaz de garantizarle condiciones dignas de vida a miles de trabajadores y campesinos.
Obliguemos al Gobierno a desistir de los juicios.
por David Morera Herrera
Soplan vientos electorales. El primer domingo de febrero del año 2,002 se realizarán los comicios para elegir al Presidente y Vicepresidentes, los diputados y munícipes a lo largo y ancho de todo el país. En los dos grandes partidos burgueses, pilares del régimen: el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), las aguas se agitan con la pugna electoral. Cientos de tagarotes y arribistas de diverso pelaje y cuantía se encuentran en la carrera para alcanzar desde la presidencia hasta diputaciones, alcaldías, ministerios, altos puestos en instituciones autónomas y demás cargos en disputa. Asimismo en los llamados partidos minoritarios y emergentes surgen diversas alternativas para captar el creciente descontento popular y el desgaste del bipartidismo PLN-PUSC.
Las elecciones que se realizarán no resolverán para nada los profundos problemas de las masas trabajadoras. Los marxistas llamamos democracia burguesa a un régimen como el que impera en Costa Rica, formalmente existen libertades democráticas, pero el monopolio del poder económico y político corresponde exclusivamente a la burguesía, a los grandes empresarios dueños de las grandes fábricas, haciendas y comercios, que a su vez dependen estrechamente del gran capital imperialista.
Por eso decimos que en esencia se trata de una farsa electoral, porque de antemano la burguesía se garantiza el control de los partidos políticos, así como controla los medios de comunicación, garantizando un dominio casi exclusivo de ellos. Asimismo de entrada, a través del bipartidismo, la burguesía ha impuesto una legislación electoral que tiende a perpetuar ese dominio y hace muy dificil el acceso de los trabajadores y del pueblo a la arena electoral.
Al pueblo se le dice que tiene derecho a elegir, porque ejerce el derecho al voto, pero en realidad no elige nada; porque es una argolla de millonarios quienes deciden de antemano quienes serán los candidatos y precandidatos por los que se podrá votar en los grandes partidos burgueses. Así por ejemplo las cuotas de inscripción de candidaturas en el PLN ascienden a medio millón de colones. Un candidato burgués tiene enormes sumas de dinero a su disposición para hacer campaña publicitaria todos los días en los medios escritos radiales y televisivos. Por el contrario si un grupo de trabajadores y estudiantes pobres pretende dirigirse al país no cuenta los recursos para tener acceso a esos medios de publicidad masivos. Como si fuera poco el Código Electoral establece infinidad de trabas para la inscripción de nuevos partidos, que por ejemplo deben realizar asambleas distritales, cantonales, provinciales, en todo el país, con la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones.
Por ello lo primero que debemos dejar bien claro en este tema es lo siguiente: las elecciones de la democracia burguesa no son el terreno de los revolucionarios, es un terreno controlado por el enemigo de clase, hecho a su imagen y semejanza y que cumple el objetivo ideológico de crear en las masas el espejismo de que estas eligen a los gobernantes, cuando en realidad se trata de un fraude institucionalizado por el sistema.
De manera que cualquier táctica electoral de nuestra parte, debe partir de ese principio: las elecciones son un engaño y si eventualmente consideramos que podemos participar en ellas no lo sería nunca para ilusionar a los trabajadores con las mismas, para inyectar el veneno reformista de que podemos llegar al gobierno por la vía electoral. Si participamos en un terreno que no es el nuestro, solo lo hacemos como una táctica más para denunciar al régimen y sus instituciones burguesas, para levantar una tribuna al servicio de las luchas y el programa obrero revolucionario. Y cualquier participación electoral es válida solamente en cuanto nos ayude a impulsar la movilización de los trabajadores y el pueblo en el terreno de la lucha de clases (que si es nuestro terreno) y a avanzar en la construcción del partido para la revolución socialista.
Desde las anteriores elecciones nacionales se ha evidenciado el desgaste y la crisis de los dos grandes partidos patronales tradicionales. Con las jornadas de lucha contra el Combo del ICE el deterioro de esos grandes aparatos electorales se ha intensificado. No obstante sería un error subestimar la capacidad de recomposición de los mismos.
En el PUSC la lucha de tendencias entre Abel Pacheco y Rodolfo Méndez Mata es sumamente reveladora. Mientras Méndez tiene el aval de toda la cúpula aristocrática y el control férreo del aparato partidario, con la bendición del caudillo Calderón Fournier, Abel Pacheco tiene el favor abrumador del electorado a esta altura, a juzgar por las encuestas que lo sitúan alrededor de 40 puntos porcentuales por encima de Méndez Mata. A pesar del gran desgaste del Gobierno del PUSC de Miguel Angel Rodríguez, la figura populista de Abel Pacheco parece ganar terreno, aunque no parece sobrepasar la intención de voto con que cuentan los liberacionistas. Abel Pacheco, un célebre comentarista de televisión caracterizado por su charlatanería, tiene un discurso confuso de corte populista, pero sus verdaderas posiciones han quedado al desnudo en la Asamblea Legislativa, donde siempre ha seguido a pie juntillas las directrices del Gobierno actual. Sin embargo, el hecho de confrontar al circulo de abolengo del PUSC ha hecho que su imagen campechana haya calado en ciertos sectores populares.
En el caso del PLN las tres tendencias de Rolando Araya, José Miguel Corrales y Antonio Alvarez no tienen grandes diferencias entre sí. Sin embargo, la tendencia de Araya que refleja más coherentemente a la gran burguesía y sus planes neoliberales, se ha consolidado en el primer lugar de las encuestas. Por su parte, Corrales agrupa más bien a sectores burgueses vinculados al mercado interno y que ven con cierto recelo la globalización o mejor dicho, el ritmo con que se imponen ciertas medidas en ese marco. Corrales, que tuvo en el pasado el mayor caudal electoral, ha visto muy mermado el mismo por su actitud timorata en lo que respecta al Combo del ICE, lo que le cobra su antigua base social socialdemócrata de capas medias y trabajadores. A pesar de sus frases demagógicas en contra de algunos aspectos de los planes de ajuste, no logra recuperar su credibilidad.
En todo caso, como dice el refrán popular, los candidatos del bipartidismo son «la misma mona con distinto rabo», a pesar de que tengan diferencias de matiz y traten de separarse de algunos aspectos del plan conjunto de la burguesía y el bipartidismo, como tretas para captar el favor del electorado.
Ante el desgaste del bipartidismo han proliferado diversos proyectos para constituir una supuesta «tercera fuerza». El hecho más reciente es la ruptura de Otón Solís con el PLN y como consecuencia la conformación del Partido de Acción Ciudadana (PAC). Con un discurso moralista y reflejando el descontento de ciertas capas de la burguesía y sectores medios que se encuentran golpeadas con la apertura comercial, Otón Solís intenta ocupar el espacio que tiende a dejar el desgastado Corrales, pero con la novedad de que lo procura hacer desde afuera del aparato liberacionista. Será interesante como evolucione este proyecto, que según las encuestas tiene un alto porcentaje de intención de voto, que ronda el 8 %.
Por otra parte, está el Movimiento Libertario que expresa los sectores más reaccionarios de la burguesía, con un discurso neoliberal a ultranza y una prédica ultra derechista contra la intervención estatal. El diputado Otto Guevara, candidato presidencial libertario, atrae a importantes capas de la pequeña burguesía que se radicalizan hacia la derecha con la crisis del bipartidismo.
Walter Coto, antiguo secretario general del PLN, ha intentado construir una amalgama de grupos, que van desde cristianos evangélicos hasta antiguos cuadros comunistas que mantienen a Pueblo Unido reducido a su mínima expresión. No parece tener opciones esa coalición tipo ensalada en el terreno electoral próximo, así como no parece tener perfil propio. Otro partido que ingresó en los comicios anteriores a la Asamblea Legislativa es el Partido Integración Nacional de Walter Muñoz que últimamente ha pasado desapercibido, aunque refleja a ciertos sectores medios desencantados por el abandono de las posturas socialdemócratas del PLN.
Por último, mención aparte merece Fuerza Democrática. Este es un bloque heterogéneo que agrupa una amplia gama de corrientes que vienen desde la antigua izquierda stalinista o de sectores que rompieron con el bipartidismo. Las denuncias varias debido al control autoritario del aparato partidario por parte de la tendencia mayoritaria encabezada por José Manuel Núñez y Vladimir de la Cruz, han sacado a relucir la intensa pugna a lo interno de FD. La corriente de Núñez y De la Cruz, tiene la posición más clara y coherente para transformar el partido en un aparato socialdemócrata respetable para la burguesía, de manera que se institucionalice como una pata más del régimen de partidos de la democracia burguesa. Por otra parte están las tendencias de José Merino, antiguo dirigente stalinista del grupo de Manuel Mora, y el grupo de José Picado, de la misma procedencia, que tiene una orientación muy similar pero se encuentran en pugna por cuotas de poder. El grupo de Merino además tiene una política para influenciar al movimiento sindical y popular de manera permanente, a diferencia del grupo Cruz-Núñez que se circunscribe al ámbito puramente electoral.
Interesante destacar la posición de la tendencia encabezada por Alvaro Montero Mejía, que declara abiertamente una posición de «izquierda» y tiene una política para intervenir en el movimiento obrero y popular desde esa perspectiva. Desde un programa reformista de izquierda, este grupo que enfrenta al aparato y a la cúpula de FD, ha empezado a agrupar activistas sindicales y populares.
Sea como sea, entre estas opciones que perfilan contra el bipartidismo, no encontramos una alternativa de los trabajadores, clasista y al servicio de las luchas obreras y populares, no encontramos ninguna que levante un programa revolucionario de cara a las próximas elecciones.
En lugar de votar por los candidatos de los partidos patronales o por opciones pequeñoburguesas, los trabajadores debemos construir nuestra propia alternativa. Esta es una tarea pendiente de la mayor importancia.
Sin embargo, la autodenominada izquierda se encuentra dispersa en una serie de pequeños grupos y no ha encarado seriamente esta discusión de cara a la próxima coyuntura electoral (incluyendo nuestro grupo).
De quienes se reclaman de izquierda tenemos dos vertientes principales. En el campo de quienes se autodenominan trotskistas, está nuestro partido: El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), nuestra pequeña pero aguerrida organización, que viene de la tradición de la Brigada Simón Bolívar y el trotskismo latinoamericano internacionalista. De ese mismo tronco común se desprenden dos agrupamientos: el Partido Obrero Socialista (POS) que encabeza el compañero Edwin Badilla, dirigente sindical de Acueductos y Alcantarillados y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), que encabeza Héctor Monestel, antiguo dirigente del sindicato de la Universidad de Costa Rica (SINDEU). Con esos grupos tenemos diferencias políticas y metodológicas importantes, que no es del caso exponer acá. En general las corrientes que se reivindican trotskistas han ido ganando terreno en su estructuración en el movimiento sindical y estudiantil.
Por otra lado, provenientes del antiguo Partido Vanguardia Popular (PVP), descontando a quienes se hayan embarcados en un curso abiertamente socialdemócrata, tenemos algunos otros pequeños grupos como Nueva Izquierda y Pueblo Unido. Habrá que ver si la tendencia de Alvaro Montero Mejía tiende a seguir hacia la izquierda y rompe con el aparato cada vez más retardatario de Fuerza Democrática o sigue un curso independiente.
Asimismo, hay diversos grupos estudiantiles o populares no necesariamente inscritos en un proyecto político partidario que se orientan hacia la izquierda.
Frente a este panorama, el PRT lanza una propuesta a todos los activistas sindicales, estudiantiles y populares clasistas y a todos los grupos que se reivindiquen de izquierda: Realicemos un Foro democrático para empezar a debatir las posibilidades de una política común frente a las elecciones de la democracia burguesa. Discutamos las posibilidades reales de intervenir con nuestra propia opción de clase, o bien qué hacer conjuntamente si no existe o no conviene esa posibilidad. En el PRT estamos abiertos a escuchar los distintos puntos de vista, a exponer los nuestros, a fin de construir con aquellos que coincidamos una política revolucionaria en las elecciones venideras.
por Carlos Amaya Fúnez
Pasadas las elecciones internas de los partidos mayoritarios ha quedado conformado el panorama electoral en Honduras. Nuevamente la principal característica del mismo es la inexistencia de una alternativa para los trabajadores del campo y la ciudad.
Tras meses de cuestionamientos y maniobras de todo tipo, el Partido Liberal en el poder, ha decidido permitir la inscripción del candidato Ricardo Maduro del Partido Nacional. Forzado por el crecimiento de la corriente de su adversario quien aparece como víctima del partido de gobierno y la creciente debilidad del PL reflejada en distintas encuestas, el candidato presidencial del liberalismo, también presidente del Congreso de la República, Rafael Pineda Ponce, se inventó una interpretación al artículo constitucional para justificar su cambio de actitud y disimular este trago amargo.
La discusión sobre la nacionalidad de Ricardo Maduro impulsada por las autoridades del partido Liberal con el objetivo de tratar de impedir su participación electoral, tuvo dos consecuencias opuestas a las intenciones de los liberales.
Por un lado sirvió para fortalecer la imagen de víctima que ha rodeado a este destacado empresario, logrando simpatía de numerosos sectores; y por otro sirvió para centrar la discusión sobre un aspecto secundario, ocultando el verdadero carácter de la candidatura nacionalista.
De esta forma, las elecciones internas se convirtieron en una especie de referéndum sobre si Maduro tenía el derecho a ser candidato o no, llevando a los electores a solidarizarse con la "víctima", sin analizar en lo más mínimo la propuesta de gobierno de Maduro y quiénes se esconden tras el movimiento "Arriba Honduras", propuesta de gobierno y personajes políticos que ya estuvieron en el poder en el gobierno nacionalista de Rafael Callejas.
Con la masiva votación a favor de la inscripción de Maduro (representada por la candidatura Luis Cosenza), al partido de gobierno no le quedaba más que cambiar su posición o arriesgarse a sufrir una aplastante derrota independientemente de quien fuera el candidato del partido Nacional.
Así las cosas, y luego de gastar millones de lempiras en elecciones separadas, viajes al exterior, consulta a "destacados juristas internacionales", propaganda, sobornos y discursos huecos como las folkloricas declaraciones de Lisandro Quesada, o los retóricos discursos de los hermanos Reina; el partido liberal termina aceptando la inscripción. Para ello inventa una interpretación jurídica que permite la inscripción de Maduro y que deja a los dirigentes liberales como chabacanes ya que a pesar de votar masivamente a favor de la misma continúan sosteniendo que el candidato nacionalista es panameño (el caudillo progreseño Roberto Micheletti Baín, fue claro en señalar que Maduro tiene derecho a participar pero que es panameño). De donde resulta que nunca les interesó la nacionalidad de Maduro y mucho menos los "supremos intereses nacionales" sino su mezquino interés de grupo para seguir manipulando el poder en beneficio de sus grupos empresariales.
Con el trasfondo del caso Maduro, la principal conclusión que nos dejan los resultados de las elecciones internas de los partidos burgueses mayoritarios es el marcado abstencionismo de los electores, en particular en el caso del partido de gobierno. En ambas elecciones participaron menos del 50% de los habilitados para votar, y en el caso del partido Liberal hubo señalamientos de que inflaron las cifras pero aún así tuvieron menos participación que hace cuatro años.
El triunfo de Pineda Ponce en el partido liberal reafirma el poder de la vieja argolla que ha gobernado el país en los últimos veinte años (tal vez con la única excepción del gobierno de Azcona).
En el caso del partido Nacional asistimos a la confirmación del fenómeno Maduro / Cosenza, quienes arrasaron en las internas logrando casi el cien por ciento de los cargos de elección popular y el control absoluto del partido. Tienen el apoyo de un sector mayoritario de la empresa privada y de la llamada "sociedad civil", incluso más de un dirigente sindical estuvo en las marchas de la "libertad".
El caso Maduro ha puesto al descubierto el rol secundario, totalmente subordinado que tienen partidos llamados pequeños o "emergentes"(?).
La Democracia Cristiana, comandada por su máximo dirigente y candidato presidencial, Corrales Alvarez, ha demostrado ser una corriente más del partido Liberal. No puede ser de otra manera ya que Alvarez ha sido y es un destacado funcionario del actual gobierno y socio de Jorge Arturo Reina en sus prósperas empresas producto de la privatización de los servicios públicos..
El Partido Innovación y Unidad (PINU) del próspero y premiado empresario Olvan Valladares, candidato presidencial por segunda vez, tampoco se ha postulado como una alternativa a los partidos Liberal y Nacional y se ha conformado con una pequeña cuota de poder en el Registro de las Personas y en el Tribunal Nacional de Elecciones, sin otras aspiraciones, para lo cual no duda en congraciarse con quien le garantice algunas prebendas.
La aspiración de numerosos activistas de base de convertir UD en una alternativa popular tropieza con una fuerte y mayoritaria corriente oportunista de derecha cuyo objetivo central es lograr avanzar en el espectro político mediante favores de los partidos mayoritarios (sello de nacimiento de este partido), para lo cual hacen todo lo posible para no incomodar y quedar bien con el partido Liberal o Nacional; y la incapacidad de pequeños grupos de cambiar el rumbo del partido.
Los ejemplos de la actuación de la corriente de derecha abundan. Así vemos los casos más extremos como García España, uno de los principales dirigentes de UD interpuso los primeros escritos contra Maduro siguiendo las directrices de la cúpula del partido Liberal; vemos el caso del candidato a primer Diputado por Cortés, Israel Salinas, quien en su carácter de máximo dirigente de la CUTH ha avalado todas las medidas del gobierno firmando cuanto documento le han puesto por delante, incluido el traicionar el paro de la CTH realizado el año pasado y aceptar por dos años consecutivos el congelamiento del salario mínimo; y el caso de Silvia Robleda en El Progreso, quien ve al partido como un feudo y realiza todo tipo de maniobras para conservar el poder a espaldas de sus propias bases e impidiendo el ingreso de nuevas fuerzas.
Lamentablemente los sectores más vinculados al movimiento sindical, campesino y popular no han logrado articular una política coherente que imprima a UD una nueva dinámica y han terminado siendo utilizados por la dirección oportunista o han caído en una política electorera que divorcia las necesidades del pueblo hondureño y las propuestas políticas de UD.
El Partido de los Trabajadores ha venido planteando la necesidad de un cambio de rumbo en la política electoral de los trabajadores y sus organizaciones. Hemos planteado levantar candidaturas que representen al pueblo en lucha mediante candidaturas independientes o mediante alianzas de diversas fuerzas populares y progresistas, como la alianza que le planteamos a UD.
Lamentablemente no se ha podido avanzar en esta perspectiva. De un lado una ley electoral totalmente antidemocrática que impide la participación política de los trabajadores condenádolos a ser furgón de cola de los partidos burgueses. De otro, una dirigencia política y gremial que no logra romper con los métodos oportunistas y construir una verdadera alternativa.
Frente a este panorama los trabajadores no tienen ninguna alternativa propia en estas elecciones. Las propuestas que ofrecen los partidos inscritos no reflejan los intereses populares, en otras palabras NO HAY POR QUIEN VOTAR.
El Partido de los Trabajadores, llama a los trabajadores, campesinos y pobladores a no seguir avalando con el voto a quienes ayer, hoy y mañana van a seguir gobernando y actuando en favor de los ricos.
El actual sistema electoral bipartidista se encuentra en total crisis como ha qudado evidenciado con el caso Maduro. No responde ni a los intereses ni a la realidad de nuestro país. Por ello es necesario impulsar la lucha por una nueva Ley Electoral que garantice a los trabajadores del campo y la ciudad poder organizar sus propios partidos políticos rompiendo el monopolio de los partidos burgueses.
Algunos de los aspectos fundamentales de la nueva Ley Electoral deben ser:
por Victoriano Sánchez
Las elecciones municipales en Nicaragua finalizaron con un leve triunfo del PLC sobre el FSLN, el surgimiento del Partido Conservador como una nueva opción electoral, y el abstencionismo mas alto en los últimos veinticinco años. El FSLN ganó las principales cabeceras departamentales, mientras el PLC demostró estar arraigando en las zonas rurales. ¿Cuál es futuro político de Nicaragua?
Las elecciones municipales realizadas el pasado 5 de Noviembre, tienen una enorme importancia política por que reflejan, por un lado, las maquinaciones de los grupos de poder por perpetuarse en el mismo, y por el otro lado, nos indica cuales son los sentimientos de los trabajadores y de las masas populares.
Las elecciones no pueden reflejar por si solas y de manera exacta cuál es la dinámica de los votantes, pero si constituyen un termómetro que nos permite medir cuánto ha subido la fiebre del cuerpo social enfermo.
Lo que primero debe señalarse es que estas elecciones municipales fueron convocadas, casi inmediatamente después de las reformas constitucionales y de la promulgación de una nueva Ley Electoral, excluyente y antidemocrática, el pasado mes de enero del año 2000.
Estas reformas fueron el producto directo del pacto político y económico entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el gobierno, y el "opositor" Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Las reformas constitucionales posibilitaron que el PLC y el FSLN se repartieran los puestos directivos de la Contraloría General de la República, el número de magistrados del poder judicial y del poder electoral. Fue una repartición de los puestos de las principales instituciones burocráticas del Estado, y del presupuesto general de la nación, salvo el poder ejecutivo y sus ministerios que quedaron en manos del Presidente Alemán.
La promulgación de la nueva Ley Electoral significó un enorme retroceso de las libertades y derechos políticos de los ciudadanos. En ella se estableció la participación obligatoria de los partidos políticos en las elecciones, la recolección del 3% de firmas del padrón electoral a nivel nacional como requisito para inscribir candidatos, independientemente que los partidos políticos tuvieran registro electoral, el financiamiento estatal hasta después de finalizadas las elecciones. En fin, es una Ley Electoral destinada a crear un sistema bipartidista y evitar el surgimiento de nuevas alternativas políticas.
En las dos ultimas elecciones de 1990 y 1996 se produjo el fenómeno de la polarización política, entre sandinistas y antisandinistas. En ambas elecciones, la polarización produjo enorme beneficios políticos a uno de los dos sectores. En 1990 la Unión Nacional Opositora (UNO), aprovechó el descontento antisandinista para llevar a la Sra. Chamorro a la Presidencia de la República. En 1996, el FSLN apeló a los sentimientos antisomocistas, para no sufrir una derrota aplastante.
Pero, después de 10 años, y de dos gobiernos en donde la población no ha visto una mejoría en sus niveles de vida, existe un desencanto en torno a la "democracia" que resulta incapaz de resolver los problemas. Este sentimiento de rechazo al gobierno podía ser aprovechado por cualquier opción política. Por eso el pacto PLC-FSLN aprobó una nueva Ley Electoral que dejara solamente dos opciones políticas válidas. Con ello se pretendió institucionalizar la polarización y que el electorado se viese obligado, siempre, a votar por cualquiera de los dos partidos burgueses mas fuertes e importantes de Nicaragua.
La nueva Ley Electoral dejo por fuera de las elecciones a 25 partidos políticos, los cuales están a punto de perder su personalidad jurídica por no haber participado en las elecciones. Aunque al final participaron también el partido Conservador (PC) y el evangélico partido Camino Cristiano, en realidad los dos grandes contendientes serían el PLC y el FSLN. El electorado fue un rehén de ambas organizaciones.
La falta de nuevas alternativas políticas provocó una ola de rechazo que se manifestó bajo la forma de abstenerse de retirar la cédula electoral, y de votar en los comicios. Con pocas alternativas políticas, con una relativamente alta abstención electoral, el PLC y el FSLN, en realidad, se repartieron las elecciones.
Al repartirse los puestos del Consejo Supremo Electoral entre el PLC y el FSLN, los resultados electorales estaban casi "amarrados" de antemano. Muchas Juntas Receptoras de Votos (JRV) fueron fusionadas con otras, con el argumento de que no había presupuesto electoral. Con ello se creo un desconcierto entre los votantes que habían asistido a un mismo lugar en las dos ultima votaciones de 1990 y 1996.
Dentro de esta "mini polarización", forzada por la Ley Electoral, el FSLN obtuvo una relativa ventaja en las principales cabeceras departamentales de los centros urbanos. Donde esta ventaja se transformo en un triunfo electoral de resonancia nacional, fue en Managua donde el candidato Herty Lewites, ex ministro sandinista, ganó la Alcaldía de la capital que representa un tercio de los votos a nivel nacional.
¿El triunfo del FSLN en Managua representa una tendencia hacia su recomposición electoral? ¿Significa un reagrupamiento de las masas en torno a la bandera roja y negra? De ninguna manera, la votación sandinista creció proporcionalmente, hasta ganar las alcaldías de algunas cabeceras departamentales, debido a que la abstención relativizó el voto sandinista.
En realidad, los votos sandinistas mantienen una tendencia decreciente en los últimos 15 años.
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Año |
Votantes inscritos |
Votos Válidos |
Votos FSLN |
|
1984 |
1,551,597 |
1.170.142 |
735,967 |
|
1990 |
1,752,088 |
1,510,838 |
579.886 |
|
1996 |
No hay datos |
1,773,401 |
669,443 |
|
2000 |
No hay datos |
1,531,196 |
618,821 |
Fuente: Consejo Supremo Electoral
Como se puede apreciar, la cantidad de votos validos ha disminuido a pesar del crecimiento de la población. Nicaragua tiene una de las tasas de crecimiento poblacional mas altas del mundo (3%). Pese a ello, la votación del FSLN mantiene una tendencia decreciente. Obviamente, el solo hecho de mantener semejante votación es de por si un fenómeno político, pero la realidad nos indica que las masas trabajadoras no han vuelto a confiar en su antigua dirección, sino que se trata de una misma base electoral cautiva que no logra transformarse en mayoría.
Los votos a favor del Partido Conservador, es decir, la división del voto antisandinista, mas la abstención, es lo que posibilitó el triunfo del FSLN en Managua y en otras cabeceras departamentales. No estamos, pues, ante un fenómeno de reagrupamiento o radicalización de las masas en torno al FSLN, sino de una hábil maniobra política que tiene sustento en la nueva Ley Electoral.
El triunfo del FSLN en Managua y en las principales cabeceras departamentales sirvió como campanazo de alerta para el Presidente Alemán. Sus cálculos fallaron, por que el PLC no arrasó al FSLN. La votación del PLC se concentró en el campo, en donde se encuentra la población mas pobre de Nicaragua, y especialmente en las zonas en donde el ejercito contra tuvo algún grado de influencia
Ahora el PLC esta empeñado en unirse al PC en una gran alianza electoral contra el FSLN, en las próximas elecciones presidenciales. ¿Lo logrará? Es difícil preverlo, lo que si podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que en Nicaragua sigue existiendo una mayoría "antisandinista" que todavía recuerda los sufrimientos y penurias materiales sufridas bajo el gobierno del FSLN.
Mientras se les cierre el paso a los partidos obreros y de izquierda, como esta ocurriendo actualmente, el descontento de las masas puede ser aprovechado solo por los partidos burgueses, nuestros enemigos de hoy y de siempre.
por María Libertad Carrasco
Luego de un cierre de año que dejó morir por inanición cualquier esperanza de lucha en el Sector Salud, gracias al boicot bien planeado de la burocracia sindical al desconvocar una concentración para protestar por la "privatización" de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en noviembre del 2000, se inició el año 2001 con la puesta en marcha de los llamados "Compromisos de Gestión y Addendum", a fin de desconcentrar Clínicas y Hospitales y consecuentemente abrirle de par en par la puerta a la flexibilización laboral y a la contratación de servicios privados.
Las organizaciones del sector Salud, junto a otros sindicatos agrupados dentro del Frente Nacional de Lucha, llamaron una vez más a la "unidad" en la defensa de la institucionalidad y, para ello, definieron tres ejes: la defensa de un reajuste salarial justo en el sector público, ya que el gobierno había amenazado con aprobar por Decreto Ejecutivo y sin negociación su fijación salarial, la defensa de la salud en contra de la privatización de la CCSS y la lucha por la calidad en la educación y los derechos laborales del Magisterio Nacional.
Si bien se comprometieron a defender los ejes como "una agenda común" y por lo tanto a no negociar ningún punto por separado, como era de esperar, la burocracia sindical traidora negoció un reajuste salarial mínimo, dejando en el aire el resto de puntos de esa agenda común.
Habiendo presentado este reajuste salarial como un verdadero logro, y probablemente por el inicio de la pelea por puestos diputadiles entre algunos de los principales dirigentes sindicales, las organizaciones involucradas le hicieron un gran favor al gobierno, desarticulando cualquier posibilidad de lucha nacional, al dejar a los sindicatos magisteriales y de salud completamente solos.
Es así como el segundo escenario de lucha se presentó con dos actores únicamente: por un lado el llamado "Magisterio en Acción", que se constituye como un frente coyuntural compuesto por las organizaciones más burocratizadas del sector (ANDE, APSE y SEC) y por otro lado el sector Salud, abanderado por la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y el llamado Frente de Organizaciones Sindicales del Sector Salud (FOSSS), que dirigió una solicitud de "7 puntos" a las autoridades de la CCSS, exigiendo entre otros puntos, la suspensión de toda forma de privatización de la institución, el pago de la deuda millonaria que los patronos morosos y el Estado tienen con ella y la recuperación de los dineros invertidos en Bonos del Estado.
Ante este panorama, Magisterio en Acción, que no había logrado convencer ni a los maestros que agrupa ni a la opinión pública de que luchaba por la calidad educativa y no sólo por mantener el derecho a celebrar sus Congresos sindicales en días laborales, le propuso a las organizaciones de la CCSS, que ya contaban con una contestación negativa a sus planteamientos y un llamado a negociar, retomar la agenda de lucha común y dar una pelea en conjunto por el derecho a la salud y a la educación.
Sin embargo, más allá de la marcha realizada el 25 de enero, una conferencia de prensa conjunta y una vigilia el pasado 8 de febrero, la negativa de la burocracia magisterial de suscribir un compromiso de no negociar por separado, terminó por darle fin al coyuntural acuerdo de "unidad" impulsado dentro del Frente Nacional de Lucha.
El Ministro de Educación que bajo sendos espacios televisivos llamaba a las organizaciones magisteriales a negociar, mientras cerraba dos colegios nocturnos y deslegitimaba las reivindicaciones del sector, logró ganar la partida ya que Magisterio en Acción nunca logró calentar su lucha y sus bases no respondieron el llamado a "paro".
La UNDECA y el FOSSS, por su parte, bajo la consigna de que peleaban no por reivindicaciones gremiales y salariales sino por la defensa de la institución CCSS y que por lo tanto requerían de la movilización popular, salvo algunos logros parciales como haber convencido a algún sector de Iglesia Católica y de la comunidad organizada de Pérez Zeledón para que los acompañe en su lucha y haber dado algunos golpes certeros en la prensa, apenas inicia una campaña de defensa que podría durar años.
Más allá de tener conciencia de que no se encuentran a las puertas de una lucha como del "Combo del ICE" el año pasado, que logre movilizar en función de detener la privatización de la CCSS, la falta de claridad política de las organizaciones del sector, la pelea constante por reconocimiento público y la falta de credibilidad de sus propias bases, podrían explicar por qué consideramos que la lucha "al menos temporalmente" se encuentra acabada.
La UNDECA a pesar de ser la organización más representativa del sector y la que tradicionalmente inicia cualquier lucha, debido a la miopía de su Junta Directiva ha asumido una posición tímida de cara a las organizaciones que integran el FOSSS, privilegiando la unidad con dichas organizaciones frente al análisis de coyuntura que le permita dar una salida inteligente a la lucha que inició.
A fin de explicar lo anterior, conviene hacer un breve recuento de los hechos que acontecieron en los últimos días: Inicialmente UNDECA planteó acertadamente como exigencia para iniciar cualquier diálogo con las autoridades de la CCSS el cumplimiento de algunas condiciones, tales como la derogatoria de la reglamentación que permite la contratación de servicios privados y la exigencia del pago de la deuda del Estado con la CCSS; las organizaciones del FOSSS por su lado, aceptaron la propuesta y se mantuvieron en un frente común de no negociar sin el cumplimiento de condiciones.
La idea inicial era que la negativa a negociar permitiría ganar mayor credibilidad en la base de trabajadores que aún acusan a las dirigencia sindical de haberse "vendido" en la huelga de abril del año pasado y daría tiempo para movilizarse a las comunidades a fin de integrarlas en la lucha contra la privatización. Sin embargo, ni aún con la oportunista unidad que planteó la burocracia magisterial, ninguno de los dos sectores logró calentar sus bases y el fracaso de los dos movimientos programados, dejó morir por inanición cualquier posibilidad de movilización.
Ahora bien, debido a las particularidades del "año electoral" que se inicia y a la lucha tendencial a lo interno de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, la Defensora de los Habitantes, miembro del PLN, hizo público un informe donde acusaba a las autoridades de la CCSS de corrupción, de querer privatizar la institución, de entregar los recursos públicos en manos de fundaciones privadas (caso de la creación de un Instituto contra el cáncer), dando con ello razón a las múltiples denuncias que las organizaciones sindicales, en especial UNDECA, han hecho.
Ante este panorama, el Presidente Ejecutivo de la CCSS, que había mantenido una actitud intransigente e incluso que venía pagando una campaña publicitaria millonaria en contra de la posición sindical, viendo irse de sus manos sus aspiraciones diputadiles, en un intento desesperado amenazó con querellar a la defensora; lo que sirvió para fortalecer aún más las denuncias de privatización y corrupción. Sin embargo, probablemente atendiendo a presiones de su partido político, que busca desesperadamente mejorar su imagen de cara al inicio de la campaña preelectoral, en menos de una semana el Presidente Ejecutivo no sólo echó para atrás en su confrontación con la Defensoría, sino que promovió una audiencia de las organizaciones sindicales con la Junta Directiva y llamó a los sindicatos a dialogar ofreciéndose él mismo a estar presente en las negociaciones.
Si bien aún es temprano para afirmar si el Presidente Ejecutivo de la CCSS se encuentra en una situación de debilidad, la coyuntura que se presenta obliga a los sindicatos a asumir una de dos posiciones: 1. Mantener el discurso de no negociar nada sin el cumplimiento de condiciones y desatender el llamado del Presidente Ejecutivo de la CCSS; o, 2. Ceder en su posición inicial y negociar.
Consideramos que cualquiera de las dos posiciones que se asuma, debe tomar en cuenta que aún no hay condiciones para lograr una movilización de los trabajadores ya que no han logrado ganar su credibilidad; que no existe ninguna posibilidad de lucha conjunta con el Magisterio Nacional; que no se está ni siquiera cerca de una situación como la que motivó la lucha contra el "combo del ICE"; y que la Presidencia Ejecutiva de la CCSS necesita volver a levantar su imagen de cara a las acusaciones públicas de la Defensoría.
Creemos que la actitud intransigente de no negociar no es la más adecuada en las actuales circunstancias; y que por el contrario, una negociación condicionada a la obtención de logros en puntos concretos que permitan al menos frenar las formas de privatización más claras, como la licitación de los Equipos básicos de atención primaria en salud (EBAIS), o las que ponen en peligro la estabilidad laboral de los "obreros" de la CCSS, ya que se encuentra en proceso la privatización de los servicios de vigilancia, aseo, etc., permitiría llamar la atención de la población y recuperar la credibilidad de sus bases a fin de reactivar el movimiento.
Si bien somos conscientes de que una eventual negociación en uno u otro sentido no detiene el curso de la privatización y de que el cambio en el rumbo de la reforma del sector no lo logran los sindicatos solos, sino la movilización en las calles de todo el pueblo, también tenemos claro que mantener la actitud intransigente que se ha defendido hasta hoy sin aprovechar la coyuntura política que se abre con el inicio del proceso electoral, podría significar una nueva derrota para los trabajadores del sector, de la cual esta vez costaría aún más levantarse.
Por Carlos A. Lanza.
Paradójicamente, una conquista: el Estatuto del Docente, ha significado también una limitante en el desarrollo y consolidación de la conciencia política del magisterio. Digo paradójicamente porque mientras el atraso de la conciencia en otros sectores de trabajadores se ha dado por las constantes derrotas que sufrieron en la década pasada, en el Magisterio este proceso se ha dado como producto de una conquista. Entonces qué tipo de conquista es ésta que ha generado un docente indiferente y apático a los problemas sociales que vive el país; qué docente es éste que año tras año se ha vuelto cómplice de los aumentos que ha tenido la matrícula en escuelas y colegios sin que siquiera se inmute al ver que muchos padres de familia se regresan con sus hijos por no tener el dinero suficiente para matricularlos; qué maestro es éste que considera "mala suerte" al hecho de que este año en el nivel medio y la universidad fueron miles los jóvenes que no pudieron obtener un cupo para ingresar a dichos centros de estudio. De qué materia espiritual y de que convicciones morales está hecho este docente que en el año 98 aplaudió aquel heroico contingente de compañeros que se sumaron a la huelga de hambre para defender las conquistas del Estatuto y a finales del 2000, aplaudía frenético al Ministro que burlándose de estos compañeros, ofendió la dignidad de todos. Qué espíritu de solidaridad expresa este docente que hace las cosas más bajas como delatar, calumniar y hasta agredir a un compañero por unas horas clase o por una plaza. Es triste ver a docentes que antes pregonaban posiciones revolucionarias y que gritaban en las calles: ¡patria libre o morir!, convertidos en vulgares tramitadores del político liberal Marco Antonio Andino.
El Estatuto fue una conquista que traía en su letra un virus activado con archivos escondidos y sólo fue posible detectarlo con su aplicación. Ese virus es el neoliberalismo y sus efectos son graves y devastadores, lo primero que ataca es nuestra memoria, los docentes de hoy padecen de amnesia, pronto olvidaron que son trabajadores de la educación, les ofende esta frase, se consideran facilitadores; ven en las luchas por aumentos salariales el único consuelo para reconciliar su acelerada pérdida de conciencia gremial, pero de allí en más, lo que le ocurra a los estudiantes y padres de familia no les importa para nada, su fragmentada conciencia gremial no les da para más. Por si fuera poco, y en vista de que ha extirpado de su conciencia todo tipo de sensibilidad y por lo tanto toda aspiración a cultivar la ciencia y las virtudes espirituales como diría Rosseau, no le queda otra que ejercer su autoridad como verdugo: sin autoridad académica que ofrecer, convierte los textos en látigos y su gesto de académico en una suerte de nueva inquisición. Todavía vemos deambular por las aulas aquel tipo de docente que como máscara de su propia frustración e incapacidad dice con el mayor cinismo del mundo: "de todo este grupo sólo me pasaran dos". A todo esto, hay que agregar que el desprecio por su profesión lo lleva a confundir sus roles; muchos llegan a los colegios cargados de pantalones, camisas zapatos, calzones, champú, quesillo, mantequilla ... y ya uno no sabe si son docentes o achines. No es que critique que los docentes encuentren otras formas de ganarse la vida pero siempre he creído que cada actividad tiene su espacio. Lo curioso es que muchos de estos docentes que se hacen un sueldo extra vendiendo mercaderías en los colegios, pelean a como de lugar por más horas clase aún sabiendo que hay compañeros con más necesidad.
La desvinculación del movimiento popular es casi absoluta, los dirigentes magisteriales han convertido a nuestras organizaciones en centros de beneficencia, pues el docente concibe a su gremio como una cooperativa de ahorro y préstamo, su conciencia gremial no va más lejos y así se lo han enseñado los dirigentes, pues el magisterio no participa en ninguna lucha obrera o campesina, le da alergia acercarse a las tomas de calles y de puentes; no soporta fatigarse bajo los ardores del sol a no ser que sea por sus propios intereses pero si son los intereses de los campesinos, los empleados públicos o los trabajadores de la salud no hay manera de sumarlos a la lucha; no es casual que la actual presidenta del COPEMH rompió una alianza que este colegio había hecho con el SITRAMEDHYS en el año 99. A los docentes de hoy tampoco les importa que suba el agua y la luz pues con los aumentitos de los últimos cuatro años le da para aguantarlos. Las demandas de los demás no son las suyas pues su conciencia está lejos de ser pueblo.
Indiferencia, un individualismo exacerbado, egoísmo a toda prueba, una franca actitud represiva contra los estudiantes, poses demagogas frente a los padres de familia y un profundo desprecio por el conocimiento y la cultura es lo que evidencia el docente, es lo que manifiesta su conciencia. Pero no todo está perdido, tomar nota de estos y otros problemas que atraviesa el magisterio es el primer paso. El segundo es dotarnos de un auténtico sentido de autocrítica; frente a los valores bastardos de esta época posmoderna que ha corroído todos los estratos de la sociedad, debemos dar paso a la reflexión y al debate sincero sobre cómo dotarnos de una conciencia gremial limpia, digna, enraizada en los grandes problemas humanos y sociales.
No podemos vivir creyendo lo que no somos y sobre todo, pensando que somos los únicos con derecho a salvarnos en esta selva capitalista, el falso orgullo pronto se traduce en soledad y la soledad es la más grande de las destrucciones del ser y su conciencia. Quien lucha solo no se da cuenta que lucha contra sí mismo.
Con este artículo iniciamos el debate sobre este punto e invitamos a los compañeros docentes a dar su opinión, por lo pronto aquellos que estamos dispuestos a luchar por forjar una conciencia gremial clasista y revolucionaria debemos hablar, reunirnos y promover actividades orientadas a darle continuidad y claridad a las discusiones.
por Ramón Caballero
Desde hace algunos años se decidió sancionar a los directores de las instituciones educativas que cobren por concepto de matrícula, con el argumento de que la educación debe brindarse gratuitamente; sin embargo, este argumento puesto en la boca de los altos funcionarios y burócratas del estado carece de validez ya que este fenómeno no ocurriera si el Gobierno garantizara –tal como lo prescribe la Constitución– el funcionamiento absoluto de los centros escolares, que va desde la creación, mantenimiento y ampliación de los edificios hasta brindar todos los recursos didácticos necesarios, sin excluir por supuesto la gratuidad de la merienda y del transporte para los estudiantes. Sólo así el estado tendría moral para sancionar a los directores. De lo contrario queda confirmado, como tantas veces, que el gobierno encubre con garrotazos "legales" su irresponsabilidad social, haciendo creer al pueblo que los aumentos a las matrículas son decisiones "arbitrarias" de las autoridades escolares y no una consecuencia directa de la falta de un verdadero presupuesto para el funcionamiento de los centros educativos. Es más, de lo que se trata ahora es de reducir tales presupuestos, como ha ocurrido con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Sin embargo, el análisis no puede concluir aquí; es justo precisar que esta práctica de aumentarle a las matrículas se ve consolidada en la medida en que las organizaciones magisteriales, orientadas en las luchas por objetivos cada vez más economicistas, se olvidan que en términos pedagógicos y fundamentalmente políticos este tipo de salidas inmediatas actúan como condiciones desfavorables para la educación pública. Para el profesor Luis Torty, presidente de la filial del COPEMH del Instituto Central, lo que ocurre es que "la actitud colaboracionista de los "nuevos" dirigentes permitió al Estado en su aplicación del modelo económico Neoliberal, la desatención de sus obligaciones con la Educación Pública en franca violación al mandato constitucional de una Educación laica, gratuita y obligatoria. De esta manera la única responsabilidad del Estado en la actualidad es el pago de los salarios a los docentes, donde también ha faltado a los compromisos establecidos en el Estatuto del Docente" (Alternativa, # 1, Pág. 2 Mayo - junio de 2000).
Es evidente que esta actitud cómoda es la práctica común de muchos directivos docentes y Consejos de Maestros que, ante la crisis de sus centros educativos, optan por la vía más rápida de trasladar los gastos de funcionamiento a los padres de familia; por ejemplo, en el Instituto Central la matrícula ascendió de 150 el año anterior a 250 en éste; igual ha ocurrido en la gran mayoría de colegios y escuelas. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la matrícula ascendió de 55 lempiras que se pagaban el año pasado a 130 en el actual.
Ha llegado la hora de exigirle al Estado su verdadera responsabilidad frente a la educación pública: que garantice la creación y el funcionamiento adecuado de los centros educativos y el mejoramiento de las condiciones de los sujetos que participan en él, es decir, los alumnos y los profesores. El Estado puede cumplir con esta demanda si se destina gran parte del capital que hasta ahora va a parar en las manos de los bancos internacionales de financiamiento; puede cumplir si se reduce el salario de los altos funcionarios del gobierno; si se aumenta el salario de los trabajadores, si se congela el precio de los productos de la canasta básica y el precio de los combustibles.
Docentes, trabajadores, campesinos y pobladores:
¡Defendamos en las calles la Educación Pública!
¡No a la privatización de la Educación Pública!
por Gabriel Ortiz
El presente año el gobierno ha continuado una fuerte campaña de reformas en la educación, siendo la figura nefasta del Ministro de Educación Guillermo Vargas su principal impulsor. Es de resaltar una disminución de hecho en el presupuesto correspondiente a educación de un 6% a un 4% del PIB, además la exclusión de los congresos y asambleas de las organizaciones sindicales de los 200 días lectivos impuestos por el ministro. Asimismo, el señor ministro cerró dos colegios nocturnos y ha implementado una violenta reforma en los programas de educación nocturna, eliminando de hecho la enseñanza del francés y la música, y reduciendo la enseñanza de las Ciencias.
Sin embargo, los supuestos 200 efectivos de lecciones en la realidad no se han cumplido. Las clases en la calendarización impuesta por el ministro, se iniciaron el 5 de febrero, pero ese mismo día se empezaron a aplicar las pruebas de aplazados hasta el 15 del mismo mes por disposición del mismo ministerio, provocando que no se pudieran impartir lecciones normalmente. El caos administrativo que se generó, obligando a la utilización de horarios del año pasado o la elaboración de horarios definitivos sin tomar en cuenta a los aplazados, el atraso en el nombramiento de profesores y la carencia en infraestructura básica para el desempeño de las labores ocasionaron que en la práctica no se impartieran lecciones. Por otro lado, los miles de estudiantes que se trasladan de colegio cada año se han visto también afectados en las instituciones donde cierran matrícula para poder contar con horarios definitivos y hay instituciones como el Liceo de Rincón Grande de Pavas que por falta de espacio tienen más de 400 estudiantes en espera de ser admitidos.
Los 200 días del ministro, en este momento son en realidad 186 días y van ser muchísimos menos, ya que en muchas instituciones las lecciones apenas se inician, siendo el único responsable el Ministerio de Educación Pública (MEP), que al crear este caos administrativo, busca que los padres saquen a sus hijos de los colegios públicos y los pasen a los Institutos privados.
Por las política del MEP, al negar permiso para las asambleas gremiales en días lectivos, durante el mes de enero e inicios del mes de febrero, las burocracias magisteriales de ANDE, APSE y SEC, unificadas bajo el disfraz del llamado «Magisterio en Acción», alzaron la bandera de la lucha. Esta supuesta lucha fue la realización de una marcha el 25 de enero, en medio de las vacaciones, y un paro de labores de 2 horas el 8 de febrero, el cual a nivel nacional no contó con ningún apoyo, pues las bases del magisterio ni siquiera fueron informadas y mucho menos hubo asambleas, todo fue planeado para fracasar.
Esta lucha contra el gobierno, en primera instancia buscó unificar Salud y Educación, pero las burocracias magisteriales tomaran la línea de la división y no unificaron posiciones. A las dirigencias corruptas del magisterio lo único que les interesa es la realización de los congresos y asambleas dentro de los 200 días lectivos y por eso la vía legal, con la denuncia a la OIT, es el camino que han tomado. Pero como el mismo ministro ha argumentado, no le molestaría extender el curso lectivo hasta diciembre y así se realizarían los congresos en días lectivos, cumpliéndose con los 200 días, y no sería de extrañar que finalmente lleguen a algún acuerdo. Queda claro que las burocracias no están por levantar ninguna lucha seria, no quieren movilizaciones estilo la lucha contra el COMBO del ICE el año pasado y menos en año electoral donde tienen intereses políticos de por medio con los partidos burgueses. Lo mínimo fue lavarse la cara ante las bases.
Conflictos como el de los colegios nocturnos, con el cierre de dos instituciones y las modificaciones en los programas, no han contado con ningún apoyo por parte de los aparatos sindicales del magisterio. Los únicos que han dado la cara han sido grupos de estudiantes de los colegios Justo A. Facio y Liceo de Costa Rica, que pese a que las instituciones están cerradas, se mantienen luchando, y con el apoyo de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y de los profesores del SIN.PA.E., han realizado dos bloqueos de vías y una vigilia frente a la casa del Ministro de Educación.
Este año vence el Convenio Centroamericano de Educación, del cual se ha valido el Gobierno para justificar la extensión del curso lectivo y vence el Acuerdo del Gobierno con ANDE, APSE y SEC para aceptar esta política a cambio de una extra salarial en setiembre.
Los educadores no podemos seguir aceptando los 200 días de caos y desorden, porque atentan contra nuestra salud (al reducírsenos las vacaciones) y provocan la deserción de los estudiantes.
Para el curso lectivo del 2002 es necesario luchar DESDE YA para que se respete la Ley de Carrera Docente (que establece el curso lectivo del 1 de marzo al 30 de noviembre). La extra salarial de setiembre debe convertirse en un porcentaje del 15% de reajuste mensual, porque no podemos aceptar que se reduzca nuestro nivel de vida.
Frenemos la privatización de la educación
Rechacemos los 200 días de caos del ministro Guillermo Vargas
por Ovidio Mairena
Fue con la Ley de Reforma Agraria, que con algunas modificaciones, se venía aplicando desde 1960, que los campesinos lograron el derecho a la tierra luego de durísimas y masivas luchas.
Con un techo de 5 hectáreas por familia, se recuperaron tierras abandonadas por la transnacional Tela Railroad Company, tierras que ocupaban los terratenientes en el Valle de Aguán en el Departamento de Colón, y en los departamentos de Comayagua, Olancho, Santa Bárbara y Yoro.
Surgieron grandes empresas campesinas, cooperativas como el caso de Coapalma en el Aguán y Hondupalma en El Progreso, productoras de palma africana; la Empresa Asociativa Campesina de Isletas productora de banano y muchos otras importantes empresas campesinas, a tal grado que nos llamaron el "granero de Centroamérica", y esto que la ley no se aplicó tal como estaba establecida, pues eran gobiernos militares al servicio de los terratenientes los que gobernaban. Lo que se obtuvo fue por la lucha organizada de los campesinos conscientes de ese derecho.
La aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en 1992 por el gobierno nacionalista de Rafael Callejas, y todo el paquete de medidas económicas impuestas al pueblo hondureño, terminaron con los sueños de los campesinos de lograr su desarrollo económico, cultural y político; a tal grado que todos los conflictos agrarios que no fueron resueltos antes del 90 siguen al rojo vivo.
Claros ejemplos de esta situación son los conflictos de tierra que tiene la Central Nacional de Trabajadores del Campo y que no pueden ser resueltos por la vía jurídica porque la nueva ley no da espacios obligando a los grupos campesinos a mantenerse en la tierra por la fuerza. Así se encuentran cinco E.A.C. en el sector de Guanchías en El Progreso; la comunidad de La Rosa en Yoro; la toma de tierra en los campos bananeros abandonados después del huracán Mitch; y muchos otros casos.
El caso de la E.A.C. "La Morazán", situada en la comunidad Quebrada de Yoro a 5 Km. de la ciudad de El Progreso es muy especial y un claro ejemplo del retroceso en materia agraria que vive Honduras. Esta E.A.C. fue asentada por el Instituto Nacional Agrario en 1980 con una Carta de Garantía, documento válido por la Ley de Reforma Agraria.
Durante 21 años los compañeros de "La Morazán" han cultivado 59 manzanas de tierra con cítricos, yuca, maíz, plátano y frijoles. También lograron un plan de viviendas construidas por el desaparecido Instituto Nacional de la Vivienda (INVA).
Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola empezó su calvario. En 1995 fueron desalojados por orden del Instituto Nacional Agrario. Se destruyeron las 16 viviendas, todos los cultivos, y fue asesinado el dirigente máximo de la empresa Cleofas Colindres.
Las familias hicieron chozas de nailon y cartón en la calle, hasta que la C.N.T.C. organizó una nueva toma de tierra con el apoyo de otras empresas campesinas. En la toma quedó el tractor con el cual habían destruido las casas y los cultivos.
En todo este tiempo el expediente fue manoseado por funcionarios del INA y el supuesto dueño: la familia Maloff asociada con otros reconocidos empresarios con mucho poder económico.
Los compañeros de la E.A.C. volvieron a cultivar la tierra y construyeron nuevas casas haciendo una vida normal hasta que el 18 de septiembre del 2000 fueron desalojados nuevamente. Ahora con una orden judicial, 60 policías y el supuesto dueño destruyeron parte de las casas quitándoles el techo, obligando a los campesinos a salir del predio quedando la tierra custodiada por policías. El apoyo solidario de la C.N.T.C. les permite recuperar la tierra nuevamente, pero sólo por unos meses ya que el 18 de enero del 2001 sufren un nuevo desalojo en el cual los terratenientes muestran su profundo odio de clase demoliendo con un tractor las casas, destruyendo los cultivos y dejando el predio como un desierto.
A pesar de la masiva destrucción, la regional de la C.N.T.C. de El Progreso con el apoyo solidario de todas las bases y algunas regionales vuelve a tomar la tierra decomisando el segundo tractor.
Es evidente que pese al heroismo de los compañeros y la solidaridad desinteresada de la regional, la situación se ha hecho insostenible, en cada desalojo aumenta la violencia de la familia Maloff y las autoridades, y poco a poco se va debilitando la resistencia de los campesinos que a cada rato tienen que volver a empezar de cero.
Esto sucede en casi todos los conflictos de tierra. Hay compañeros encarcelados y asesinados. Familias destruidas. El dolor de las madres al ver a sus hijos sin el pan de cada día y a su padre asesinado.
He tratado de explicar un poco este caso para que nos demos cuenta cómo funciona el capitalismo salvaje en la democracia que vivimos en Honduras. A los pobres sólo trae destrucción, dolor, hambre y muerte. Por eso no podemos seguir creyendo en la clase dominante y sus partidos. Debemos fortalecer los principios de solidaridad y lucha unitaria.
por Marcos Luna
Luego de 5 meses desde que estalló la heroica Intifada Palestina, en Octubre del año pasado, ésta se ha transformado en uno de los ejes de la lucha de clases a nivel mundial.
A estas alturas la insurrección de las masas palestinas ya cobra 350 muertos y más de 10,000 heridos. Trataremos de explicar que es lo que lleva a esos miles de jóvenes y niños palestinos a enfrentar con piedras y resorteras al cuarto ejército del mundo, el del estado sionista de Israel.
Estos acuerdos firmados en 1993 entre la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina y el Gobierno de Israel, son los que le ponen fin a la primera Intifada, que estalló en 1987. En este pacto la dirección de Arafat reconoce al Estado de Israel, mientras los sionistas reconocen formalmente la autonomía de Cisjordania y la Franja Gaza.
Este pacto lejos de resolver el derecho de los palestinos a ser estado y nación, se transformó en la única solución que puede haber para el problema nacional en el marco del capitalismo: como en la Sudáfrica del "apartheid", donde la minoría blanca encerraba a los negros en "batustans", los acuerdos de Oslo condenaron a los palestinos a vivir hacinados en bolsones de territorio sin ninguna viabilidad económica y cercados por el ejército israelí.
Arafat negoció una autonomía ridícula, donde se dividió las zonas palestinas en tres áreas: A, B y C. La primera bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), la segunda bajo control parcial de la ANP y el área C, donde se encuentran los colonos judíos, ocupada por el ejército israelí. "En septiembre (de 1999) 15,7% de Cisjordania tendrá que ser transferida de status de Area C a Area B. El 15 de noviembre, un 3% adicional tendrá que ser transferido de Area C a Area B. El 20 de enero (del 2000) la tercera fase de redistribución verá la transferencia de un 1% de Cisjordania de Status C a status A. Pasando el tiempo 5.1% es cambiado de status B a A" [1]
A cambio de estos compromisos vagos, sin definición precisa de los territorios a transferir, Arafat se olvidaba de los problemas centrales: el derecho a retornar a su tierra de los millones de palestinos expulsados por Israel en las guerras desde 1948, la devolución del control de los recursos acuíferos de Cisjordania (que Israel aprovecha en un 90% en su beneficio), el desmantelamiento de los asentamientos judíos en los territorios que supuestamente constituirían el estado palestino.
Esto envalentonó a los sionistas: la paloma de la paz "laborista" Rabin (que negoció en Oslo) y su sucesor del Likud, Netanyahou, le dieron largas a la implementación de los acuerdos y continuaron la expansión de los asentamientos en Gaza y Cisjordania con más de 200,000 nuevos colonos.
Los sionistas confiaban en que la policía de Arafat (entrenada por la CIA) y algunos dólares de ayuda internacional para la Autoridad Palestina bastarían para sostener el batustan de Arafat.
Las masas, sin embargo, cansadas del desempleo, la miseria y el acoso del ejército israelí, que corta constantemente la comunicación entre las aldeas y las ciudades palestinas, terminaron por desengañarse del estado fantoche de la Autoridad Palestina y de los Acuerdos de Oslo.
Esto explica la rabia con la que los jóvenes palestinos se enfrentan con el ejercito israelí. Sin embargo, esta Intifada es profundamente diferente de la anterior, pues muchos de los jóvenes que arrojan piedras, aunque son hijos o hermanos de quienes lucharon en la primera Intifada, a diferencia de éstos desconfían de Arafat y de Oslo.
Ehud Barak, líder de los laboristas, no sólo se vio obligado a convocar a elecciones anticipadas el pasado 6 de febrero, producto de su incapacidad para derrotar la Intifada, sino que perdió el voto de los palestinos dentro de Israel (18% de la población), que lo habían llevado años atrás al poder y esto es lo que explica el masivo triunfo electoral de Ariel Sharón , el candidato del derechista Likud, que con el apoyo de Shas, el partido de los ultraortodoxos judíos, puede llevar a una agudización del conflicto. Si el fascista Sharon, que quiere mantener los asentamientos y anexar Jerusalén Este, no logra que Arafat capitule totalmente, es muy probable que se lance a un mayor baño de sangre para intentar por esta vía derrotar la Intifada.
Arafat no tiene ningún interés en armar a las masas palestinas, para que no se enfrenten indefensas al genocida ejército sionista. Por su parte, las direcciones islámicas, Hamas o la Djihad, tienen como método fundamental las acciones terroristas, porque como direcciones burguesas que son su estrategia no es movilizar las masas. Toca a los trabajadores y la juventud palestina organizarse en comités democráticos para garantizar el armamento y tomar en sus manos la dirección de la Intifada.
La lucha por un verdadero estado palestino sólo puede culminar en el marco de la revolución socialista, logrando la unidad de los trabajadores árabes y judíos para destruir el estado sionista de Israel y crear un Estado laico, no racista y con igualdad de derechos para árabes y judíos. Para destruir el gendarme sionista, es necesaria la construcción de un partido obrero socialista de los trabajadores y la juventud árabe y judía.
[1] Traducido de: "The sharm el-Sheikh Memorandum an Israeli Settlements", Le Monde diplomatique
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