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El 12 de octubre una manifestación pacífica como todas las que se llevan a cabo en Honduras, fue disuelta frente a la Casa Presidencial a balazos. Una veintena de heridos entre los manifestantes es el saldo de esta nueva muestra de intolerancia de parte del gobierno del Ing. Flores Facussé.
La marcha convocada para exigir la no ratificación de la reforma al artículo 107 constitucional que prohibe la venta de la franja costera a los extranjeros, castigo para los asesinos de 47 indígenas y el cese al alto costo de la vida, es expresión del profundo descontento que existe entre la población frente a la política que implementa el gobierno liberal.
La represión, por su parte, es la expresión de un gobierno que le tiene miedo a su propio pueblo porque es consciente de los sufrimientos a los que está condenando a la mayoría de la población.
La policía preventiva se ha desenmascarado como la misma vieja y salvaje fuerza de seguridad pública a la hora de reprimir. Los hechos de casa presidencial son una copia exacta de la balacera con la que se disolvió el 13 de diciembre de 1995 otra marcha pacífica en la ciudad de San Pedro Sula cuando se realizaba la Cumbre de los Presidentes Centroamericanos. Y en ambas ocasiones nos encontramos con que el coronel Urtecho Jeanborde se encuentra involucrado, aún cuando ahora, hayan corrido a protegerlo haciendo rodar la cabeza de otros oficiales de policía.
Lo ocurrido en Tegucigalpa obliga al movimiento popular y en particular a las nuevas organizaciones unitarias que están surgiendo como expresión de la resistencia a la política del gobierno, a fortalecer los lazos unitarios.
Es necesario —es urgente— avanzar en la estructuración de organizaciones unitarias de carácter más permanentes y no coyunturales. Es necesario establecer una coordinación permanente entre las organizaciones existentes a efectos de lograr mayores grados de solidaridad y capacidad de lucha. Es necesario avanzar en un PLAN DE LUCHA que retome los diferentes planteamientos que se vienen realizando a nivel nacional.
Este proceso de confluencia nacional para la lucha unitaria contra el "Plan Nacional de Destrucción Neoliberal", debe estructurarse sobre dos principios fundamentales: la más amplia y plena democracia interna y la total independencia del gobierno y la empresa privada.
por Carlos Amaya Fúnez
A un año del desastre provocado por el huracán Mitch, la situación del país se agrava aceleradamente. Las recientes lluvias han puesto en evidencia que el Plan Maestro de Reconstrucción es más propaganda que resultados reales.
Los miles de millones de dólares que el gobierno dice haber logrado en Estocolmo de los organismos financieros internacionales no han servido para evitar las nuevas pérdidas que está sufriendo la población. Es más, el hecho que el primer puente destruido con las nuevas lluvias sea el último inaugurado por el presidente Flores es todo un símbolo de lo que estamos diciendo.
Los ríos no fueron dragados, los bordos fueron construidos a la carrera después de meses en los que no se hizo ningún trabajo. En las ciudades, el servicio de alcantarillado no fue reparado, los damnificados del Mitch continúan en los macroalbergues, los campesinos no han recibido ningún apoyo para recuperar su producción, a los trabajadores se les sigue pidiendo sacrificios para ayudar a la reconstrucción. En ese marco, la construcción de algunos vados y puentes bailey de nada ha servido. Tan pronto como vino el primer aguacero -no un huracán ni una tormenta tropical- nuevamente nos encontramos con miles de damnificados y millones de lempiras en pérdidas de bienes y cultivos.
Si unas pocas lluvias provocaron enormes pérdidas, la situación se agrava con el manejo que se le está dando al Cajón.
Primero la ENEE y luego COPECO han demostrado una total incapacidad y falta de sensibilidad social para poder regular las descargas de la represa hidroeléctrica sin perjudicar a la población. La represa fue construido con el objetivo de proveer energía eléctrica y controlar las inundaciones.
Hoy, las pérdidas sufridas a lo largo del río Ulúa se deben fundamentalmente a las inundaciones provocadas por las descargas del Cajón y no por las lluvias en la zona. Por eso, con justa razón, los miles de campesinos afectados reclaman una indemnización al gobierno de la república.
Frente a este panorama desolador, y que nada indica que no vaya a seguir repitiéndose cada vez que llueva, se han empezado a levantar voces de protesta y reclamo por parte de los afectados cansados de esperar la tan publicitada reconstrucción nacional.
Y la respuesta del gobierno no se ha hecho esperar: represión y violencia.
Se desalojó a los campesinos damnificados de Corte Culebra, se destruyeron viviendas de los pobladores de Jardines del Norte en Choloma en una acción brutal protagonizada por el Instituto Nacional Agrario.
Se impone la auto censura y manipulación en los medios de comunicación que son utilizados para propaganda gubernamental y silenciar y levantar campañas contra los opositores. Los dueños de los grandes medios de comunicación y los periodistas estelares se encargan de ocultar la realidad que vive el país para justificar la política gubernamental.
El enorme desafío que tiene el pueblo hondureño es poder estructurar su propio plan de reconstrucción y unificar y organizar sus fuerzas para lograrlo.
La solución a los problemas no vendrá del gobierno, tampoco de los organismos internacionales ni de los llamados organismos humanitarios. El gobierno y los organismos financieros internacionales son los que nos tienen en la actual situación; y los organismos humanitarios en la mayoría de los casos son simples empresas cuyo negocio es la ayuda.
El plan de reconstrucción del pueblo trabajador debe contemplar en primer lugar las necesidades sociales y alrededor de ellas organizar la reconstrucción material. En otras palabras se trata de brindarle a la población la posibilidad de poder salir adelante con su propio trabajo para lo cual es necesario un incremento general de salarios; un apoyo financiero sin intereses para los campesinos; un congelamiento general de precios y tarifas; un plan de obras públicas para la construcción de viviendas económicas pagaderas a largo plazo y con intereses mínimos.
Además, es urgente destinar recursos para la atención de la salud de la población. Para ello, es urgente la firma del convenio con el gobierno de Cuba para garantizar la presencia de las brigadas médicas cubanas, pero al mismo tiempo revisar todo el sistema de salud dotando de presupuesto a los hospitales públicos.
También la educación debe ser parte de ese plan popular de reconstrucción para dotar de escuelas, aulas y la infraestructura necesaria las comunidades donde se necesitan, así como de maestros con salarios dignos condiciones mínimas básicas para el ejercicio de su profesión.
Sólo con estas medidas será realidad la reconstrucción y no con la entrega de nuestra soberanía a los organismos financieros internacionales, con la venta de nuestras costas y fronteras y con las leoninas concesiones que se le están dando a los capitales extranjeros.
La tarea es dura, por eso no hay tiempo que perder, y hay que poner manos a la obra.
Frente a la Política de destrucción nacional
por Carlos Amaya Fúnez
Desde hace varias semanas se viene observando a lo largo y ancho del pías un permanente clima de agitación social. Todos los días los medios de comunicación informan de alguna huelga, toma de carretera, marcha o plantón. Trabajadores del sector público, maestros, campesinos, pobladores, vendedores ambulantes y hasta los taxistas se movilizan para hacer algún reclamo al gobierno de la República.
Reclamos por aumento de salarios; reparación de puentes, carreteras y bordos; construcción de viviendas; adjudicación de tierras; libertad de campesinos presos; rechazo de los incrementos de tarifas de los servicios públicos y de precios; cuestionamientos a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y rechazo a la reforma del artículo 107 constitucional; son algunos claros ejemplos que muestran la profundidad de los cuestionamientos que abarcan toda la política del gobierno de Flores Facussé.
De estas luchas podemos extraer dos conclusiones fundamentales.
La primera: que el pueblo ya no aguanta los efectos de la política de ajuste, que está cansado de tanta promesa incumplida, de tanto abuso por parte del gobierno y la empresa privada y frente a ellos está dispuesto a movilizarse, a protestar, a tomarse una carretera o a hacer una huelga, en otras palabras, el pueblo tiene disposición a la lucha.
La segunda: que la mayoría de las veces estas luchas se dan aisladas, sin coordinación de unas con otras a pesar que objetivamente todas enfrentan la misma política neoliberal del gobierno de Flores Facussé.
La combinación de estos dos aspectos hace que las luchas sean crónicas: hoy obtenemos un pequeño triunfo producto de la movilización pero tan pronto como dejamos de movilizarnos y pasa el tiempo no nos cumplen los acuerdos firmados y hay que salir nuevamente a luchar para que se cumplan.
El problema de fondo es que para lograr consolidar los triunfos hay que derrotar la política de ajuste del gobierno, oculta hoy tras el nombre de "Plan Nacional de Reconstrucción". Y para ello se necesitan acciones unificadas nacionalmente.
Las centrales obreras no están cumpliendo ningún papel en defensa de sus bases. No brindan ninguna solidaridad a los sectores en lucha y mucho menos cuestionan la política gubernamental.
Israel Salinas de la CUTH, Felícito Avila de la CGT y Dinora Aceituno de la CTH sólo aparecen cuando hay algún viaje con el gobierno lo los empresarios o cuando el gobierno necesita demostrar ante los organismos internacionales que cuenta con el respaldo de la "sociedad civil".
Estas centrales con éstos dirigentes no le sirven al pueblo. Y hasta ahora la lucha por reemplazarlos ha fracasado debido a las maniobras antidemocráticas que realiza la burocracia para mantener el poder a cualquier precio. Claro ejemplo de ello fue el último Congreso de la CUTH.
Atacado por el gobierno y la empresa privada, y abandonado por las centrales obreras, los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre han empezado a buscar espacios unitarios para fortalecer sus luchas.
Clara muestra de esta búsqueda han sido las luchas unitarias del Copemh y el Sitramedhys, y el surgimiento de organizaciones unitarias más avanzadas.
Las primeras han tenido la debilidad de ser coyunturales y responder a las necesidades inmediatas de ambos gremios. Se trata de unidades de acción defensivas en las que se ha llegado a cuestionar la política del gobierno como fue en la Jornada de Rebeldía del mes de mayo contra la Carta de Intenciones del FMI pero que no han tenido continuidad.
En relación a las organizaciones unitarias se están dando dos tipos de experiencias.
Por un lado los frentes únicos contra algún aspecto particular de carácter antidemocrático de la política gubernamental, por ejemplo, la defensa del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o la lucha contra la reforma del artículo 107 constitucional que prohibe la venta de la zona costera a los extranjeros. Estos Frentes logran impulsar movilizaciones masivas (peregrinaciones) a Tegucigalpa y en ellos juegan un papel fundamental varias ONG’s.
Por otro lado, también se está dando la formación de coordinadoras unitarias o frentes únicos que levantan un programa reivindicativo que abarca varios puntos y que responde a las necesidades de diversos sectores populares.
Esta coordinadoras han logrado unificar diversos sectores populares levantando un programa de reivindicaciones comunes que cuestiona globalmente la política gubernamental, y su principal logro es que nos son coyunturales como las expresiones anteriores, sin embargo, su debilidad radica en que su influencia es únicamente local. Los más claros ejemplos de este tipo de organización unitaria son la Coordinadora de Acción Popular de El Progreso y la Coordinadora de Acción y Solidaridad Popular de La Ceiba.
Otros intentos han sido la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguan y el Comité Coordinador de Organizaciones Populares de Tegucigalpa.
Es mucho el camino que falta por recorrer para lograr una herramienta que nos permita enfrentar con éxito la política gubernamental, pero ya se están dando importantes pasos en esa dirección. Fundamentalmente las coordinadoras que tienen un carácter permanente deben avanzar en coordinaciones regionales hasta lograr la coordinación nacional.
Todos los esfuerzos deben estar puestos en esa dirección teniendo el cuidado que no se infiltren los dirigentes de cúpula que han llevado al movimiento popular a situaciones de extrema debilidad.
En Progreso la huelga del Sitramedhys de Agosto y las luchas de la FOMH sirvieron de marco para la reorganización de la Coordinadora de Acción Popular, instancia unitaria que tuvo destacada participación en la lucha de Tacamiche hace cuatro años.
En esta oportunidad además de la solidaridad militante con los compañeros, la C.A.P. impulsó la lucha contra el aumento al precio del transporte urbano, del servicio del SANAA, de las tarifas en el hospital público, y se pronunció contra la reforma al art. 107 constitucional. También apoyó la lucha de varios patronatos frente a las arbitrariedades que están sufriendo y exige la inmediata libertad del compañero campesino Pablo Aranda, detenido desde hace más de un año y medio acusado de un crimen que no cometió por conflictos de tierras.
Los primeros resultados de esta lucha son alentadores: tras una movilización y la participación de numerosos representantes de organizaciones se logró frenar el incremento al transporte urbano, al mismo tiempo que se desenmascaró a la dirigencia traidora de la Federación de Patronatos que confabulados con las autoridades municipales y los empresarios servían de mampara para las "concertaciones".
Sin embargo, es necesario avanzar en la consolidación de la Coordinadora y sobre todo lograr acuerdos con otras instancias unitarias con el objetivo de impulsar luchas unificadas frente a problemas comunes.
En la ciudad de La Ceiba a iniciativa del Partido de los Trabajadores, se ha organizado la Coordinadora de Acción y Solidaridad Popular, CASP, integrada por una veintena de organizaciones entre sindicatos, patronatos, y organizaciones sociales y políticas.
El 15 de septiembre, la CASP marchó junto a ODECO en los desfiles de la independencia exigiendo la no reforma al artículo 107 constitucional y levantando consignas de defensa de la soberanía nacional.
En un principio, la policía trató de impedir por la fuerza la realización de la marcha de protesta, pero ante la firme determinación de las organizaciones presentes de movilizarse las autoridades cedieron y se vieron obligadas a permitir la protesta.
Después de varios años de dispersión de las fuerzas populares ceibeñas, debido a la política divisionista de las direcciones de las centrales obreras, la CASP aparece como un esfuerzo de las bases para superar el aislamiento y la debilidad que caracteriza a las organizaciones en la actualidad.
Al igual que su similar de El Progreso, la CASP tiene planteado el desafío de consolidarse al calor de las luchas populares y confluir con otras organizaciones unitarias de base como la CAP y la Coordinadora de Organizaciones Populares de Tocoa.
Congreso del SUTRASFCO
por Manuel Rosales
¡No olvidéis a los traidores, a los entreguistas ... para que en el futuro no se os infiltren en las filas para obstruir el paso en el largo y trabajoso camino que tenéis que recorrer!
Ramón Amaya Amador
Los trabajadores bananeros, considerados la columna vertebral del movimiento sindical, campesino y popular, vienen sufriendo duros golpes propiciados por las transnacionales quienes se aprovechan de la profunda crisis de dirección que sufre el movimiento organizado de nuestro país. El gobierno burgués con sus políticas económicas y las transnacionales bananeras con sus políticas empresariales de calidad total, reingeniería y sus programas de ISO, están condenando a los trabajadores al hambre y la miseria haciendo lo que les da la gana en las fincas bananeras.
En esto también participan los burócratas sindicales que se han dedicado a recoger las migajas que la burguesía va dándoles por su servilismo olvidándose de las gestas históricas que dieron grandes victorias a la clase obrera, con lo cual logran los explotadores mancillar a los trabajadores y someter los sindicatos.
En el Sutrasfco esto parece que se ha vuelto una norma al grado que lo vemos en todos los niveles. Desde la base, los niveles medios y superiores, observamos cómo los trabajadores son traicionados. Delegados que por un préstamo se acomodan, otros por favores personales (prendas o dinero), en fin, hay de todo, delegados que llegan a un Congreso poniendo a disposición su derecho de voto al que mejor le pague y no al que los trabajadores le recomendaron apoyar.
Estos actos de corrupción fueron los que marcaron el eje central del XVIII Congreso General de Delegados del Sutrasfco.
Este Congreso debió ser, por las situaciones difíciles que atraviesa el sindicato y la profunda crisis en que están los trabajadores, un evento que permitiera analizar la situación de la clase obrera y salir armados con un programa y un plan de lucha que permitiera enfrentar a las transnacionales y al gobierno. Pero esas dos semanas que duró el Congreso se dedicaron a las borracheras, zancadillas, reuniones secretas para comprar votos y regalar dinero. En ese ambiente de despilfarro de tiempo y dinero lo que menos se discutió fue la situación de hambre y miseria en que las compañías bananeras tienen a los trabajadores y peor a los miles de despedidos condenados a morirse de hambre.
La Directiva Central que venía en funciones sabía que la situación se le había complicado por las recientes traiciones que le venía dando a los trabajadores al firmar, a sus espaldas, actas y compromisos lesivos a los intereses de los trabajadores ya demasiado golpeados con el paso del huracán. Estos veían que el mismo sindicato con quien conquistaron derechos era el mismo que con una directiva patronal se los quitaba para entregarlos a la patronal en bandeja de plata. Con un panorama de problemas crecientes, con las condiciones de trabajo empeorando cada día y el despido masivo incontenible, el repudio de los trabajadores era latente a esa Directiva Central.
En las bases se animaba la esperanza de cambiar la situación aprovechando la oportunidad del Congreso para echar a todos los dirigentes considerados como traidores por una gran mayoría de trabajadores. Por eso, se dieron recomendaciones a los delegados en el sentido que se tenía que cambiar la Junta Central, en particular a su máximo dirigente Ramón Navarro señalado como conductor y máxima expresión de la política patronal.
Al Congreso, los pseudodirigentes lo denominan de " trascendencia nacional e internacional " y otros oportunistones de esos que abundan lo consideran de " importancia para la vida del sindicalismo hondureño ". Sin embargo, la realidad es que estamos ante una nueva derrota que consolida un nuevo sindicalismo totalmente desfigurado.
En este Congreso no se debatieron temas de interés para los trabajadores, no digamos para la vida nacional que ni se mencionó. Muchos delegados todavía tendrán que estarse preguntando qué hicieron dos semanas en la ciudad de La Ceiba. Algunos recuerdan los bailes exóticos de los centros nocturnos, otros los bailes y bebidas en la zona viva de La Ceiba, y los más moderados, las lujosas habitaciones donde les hospedaron y el dinero que recibieron por su lealtad a los dirigentes burócratas y el haber traicionado a las bases trabajadoras.
Ese Congreso deja mal parado al Sutrasfco. La agenda, a pesar de haber contenido puntos de mucha importancia fue puro papel mojado ya que no se quiso ni encarar el problema de la unidad aunque se pasan repitiéndola en todas las reuniones. Tampoco se quiso encarar el problema de la democracia obrera y de la independencia de clase, hoy totalmente corrompida y entregada a la patronal. El proyecto de reformas a los estatutos iba orientado a combatir los vicios que hoy están incrustados en el Sutrasfco pero la burocracia maniobró porque eso significaba la perdida de sus privilegios y regresar a la base cada dos períodos. Hoy los dirigentes pueden jubilarse en sus cargos como es el caso de Adalid Vargas, Secretario General reelecto para cumplir una década y que muy demagógicamente ha sabido sobrevivir con todas las directivas sean estas patronales, oportunistas y acomodadas, admirable porque para eso necesita manejar varios discursos y tener varias caras.
El Congreso concluyó con la toma de posesión de la "nueva" Directiva Central donde quedaron los mismos con excepción del vicepresidente, Juan Carlos Medina, quien en su lucha contra las traiciones, el entreguismo y su afán por enderezar la política del sindicato, había pactado con aquellos que hacían oposición, que si la línea patronal de Navarro ganaba la presidencia renunciaban a cualquier reelección Vargas y Medina y así otros delegados de Coyoles para que en el futuro las bases no los confundan como dirigentes traidores. Al ser derrotados estos compañeros mantuvieron su acuerdo con firmeza con la única excepción del señor Vargas, quien muy cómodamente aceptó su reelección demostrando su carácter oportunista y de tolerancia, de convivencia con los enemigos de los trabajadores con el afán de mantenerse hasta jubilarse en el cargo.
Finalmente la facción propatronal logra quedarse con un voto de diferencia gracias a que hubo delegados que se dieron vuelta traicionando la recomendación dada por sus bases, y a que hubo delegados con derecho a voto a pesar que sus centros de trabajo ya no existen. Estos actos que han causado malestar han llevado a que algunos dirigentes planteén renunciar y otros traten de organizarse para pedir un Congreso Extraordinario y echarlos fuera. Los trabajadores no quieren ni que se acerquen a sus asambleas, y algunos delegados no se atreven a informar en asamblea por el temor que sienten por la traición que cometieron. Los despedidos siguen desfilando con sentimientos de cólera expresando todo tipo de amenazas a esos dirigentes que se ocultan de los trabajadores tras los vidrios polarizados de los vehículos en que circulan.
Ahora el problema está en cómo organizar a la base para que este malestar lo lleve al terreno organizativo y desde ahí iniciar la pelea por rescatar la dirección del sindicato en manos de la burocracia sindical.
Ya dejamos claro el ambiente clientelista como se tomaron las decisiones en el Congreso pero aparte de esto también habrá que analizar los errores que la oposición a la línea patronal cometió al querer seguir actuando con regionalismo o sectarismo perdiendo la oportunidad de quitar lo malo del sindicato.
En este aspecto tengo entendido que un sector tenía propuesto como candidato al que fungía como vicepresidente, Juan Carlos Medina, pero que el otro sector de Coyoles no quiso ceder aduciendo que la presidencia les pertenecía. A esto hay que agregarle que el mismo Adalid Vargas, quien aparentaba ser de oposición, se comprometió a respaldar a Medina pero cambió de opinión y se voltió como lo hicieron tres más, entre ellos el que quedó en el cargo de vicepresidente, Oscar Pavón, único cambio dado por la renuncia de Medina. No haber actuado con madurez y haber entrado divididos los dos sectores que pudieron cambiar las cosas le permitió a Navarro seguir dirigiendo a las ruinas este sindicato que hoy vive gracias a los favores de la transnacional y sus famosas cuotas por "perdida de membresía".
Que esta lección sirva para que la próxima oportunidad se actúe con madurez y se apoyen los candidatos no por que se es de un sector u otro sino de acuerdo a un balance sobre el trabajo realizado a favor de la causa de la clase obrera y tener presente siempre que sólo unidos podremos derrotar al enemigo de clase y sus agentes infiltrados en los sindicatos.
Es necesario juntar a todos aquellos trabajadores que todavía le sienten amor a este sindicato y que no han sido cuestionados por actos de traición o practicar políticas patronales, y con estos compañeros respaldados por los trabajadores constituir un organismo de oposición para dirigir a los trabajadores en esa dura lucha contra la patronal y sus agentes infiltrados en el sindicalismo unificando todas las fuerzas y con los mejores dirigentes probados en la lucha a la cabeza.
Desde ese organismo llamar a todos los trabajadores para que elaboremos un plan de lucha buscando el apoyo en otras organizaciones del Valle del Aguan y el pueblo de Olanchito para que se solidaricen y unidos enfrentemos a la Standard Fruit Co. Que se convoque a los trabajadores de los otros sindicatos bananeros que también les están dando con el mismo palo y así que vaya creciendo este movimiento donde se unan en un solo puño contra la patronal todos los obreros explotados por la transnacional bananera para poder avanzar por el rescate y la construcción de una dirección sindical luchadora y combativa que se ponga a la vanguardia de los trabajadores bananeros. Para eso se hace necesario llamar a las filas a todos los trabajadores explotados por la Standard desde aquel que reprimen por llevar un banano para alimentarse, hasta aquellos que fueron dañados por los venenos de Nemagón, los despedidos, los temporales, contratistas, baucheros, amas de casa e hijos que sufren de la misma explotación y levantar un plan de lucha que movilice a todos los explotados por la dignidad, el derecho al trabajo, salario digno de acuerdo al aumento del costo de vida, distribución del trabajo entre todos sin reducción salarial para evitar que sigan despidiendo trabajadores, tierra que estas compañías abandonen que pase a poder de los trabajadores y ex trabajadores, respeto de los derechos del contrato colectivo y demás leyes.
¡Fuera los traidores del sindicato! ¡Por una dirección luchadora y combativa!
¡Alto a los atropellos y humillaciones del imperialismo yanqui en las bananeras!
Al cierre de la presente edición se conoció la renuncia de Adalid Vargas al cargo de Secretario General del Sutrasfco y la convocatoria a Congreso Extraordinario.
En el próximo número de El Trabajador Centroamericano estaremos brindando mayores detalles.
por Ovidio Mairena
Históricamente Honduras se ha caracterizado por ser un país donde prevalecen grandes desigualdades sociales especialmente en el área rural.
En la tenencia de la tierra predomina el latifundio (más de 100 hectáreas). El censo agropecuario nacional de 1993 revela que 305,000 (96% son fincas menores de 50 hectáreas con una superficie de 1.56 millones de hectáreas 47%, mientras que en el otro extremo el 2% de las explotaciones son fincas mayores de 100 Ha. que controlan el 53% de la superficie 2.33 millones de ha. Lo anterior demuestra que hay una mala distribución de la tierra a pesar que desde 1962 se emitió la primera ley de Reforma Agraria en el país.
Según datos del Instituto Nacional Agrario, hasta finales de los años ochenta únicamente se habían adjudicado a los campesinos 339,229 hectáreas de tierra a 48,106 familias que representan el 9% de familias que habitan en el campo y el 10% de superficie en fincas beneficiando a un total de 2,700 grupos campesinos y de éstos a 2,600 no se les ha titulado la tierra en el presente.
En Honduras y con más énfasis a partir del año 1990, se viene aplicando una serie de medidas neoliberales que tienen como base la ley de Reordenamiento Estructural de el Economía, orientadas fundamentalmente a superar el déficit fiscal, al pago de la deuda externa, el equilibrio de la balanza comercial, la reducción del Estado, el libre mercado y la privatización de los servicios e instalaciones del sector público.
En el año de 1992 se implementó el ajuste estructural en el sector agrícola con la promulgación de la ley para la Modernización y el Desarrollo del sector agrícola que no es más que una ley anti agraria y anti campesina. Entre los aspectos más importantes de esta ley, podemos resumir los siguientes:
Los programas de compensación social, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (F.H.I.S.) y el Programa de Ayuda Familiar (P.R.A.F.), el bono de la madre soltera y otros concebidos por los organismos financieros internacionales para reducir el impacto social del ajuste económico ha sido insuficiente para paliar sus efectos, al contrario, los índices de pobreza global que en 1989 se registraron en un 68% se elevaron a un 72% en 1990 y ya en septiembre de 1991 el nivel de pobreza continuó creciendo hasta alcanzar el 75% del total de hogares. Asimismo fue notorio el incremento del porcentaje de indigencia que pasó del 54% al 58% entre 1988 y 1991 respectivamente. Se calcula que esta porción de la población dado su bajísimo nivel de ingreso no logra satisfacer sus necesidades básicas: se trata de 3.8 millones de personas de las cuales el 54% se encuentra en el rango de la indigencia en medio de la peor precariedad jamás vista en la historia de Honduras.
La inflación, la devaluación monetaria, la liberalización del mercado y la tasa de interés que forman parte del paquete de ajuste económico, así como las acciones de especulación con los precios de los productos de primera necesidad, todos ellos son factores que abonan a las desigualdades sociales e incrementa la pobreza extrema.
Por los efectos de la situación planteada con el nuevo modelo han comenzado a verse rostros desfigurados de hombres, mujeres y en gran mayoría de niños, por la falta de alimentos, medicinas y en la actualidad tras el paso del huracán Mitch, todos estos porcentajes han crecido viéndose cuadros deshumanizantes en todo el país.
Compañeros campesinos, desde El Trabajador Centroamericano, les hacemos un llamado para organizarnos para que luchemos contra este modelo impuesto por la clase dominante de nuestro país y los organismos de financiamiento internacional.
Demostrando una vez más que sin la acción directa de los afectados no han solución a los problemas, los grupos campesinos afiliados a la C.N.T.C. Regional El Progreso, han logrado un resonante triunfo.
La E.A.C. Esperanza Las Delicias, la San Miguel y la 24 de Mayo, son tres bases campesinas que fueron afectadas por el huracán Mitch en octubre del año pasado perdiendo sus cosechas y viviendas. Desde entonces han permanecido como damnificados en distintos albergues del municipio de Potrerillos hasta que finalmente en mayo de este año fueron desalojados por la policía y obligados a vivir a la orilla de la carretera. En ese momento el alcalde, Héctor Guardado, se comprometió a resolver el problema, sin embargo en tres meses nada hizo.
Agotada la paciencia los campesinos decidieron tomarse la carretera que conduce a la capital de la República y de esta manera lograron, primero una cita con miembros del Gabinete de Emergencia y luego el esperado cheque por trescientos mil lempiras para la compra del terreno donde construir sus viviendas.
Ahora le toca el turno a las ONG’s que habían prometido la construcción de las viviendas y a la alcaldía municipal que debe garantizar los servicios básicos (agua, luz, escuela, etc.).
El caso de Corte Culebra es una clara muestra de la desidia con la que el gobierno trata el problema de los damnificados y un claro ejemplo para los miles de hondureños que siguen esperando, esperanzados en que otro les resuelva sus problemas, el cumplimiento de las promesas de las autoridades.
Desde El Trabajador Centroamericano saludamos calurosamente este triunfo de los compañeros afiliados a la C.N.T.C. Regional El Progreso.
por Gilberto Guardado
Cuando han transcurrido ocho meses de trabajo educativo en el país más de 3,000 profesores de educación media aún no han recibido su respectivo salario. Las razones dadas por las autoridades educativas son variadas: el reglamento del Estatuto no está aprobado, falta de requisitos, acciones sin firma y sello del instituto, es un trabajo lento y no hay suficiente personal, etc, etc. Lo que no dicen es que este es un mal endémico en la Secretaría de Educación y que todos los años el personal que ingresa al sistema educativo padece semejante situación. Para este año todo se agravó con la puesta en práctica de las jornadas plena y exclusiva que señala el Estatuto como derecho al que los docentes pueden acceder.
Cualquier excusa puesta por las autoridades educativas no justifica tal atraso. Para citar un ejemplo sólo en el departamento de Cortés hay 700 compañeros docentes que no han recibido su salario. ¿Cómo puede un profesor desarrollar su labor así? ¿Son justos o no los reclamos de los compañeros? ¿Hay burocracia en dicho ministerio? ¿De qué sirvió la desconcentración educativa? ¿Qué ha hecho la dirigencia magisterial?
Los compañeros de la Junta Central se han pasado de reunión en reunión, firmando acuerdos con el titular de educación, nombrando comisiones; sin que ello haya solucionado nada definitivamente. Al parecer los compañeros dirigentes ya olvidaron que la única acción que apresura los pasos es la lucha en las calles. En esta problemática la Junta Central del COPEMH ha sido rebasada y son las acciones emprendidas de manera aislada que han intentado solucionar dicha crisis salarial. Por tanto se hace necesario realizar acciones conjuntas que busquen dar soluciones rápidas a la actual situación de todos los docentes que viven dichas penurias económicas. Pero igual, la Dirigencia Magisterial esta llamada a exigir que el atraso en el pago de salario no se repita año con año.
Lo anterior es una muestra más que el Estatuto no es la solución plena a los problemas (como muchos sostenían) que vivimos los docentes en nuestra labor y que en el gobierno de Flores no hay tal prioridad en educación. Con la vigencia de dicho Estatuto lo que el gobierno logró fue dividirnos en clases sociales dentro del magisterio: los que tienen título versus los que no tienen título. Por supuesto los primeros se llevan los beneficios y los segundos "como no quisieron seguir estudiando" no perciben nada o casi nada; pero por supuesto el trabajo es igual.
El objetivo del gobierno es dividirnos para que no tengamos fuerza para enfrentarlo. No olvidemos que los dirigentes de primaria se tragaron ese cuento y aparecieron en contra de la lucha de Media. Nada de esto puede pasar entre las bases del magisterio ya que todos somos trabajadores de la educación. Si esto es así debemos exigir el reconocimiento de los años de servicios para todos los docentes sin título y que esto se traduzca en beneficios económicos año con año.
Compañero docente sólo la lucha unificada logrará solucionar la problemática actual. No podemos olvidar que todas nuestras conquistas han sido producto de acciones en las calles y que en el capitalismo tarde o temprano nos toca defender éstas en donde las conseguimos, en las calles.
Colombia
por S.M. (El Socialista Nº 563, Agosto 1999 Periódico del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia)
En medio de la crisis económica mundial, Colombia se ha convertido en un bocado apetecido por los grandes países industrializados imperialistas que compiten por el mercado para sus productos, sus inversiones y la rapiña por materias primas y mano de obra barata. A caballo de las negociaciones de paz y la "guerra" al narcotráfico se ha intensificado hasta niveles sin precedentes la presencia directa de diplomáticos, funcionarios de estado, políticos y militares imperialistas en nuestro país.
La crisis del gobierno de Samper fue patrocinada directamente por las agencias de seguridad yanquis al facilitarle los "narcocasetes" a Pastrana que desencadenaron el Proceso 8.000. Las actuales negociaciones de paz fueron iniciadas en secreto por funcionarios yanquis que conversaron directamente con las FARC y dieron seguridad a Pastrana para su entrevista con Manuel Marulanda. Es la presencia yanqui la que paralizó las negociaciones iniciadas con el ELN, para debilitar la influencia del imperialismo europeo, en particular el alemán, y la iglesia, que las respaldaban. Posteriormente varios parlamentarios del Partido Demócrata de Clinton vinieron a dar fe del buen curso de las negociaciones con las FARC, a pesar del escándalo de las muertes de tres indigenistas norteamericanos a manos de la misma organización guerrillera. Esta visita sirvió de antesala a la de Richard Grasso, Presidente de la Bolsa de Nueva York, el principal mercado de acciones del mundo, quien vino a explicarle a los negociadores de las FARC las posibilidades de Colombia con la "globalización" neoliberal de la economía mundial. El colmo del servilismo del gobierno de Pastrana se expresó en que el propio mandatario solicitó la entrevista y envió al Ministro de Hacienda como traductor oficial.
En el terreno económico la intervención imperialista se ha acentuado a través del proceso de privatización de la empresas productivas del estado que han quedado en manos del capital internacional. También con la presión para que se devaluara la moneda y por esa vía obligar a Pastrana a pactar un plan de choque con el FMI que garantice el pago de la fraudulenta deuda externa, hipotecando al país.
Este proceso de semicolonización económica y política ha ido de la mano de una intervención militar más descarada. El propio periódico del Grupo Santodomingo, El Espectador, publicó un extenso informe sobre la escalada militar en asesores, tecnología y participación directa en operativos como el que condujo a la caída de un avión que vigilaba los movimientos de contingentes de la guerrilla. Recientemente el máximo comandante de las tropas yanquis acantonadas en el Comando Sur de Panamá, Charles Wilhem –el mismo que había declarado que dicho país no estaba en posibilidad de resistir la amenaza colombiana en su frontera– vino a verificar la capacidad operativa del ejército colombiano. Poco antes Barry MacCaffrey, zar antidrogas, había hecho lo mismo con el nuevo batallón antinarcóticos, cuerpo de élite de mil hombres dotado del más moderno armamento y tecnología y entrenado directamente por los asesores norteamericanos.
Estas visitas se dieron en el mismo momento que se discutía aumentar la ayuda militar al gobierno de Pastrana en US$ 1.000 millones, el doble de lo que habían solicitado los propios generales colombianos.
Una nueva misión de alto nivel estuvo en Bogotá el 10 de agosto encabezada por Thomas Pickering, subsecretario de estado para Asuntos Políticos de Clinton, e integrada también por Arturo Valenzuela, Director para Asuntos Interamericanos del Consejo Nacional de Seguridad, Peter Romero, secretario de estado adjunto encargado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rand Beers, secretario de estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Brian Sheridan, subsecretario de defensa adjunto para Operaciones Especiales. La misma comisión viajó de inmediato a entrevistarse con Hugo Chavez, presidente de Venezuela. Simultáneamente Madeleine Albrigth, Secretaria de Estado –la que dirigió el reciente genocidio contra Yugoslavia– hizo un pronunciamiento público, a través del New York Times, exigiendo la combinación de presión e incentivos para obligar a la guerrilla a negociar y diciendo que Pastrana debía decir que "garrotes y que zanahorias" necesita para lograrlo.
Esta ofensiva diplomática, política, económica y militar imperialista sobre Colombia no augura nada bueno. Como lo han recordado los propios parlamentarios yanquis en sus discusiones, así se inició la intervención contra Vietnam.
Yugoslavia
por Alejandro Pereira (El Socialista Nº 563, Agosto 1999. Periódico del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia)
Durante dos meses y medio, el imperialismo mundial bombardeó la nación de Yugoslavia dejándola totalmente arruinada para luego ocupar militarmente la provincia de Kosovo, apoderándose de ella y convirtiéndola en un protectorado que le permita desde allí controlar la ejecución de sus planes para terminar de restaurar la propiedad privada y convertir a todos los países de Europa Oriental en semicolonias, para saquearlos y explotar inmisericordemente a sus trabajadores.
Para asegurar que Kosovo se convierta en un enclave imperialista, las principales potencias, bajo el mando de los Estados Unidos se han distribuido el territorio y con sus tropas dominan metro a metro el movimiento de la población.
Las fuerzas norteamericanas controlan el norte, las de Francia el sur, las alemanas el oriente, las italianas el occidente y las inglesas el centro incluida la capital Pristina. Los demás países que participan con tropas, incluida Rusia se limitan a servirles a las potencias antes mencionadas.
La ocupación imperialista a través de la llamada fuerza de Paz para Kosovo, KFOR, no es simplemente una ocupación militar, también lo es política y económica. Así lo señala Jorge Marirrodriga, enviado especial del diario El País de España:
(...) Por ello, y cuando muchos albanokosovares refugiados aún no habían regresado, las tropas de la fuerza internacional para Kosovo (KFOR) tomaron pleno control de las empresas más importantes para la marcha del país, colocaron a oficiales suyos al frente de ellas y nombraron nuevos administradores, a menudo un serbio y un albanokosovar.
(...) Desde el pasado 13 de junio, tropas de los diversos contingentes estacionados en Kosovo son los encargados de supervisar directamente la puesta en marcha de las empresas básicas para la economía del país. Un ejemplo de ello son las minas de Oblidic y Belacuac, situadas a pocos kilómetros de la capital Kosovar Pristina y que surten de carbón a dos centrales térmicas próximas. El mayor Fuller, del 26 escuadrón acorazado de ingenieros de Reino Unido, está al frente de las explotaciones. Aunque oficialmente se han nombrado a dos codirectores, lo cierto es que está prohibido hablar con ellos.
Después de obligar el desplazamiento de 700.000 habitantes de Kosovo de nacionalidad albanesa por medio de los bombardeos, hoy el imperialismo aparece como el protector que busca su regreso y bienestar. Al mismo tiempo atiza los odios de éstos contra los kosovares de la nacionalidad serbia para desterrarlos y desocupar la provincia de cualquier rastro serbio. Esto lo viene haciendo apoyándose en el Ejército de Liberación de Kosovo —una especie de guerrilla proimperialista— que detiene, tortura y asesina a los serbios en presencia y con la complicidad de las fuerzas de ocupación imperialista de la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR).
El imperialismo utilizó a Milosevic para negociar y consolidar su plan de ocupación en la república de Bosnia después de 4 años de guerra por medio de un tratado de paz conocido como el acuerdo de Dayton, así logró derrotar a los serbios de Bosnia. En el conflicto de Kosovo utilizó a Rusia para lograr la rendición de Milosevic y ahora se dispone a organizar un plan para conspirar y derrocarlo, utilizando agentes que desde el interior del país le hacen coro a la pandilla imperialista, entre ellos el presidente de la república de Montenegro, Milo Djukanovic; el ex alcalde de Belgrado Zoran Djindjic, ahora líder de la Alianza para el Cambio, organización que agrupa cerca de 30 pequeños partidos de oposición.
Milosevic es un agente de la restauración capitalista. Pero al mismo tiempo tiene contradicciones con el imperialismo mundial porque defiende los intereses de Rusia en la región y los suyos. Ha reprimido movilizaciones de los trabajadores y su política opresora le ha dado argumentos al imperialismo para la intervención y destrucción de la Federación Socialista de Yugoslavia. Pero con todo eso el principal enemigo de los trabajadores yugoslavos es el imperialismo que hoy se ha apoderado de Kosovo. Por eso no se le puede hacer el juego frente a la campaña de derrocamiento de Milosevic. Tenemos que oponernos a que sea juzgado por los tribunales de justicia imperialista como lo están intentando ahora, abriéndole un proceso a través de la Corte Internacional de la Haya. Si ha de ser derrocado y juzgado los deben hacer las masas trabajadoras, pero primero expulsando al imperialismo.
La derrota del pueblo yugoslavo con los bombardeos de la OTAN y la ocupación tiene repercusiones a nivel internacional. Este triunfo le ha dado más confianza al imperialismo para aplicar sus planes antiobreros y profundizar su intervención. Esto en Colombia ya se ha expresado a través del incremento en la ayuda militar para enfrentar a la guerrilla y con la amenaza de ocupación.
Expresar nuestra solidaridad con el pueblo yugoslavo, exigiendo el retiro de las tropas imperialistas, es al mismo tiempo, luchar contra la injerencia en nuestro país y salirle al paso a una posible intervención militar directa del imperialismo.
ECUADOR:
por Fernando Graco (El Socialista, periódico del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia, Nº 563, agosto 1999)
Las medidas aplicadas por el presidente Jamil Mahuad y que causaron la indignación de la población fueron: decretos de privatización de las empresas estatales y despido de sus trabajadores, congelación de salarios, cobro por servicios en los hospitales públicos, saqueo de los dineros depositados en los bancos por los ahorradores y cierre temporal de estas instituciones impidiendo el retiro de efectivo, contrarreformas a la seguridad social y a la educación, devaluación del sucre y aumento en un 350% en los combustibles. Todas estas medidas estaban al servicio de "pagar" la deuda externa a la banca imperialista sobre la base de un compromiso firmado por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Tan sólo en lo que va de este año el gobierno ha entregado 2.000 millones de dólares por intereses. Junto con estas medidas se agrega el asesinato de dirigentes populares, aprobación de leyes que castigan con cárcel la protesta social y persecución contra dirigentes sindicales y populares.
Frente a estas medidas varios sindicatos, organizaciones populares y el sector de los taxistas, en el transporte, realizaron un paro en marzo. El 22 de abril se volvió a dar otro movimiento nacional de protesta y el 5 de julio nuevamente, a partir de un paro de 40 mil taxistas se desencadenó un paro nacional que duró 12 días. Dentro de las exigencias de los manifestantes estaban: congelamiento por dos años del precio de los combustibles a los niveles de junio, sucretización de los créditos (contra la dolarización de los mismos), derogatoria de todas las políticas económicas del gobierno y la salida de la ministra de finanzas.
La polarización entre el gobierno y los trabajadores se fue agudizando. Hacia la segunda semana de julio la cantidad de manifestantes iba aumentando al igual que las detenciones de varios de éstos por parte del gobierno. Miles de indígenas y campesinos se movilizaron hacia Quito y bloquearon las carreteras, los trabajadores de la salud, del sector eléctrico y los petroleros entre otros se sumaron al paro y la protesta se generalizó en todo el país durante 12 días, hasta que el gobierno tuvo que ceder sobre varias de las principales peticiones: congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 30 de junio del 2000, creación de un subsidio para las tarifas de la energía eléctrica para los sectores más pobres y la liberación del 10% de los depósitos bancarios entre otros puntos.
La lucha no fue fácil. El enfrentamiento fue duro, hubo muertos, heridos y detenidos en el frente de los trabajadores. Pero hubo un elemento que fue desarrollado sobre todo en el sector de los taxistas: la democracia y las decisiones tomadas con la participación de las bases, así como el rechazo a la política de concertación. Las bases de los taxistas señalaron cómo castigar a los dirigentes que traicionan. Ellos acusaron a su máximo dirigente de traidor y casi es linchado en un parque público. Toda la dirección fue desconocida y cambiada. Los nuevos dirigentes tenían la obligación de contar con las decisiones de las bases y su aprobación para firmar cualquier acuerdo o negociación. Pero al mimo tiempo quedó al descubierto el nefasto papel de las direcciones obreras con su política de concertación quienes estuvieron a la retaguardia y lo poco que hicieron fue gracias a la fuerza de la lucha que los obligó a entrar en el remolino de la movilización. La iglesia intentó mediar pero inmediatamente los manifestantes expresaron su rechazo. El avance en la lucha contra los planes imperialistas no significa que ya se derrotó al gobierno. Vendrán nuevos intentos del gobierno seguida de la resistencia de la población y se necesitará una dirección democrática y consecuente que conduzca la lucha al triunfo.
En Colombia, las centrales obreras han convocado un paro general para el 31 de agosto para enfrentar medidas similares a las aplicadas en Ecuador. Es una oportunidad para asimilar las lecciones de la lucha de nuestros hermanos ecuatorianos y poner en práctica los aspectos en los que se avanzó y combatir desde ahora la política de concertación de las direcciones de las centrales obreras.
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