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En el momento en que escribimos estas líneas, la Intifada de las masas palestinas ha comprometido la política del imperialismo en el Medio Oriente, obligando a Arafat y a todos los regímenes burgueses alineados detrás de Clinton a tomar distancias de Israel y repudiar el salvaje genocidio de los palestinos. Washington ha visto cómo en unos pocos días, el empuje de las masas palestinas y detrás de ellas el conjunto de los explotados del mundo islámico, ha hecho saltar por los aires los reaccionarios acuerdos de Oslo, poniendo en evidencia que la paz imperialista para la región lo único que busca es encerrar en un régimen de apartheid a los palestinos, seguir negando el derecho a ser nación a los kurdos y mantener aplastado a Irak por las bombas que periódicamente le arrojan y las sanciones económicas de la ONU.
Clinton, con el cinismo que caracteriza al imperialismo, venía tratando de forzar a Arafat a aceptar que los sionistas de Israel expulsen a los árabes de Jerusalén y sigan controlando a su antojo los recursos acuíferos y las mejores tierras de Gaza y Cisjordania. Quería acabar su Administración con el Medio Oriente “pacificado”. El traidor Arafat tuvo que negarse a continuar en la farsa ante el estallido que han provocado las incesantes humillaciones y atropellos que sufren los palestinos.
Clinton defiende a capa y espada el Estado sionista de Israel, porque es su punta de lanza militar para controlar la región. El imperialismo yanqui mantiene super armado al ejército sionista (ahora lo está dotando de misiles de mediano alcance por 17,000 millones de dólares) para prevenir cualquier veleidad nacionalista del régimen iraní o de Saddam Hussein en Irak.
La situación del Medio Oriente debe llamarnos la atención, sobre lo que nos depara el imperialismo con la implementación del Plan Colombia. Los métodos fascistas que utiliza el Estado sionista, son los métodos de contrarrevolución violenta con los que el imperialismo se prepara a controlar a los pueblos latinoamericanos, para avanzar en su política de saqueo y mayor sometimiento semicolonial de la región.
Centroamérica ya tuvo una buena dosis de los métodos contrarrevolucionarios del imperialismo en los ochentas: la instalación de bases yanquis en Honduras, el armamento de la contra nica, el fortalecimiento de los ejércitos asesinos para enfrentar el ascenso de la revolución centroamericana.
Pero la Intifada palestina pone en evidencia, que no hay represión que contenga a un pueblo decidido a defender el pedazo de tierra donde lo han arrinconado. La peor amenaza para los pueblos en lucha, son las dirigencias burguesas y pequeñoburguesas dispuestas a pactar con el imperialismo.
Como las direcciones guerrilleras en Centroamérica, cuyos comandantes hoy son respetables empresarios y parlamentarios en las “democracias” negociadas en Contadora y Esquipulas, Arafat y su círculo entraron en el juego del imperialismo de hacerle el trabajo sucio desde la “Autoridad Palestina” de continuar reprimiendo las masas desposeídas, a cambio de las migajas de la “ayuda” del imperialismo que roban desde el Gobierno. La nueva oleada de la Intifada ha estallado contra la voluntad traidora de Arafat.
Es indudable que las masas del Istmo tarde o temprano se recuperarán de la derrota que sufrieron en los ochenta y volverán a arrinconar con sus luchas las “ejemplares democracias centroamericanas”. Pero así como en Palestina sólo un partido revolucionario de los trabajadores árabes y judíos puede destruir el monstruoso estado sionista y abrir la vía a un estado democrático, laico y con igualdad de derechos para judíos, árabes y cristianos, en Centroamérica la única posibilidad de no volver al callejón sin salida de la democracia burguesa repodrida de los Comandantes guerrilleros y el imperialismo es la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores del área. Así como ningún estado palestino es viable reducido a una porción de Palestina, sólo la Federación de Estados Socialistas de Centroamérica puede abrir una perspectiva de resistencia exitosa al imperialismo. La resistencia heroica de las masas palestinas hace más vigente que nunca la necesidad de que la clase obrera, barriendo las fronteras levantadas por el imperialismo, resuelva los problemas históricos que el imperialismo ha creado para dividir y enfrentar a los pueblos. Ese es nuestro programa internacionalista y por eso tratamos de construir el partido marxista revolucionario de los trabajadores centroamericanos.
Reconstrucción Nacional:
Martín Hernández
A dos años del huracán Mitch el 57% de los hogares urbanos y el 75% de los rurales se encuentran bajo la línea de pobreza.
Contrastando con la millonaria publicidad oficial que muestra al presidente de la República sonriente y sin preocupaciones, miles de familias continúan viviendo en los macroalbergues que se han convertido en verdaderos tugurios miserables.
Los, también publicitados, millones de dólares recibidos no se miran por ningún lado; y las obras realizadas no pasan de ser en su gran mayoría proyectos de infraestructura provisionales como los famosos puentes bailey, los ya mencionados macroalbergues y otras por el estilo como ha señalado recientemente Interforos.
En materia de reactivación de la producción la situación es peor. Las millonarias pérdidas ocasionadas por el huracán sumado a la caida de los precios de los principales productos agrícolas (café, banano, palma africana, azúcar) configuran las bases de la recesión económica que no logra superarse, a pesar de los subsidios arrancados al gobierno por parte de diferentes sectores con tomas de puentes y carreteras.
Tras este desolador panorama general se encuentran miles de familias campesinas sin acceso a la tierra ni al crédito, obligadas a emigrar a las ciudades para engrosar las filas de desempleados sin perspectiva alguna.
Los trabajadores asalariados, son objeto de burla con un irrisorio aumento de cinco lempiras diarios que no compensan el incremento del transporte urbano y que casi nadie recibirá debido a las condiciones pactadas por la empresa privada y los dirigentes de la CUTH y CGT.
En definitiva, la Reconstrucción Nacional del gobierno y los empresarios sólo ha sido la reconstrucción de sus propias ganancias capitalistas a pesar del inmenso sacrificio de toda la población que vio relegadas sus aspiraciones y necesidades en aras de la Reconstrucción nacional de Flores.
La verdadera reconstrucción, que brinde vivienda, salud y educación al 75% de hondureños bajo el nivel de pobreza, sigue pendiente.
Es mentira que un empresario, una ONG, un organismo financiero internacional o un político podrán construir una Honduras solidaria e igualitaria. Esa tarea sólo será posible mediante un cambio de sistema social realizado por los propios trabajadores del campo y la ciudad tomando el poder político en sus manos y terminando con el sistema capitalista.
Roberto Chavarría Céspedes
El próximo 7 de Noviembre, cuando la presente edición se encuentre en manos del lector, se estarán realizando las elecciones municipales en Nicaragua. ¿Quién ganará las elecciones? Por el momento resulta imposible predecir el futuro. Sin embargo, se pueden elaborar algunas hipótesis tomando en cuenta las tendencias políticas actuales.
En Nicaragua, como en la totalidad de los países que conformamos la nación centroamericana, existe una nefasta tradición de concentración de poderes en manos del Presidente de la República. Al contrario de la rica tradición municipalista española, las municipalidades de Nicaragua siempre han estado sojuzgadas por el poder ejecutivo. Desde el año 1930 hasta el año de 1979, sólo para citar un ejemplo, las autoridades de la alcaldía de Managua o “Distrito Nacional” no eran electas a través del sufragio universal sino que eran impuestas directamente por el Presidente.
Sin embargo, las cosas cambiaron en julio de 1979. Fue abolido el “Distrito Nacional” aunque el alcalde y los funcionarios de la municipalidad continuaron siendo impuestos por la Junta de Gobierno. Al momento de elaborarse y promulgarse la Constitución de 1987, los diputados constituyentes decidieron no incorporar la figura del “Distrito Nacional” y Managua, la capital del país, fue considerada una municipalidad más.
Casi siempre, por lo menos en los últimos 30 años, las elecciones municipales han coincidido con las elecciones generales. Así ocurrió en 1990 y en 1996. Ahora estamos ante una novedad. Es la primera vez en los últimos 30 años que las elecciones municipales se celebraran por fuera del marco de las elecciones generales. El partido político que gane la mayoría de las alcaldías se perfila como el ganador de las elecciones presidenciales del año 2001.
A inicios del presente año fueron publicadas las reformas a la Constitución de 1987 –que había sido reformada en el año 1995– y la Asamblea Nacional promulgó una nueva Ley Electoral. La reforma constitucional no creó ningún nuevo derecho para el pueblo, sino que se limitó a reorganizar las instituciones del Estado. Estas reformas legales e institucionales crearon un nuevo marco de competencia política entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Con ello, el PLC y el FSLN consumaron un pacto político por medio del cual se repartieron en proporciones casi iguales los poderes del Estado: la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y el Consejo Supremo Electoral. El PLC y el FSLN pretendieron crear las bases de un sistema bipartidista en el que teóricamente ambas organizaciones se alternarían en el poder político.
En esta reorganización del Estado, el FSLN obtuvo ventajas considerables por que venía de un largo periodo de casi 10 años en el cual sus cuotas de poder se habían debilitado después de perder dos elecciones generales (1990 y 1996).
Pero lo que mas daño le ha causado a la “incipiente democracia” en Nicaragua, ha sido las limitaciones impuestas por la nueva Ley Electoral. Fueron abolidas las asociaciones de suscripción popular, es decir, el derecho de los ciudadanos a presentar candidatos por fuera de los partidos políticos. Para inscribir candidatos, los partidos deben recolectar por lo menos el 3% de firmas del padrón electoral a nivel nacional, las cuales son verificadas una a una en base a los archivos de cedulación. Para inscribir candidatos se deben completar las listas en todos los municipios. Los gastos de la campaña electoral se cancelarán hasta después de la votación, en base a la cantidad de votos obtenidos por cada partido. El partido que no participe en estas elecciones pierde automáticamente su personalidad jurídica. Con ello, el PLC y el FSLN aplican aquel adagio popular que dice: “si te corres te tiro, y si te paras te mato”.
Muchos partidos lograron reunir el 3% de firmas, como la organización indigenista YATAMA, pero las firmas fueron anuladas por el Consejo Supremo Electoral debido a que supuestamente no coincidían con los archivos de cedulación. Los indígenas interpusieron un recurso de amparo, pero según la Constitución no hay recurso alguno posible contra las resoluciones del CSE en materia electoral.
La organización de las elecciones quedó en manos del PLC y del FSLN. De esta manera, con un marco legal profundamente antidemocrático, sólo 4 partidos políticos participan en la actual campaña electoral: el PLC, el FSLN, el Partido Conservador (PC) y el partido evangélico Camino Cristiano Nicaragüense (CCN).
Los restantes 26 partidos políticos, entre los cuales se encuentra el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT ), se encuentran al borde del cadalso, es decir, se encuentran inmersos en el proceso administrativo de cancelación de la personalidad jurídica por no haber participado en las elecciones.
Las ultimas encuestas de opinión colocan al candidato sandinista Herty Lewites como virtual alcalde de Managua. El panorama político está cambiando de manera silenciosa en Nicaragua. El fortalecimiento electoral del FSLN en la ciudad de Managua se debe, fundamentalmente, a tres grandes factores.
En primer lugar, han transcurrido diez años de aplicación de planes de ajuste por medio de los cuales las masas trabajadoras y la clase media se han empobrecido cada ve más, y en todo este proceso, aunque el FSLN ha colaborado con las privatizaciones y las políticas neoliberales aprobando leyes en la Asamblea Nacional, este partido político ha aparecido en términos generales como un partido de oposición por fuera de las decisiones del gobierno.
En segundo lugar, el PLC se ha desgastado políticamente por los escándalos de corrupción y de enriquecimiento acelerado del Presidente Alemán y sus allegados. Falta un año para las elecciones generales y a pesar de la estabilización de la macro economía, Nicaragua no logra despegar económicamente. El país exporta a duras penas 800 millones de dólares y necesita 1,250 para funcionar en condiciones mínimas. El estancamiento de la economía asfixia a las grandes masas populares y eso acelera el desgaste político del PLC.
En tercer lugar, la campaña política del FSLN en Managua se ha caracterizado por su moderación, abandonando su retórica revolucionaria, realizando propuestas positivas con el objetivo de ganarse a la clase media. Herty Lewites se presentó como candidato independiente en las elecciones de 1996, y obtuvo una importante votación. El voto cautivo del FSLN, mas los votos que de manera independiente había ganado Herty Lewites, se han reflejado en las ultimas encuestas. El repunte del FSLN en Managua refleja un reacomodo del electorado en contra del PLC y un viraje hacia a la “izquierda”, es decir, a favor de un partido burgués, reformista, socialdemócrata, afiliado a la Internacional Socialista (IS) .
Parte de este reacomodo del electorado contra el gobierno liberal, también se refleja en un inusitado crecimiento electoral del Partido Conservador , el partido de la oligarquía y de los grandes grupos económicos tradicionales. Antes de la reforma constitucional y de la promulgación de la nueva Ley Electoral, las encuestas colocaban a Pedro Solórzano, presidente del PC, como el virtual ganador de la alcaldía de Managua, lo que motivó a que el FSLN y el PLC cerrarán filas en promover la inhibición del candidato conservador. Al final, los limites territoriales del municipio de Managua fueron cambiados para dejar por fuera de los mismos a la casa de habitación del dirigente conservador, y de esta manera el CSE inhibió a Pedro Solórzano y declaró que no podía ser candidato a alcalde del municipio de Managua.
Sin embargo, pese a lo anterior, el PC presentó como candidato a alcalde de Managua, a Willian Baez , ex ministro del gobierno de Violeta Chamorro, un prominente hombre de negocios. En pocas semanas, Báez se ha colocado en un segundo lugar, pisándole los talones a Herty Lewites . El crecimiento electoral de Báez ha implicado una disminución del caudal electoral de Wilfredo Navarro , candidato del PLC , quien se encuentra en un tercer lugar en las encuestas
El reacomodo contra el gobierno liberal se ha expresado en el crecimiento de dos opciones políticas dentro del marco de la burguesía: por un lado un viraje hacia la “izquierda” con el FSLN, y por otro lado un viraje hacia la “derecha” con el Partido Conservador.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha expresado públicamente su preocupación por la división del “voto democrático”, es decir, del voto antisandinista. El Presidente Alemán, preocupado por un probable triunfo del FSLN, ha llamado a los conservadores a apoyar a su candidato. Estos, por su parte, responsabilizan a Alemán por un probable triunfo sandinista.
La pelea por la alcaldía de Managua se dará entre Herty Lewites y Willian Báez. La distancia entre el primero y el segundo es de un 10%. El voto del segmento de los indecisos será clave para ganar la Alcaldía de Managua, pero independientemente de quien lo logre, lo que si esta claro es que los grandes contendientes de las próximas elecciones nacionales serán el FSLN y el Partido Conservador.
La nueva y antidemocrática Ley Electoral permitió que sólo cuatro partidos (PLC, FSLN, PC y CCN) presentaran candidatos en las elecciones municipales de Nicaragua. Todos son partidos burgueses cuyo principal aspiración es lograr el control del presupuesto municipal. Ninguno de ellos se preocupan por los problemas que viven los trabajadores. Tomando en consideración que el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se vio imposibilitado de presentar candidatos, y que no existe un partido que represente los intereses de los trabajadores y los pobres, llama al pueblo de Nicaragua a expresar su rechazo contra el sistema político imperante y contra los partidos burgueses, marcando nulo en todas las casillas.
Sexualidad, Ciencia y Socialismo:
Roberto Herrera
En los últimos días las columnas de La Nación, el principal diario burgués del país, se han llenado de artículos, sentando posición con respecto a las implicaciones del fallo del 15 de Marzo de la Sala Constitucional, donde acoge una acción de inconstitucionalidad que declara ilegal el proceso de fecundación in vitro, el cual se ha venido realizando en nuestro país desde inicios de los 90 y por medio del cual ya han nacido 14 niños en Costa Rica.
Esta acción fue presentada ante la Sala Constitucional desde 1995 por Hermes Navarro, miembro entre otras cosas de la “Asociación de Abogados Católicos Santo Tomas Moro” y de la “Comisión entre la Iglesia Católica y el Poder Ejecutivo para la Educación Sexual”, además de asesor de la Conferencia Episcopal, queda claro que Navarro es un representante de los intereses de los sectores de la burguesía más profundamente ligados a la Iglesia Católica.
Este artículo intenta develar que hay detrás de esta polémica y cual es la posición de los socialistas ante este conflicto.
La fecundación in vitro es un proceso científico, mediante el cual las parejas donde la mujer es infértil, tienen la posibilidad de que la mujer sea fecundada artificialmente. El proceso se lleva a cabo en el mundo desde 1980, y básicamente consiste en estimular la producción de óvulos para posteriormente fecundarlos con espermatozoides. Estos embriones luego se implantan en el útero. En este proceso varios de los embriones fecundados, al intentar ser implantados mueren, y a partir de este hecho la Sala IV decide declarar la ilegalidad de este proceso, pues la vida humana se iniciaría “desde la procreación” y por lo tanto al manipular conscientemente embriones se esta atentando contra la vida.
Esta actitud de la Sala es una demostración de cómo el mismo órgano jurídico que declaró ilegal las Convenciones Colectivas, una de las más importantes conquistas sociales de los trabajadores, también se asocia con la reaccionaria Iglesia Católica para lanzar una ofensiva contra los avances del pensamiento científico, provocando el dudoso honor de ser el único país donde el proceso de fecundación in vitro es prohibido.
Estas dos declaraciones de la Sala, uno de los principales órganos del Estado burgués, no son excluyentes, como algunos lectores pensarán, sino que reflejan dos de las tendencias básicas del capitalismo: La destrucción del nivel de vida de las masas y por otro lado la permanente contradicción del capitalismo con el pensamiento científico desde que entra en su época de decadencia imperialista.
El argumento fuerte de la Sala IV para declarar ilegal el procedimiento de fecundación in vitro, es que la vida humana se inicia desde la procreación y por tanto este proceso es un atentado contra la misma pues desecha gran cantidad de óvulos fecundados. Bajo el argumento seudohumanitario de “proteger la vida”, se esconde una gran dosis de prejuicio y se pasa de contrabando una ideología reaccionaria.
¿Qué será exactamente esta “vida potencial”? En el embrión fecundado lo que existe son genes activados y proteínas que se integran progresivamente en órganos y sistemas. Los genes son instrucciones de un código físico, las segundas ladrillos biológicos, ninguno de los dos constituyen “hombres potenciales”. Esta misma posición de la “vida potencial” tiene metida en un problema a la Iglesia y sus adalides, pues cuando la Sala dice que los embriones ya tienen vida humana, salta una pregunta inmediatamente: ¿Qué hacer con los embriones que actualmente están congelados y que ya no se van a poder utilizar? Siguiendo la lógica de la Iglesia, si los desechan, los descongelan o simplemente los dejan ahí hasta el infinito estarían cometiendo en los tres casos un asesinato.
Algunos intelectuales burgueses que han salido a criticar a la prohibición, como Claudio Gutiérrez, ex–Ministro de Educación, sostienen que la vida humana por lo antes dicho se iniciaría con la formación del cerebro en los últimos meses de la fecundación (La Nación, 19/10/00, pág. 15). Para los socialistas, el problema de la vida humana no es sólo un problema biológico, como lo enfocan Gutiérrez y la mancuerna Sala IV-Iglesia Católica, difiriendo sólo en dos meses en el proceso de formación del feto para considerarlo vida humana. Para nosotros, por el contrario, la vida humana comienza con el nacimiento del niño y el inicio de su proceso de socialización, de desarrollo de su conciencia, porque el ser humano es más que la simple vida natural, y su condición de ser humano está determinada por las posibilidades que le preste la sociedad para desarrollarse a plenitud.
La burguesía costarricense tiende a ver este problema como la existencia biológica, como en el capitalismo impera la ley del más fuerte, el problema de garantizar una vida plena donde el ser humano pueda desarrollar plenamente sus capacidades, poco le interesa, y nada mejor refleja esto que la prohibición de la eutanasia, que condena a los enfermos terminales a sufrir poco a poco una muerte dolorosa.
Detrás de los gritos furibundos de Ulibarri [ 1 ] y compañía se esconde una gran hipocresía. No creemos que de repente declarados enemigos de la lucha contra el combo del ICE, se hayan hecho libertarios, ¡nada de eso! Siguen siendo los mismos burgueses. Detrás de sus denuncias contra el fallo no existe ningún interés de defender los avances científicos, sino el interés de un sector importante de la burguesía tica, que está viendo como en un momento en que su proyecto de desarrollo capitalista, ligado a la reconversión productiva y el modelo exportador le empieza a hacer crisis [ 2 ], la Sala IV le está quitando un importante y rentable negocio, pues cada proceso de fecundación in vitro puede llegar a costar más de un millón de colones, además de las grandes inversiones en capacidad instalada (equipos, instrumentos, etc.) que están perdiendo con esta decisión.
La Sala IV usa contra la fecundación in vitro el mismo argumento que usa contra el aborto: la “vida potencial”, desentendiéndose de las condiciones sociales en las que se desenvolverá la criatura. Los socialistas creemos que ninguna ley puede entrometerse en las decisiones de la mujer sobre la reproducción. Al igual que defendemos el derecho de la mujer a fecundarse, defendemos también su derecho a abortar mientras la sociedad capitalista no le garantice a la madre las condiciones para el pleno desarrollo de sus hijos, empezando por las guarderías en el trabajo y terminando por la educación socialista de los mismos.
Tanto los “humanistas” reaccionarios tipo Hermes Navarro hasta los columnistas “científicos” de La Nación, basan sus argumentos en el mezquino interés personal del sector de la burguesía que representan.
Para los socialistas el derecho a la fecundación in vitro es una libertad democrática de las mujeres, que la Sala Constitucional ha aplastado. No obstante, este mismo proceso científico, como se realizaba hasta hace unos meses, es un derecho sólo para los matrimonios burgueses que tengan la capacidad de comprar su fertilidad, pagando el carísimo valor de este procedimiento. En el fondo la fecundación in vitro debe ser uno más de los servicios que preste el Seguro Social, para de esta forma poner los avances científicos al alcance de los sectores populares y no como un producto de uso exclusivo de la burguesía, para hacer negocio y reforzar las ideas reaccionarias sobre la sangre y la familia como base de la sociedad.
Creemos que dentro del sentido de solidaridad humana que debe privar en la sociedad, no es sólo a través de la procreación que las parejas pueden constituir familias, sino que con la adopción de niños huérfanos y abandonados se puede también llenar esta necesidad afectiva.
Sin embargo, defender el derecho a la fecundación in vitro, hace parte del respeto a las decisiones de la mujer sobre su cuerpo y al progreso científico.
[ 1 ] Director del Periódico La Nación
[ 2 ] De ahí la indudable necesidad de esta burguesía de tener que echar mano a las empresas del estado
Gabriel Artigas
En la madrugada del domingo veintidos del presente mes, resulta muerto el joven Omar Montero Salas de 18 años en la zona de Finca San Juan de Pavas, San José, en enfrentamientos entre grupos de jóvenes y los cuerpos policiales. Un grupo de unos cuarenta jóvenes transitaban por la carretera principal de dicha localidad y efectivos policiales los reportaron como pandilleros y procedieron a detenerlos. Al resistirse los muchachos, les empezaron a disparar y resultó muerto el mencionado joven.
Ante la aparición de bandas juveniles en los barrios marginales, la policía viene realizando toda una serie de abusos. Ya se suman con este joven cuatro muertos a manos de la policía en circunstancias dudosas en Finca San Juan.
Por los atropellos que ha cometido la policía, luego del incidente, las protestas y bloqueos se prolongaron hasta el lunes. Está lucha muestra el fenómeno del descontento juvenil, que viene en aumento desde la lucha contra el Combo del ICE, lo cuál atestigua un profundo malestar contra la pudrición del sistema. Y asimismo la realidad no desmiente, Finca San Juan en Pavas es un área relativamente pequeña en extensión que alberga a unas 60 mil personas que viven en hacinamiento y sin las condiciones y los servicios mínimos, lo cual atestigua la critica realidad social de los jóvenes.
Con los hechos de Pavas, queda demostrado que la dinámica de los mercenarios estatales contra cualquier acción de los sectores populares no es otra que el garrote policial y los gases, sin importar si hay muertos. La administración de MAR ha dado un giro en cuanto al sistema de seguridad, reflejado sólo en el hecho de que se han abierto más de diez mil plazas para policías y sé esta profesionalizando más a los cuerpos represivos disfrazados de pacíficos protectores del orden.
La situación en Pavas nos muestra que la juventud tiene un profundo malestar contra el sistema, que no brinda oportunidades y más bien recorta los pocos espacios para apenas poder vivir. Y es que la retórica de descomposición social, desintegración de la familia y perdida de los valores implementada por las autoridades para referirse al problema de Pavas, no es más que una falsedad. Lo único claro es la barbarie de sistema y la farsa de la democracia de Tiquicia, en la cuál las nuevas generaciones parecen ya no creer.
Y sin lugar a dudas, para el desmantelamiento del Estado y la eliminación de la ayuda a los sectores populares, la burguesía se está armando para evitar cualquier tipo de oposición. En este contexto, las comunidades y demás organizaciones populares deben trabajar contra la marejada de la globalización de manera conjunta, para impedir más abusos del Estado y grupos represivos, en función de salvaguardar los derechos y condiciones para vivir.
El gobierno avanza en la privatización del sector salud
David Morera Herrera
Mediante circular Nº 20,721 de fecha 5 de septiembre del año en curso, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social comunica al cuerpo gerencial su acuerdo de aplicar el Addendum a los Compromisos de Gestión en los Hospitales: Nacional de Niños, Calderón Guardia, San Juan de Dios, México, Blanco Cervantes, Enrique Baltodano de Liberia, Escalante Pradilla de San Isidro de El General, San Vicente de Paul, San Francisco de Asís, San Carlos, y en las Areas de Salud de Coronado, Santa Cruz de Guanacaste, Chacarita y Esparza.
El Addendum es solo una parte del proceso de desconcentración hospitalaria que desde hace años impulsan los jerarcas de la CCSS. Se fundamenta en la Ley de Desconcentración Hospitalaria aprobada hace dos años en la Asamblea Legislativa sin ninguna oposición de las cúpulas sindicales. Mediante este addendum que no es otra cosa que un agregado a los compromisos que pacta con los Directores el nivel central, se le otorga a los primeros mayores facultades en el agotamiento de la vía administrativa para casos disciplinarios (excepto despidos) y se les otorga personería jurídica instrumental para ampliar las formas de contratación de servicios a la empresa privada.
La importancia del Addendum estriba en que una vez que se impulsa el desmembramiento operativo de la CCSS, brindándole autonomía y poder a los Directores de hospitales para manejar el presupuesto y los recursos humanos, avanza sustancialmente en tres aspectos claves para profundizar el desmantelamiento y privatización de la CCSS:
La privatización es un proceso sostenido y bien calculado. Mientras el Estado le debe casi 150 mil millones de colones a la Caja, existe una gran evasión y morosidad patronal, al mismo tiempo se procura desangrar los recursos de la Caja con las compras de servicios. Así por ejemplo sucede con las cifras millonaria que se invierten en la compra de servicios de acelerador lineal y resonancia magnética, que son un jugoso negocio para las clínicas y hospitales privados que viven parasitando de la Caja.
Con la descentralización también se tiende a desintegrar a la Institución y dividir a sus trabajadores. Dependiendo del manejo y la asignación de recursos, habrán hospitales de primera, segunda y tercera categoría, mientras se incrementa el saqueo de recursos públicos y toda forma de corrupción con las compras a terceros. Asimismo, dependiendo del grado de combatividad y organización local, avanza más la privatización en ciertos sectores que en otros, por ejemplo en el Hospital San Juan de Dios hasta ahora no se ha privatizado un solo servicio, pero ya el Hospital de Heredia se está próximo a entregar de conjunto a una fundación privada, así como se está licitando a la empresa privada ciertos EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral de Salud).
Como si esto fuera poco, la Junta Directiva de la CCSS aprobó en marzo dos reglamentos funestos para la naturaleza pública de la seguridad social: El Reglamento para la Compra de Servicios Médicos Especializados por medio de terceros y el Reglamento del Sistema Mixto de Atención Integral a las Personas. En el primer caso se trata de que la Junta Directiva puede paga servicios privados de medicina en áreas que determine, como ya sucede en patología y oftalmología. En el segundo caso se le otorga al paciente la prerrogativa de contratar los servicios de un médico privado, y este cuenta con los equipos, material y servicios de radiología, laboratorio, etc. que le brinda la institución, mientras esta no se hace responsable por eventual mala praxis u otras consecuencias del tratamiento. Es decir, los jerarcas de la Caja están legalizando los biombos, al permitir el ejercicio de la medicina privada utilizando como plataforma los recursos públicos.
Una de los puntos centrales de la huelga hospitalaria de abril fue la oposición a la aplicación del Addendum. La huelga se levantó el 15 de abril con el compromiso en ese aspecto de conformar una comisión bipartita que en un plazo de tres meses analizaría y reformaría conjuntamente el Addendum, mientras se suspendía su aplicación. Desde nuestro punto de vista ese mal acuerdo de la huelga lo único que permitía era un plazo para reorganizar fuerzas, a condición de que se impulsara la información y movilización de las comunidades en torno a la privatización de la CCSS y así tomar impulso para una nueva ofensiva de lucha. Nada de eso sucedió. Por el contrario, el plazo sirvió para darle un margen y un respiro a la patronal para que se saliera con la suya. En efecto, no bien finalizó el plazo previsto, las autoridades de la CCSS aplicaron el Addendum haciendo caso omiso de las observaciones de las cúpulas del Frente de Organizaciones Sindicales del Sector Salud (FOSSS), y los trabajadores nos dimos cuenta a través de la televisión y la prensa que en una ceremonia los Directores de Hospitales y Areas de Salud mencionados firmaban con bombos y platillos el famoso Addendum. Es decir, las cúpulas del sector salud ni siquiera informaron a sus propios trabajadores sobre lo que vendría. La consecuencia: un baldazo de agua fría para las bases.
No sólo se impuso una política que avanza hacia la privatización de la salud, sino que se hizo en la propia cara de las organizaciones sindicales, sin que éstas ni siquiera alertaran a sus bases, sin que éstas reaccionaran en lo más mínimo. Es decir, se cedió una posición clave, después de una huelga dura y heroica, sin disparar un solo cartucho al aire.
Conclusión: estamos ante una derrota de los trabajadores que más han luchado en los últimos años, los trabajadores de la Caja del Seguro Social, que se da en frío gracias a la inercia de la cúpula sindical, y encontrando a un movimiento de base golpeado y desgastado luego de una larga huelga en abril, que confusamente combinó el eje del retroactivo salarial adeudado (11.49 %) desde julio de 1986, con el eje político de la lucha contra la privatización. Debemos agregar que a la imposición del Addendum le antecede una campaña selectiva de represión, persecución e intentos de despido en el mes de julio y agosto concentrada en el hospital más combativo y en el que la dirigencia seccional ha tenido una orientación revolucionaria: nos referimos al Hospital San Juan de Dios.
En fin, claramente y sin tapujos debemos señalar que, con ayuda de la burocracia sindical, el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, que quedó muy mal parado con las jornadas de lucha contra el Combo del ICE (el proyecto para desmantelar y privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad), no sólo está logrando un respiro sino que avanza parcialmente en la aplicación de sus planes en ciertos sectores: básicamente en el sector salud con el Addendum y con ayuda de la Sala Constitucional en la estocada final a las Convenciones Colectivas.
El Frente Nacional de Lucha que se organiza luego de las jornadas contra el Combo del ICE, encabezado y controlado por la cúpula de la Central Sindical Rerum Novarum, ligada al Partido Liberación Nacional, en lugar de ser un ente aglutinador y centralizador del movimiento obrero y popular, se perfila como una maniobra para controlar irrupciones del movimiento de masas explosivas como las que se sucedieron en marzo abril de este año. Prueba de ello es que a pesar de haber organizado decenas de reuniones, foros y jornadas de estudio, el flamante Frente Nacional de Lucha, no hizo más que aleteos propagandísticos de poco alcance con la suscripción de los Addendum.
El 9 de noviembre el FOSSS y el Frente Nacional de Lucha están llamando a una concentración frente a Oficinas Centrales de la Caja. Para garantizar que esa actividad sea fuerte, es necesario organizar Asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo, donde las bases puedan exigir una orientación consecuente con sus dirigentes y definir democráticamente las acciones a seguir. Además, conformar comités de lucha locales que vayan a las comunidades adscritas a promover la incorporación de las organizaciones barriales y populares. Asimismo, el FOSSS y UNDECA, que es el sindicato más fuerte del sector salud, deben convocar a un verdadero Encuentro Nacional Democrático de trabajadores y comunidades donde se adopte un plan de lucha coherente para frenar la ofensiva privatizadora en el sector salud, vinculándola al resto de luchas den defensa del servicio público, contra el costo de la vida y por un aumento general de salarios que compense la inflación. Es decir, el movimiento sindical y popular, sin ataduras burocráticas, debe definir un Pliego Unitario de Lucha y un Plan de acciones para impulsarlo en las calles.
Complicidad del INA con los terratenientes:
Omar Hernández, Secretario General C.N.T.C. Regional Progreso, Yoro
Los compañeros de Empresa Asociativa Campesina “La Morazán” empezaron alquilando la tierra donde Don Sebastián Reyes Arias a Lps. 30.00 la manzana, quien la había obtenido por arrendamiento ya que la compañía bananera Tela Railroad Company la había abandonado. Después en el año 1981 en el mes de mayo 40 socios decidieron organizarse y solicitarla al INA. En ese entonces era Director del INA en San Pedro Sula Armando Discua quien nombró una comisión de campo, que informó que la tierra no estaba cumpliendo la función social y era tierra nacional.
A los dos años apareció con una escritura Sebastián Reyes pero el INA en 1982 había otorgado carta de garantía de ocupación a la Cooperativa “La Morazán” y los socios se dedicaron a trabajar la tierra. Plantaron una finca de naranja, y también plantaron un proyecto de vivienda a través del INVA con apoyo del gobierno alemán, con la opinión del Instituto Nacional Agrario.
A principios del año 1989 apareció la municipalidad de El Progreso con escritura pública del terreno y apareció un patronato vendiendo solares a veinte mil lempiras. En 1989 el Director del INA (SPS) Joel Castillo se alió con los terratenientes, los Maloff, y ordenó el primer desalojo en 1993 aproximadamente en el mes de abril, destruyendo el proyecto de vivienda y parte de los cultivos, aproximadamente veinte mil plantas de aguacate, cítricos y árboles maderables. Después en el mes de Noviembre asesinaron al compañero Cleofes Colindres Canales porque entró a recoger parte de su producción al terreno que estaba cubierto de guardias armados y militares pagados por Nicolás Maloff, y lo enterraron en un pozo malacate donde echaron su bicicleta y otras pertenencias.
Después de esto la empresa “La Morazán” tomó posesión nuevamente del terreno con apoyo de la C.N.T.C. El INA, un año y medio después, los constituye en Empresa Asociativa Campesina “La Morazán” y les otorga nuevamente carta de garantía de ocupación y da inicio de un nuevo trámite de expropiación y titulación de la tierra, que nuevamente fue denegado. En 1998 el INA ordena otro desalojo de los campesinos siendo presionados por Nicolás Maloff. Esta vez se procesa a todos los socios y capturan a Pablo Aranda acusado de un delito que nunca cometió como quedó demostrado con las pruebas, pero aún así, estuvo privado de su libertad por 2 años y medio.
Hoy en el año 2000 la Corte de Apelaciones de La Ceiba, ordenó desalojar, el 12 de Septiembre, a los campesinos de la Empresa Asociativa “La Morazán” y entregársela a la Compañía de Inversiones Pirámides siempre comandada por los señores Maloff. Nuevamente se les destruyeron las viviendas y capturaron a tres compañeros.
En este último desalojo el Ministro del INA, Anibal Delgado Fiallos, pedía 48 horas al Juez para resolver lo que en 20 años no han querido legalizar y entregar el título definitivo a la E.A.C. “La Morazán”.
Ha pasado un mes y medio del desalojo y las autoridades del INA no han podido encontrar una solución al problema, los compañeros están recibiendo amenazas de que los van a sacar a la fuerza de la tierra y ya están a punto de perder las esperanzas por la lentitud y negligencia de las autoridades del Estado de Honduras.
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El Partido de los Trabajadores exige al gobierno de la República que adjudique de manera inmediata el predio al grupo “La Morazán” otorgándole título de propiedad y dejando sin efecto el título mal habido de los Maloff. También hacemos un llamado a todas las organizaciones obreras, campesinas y populares a brindar toda la solidaridad a los compañeros de “La Morazán” y en particular a las Centrales Obreras y al Bloque Popular a exigir al gobierno de la República la inmediata adjudicación de la tierra al grupo. |
Marcelo García
Después de las jornadas de lucha en contra del conjunto de leyes que pretendían privatizar el ICE ( llamado por el pueblo: “Combo del ICE”), la burocracia sindical y el partido Fuerza Democrática llevaron de nuevo al cauce legislativo la lucha a través de la Comisión Mixta. Esta comisión conformada por toda la fauna de la burguesía y de la burocracia sindical se planteó un período para poder discutir las reformas que consideraran necesarias.
La “Representación Social”, léase: la burocracia sindical, formó la Comisión Mixta para enterrar el proceso de movilización generado por las masas en contra del Gobierno. Ahora, con el afán de justificar su política vergonzosa y de abierta traición, tratan de presentar ante los trabajadores como un éxito su política de concertación con la burguesía. Se jactan de “enterrar de una vez por todas y para siempre el Combo del ICE”. Lo que están ocultando es que con el disfraz de una ley para fortalecer el ICE (la propuesta de “Diez principios para el fortalecimiento del ICE”) le están abriendo el portillo precisamente a aquellos que quieren quedarse con la Institución.
El otro logro que se jactan de haber conseguido es el de “revertir el proceso de desmantelamiento interno del ICE impulsado por las autoridades superiores de la institución, el bipartidismo y el Gobierno actual” (ídem). Lo que no mencionan es que a la hora de saludar a Pablo Cob, el nuevo jerarca de la institución, Fabio Chaves, dirigente de ASDEICE, lo saluda como un “iceísta”. Cabe preguntar si el señor Cob, al fin y al cabo no representa los intereses del bipartidismo y por lo tanto defenderá esos intereses y no los abstractos “intereses iceístas”. Esto es lo mismo que levantaban los partidos comunistas estalinistas cuando buscaban en todo lado a los burgueses “progresistas” para establecer alianzas y no levantaban ninguna crítica en contra de ellos, inclusive cuando estos burgueses cortaban las cabezas de los obreros.
El último logro del que se ufanan estos burócratas es el de “proponer desde la sociedad civil (el subrayado es nuestro) un verdadero proyecto....que exprese el consenso de la gran mayoría de la sociedad costarricense” (ídem). Entonces la gran mayoría incluye por supuesto a aquellos sectores como los grandes industriales de zonas francas, maquilas y demás que buscan la manera de que la institución les subsidie las tarifas en detrimento de los subsidios que se dan a las comunidades marginales y otras comunidades que necesitan el servicio de telefonía y electricidad, pero que no son rentables desde la óptica neoliberal. La quimera de poder conciliar estos intereses nos vuelve a llevar al mismo punto : los de FD y la burocracia sindical no hacen más que reproducir la vieja política levantada primero por la Social Democracia y luego por el stalinismo. Creer que por reformas progresivas podremos lograr que el sistema capitalista que nos sangra se transforme en uno que beneficie a los trabajadores. Estos reformistas no se dieron cuenta o bien prefieren borrar de su memoria el hecho de que la consulta popular se dio en las calles con los bloqueos, los enfrentamientos contra la policía y en las grandes marchas.
Una vez instalada la Comisión Mixta comienza a funcionar a fondo la mesa concertadora para enfriar la lucha que se había dado. Este espacio de concertación es el que le permitió al Gobierno responder a los distintos conflictos que se le presentan posteriormente al movimiento en contra del Combo: agricultores, muelleros, trabajadores de la salud, afectados por el Huracán Mitch.
El eje de la burocracia no es ya salir a soltar la presión del movimiento de masas, sino más bien el de preparar el terreno para entrar a discutir un nuevo proyecto de ley y darle además el aval de un plebiscito..
En ese sentido, comienzan a organizar una serie de consultas burocráticas a través de una red de organizaciones, con el afán de justificar la política traidora del nuevo combo.
Decimos que esta política es traidora por varios elementos que procederemos a explicar:
Así que cualquier discusión la debemos abordar por el lado de los principios de clase. Los socialistas del Partido Revolucionario de los Trabajadores no podemos llamar a confiar en la Asamblea Legislativa, una de las instituciones más podridas de la democracia burguesa ni en los elementos que lo componen. Detrás de todo esto se esconde el interés de la burocracia de defender su negocio privatizador de las Sociedades Anónimas Laborales. Este suculento negocio le deja a la burocracia sindical del ICE la facturación de varios cientos de millones de colones anuales y por eso se niegan a levantar la movilización, ya que esta puede llegar a cuestionar y arrebatarles el hueso del que se han hecho.
Mientras la burocracia y los diputados de FD andan organizando misas para recoger firmas por los 10 principios para fortalecer el ICE, el Gobierno no cesa de ejecutar medidas en contra de los trabajadores del país. Recientemente con un fallo de la Sala Constitucional dejó sin efecto las Convenciones Colectivas de Trabajo en las instituciones públicas y logró así dar un golpe en contra de las organizaciones sindicales. Los golpes en contra del salario siguen dándose por medio del aumento de los precios de los combustibles, continúa la privatización de servicios de salud y otras medidas más. Ante esto el conjunto de la burocracia organiza un Foro Nacional de Lucha cuyo eje es “analizar” todos los sectores del país. Lógicamente esta burocracia se va a negar a levantar un pliego único y mucho menos a llamar a la Huelga Nacional que necesitamos los trabajadores para derrotar las medidas de hambre del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
Es necesario que levantemos una política de denuncia de la maniobra que concientemente están preparando FD y los burócratas del ICE y del resto del movimiento sindical.
Con la lucha del Combo las masas se dieron cuenta de que únicamente con la movilización podemos echar atrás al Gobierno y sus políticas. Este es el camino que hay que impulsar.
Balance de la huelga del SINDEU:
María L. Carrasco
Bajo el eje de la defensa de la autonomía universitaria y el retiro inmediato de la consulta sobre la constitucionalidad de la Convención Colectiva de Trabajo formulada por el Rector ante la Sala Constitucional, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) se lanzó desde el 18 de setiembre a un movimiento de huelga indefinida que finalizó el 2 de octubre.
A pesar de que en esta ocasión el Secretario General del SINDEU no era Héctor Monestel, que este año dejó su puesto en la Junta Directiva para embaucarse en el intento de inscripción electoral del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), el método que esta organización le ha impreso al SINDEU se ha visto reflejado en las “huelgas generales” de los últimos dos años, y en esta ocasión la sombra de Monestel se hizo presente durante toda la huelga presionando para su lanzamiento prematuro y para sostener el conflicto inclusive viendo el proceso de desgaste y aislamiento en el que iban a introducir al sindicato. Esta orientación “ultra” no es más que una estrategia del MTC para catapultarse y volver a controlar el SINDEU sobre el cadáver de la Junta Directiva actual.
Los trotskistas del Partido Revolucionario de los Trabajadores creemos que los trabajadores y activistas sindicales del SINDEU deben reflexionar sobre la forma en que se condujo la huelga, pues la orientación que el MTC le ha impreso al SINDEU en los últimos años, va a terminar provocando el desgaste y la derrota de los trabajadores universitarios, y peor aún la destrucción de uno de los más importantes contingentes de trabajadores del sindicalismo combativo y clasista, si no se revierte esta política. Veamos los hechos:
Vale decir aquí, que un elemento central para hacer balance en esta huelga es la actitud del movimiento estudiantil, pues de todas los organizaciones estudiantiles universitarias la única que se sumó de pies y cabeza a la lucha fue la Juventud Socialista del PRT. La dirigencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), adalid de la concertación con el Gobierno y el Rector Macaya, se negó de todas las formas a defender al SINDEU. El silencio cómplice que guardó durante toda la huelga no es más que la demostración de su mancuerna con el Rector en un frente antisindical. La FEUCR no se pronunció para nada, no convocó a Asamblea, sus representantes en el Consejo Universitario no solo no dijeron nada, sino que apoyaron las mociones de los sectores más reaccionarios del Consejo. La FEUCR, controlada por Gente U, es co-responsable de los golpes propagados al SINDEU.
Durante el periodo de huelga el Colectivo Estudiantil, un frente que agrupaba a L@s Nadies (Juventud Pueblo Unido), al MTC y varios activistas estudiantiles, intentó organizar un grupo estudiantil de apoyo a la huelga. No obstante estos compañeros se opusieron a colocarse codo a codo junto a los trabajadores universitarios en sus asambleas y movilizaciones y lo más serio, aún no efectuaron una sola crítica a la dirección de la FEUCR y su actitud timorata y capituladora frente a la Rectoría.
Si bien consideramos que la decisión de levantar la huelga quince días después de su inicio fue acertada, el desgaste que produjo el movimiento, así como el hecho lamentable de que finalmente no se consiguió nada de lo esperado y que la figura de la Rectoría salió fortalecida, al punto de que al igual que lo hizo el año pasado, amenazó con aplicar rebajas salariales por los días holgados, constituye desde nuestro punto de vista un balance general de verdadero fracaso.
Consideramos que la lucha por la defensa de las convenciones colectivas de trabajo no ha sido debidamente analizada por las organizaciones afectadas. No debemos perder de vista que la cantidad de convenciones vigentes en el Sector Público es mínima, y que la mayoría de organizaciones perdieron el derecho de participar en la determinación de sus condiciones de trabajo desde 1992 cuando los Laudos Arbitrales y los Arreglos Directos en el sector fueron declarados inconstitucionales.
La situación anterior, ha llevado al hecho lamentable de que cada sindicato ha procurado resolver por su lado el problema, mediante la negociación con los jerarcas institucionales para mantener aunque sea una parte de las garantías laborales contenidas en las convenciones, tal y como ha sido el caso de los sindicatos municipales, o amenazando con acciones internacionales ante la OIT o por medio de la AFL-CIO que presionen al gobierno de Costa Rica para que apruebe los convenios que darían algún marco jurídico a la celebración de una negociación colectiva.
Ninguna organización sindical, ni aún SITRAPEQUIA que tiene la ubicación privilegiada de encontrarse en un sector vital para la economía nacional, ya que sus afiliados controlan el suministro de combustible en todo el país, ha apostado al desarrollo de luchas.
Es por ello que nos pareció precipitada la decisión del SINDEU de lanzarse solo a una pelea, que desde nuestro punto de vista sólo podría ganarse con la incorporación de otros sectores laborales que vayan más allá de los afectados por la decisión de la Sala Constitucional. Debemos entender la lucha por las Convenciones Colectivas como la defensa del derecho a la organización sindical y como la pelea contra la flexibilización laboral; y desde este punto de vista lo correcto era ligar esa lucha a la defensa de la salud pública y la oposición a la desconcentración hospitalaria que también pretende la privatización y la flexibilidad laboral. De otra forma, con acciones voluntaristas y precipitadas se vuelve imposible impedir la arremetida neoliberal que el plan de gobierno ha pretendido impulsar, y se le facilita la labor de disgregación que le interesa tanto al gobierno como a la burocracia sindical traidora.
Independientemente de la decisión final que emane de la Sala Constitucional, como producto de la consulta efectuada por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, así como de las medidas que como sanciones laborales apliquen las autoridades universitarias contra los huelguistas, el triunfo o derrota del movimiento debe ser valorado objetivamente y aprendiendo las lecciones del pasado. Ser conscientes de que la sola creencia de que se tiene la razón y de que la pelea es justa, no es suficiente para obtener una victoria, se requiere de una estrategia unitaria, democrática y movilizadora que supere las adversidades.
Los errores cometidos no pueden taparse mediante acciones legales que ahora lleve a cabo el SINDEU, como por ejemplo acusar a la Rectoría de incurrir en prácticas laborales desleales durante la huelga, o de violentar el debido proceso con las rebajas salariales y la declaratoria de ilegalidad. Esperamos que se haga una valoración consciente entre todos los trabajadores universitarios, a fin de tener claro qué fue lo que sucedió en este movimiento y por qué el mismo fracasó, y quienes fueron sus principales responsables, de otra forma es engañarnos a nosotros mismos y complicar el camino de develar los recovecos de la política revolucionaria entre los trabajadores.
Frente a la crisis
Carlos Amaya Fúnez
La llamada “crisis de las nacionalidades” ha puesto en evidencia que en Honduras no existe una verdadera democracia y que los procesos electorales son manipulados por pequeños grupos de poder en beneficio propio. Por tal razón urge impulsar una lucha por una nueva Ley Electoral que garantice a los trabajadores del campo y la ciudad poder organizar sus propios partidos políticos rompiendo el monopolio de los partidos burgueses.
La confrontación entre liberales y nacionalistas en el Tribunal Nacional de Elecciones y al interior del propio Partido Liberal a propósito de las elecciones internas no es más que consecuencia de la antidemocrática ley electoral vigente.
En efecto, la actual ley está hecha a la medida de los dos partidos históricos, el Liberal y el Nacional, a quienes se les garantiza un enorme poder que les permite controlar las diferentes instituciones estatales. No es un secreto para nadie que la división de poderes en Honduras es formal ya que el partido gobernante es quien termina controlando, además del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, con lo que se garantiza controlar el Poder Judicial y todas las instituciones como el Tribunal Nacional de Elecciones, el Registro de las Personas y otros poderes fundamentales.
La imposibilidad de poder inscribir nuevos partidos políticos debido a las enormes trabas que establece la Ley Electoral, ha sido una garantía para que los dos partidos tradicionales mantengan su hegemonía. En Honduras ninguno de los cinco partidos legalmente inscritos ha cumplido los requisitos establecidos en la Ley, todos fueron inscritos por consideraciones políticas de los mismos partidos históricos de acuerdo a sus necesidades coyunturales.
Por tal razón, los pequeños partidos nacen condicionados y controlados por los “cachurecos” y “colorados”. Esto explica los eternos favores que han hecho los dirigentes de la Democracia Cristiana, el Partido Innovación y Unidad y el Partido Unificación Democrática a unos y otros según sus mezquinas conveniencias.
Al mismo tiempo, la Ley Electoral vigente, condiciona y limita a los pequeños partidos quienes terminan conformándose con una pequeña cuota de poder en el Tribunal de Nacional de Elecciones y en el Registro de las Personas para cubrir sus respectivos clientelismos políticos y a cambio se convierten en fieles guardianes para que no puedan ingresar nuevos partidos.
Todos los años se hacen reformas a la Ley Electoral pero ninguna de ellas pasa de ser un simple maquillaje para mantener todo igual. En algunos casos incluso, los cambios van dirigidos a fortalecer el bipartidismo, como la intención de reducir el número de diputados.
Esta medida, de llevarse a cabo, aumentaría el autoritarismo del partido gobernante y haría desaparecer a los pequeños partidos. En vez de mejorar la calidad de los diputados como se anuncia demagógicamente; se garantizaría a los caudillos departamentales mantener su poder sin oposición alguna.
La actual crisis electoral muestra que ha llegado la hora de impulsar una nueva Ley Electoral que garantice a los trabajadores del campo y la ciudad poder organizar sus propios partidos políticos para participar en la lucha por el poder.
Entre los cambios fundamentales que debe contemplar la nueva ley están:
Estas medidas básicas deben servir como base para una nueva Ley Electoral que permita que los trabajadores del campo y la ciudad puedan hacer uso del derecho a elegir y ser electo. Los socialistas del Partido de los Trabajadores buscaremos acuerdos con otras fuerzas políticas que estén dispuestas a esta lucha democrática.
Huelga de la CTH
Después de 32 años, la CTH convocó a una huelga general por aumento de salarios entre otros puntos. El resultado de la misma ha significado un nuevo fracaso de las dirigencias obreras de Honduras que compromete la lucha contra los planes de ajuste.
Después del paso del huracán Mitch, el gobierno aprovechó la desgracia para frenar todo reclamo popular bajo el argumento de “primero la reconstrucción nacional”. Para ello contó con el respaldo de la empresa privada que aprovechó para reconstruir sus ganancias, de las ONG's que lograron desarrollarse y de las dirigencias de las centrales que accedieron a dar un compás de espera renunciando a los feriados y congelando el salario mínimo por espacio de un año.
Sin embargo, la tal “reconstrucción” no apareció por ningún lado y en cambio se profundizó el plan de ajuste mediante la firma de la “carta de intenciones” con el Fondo Monetario Internacional. El desempleo aumentó, los salarios disminuyeron su poder adquisitivo, y las prioridades de la población como ser acceso a la tierra y al crédito, construcción de bordos, de viviendas, mejora de los servicios públicos, respeto a las contrataciones colectivas y actas de entendimiento, provocaron un lento pero sostenido incremento de las luchas sectoriales en todo el país. Proceso que dio surgimiento a numerosas coordinadoras locales (la CAP de El Progreso, COPA del Aguan, la CASP de La Ceiba, la coordinadora de Yoro, el Comité de Lucha de San Pedro Sula, etc.) que lentamente empezaban a confluir en planteamientos unitarios de alcance nacional y a procesos organizativos mucho más amplios como el caso del Bloque Popular que empezaba a nuclear a importantes sectores.
En este marco, la CTH, levantó un planteamiento reivindicativo que contemplaba: aumento general de salario, reforma agraria, contra las privatizaciones y el seguro social entre otras.
Ante las medidas de presión realizadas a fines de junio el gobierno llama a negociar incorporando los dirigentes de la CUTH y la CGT, que estaban totalmente del lado del gobierno. El inicio de la negociación estuvo marcado por una Asamblea General de directivos sindicales de las tres centrales en San Pedro Sula en el que se acordó la Huelga General si el gobierno y la empresa privada no respondían favorablemente.
Este acuerdo de asamblea fue traicionado por los dirigentes de la CUTH y la CGT quienes decidieron aceptar las ridículas propuestas de la empresa privada y el gobierno sin realizar ninguna consulta con sus bases, dejando sola a la CTH que se lanzó a la huelga sin mayor preparación y sumamente debilitada debido a esta traición.
El resultado de la lucha estuvo condicionado por este hecho fundamental ya que mientras los afiliados a la CTH se paraban, por primera vez en 32 años, los de la CUTH y CGT firmaban el acuerdo con el gobierno y la empresa privada.
El resto fue cuestión de tiempo. El gobierno empezó una lenta pero sistemática represión desalojando los huelguistas de sus centros de trabajo, y la dirigencia de la CTH no pudo articular una política unitaria, democrática y de lucha que le permitiera hacer frente a esta situación. La solidaridad expresada por el Bloque Popular, el Movimiento de Mujeres Visitación Padilla y el Partido de los Trabajadores fue insuficiente para revertir el curso de los acontecimientos y finalmente la CTH levantó la huelga sin pena ni gloria.
Del acta mejor ni hablar, Israel Salinas y Felícito Avila aceptaron un aumento de 5 lempiras diarios para un pequeño sector de trabajadores que ya fue absorbido por el incremento al transporte. A cambio se comprometieron a congelar ¡nuevamente! el salario mínimo –que afecta a cientos de miles de trabajadores– para todo el año 2001. Además no se incluyó en el acta la cláusula de no represalias contra los huelguistas dejando abiertas las puertas a la represión patronal.
Este nuevo fracaso del movimiento sindical pone a la orden del día la necesidad de estructurar nuevas dirigencias que basen su accionar en principios auténticamente clasistas.
Se hace urgente reagrupar las fuerzas, articulando un plan de lucha nacional que sea discutido por las bases y aprobado por las mismas, manteniendo una total independencia del gobierno y la empresa privada.
Para ello hay que reemplazar a los actuales dirigentes de cúpula que siguen demostrando ser los mejores defensores de los empresarios y el gobierno.
Huelga de la CTH
El artículo 151 de la Constitución de la República señala que la educación hondureña es laica, esto es que no tiene ninguna relación con lo religioso. La aprobación de parte del Congreso Nacional de un decreto ley que permite o autoriza la lectura de la Biblia en los Centros educativos del país contrasta con lo mandado por la Ley máxima que rige a los hondureños. Hay por tanto en la anterior medida una manipulación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. La justificación de parte del presidente del Legislativo, en el proyecto de ley la expresa en los siguientes términos: “ preocupados por el clima de violencia y de delincuencia que sacude a la sociedad hondureña... y a fin de formar conciencia en los educandos sobre las imperecederas, brillantes y sublimes enseñanzas de la Biblia... ”
Resulta entonces que para Pineda Ponce la crisis de valores es producto de la separación del ser humano con su Creador. Hay una lectura teológica de la realidad. ¡Nada más alejado de la verdad científica! La violencia y delincuencia, como consecuencia de la crisis de valores es un problema mucho más complejo. La situación señalada tiene profundas raíces económicas, los datos estadísticos así lo reflejan: si de cada 10 hondureños 8 viven en la pobreza y de esos 8, 6 viven en la miseria; si no hay acceso de toda la población a la educación; si las personas se mueren por falta de atención en el sistema de salud; en suma si se vive en un modelo económico que excluye a las grandes mayorías del bienestar y que está al servicio de la burguesía nacional y extranjera. Entonces: ¿Cómo esperar que haya familias que fortalezcan los valores? ¿Cómo hacerlo si su preocupación fundamental es agenciarse lo necesario para sobrevivir o infravivir? Las familias sólo podrán cumplir con esta función formativa si igualmente desde el Congreso se decretara “ la lluvia de maná ”: pan del cielo dado por Yahveh a los israelitas en el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida.
La solución simplista de la lectura diaria del libro sagrado de los creyentes, es un barniz que pretende esconder las causas reales del fenómeno social. Además es una medida que atenta con la función del docente. Las organizaciones gremiales además de manifestar su oposición deben llamar a su afiliados a no ejecutarla. No se debe permitir la intromisión del ámbito religioso en la educación nacional pública. La medida es demagógica pues lo que pretende es coptar votantes. Además con qué moral los defensores del capitalismo y su barbarie nos vienen a dar respuestas desde la fe. ¿Cómo los defensores de la globalización nos dan recetas teológicas? ¡Viva entonces el estado teocrático!
Si consideramos la profunda religiosidad de la población, sin duda que el tema es sensible pues, ésta al tener una conciencia mítica con facilidad puede avalar dicha disposición. Me atrevo a inferir que igual pasaría si se consultara a los docentes, no serían capaces de percibir el riesgo que conlleva semejante acción. Y no es que leer, meditar o reflexionar el contenido bíblico sea negativo, lo reprochable es pretender con ello solucionar la situación de violencia que vive el país.
Las voces contrarias o a favor de la iniciativa de ley se escuchan desde diversos ángulos. Los primeros oponentes surgieron en el mismo poder legislativo señalando los riesgos que tal medida conlleva. Aparecen también desde las iglesias evangélicas y la iglesia católica, intelectuales, analistas y más.
Comentario especial merece lo señalado por el Reverendo René Peñalva, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras: “ ...insto al pueblo hondureño a señalar con nombre y apellido y castigar en las urnas a los diputados que se oponen al proyecto... ” (El Heraldo 24 de septiembre, pág. 13) Sólo faltó que el religioso fundamentalista condenará al infierno a cuantos digan algo contra esta acción. Pero al parecer logró su cometido ya que algunos para evitar la sentencia evitaron estar en la aprobación del proyecto. La iglesia Católica que históricamente se ha aliado con el poder ha sido más prudente al proyectar los problemas que se pueden dar al imponer semejante medida, el Vicario General de la Arquidiócesis afirmó: “ ...se debe evitar el protagonismo político y el religioso; lo que debe estar en vigencia es la urgencia de combatir desde la base la desmoralización de la familia y la sociedad. ” Lamentablemente no se profundiza sobre las causas de la crisis de valores vigente y únicamente se dan explicaciones superficiales del problema.
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