Editorial:

Por la "integración" de los revolucionarios del área

La sistemática ofensiva del imperialismo a nivel mundial, acrecentada con los espectaculares avances de la restauración capitalista en los Estados Obreros Burocráticos (ex URSS, China, países del Este y Cuba), ha producido un efecto desmoralizante en casi todas las organizaciones del movimiento obrero y de masas, sobre todo en aquellas que se reclaman socialistas.

Este fenómeno tiene aspectos similares en los diferentes países. Por un lado, amplios sectores de la izquierda abjuran abiertamente del marxismo y abandonan la lucha por el socialismo, cantando loas a la sacrosanta propiedad capitalista, el "libre comercio" y la "economía de mercado". Estos renegados se han convertido en los principales propagandistas sobre las supuestas ventajas del capitalismo sobre el socialismo. Por el otro lado, siempre impactados por los triunfos del imperialismo a nivel mundial, otros grupos y organizaciones de izquierda no abandonan directamente los principios y el método marxista, sino que, sosteniendo formalmente las banderas de la revolución socialista, intentan "revisar" todos sus postulados desde el interior de esas organizaciones obreras y populares, con el objetivo de cambiar sustancialmente los principios, el método y el programa revolucionario. El resultado final es el mismo.

El abandono del marxismo y el revisionismo son las dos caras de un mismo proceso que refleja los avances del imperialismo a nivel mundial y regional.

Las derrotas recientemente sufridas en Panamá, Nicaragua y El Salvador, así como la que se intenta consumar actualmente en Guatemala, no son más que un reflejo de esa ofensiva económica, política y militar del imperialismo en el mundo.

El retroceso de la revolución centroamericana ha posibilitado la aplicación de los planes de ajuste y del libre comercio. El crecimiento económico experimentado por casi todos los países del área sintetizan dramáticamente los avances de la "contrarrevolución económica", el retroceso del movimiento obrero y de masas, así como el pase de las direcciones del FSLN y FMLN al campo burgués.

El movimiento obrero y de masas centroamericano está huérfano de dirección. Antes de 1979, los partidos stalinistas no tenían mucha influencia en el área. En la década de los años 80 ese vacío fue llenado por las antiguas direcciones nacionalistas pequeño burguesas del FSLN y FMLN. Pero éstas se han convertido en los principales soportes de los nuevos regímenes democrático burgueses de Nicaragua y El Salvador. Incluso, en el caso de Nicaragua, la cúpula sandinista se transformó en un nuevo sector burgués.

Debemos, pues, realizar esfuerzos extraordinarios para sacudirnos el polvo de la derrota y avanzar en la formación de una nueva dirección revolucionaria en el área centroamericana. No podemos permitir que la burguesía y el imperialismo aceleren el proceso de "integración" económica y política de la región, mientras el movimiento obrero y de masas, incluidos los revolucionarios, libramos batallas por separado, respetando las artificiales fronteras nacionales. La experiencia histórica nos indica que es tarea de primer orden construir el Partido Revolucionario del los Trabajadores Centroamericanos.

Adelante!!

 

Costa Rica: La Integración Económica

¿Hacia dónde va América Central?

Por Alberto Ramírez

El actual proceso de integración económica de Centroamérica está asentado sobre la derrota de la revolución centroamericana: invasión yanqui a Panamá, triunfo electoral de la Sra. Chamorro en Nicaragua e implementación de los acuerdos tramposos de "paz" en El Salvador. Es decir, que esa derrota posibilitó que los gobiernos y burguesías centroamericanas renueven su unidad económica y política, para que sus negocios prosperen y sus ganancias aumenten y se fortalezcan sus mecanismos e instituciones (CUMBRES PRESIDENCIALES, SICA, SIECA, PARLACEN, BCIE, etc.) para mejor dominar y explotar al conjunto de las sociedades centroamericanas. Todo lo anterior ha sido factible debido a la traición de las direcciones ex-guerrilleras del FSLN y FMLN, que hoy constituyen parte integral de los regímenes burgueses imperantes en sus respectivos países.

¿Pero en que consiste la nueva integración económica? En la Declaración de Puntarenas, Costa Rica, en Diciembre de 1990, los Presidentes de los países centroamericanos "... deciden continuar impulsando el establecimiento de la nueva integración centroamericana, que busca fortalecer a la región como un bloque económico, para insertarla exitosamente en la economía mundial, mediante la adopción de acciones como las siguientes: la liberalización del comercio regional y extrarregional; la ejecución de una política regional sobre precios y abastecimiento de productos agropecuarios con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de Centro América; el apoyo al desarrollo de los sectores productivos mediante programas de modernización y reconversión; la elaboración de propuestas específicas que conduzcan a solucionar el gran problema de la deuda que enfrentan nuestros países; y la acción regional conducentes a eliminar los obstáculos discriminatorios que sufren nuestras exportaciones en otros países". [1]

La Declaración de Presidentes Centroamericanos de San Salvador en Julio de 1991 acuerda la entrada en vigencia del Arancel Uniforme Centroamericano el 31 de diciembre de 1992 con un techo del 20% y un piso no menor del 5%. [2] Hay que aclarar que los aranceles son medidas proteccionistas, es decir, tarifas o impuestos que los distintos gobiernos cobran por el ingreso de bienes importados de otros países.

Recientemente, se ha abierto una discusión entre las Cámaras patronales y los gobiernos del área por la propuesta del gobierno salvadoreño que consiste fundamentalmente en realizar una reducción arancelaria en seis años hasta llegar a uno aranceles en el año 2000: en 1995 se pasaría a un arancel 15-1 y cada año siguiente se reduciría un 3 por ciento. El plan salvadoreño refleja las contradicciones entre los distintos sectores de las burguesías centroamericanas para sacar ventaja de la apertura comercial. Mientras los sectores de la burguesía comercial apoyan la propuesta salvadoreña, los sectores industriales la rechazan enfáticamente. Por ejemplo, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas (FECAICA) en una reunión que sostuvieron en San José, los días 26 y 27 de Enero declararon:

"La rotunda oposición manifestada por FECAICA ante la propuesta del Presidente Calderón Sol es, sin lugar a dudas, la respuesta más acertada... que se puede ofrecer a una iniciativa que no sólo pretende desconocer el papel fundamental que por años ha jugado el Mercado Común en el desarrollo de Centroamérica, sino que no parece no tener una visión clara de las graves implicaciones económicas y sociales que tendría su ejecución". [3]

La XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos realizada en Guácimo, Costa Rica, en el mes de Agosto del año 1994 marca un viraje en cuanto a la de actuación conjunta de los gobiernos del área centroamericana en los distintos foros internacionales y en otros tipos de acuerdos. El gobierno de Costa Rica cambia radicalmente su posición tímida en la integración centroamericana y asume un rol de liderazgo en la región, al grado que se convierte en el expositor por parte de Centroamérica en la reunión de las Américas. En la cumbre de Guácimo se acuerda que los gobiernos centroamericanos negocien conjuntamente:

• adquisición de petróleo
• compra de medicamentos
• programa de seguridad energética
• importación en bloque de materias primas
• negociar mancomunadamente en el exterior

Al mismo tiempo se acuerda ratificar los siguientes mecanismos y organismos:

• El Protocolo de Integración Económica Centroamericana
• El Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
• La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
• El Código Aduanero Uniforme
• El Programa de Armonización Monetaria y Tributaria

Asimismo los presidentes centroamericanos acuerdan crear:

• La Academia Centroamericana de Instrucción para la Policía Civil, supuestamente para combatir el narcotráfico, la inseguridad ciudadana y la corrupción.
• Se firma una Proclama política sobre el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que Costa Rica no firmó, porque este país es contrario a integrar ese organismo, hasta tanto no exista consenso entre la burguesía tica y sus partidos. Aquí vale la pena señalar que debido a las desigualdades en cuanto a "desarrollo económico" y a condiciones políticas en cada uno de los países es muy difícil que a corto plazo las burguesías centroamericanas lleguen a concretar la llamada integración política del área centroamericana.

Los otros puntos conflictivos entre Costa Rica y los demás países y burguesías centroamericanos son:

• la libre movilidad de la mano de obra
• moneda única

Para comprender el actual proceso de integración económica del área centroamericana lo debemos analizar dentro del acuerdo comercial entre Centroamérica-México y el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México. En primer lugar, debemos saber cual es el objetivo de la actual integración de Centroamérica. Según Mario Fernandez Arias, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica:

"Existe una diferencia fundamental entre la integración económica centroamericana de los años sesentas y setentas, y el nuevo proceso de integración de los noventas... la primera significó un intento de industrialización mediante la explotación del mercado interno, el segundo se encamina a generar las condiciones para una inserción más profunda en el mercado mundial... encaminados a lograr una integración económica hacia el norte de América... El eje de desarrollo lo constituye la exportación, en tanto que la producción para el mercado interno pasa a ocupar un lugar totalmente secundario". [4]

El proceso de integración de los años 60 y 70 fue bajo la concepción de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que se basaba en la sustitución de importaciones mediante un proyecto de industrialización de las naciones de Centroamérica. Esta concepción era, supuestamente, para que los países centroamericanos enfrentaran el intercambio desigual entre naciones. Ese proceso de integración centroamericana permitió que la burguesías centroamericanas dejaran de producir sólo para sus mercados, logrando centroamericanizar su producción y comercialización y tener un arancel común en Centroamérica. Ese proceso entro en profunda crisis y desaparición con el triunfo de la revolución nicaragüense.

Además de lo anterior, el actual proceso de integración centroamericana significa un proceso de unidad y fusiones de capitales de los distintos países y burguesías de Centroamérica para competir con el extranjero. En ese sentido se pronunció el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Gert Rosenthal, en una entrevista brindada al diario "La Nación":

"Hay otro punto de avance porque los presidentes de los bancos centrales se reúnen periódicamente y se pretende crear un mercado de capital genuinamente centroamericano". [5]

El Acuerdo Comercial Centroamérica-Mexico

En relación al tratado de libre comercio entre América Central y México acordado en el Acta de Tuxtla Gutiérrez, se estipula el establecimiento gradual de una zona de libre comercio entre éstos países que tendrá que alcanzarse a más tardar el 31 de diciembre del año 1996. Como se podrá observar, los gobiernos y las burguesías de los países centroamericanos han acelerado el proceso de integración económica del área, presionados por la conformación del bloque económico EEUU-Canadá-México. Para no quedar descolgados del más fuerte bloque económico mundial y siendo el "patio trasero" del mismo, se han guindado como el último vagón a ese bloque a través de ese acuerdo con México y solicitan lastimosamente a los EE.UU. su ingreso al TLC.

Las repercusiones económicas y sociales de la entrada en vigor del acuerdo Centroamérica-México, así como del TLC serán dramáticas sobre el conjunto de los trabajadores, la pequeña y mediana empresa (industrial y agrícola) de la región centroamericana. Hacemos énfasis en la micro-empresa porque los países centroamericanos son naciones con predominio de ese tipo de estructura empresarial, en donde el 48% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra ubicada en esos sectores productivos. Por ejemplo:

"... En El Salvador, las microempresas representan el 94% de todas las empresas y el 39% de los empleos no agrícolas; en Honduras, el 95% de las empresas son microempresas". [6] De acuerdo a la Cámara de Industria de Costa Rica: "El 90.7% de la industria tiene menos de 50 trabajadores, es decir, el parque industrial costarricense esta conformado por pequeñas y medianas empresas". [7]

Es de preveerse que con la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Centroamérica y México, los sectores más afectados sean los miles de trabajadores que laboran en las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad de competir con la gran empresa mexicana. Dado que no tenemos suficiente información no podemos determinar con exactitud que sectores específicos de la pequeña y mediana producción serán los más dañados con ese acuerdo comercial e invasión de miles de productos mexicanos a Centroamérica.

Tomando como ejemplo a Costa Rica que es el país con una mayor capacidad "competitiva" y "exportadora" de los países centroamericanos y el que suscribió un acuerdo bilateral de libre comercio con México, que entró en vigor el 1º de Enero del año 1995, podemos deducir el futuro nada halagüeño para los demás naciones de América Central. Veamos. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica, 603 empresas costarricenses están en la capacidad de exportar sus productos a México, una vez que el acuerdo de libre comercio entre a funcionar con ese país.

"De tales compañías, 371 son manufactureras, en tanto que 232 son agrícolas y agroindustriales...". [8]

En Costa Rica existen 4.686 empresas industriales registradas, entonces 371 empresas manufactureras en capacidad de exportar a México representan apenas el 7.9% del parque manufacturero de Costa Rica! Es decir, que en realidad quienes podrán competir y exportar son las empresas del gran capital nacional, que por cierto han entrado en lo que la Cámara de Industria llama la "alianza estratégica" con el capital extranjero como una forma de sobrevivir y no perecer al "nuevo mundo que nace" según palabras del ex-presidente Rafael Angel Calderón Fournier, quien es actualmente el abogado del recién instalado banco mexicano "BanCrecen", que ha abierto decenas de sucursales en el territorio tico y que constituye una amenaza para la banca nacional y privada de este país.

Las cifras anteriores como muestra del país más "avanzado" de Centroamérica nos indican que quienes realmente van a realizar sus negociados son los grandes capitalistas nacionales asociados al gran capital transnacional algunas veces como socios menores y otras veces como empleados de alto nivel. Mientras tanto, "... los agricultores... temen perder competitividad ante las importaciones y llegar a un cierre de sus actividades...". [9]

Por otra parte, el proceso de apertura comercial ha comenzado a significar la "fagocitosis" por parte de las grandes compañías transnacionales de las empresas nacionales. Es así que empresas nacionales costarricenses han sido adquiridas por éstas, tales son los casos de: Gallito, Lizano, Empresa de Atún, Panes Cinta Azul, Panadería Schmidt, Roca, Camacho y Repostería ArroRico, etc. Este proceso examinado en el caso de Costa Rica está sucediendo a nivel de la región centroamericana.

Por último, es necesario analizar brevemente las repercusiones que la crisis financiera mexicana abierta en diciembre del año 1994 con la devaluación del peso mexicano, tendrá en Costa Rica, producto del TLC con México. Según algunos economistas son varias las repercusiones, tales como:

• con la devaluación del peso mexicano los productos de México resultan más barato que los costarricenses. La venta de los artículos ticos en México no se producirá tal como tenían previsto el gobierno y los empresarios nacionales.
• en el mercado nacional tico, los productos mexicanos que entran libre de impuesto se abaratarán aún más con la devaluación, lo que conllevará a los consumidores a comprar los productos mexicanos y no los nacionales.
• el rubro turismo saldrá muy afectado porque con esa devaluación los servicios turísticos mexicanos serán más baratos que en Costa Rica.

Es muy probable que el gobierno de Costa Rica sufra un proceso similar al mexicano con la entrada en vigor del acuerdo comercial con México y se vea obligado a devaluar sino drásticamete, por lo menos a un ritmo más acelerado, su moneda.

El impacto del TLC en Centroamérica

Es importante antes de continuar con nuestro análisis, destacar las dimensiones del bloque económico del TLC con el cual nuestras débiles economías pretenden competir. El TLC "representan un mercado de 360 millones de personas, con un producto bruto de más de 6 billones de dólares... que significan el 41.5% del PIB mundial...". [10]

Las gigantescas proporciones de ese bloque ubican a la economía centroamericana en una desventaja terrible frente a éste que ya tiene consecuencias negativas en sus economías. Para tener una claridad de lo que estamos hablando es necesario realizar algunas comparaciones: Centroamérica tiene una población de 30 millones de habitantes con un producto interno bruto equivalente a unos 25.000 millones de dólares, comparable al de una ciudad intermedia de los Estados Unidos, como Phoenix, Arizona o bien a un país como Colombia.

Por otra parte, la tecnología y producción de esos países es de una altísima superioridad a la nuestra y mantienen dentro de sus territorios todo tipo de producción industrial y agrícola, lo que pone en una desventaja muy grande al istmo centroamericano. Visto todos estos grandes problemas lo que analizamos es que sencillamente, nuestras economías serán rápidamente absorbidas por las empresas transnacionales de ese bloque como una ciudad más de él, lo cual llevará a la destrucción de miles de pequeñas y medianas empresas y por tanto, al desempleo masivo.

Además, existen algunos "estudios de impacto" que tendrá el TLC sobre la región centroamericana. Tres serán los sectores productivos afectados: el tradicional, no tradicional y el emergente.

"En el caso del primero... los impactos se preveen en dos áreas... los productos agrícolas y... los textiles y la industria de la confección". [11] En relación a la agricultura "se llega a la conclusión que algunos de los sectores afectados serían: verduras y hortalizas, frutas (piñas, melones, sandías, fresas, flores, plantas, miel y tabaco) y de manera especial el azúcar... para una quinta parte de las exportaciones, se modificarían las condiciones de competencia con los productos mexicanos; así, existiría un riesgo de desplazamiento... en: pepinos, piñas y melones cantalupo..." [12]

En relación a textiles el estudio dice que:

"En el sector de textiles y vestido se señala que en el momento de la entrada en vigencia del Acuerdo, el impacto recaería en el 33% de las exportaciones del Istmo... Solamente el 3% de los productos, en este rubro, quedarían protegidos frente a México, en un plazo de nueve años a contar a partir del 1º de Enero de 1994... las ventajas otorgadas a México provocarán efectos discriminatorios contra los países del Caribe y Centro América. Sin embargo... no creen que el problema se resolvería exclusivamente con una rápida accesión de estas naciones al TLC". [13]

Los otros rubros afectados del sector no tradicional serían: servicios e inversiones. Estos se desplazarían hacia México.

Este punto queda bastante debilitado debido a la devaluación del peso mexicano, pues, muchos capitales se han fugado de México hacia otros países. Sin embargo, tenemos que ser cauteloso ya que es muy probable que la intervención norteamericana en la crisis financiera mexicana con un préstamo de $ 40.000 millones de dólares contribuya a frenarla y evitar mayores descalabros.

Los efectos del TLC ya se están haciendo sentir en Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala:

Así como ha sucedido en Guatemala está ocurriendo en el resto de países centroamericanos. Lo anterior significa un incremento de trabajadores desempleados y por ende, un aumento de la pobreza y miseria en América Central.

Hacia un mayor control económico y político de América Latina

El 10 y 11 de Diciembre del año 1994 se realizó en Miami, la llamada "Cumbre de las Américas" a la que asistieron 34 presidentes del continente americano, con excepción de Fidel Castro de Cuba. Al final de la Cumbre se acordó conformar para el año 2005 una "Zona de Libre Comercio de las Américas". Según Bill Clinton, Presidente de los Estados Unidos, con el surgimiento de ese nuevo Acuerdo se pretende eliminar los bloques regionales: MERCOSUR, PACTO ANDINO y MERCOMUN.

El imperialismo norteamericano, a mediano plazo, con ese acuerdo se está garantizando un control sin precedentes de las economías del subcontinente latinoamericano, dada su superioridad económica y tecnológica respecto al resto de países latinoamericanos, además de que sus productos ingresarán a éstas naciones libres de cualquier impuesto. De concretarse ese convenio, significaría un proceso mayor de dominación política y explotación económica de parte de los EE.UU. hacia nuestro subcontinente y por ende, de una mayor concentración de capital por parte de las empresas transnacionales yanquis en el continente, lo cual conducirá a la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas, así como a una pauperización creciente de las masas latinoamericanas.

Por si quedará duda de lo que decimos anteriormente, citamos a John Jackson, arquitecto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recientemente fundada, quien en una conferencia en San José, Costa Rica, dijo respecto a Centroamérica que esta debía:

"... prepararse para satisfacer los estándares internacionales de competitividad, productos, eficiencia, precio, lo cual significará que algunos monopolios domésticos van a tener que aprender a vivir con la competencia y algunas industrias que no son lo suficientemente eficientes tendrán que cerrar. Por ello, el gobierno debe preparar las políticas apropiadas para ayudar a los trabajadores". [16]

Aunque no existe actualmente un análisis serio del significado de ese acuerdo, nos atrevemos a puntualizar que ese tratado constituye una especie de envoltura protectora del mercado continental latinoamericano por parte del imperialismo norteamericano y la exacerbación de la lucha interimperialista (EE.UU., Europa, Japón) por un nuevo reparto del mercado mundial. Tanto Estados Unidos como Europa son presionados por la competencia ejercida por los países de Asia Oriental encabezados por Japón; seguido por Corea, Hong Kong, Singapur, Taiwan e Indonesia, Malasia, Tailandia y mas rezagadamente China y Vietnam. Ello pre-anuncia mayores roces y conflictos entre los distintos bloques económicos encabezados por uno u otro imperialismos.

Toda la burguesía centroamericana y sus plumíferos están alborozados por el acuerdo firmado en Miami. El editorial del diario "La Nación" de Costa Rica del día 14 de diciembre decía de la Cumbre lo siguiente:

"Es un hecho... Estamos en el ocaso de la época del proteccionismo y en el alba de la liberalización económica. Hemos de prepararnos para competir a nivel mundial pues sólo de esa forma tendremos garantía de conservar... no solo el mercado regional centroamericano sino el nacional...". Y más adelante agregaba el entusiasmado editorialista: "En el campo del libre comercio más tienen que ganar los países pequeños que los grandes, pues a aquellos se les abren mercados relativamente amplios. Claro que para tomar ventaja de esa situación tendrán que... emprender las reformas estructurales que las nuevas circunstancias demandan... En suma, debe reinar en el país un ambiente favorable a los negocios y al espíritu empresarial". [17]

Argumentos tan simplistas como éste reflejan la posición de las diferentes burguesías de estos países atrasados que pretenden sencillamente convertirse en socios menores del capital imperialista yanqui y contemplan así la posibilidad de un mayor enriquecimiento al aumentar un poco sus cuotas de exportación y ganancias, a costa del empobrecimiento de las grandes masas.

Esos acuerdos, a pesar de que contemplen algún trato preferencial para los llamados países con economías más débiles o en "transición", resultaran nefastos para los trabajadores y las masas populares centroamericanas, pues, significan a lo inmediato una serie de reformas económicas que conllevan al desempleo masivo, al recorte de garantías sociales, a la inestabilidad en el trabajo, al deterioro de las condiciones de vida y trabajo.

Nuestra política sobre la integración Centroamericana

1.- La Integración económica centroamericana se ha acelerado por el llamado proceso de "mundialización" de la economía, más concretamente, por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos, Canadá y México.

2.- Los gobiernos y burguesías centroamericanos, con concepciones y mentalidad muy estrechas, no han sacado todas las conclusiones sobre las consecuencias económicas, políticas y sociales en estos pequeños países de la apertura comercial. Es así que en Costa Rica el propio gobierno dice que en relación a la entrada en vigencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay y con México: "no se ha dado una discusión interna suficientemente profunda sobre las implicaciones de estas dos iniciativas". [18]

3.- La integración económica centroamericana tal como esta concebida y diseñada favorecerá a los grandes capitalistas centroamericanos, quienes para sobrevivir a la mundialización de la economía están asociándose a los grandes grupos económicos transnacionales.

4.- Los sectores más afectados con la integración económica centroamericana y el proceso de apertura comercial, serán los trabajadores, la pequeña y mediana empresas de los países centroamericanos que no tienen la capacidad de competir con las empresas transnacionales. El cierre de pequeñas y medianas empresas se producirá a mediano plazo y por ende, el desempleo masivo se incrementará.

5.- Tanto la integración económica centroamericana como otros tipos de acuerdos comerciales son una realidad, aunque estemos en desacuerdo con ellos. Sin embargo, lo anterior no significa que los revolucionarios socialistas tengamos que quedarnos cruzados de brazos o sólo atacando a dichos acuerdos burgueses e imperialistas, sin presentar una salida y programa alternos a éstos. Es por eso, que frente a la integración económica y política burguesa de Centroamérica planteamos:

a) Unidad y Organización de los trabajadores y campesinos centroamericanos en FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE SINDICATOS por gremios. Por ejemplo, Bananeros, Construcción, Educadores, etc. Esto es con el objetivo de unificar la solidaridad y las lucha de los trabajadores en los distintos países del istmo contra los planes de ajustes y otras medidas anti-populares de los gobiernos.

b) Unidad y Organización de los pequeños productores centroamericanos a través de una COORDINADORA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES que luche contra la quiebra de los pequeños negocios (comerciales, industriales y agrícolas) producto de la globalización de la economía centroamericana. Asimismo debe luchar conjuntamente por conseguir crédito barato, capacitación y asistencia técnica.

c) Creación de una FEDERACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS que luche contra la privatización de las Universidades Públicas así como contra las restricciones al ingreso a esos centros de estudios.

d) Por el Derecho a la Sindicalización de los trabajadores centroamericanos en cualquier país de Centroamérica. Esto significa que cualquier trabajador, por ejemplo, nicaraguense que trabaje ya sea en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador o Panamá puede pertenecer a un sindicato y ejercer sus derechos sindicales, sin temor a ser expulsado o despedido, de esos países. Esto sería un derecho recíproco.

e) Por los derechos políticos de los trabajadores centroamericanos en cualquier país de Centroamérica. Esto significa que cualquier trabajador de una nación centroamericana que trabaje en otros país de América Central puede afiliarse y militar al partido, sin temor a ser expulsado del país donde trabaje. Esto debe ser una exigencia ya que las Constituciones de los distintos países centroamericanos prohiben la participación política de los extranjeros en los asuntos internos.

f) Por el Derecho a la Nacionalización de cualquier centroamericano que resida en otro país de América Central, sin que por ello pierda su nacionalidad de origen.

g) Que los estudiantes centroamericanos que estudien en cualquier Universidad de otro país centroamericano se les cobre los aranceles universitarios igual que a los nacionales.

h) Por el derecho a la educación y salud gratuitas a todos los centroamericanos.

i) Por el derecho a un trabajo digno y a un salario justo para todos los centroamericanos.

j) Por un Plan inmediato de construcción de viviendas dignas para todos los centroamericanos que la necesiten, ya sea que vivan en precarios, asentamientos, tugurios u otras combinaciones infrahumanas o de aquellos que no la tienen.

Para realizar y llevar a ejecución los anteriores planteamientos, los socialistas revolucionarios organizados en el PRT de Nicaragua, el PRT de Costa Rica y el PT de Honduras, llamamos a todos los trabajadores, campesinos, sectores populares y estudiantes centroamericanos a luchar por los siguientes demandas y exigencias:

k) QUE LOS GOBIERNOS CENTROAMERICANOS NO PAGUEN LA DEUDA EXTERNA. Actualmente la deuda externa de las seis naciones centroamericanos asciende a unos 30 mil millones de dólares de los cuales 11 mil millones corresponde a Nicaragua, o sea, el 37 por ciento de la deuda total. El pago del capital e intereses de la deuda externa para cada uno de los países centroamericanos representa un desangramiento de sus economías que se traduce en un incremento de la miseria y pobreza de las masas centroamericanas. El pago de capital e intereses de la deuda externa en relación a las exportaciones en Centroamérica representa una pesada carga para los pueblos centroamericanos. Por ejemplo, en el año 1993, para Costa Rica, el pago de los servicios de deuda externa representó más del 32 por ciento de sus exportaciones, mientras que para Nicaragua, significó más del 100 por ciento de sus exportaciones.

El combate de la miseria y pobreza en los países centroamericanos: desempleo, bajos salarios, falta de vivienda, salud, educación, etc. pasa necesariamente por no pagar la deuda externa y utilizar esos millones de dolares en la creación de nuevas fuentes de trabajo, más escuelas, hospitales, viviendas, etc.

l) IMPUESTO PROGRESIVO A LAS GANANCIAS DE LOS GRANDES CAPITALISTAS CENTROAMERICANOS Y TRANSNACIONALES. Es un hecho comprobado y evidente para todos los trabajadores y demás sectores populares de los países centroamericanos que el sistema tributario en estas naciones está dirigido contra los pobres. Por tanto, es urgente una reforma tributaria radical la cual grave progresivamente las ganancias de los grande burgueses nacionales y extranjeros que son los que se llevan las riquezas de nuestros países a sus cuentas bancarias. El dinero recaudado de ese impuesto progresivo de las ganancias de los grandes capitalistas debe servir para financiar la educación y la salud gratuitamente a todos los centroamericanos que la necesitan.

m) Por la Federación de Estados Socialistas de Centroamérica y la construcción del partido revolucionario centroamericano.

 

Nicaragua: Reformas Constitucionales y Conflicto por la Propiedad...

"Rayando el Cuadro"

Por Victoriano Sánchez Martinica

Debido a la aplicación de los planes de ajustes, el masivo desempleo y el consiguiente retroceso de las luchas obreras y populares en los últimos años, la actividad política en Nicaragua no se ha caracterizado por la participación de sectores del movimiento de masas, ni siquiera por el debate sobre los diferentes programas o líneas de acción, sino por una sórdida y a veces abierta lucha por cuotas de poder entre las diferentes fracciones burguesas.

Las maniobras y contramaniobras han estado a la orden del día. La proximidad de elecciones presidenciales en noviembre de 1996 y el temor de la burguesía sandinista ante una casi segura derrota electoral, así como la urgente necesidad de ésta de perpetuar el control sobre las principales instituciones del Estado, ha conducido a una profundización de la crisis en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el principal partido de "oposición" que desde 1990 se ha convertido en el garante de la estabilidad política y social de Nicaragua.

La crisis del FSLN no puede desligarse, pues, de candentes temas como las elecciones generales de 1996, la implementación de las reformas constitucionales y el crucial conflicto por la propiedad. El futuro político de la burguesía sandinista, su existencia como clase propietaria, están en juego.

I. La tenaza Sandinista

Al finalizar el Congreso extraordinario del FSLN en mayo de 1994, no quedó muy definido cual era realmente el origen de la división en el FSLN. Por primera vez en su larga trayectoria, los seguidores de Daniel Ortega y Sergio Ramírez, dirigentes de las principales corrientes, se enfrascaron en un debate público de "dimes y diretes" que tuvo mucha resonancia en los medios de comunicación. Ortega se convirtió en el principal dirigente de la llamada corriente de "izquierda democrática", conocida popularmente como "ortodoxa". Ramírez encabeza actualmente la corriente autodenominada "renovadora", con planteamientos socialdemócratas, que logró aglutinar a la mayoría de los diputados y concejales sandinistas.

Antes de mayo de 1994, Sergio Ramírez era criticado duramente por el sector "ortodoxo" por considerarlo uno de los artífices del "cogobierno" con la Sra Chamorro. A partir de la derrota electoral de 1990 hasta mediados del año 1994, Ramírez representó las posiciones más moderadas dentro del FSLN a favor de las alianzas políticas con Antonio Lacayo, el poderoso Ministro de la Presidencia. Al respecto, el Dr. Ramírez ha reconocido que en los últimos años, "hubo y ha habido un entendimiento entre el gobierno y la dirección sandinista sobre asuntos fundamentales". [1]

En ese mismo período, a Daniel Ortega le correspondió dirigir al supuesto sector de izquierda del FSLN, compuesto por los sindicatos agrupados en el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y demás organizaciones populares de filiación sandinista, arrastrándolos a severas derrotas que han terminado desarticulando a los sindicatos y convirtiendo a sus dirigentes en nuevos empresarios beneficiados por las privatizaciones.

No obstante, el rol político de los principales dirigentes sandinistas cambió abruptamente y se invirtieron los papeles a partir de septiembre de 1994: la corriente de Daniel Ortega pasó a apoyar abiertamente al gobierno, mientras la de Sergio Ramírez se lanzó a la oposición frontal, colocándose a la cabeza de la lucha por las reformas constitucionales que limitan abruptamente los poderes omnímodos y discrecionales del poder ejecutivo.

El miedo a una nueva derrota electoral

En el debate -que no ha finalizado- todavía no han salido a relucir las verdaderas diferencias o las reales motivaciones políticas de cada corriente. Sergio Ramírez es, probablemente, quien mas claramente ha expresado sus preocupaciones, al confesar que "lo que está en juego no es solo la unidad del Frente Sandinista sino su existencia. Si de aquí no resulta, antes del 96, un sandinismo viable, que vuelva a conquistar al pueblo de Nicaragua, no le veo al partido mayor posibilidad de sobrevivencia. El sandinismo no va a morir nunca, pero el Frente Sandinista actual si puede morir" [2]

Poco a poco, Ramírez ha establecido una diferencia entre el osificado partido FSLN, -desprestigiado por el asunto de la "piñata" y que sufre una sangría constante de sus afiliados-, y las masas sandinistas que permanecieron fieles a la bandera roja y negra. Después de algunas vacilaciones, los "renovadores" han decidido construir una nueva organización y han diseñado una política que pretende frenar el éxodo de votantes, para retenerlos en el seno del "Movimiento de Renovación del Sandinismo" (MRS). Ante el desprestigio del FSLN oficial y de la mayoría de los partidos políticos, los renovadores pretenden crear un movimiento amplio, una nueva alternativa electoral en alianzas con la democracia cristiana y pequeños partidos socialdemócratas, para repetir una operación al estilo Fujimori, o como la desarrollada recientemente por un sector del PRD panameño que llevó a la presidencia al "Toro" Balladares.

Victor Tirado López, miembro de la Dirección Nacional, aparentemente neutral en la lucha entre las corrientes, ha expresado una preocupación similar, al declarar que "si no nos dirigimos hacia un proyecto viable que aglutine a la mayoría, el FSLN no podrá levantar cabeza jamás. (...) En este momento el FSLN no es alternativa, (...) hay que crear esa alternativa y debe ser de manera pública" [3]. Como podemos observar, esa necesidad de crear un nuevo instrumento político, "de manera pública", capaz de competir electoralmente por el poder político, es una de los ejes de la discusión entre las diversas corrientes sandinistas.

Henry Ruiz Hernández, miembro de la Dirección Nacional, afiliado a la corriente renovadora, también reconoció públicamente que "si el Frente Sandinista recibe otra derrota -que no está prevista por su tamaño-, el sandinismo va a ser atomizado" [4]. Incluso, el mismo Daniel Ortega ha reconocido, sin brindar mayores detalles, que "esa ruptura nada saludable entre Sergio Ramírez y Antonio Lacayo tiene que ver precisamente con la competencia electoral". [5] Definitivamente, no hay duda: los principales dirigentes sandinistas coinciden en el temor a una casi segura derrota electoral en 1996, por eso discuten sobre los mecanismos a crear para evitarla.

Por su parte, la corriente "ortodoxa" ha manejado una política coherente con su actitud de sostener al gobierno. Daniel Ortega manifestó que en vez de aprobar las reformas constitucionales lo mas importante era realizar, antes que finalizara 1994, "un Dialogo Nacional para llegar a acuerdos que sean resueltos con el consenso del pueblo y de las fuerzas políticas" [6]. Este planteamiento pretende instalar una mesa de negociación permanente con el gobierno de la Sra Chamorro.

El ex vice canciller Victor Hugo Tinoco precisó que en ese "Diálogo Nacional deberemos encontrar el mínimo común que de estabilidad al país por algunos años más, mientras tratamos de encontrar salidas viables al problema fundamental que es el desarrollo económico. Deberemos llegar a acuerdos y puntos de coincidencias a mediano plazo" [7]. De esta forma, el llamado "sector de izquierda" pretende llegar a acuerdos sustanciales con el gobierno de la Sra Chamorro en el área que más le interesa a la burguesía sandinista: la economía! Y para que no quepan dudas sobre las reales intenciones del "sector ortodoxo" del FSLN, Daniel Ortega afirmó que "no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero es establecer claramente un Programa de Gobierno de Unidad Nacional". [8] Como podemos observar, la burguesía sandinista contempla una variada gama de posibilidades para 1996, las que van desde construir nuevas alternativas electorales hasta la de compartir el gobierno con otras fuerzas políticas.

Es muy difícil precisar si la actual ruptura del FSLN obedece a una táctica maquiavélica de sus principales dirigentes. Aparentemente, ambas corrientes sostienen políticas antagónicas, irreconciliables, pero en el fondo son complementarias. Mientras un sector del FSLN golpea, el otro se encuentra listo a sentarse en la mesa de negociaciones. Esta doble política se parece a la estrategia del "garrote y la zanahoria" que el imperialismo utiliza a nivel internacional para obtener algunos beneficios, pero con la diferencia que en nuestro caso se trata de una escala nacional y en el marco de un conflicto interburgués. Las dos corrientes del FSLN tienen algo en común, que las unirá en los asuntos fundamentales: ambas son expresiones políticas de la burguesía sandinista. Ambas constituyen los brazos de una misma tenaza cuyo objetivo central es preservar las cuotas de poder y las propiedades de la burguesía sandinista.

II. Las reformas constitucionales

La crisis del FSLN se profundizó el 5 de septiembre de 1994 cuando el Dr. Ramírez Mercado, en ese momento jefe de la bancada sandinista, en conjunto con otras fuerzas políticas moderadas, decidieron introducir el anteproyecto de reformas constitucionales al seno de la Asamblea Nacional.

La fracción parlamentaria del FSLN agrupa a 39 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional. Para votar las reformas constitucionales se requería una votación calificada del 60%. Para ello los diputados sandinistas debían realizar obligatorias alianzas con otras fuerzas políticas, incluida la Unión Nacional Opositora (UNO). Ramírez sentenció, antes de abandonar su escaño parlamentario, que "una reforma constitucional solamente respaldada por 56 votos no es suficiente. Tiene que haber un consenso mucho más amplio y por lo tanto se tiene que incluir mas votos de los partidos de la antigua UNO, conservadores y los liberales de los doctores Arnoldo Alemán y [el vice presidente] Virgilio Godoy". [9] Para que las reformas gozaran de credibilidad se requería el voto afirmativo de la mayoría de los diputados, y no solamente cumplir con el requisito formal del 60%.

Lograr ese consenso no fue asunto fácil, era como escribir el primer borrador de un Acuerdo Nacional sobre el régimen político y el reparto de cuotas de poder. Para atraerse los votos de los diputados de la UNO se requería incluir el tema de las inhibiciones. Al respecto, Ramírez declaró que "sin las inhibiciones, la UNO no votaría a favor de las reformas, y no habrían los votos suficientes" [10] para aprobarlas.

En la medida que el FSLN se dividía en dos corrientes, la bancada sandinista comenzó a jugar también un rol diferente. Al igual que el Dr. Ramírez Mercado, la mayoría de los diputados sandinistas pasaron a enfrentarse al poder ejecutivo en relación a las reformas constitucionales.

Esta decisión fue rechazada por la Asamblea Sandinista controlada por el "sector ortodoxo" del FSLN, la cual destituyó a Ramírez del cargo de jefe de la bancada, sustituyéndolo por Daniel Ortega, y reafirmando la decisión del FSLN de buscar "el máximo consenso sobre las reformas, que implicará que durante la consulta parlamentaria se impulsen acuerdos con las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales, así como con los Poderes del Estado" [11]. La referencia a los "poderes del Estado" fue una clara alusión a negociar previamente con el poder ejecutivo el candente tema de las inhibiciones los candidatos a la Presidencia de la República, las cuales perjudican directamente a Antonio Lacayo, yerno de la presidente Chamorro y catalogado como "el poder tras el trono".

Las pretensiones de Lacayo

Antonio Lacayo es la principal figura del poder ejecutivo, después de la Presidente Chamorro. En 1990 y en los años subsiguientes, mantuvo una sólida alianza política con el FSLN, la que le permitió consolidarse en el poder, apartando a la UNO de las principales decisiones. Al momento de discutir las reformas constitucionales, los partidos de la UNO mostraron mucho interés en "pasarle la cuenta" al yerno de la Presidente.

En esa coyuntura, Lacayo denunció que en aras de llegar a un entendimiento con los diputados asistió a una reunión "promovida por el embajador de España, tratando de hablar de las reformas constitucionales, y me encontré que el Dr. Sergio Ramírez y el Dr. Luis Humberto Guzmán [presidente de la Asamblea Nacional] insistían en que había que prepararse para el escenario de perder las elecciones en 1996 y que por esa razón había que pasarle poderes a la Asamblea Nacional en contra de un Ejecutivo fuerte". [12] Nuevamente podemos observar como el temor a la derrota electoral está determinando la política de los renovadores y sus aliados.

Lacayo, por su parte, tiene una visión más optimista de la situación política al considerar que puede competir y ganar las elecciones presidenciales de 1996. Por eso afirma que "las inhibiciones son antidemocráticas. Solo el pueblo -a través del voto- puede decidir quien puede ser o no Presidente de la República". [13] Su optimismo se debe, entre otras cosas, a que en 1994, por primera vez en los últimos 15 años, la economía nicaragüense experimentó un crecimiento del 3.5 en el PIB. Crecieron los volúmenes de exportación y el monto de las mismas. Estos son apenas los primeros resultados del violento ajuste económico iniciado en 1991.

Origen del distanciamiento

Pero el Dr. Ramírez Mercado tiene una visión diferente, cuando sostiene que Antonio Lacayo "como cabeza real de este gobierno, va a tener que pagar un alto costo político, sobre todo por la falta de éxito de los planes económicos". [14] Aunque los índices económicos de 1994 registraron un alza importante, el Dr. Ramírez tiene razón en sostener que cualquier crecimiento de las exportaciones no se traduce automáticamente en un mayor bienestar de la población, que le permita a Lacayo competir contra el popular alcalde de Managua, el Dr. Arnoldo Alemán, quien en la última encuesta de CID-Gallup registró el 45% de intenciones de voto.

Es obvio que si Antonio Lacayo tuviera grandes posibilidades de ganar la contienda electoral en 1996, se convertiría en el candidato idóneo de la burguesía sandinista. Pero al parecer la realidad política es otra. Por eso, Lacayo afirma con amargura que "Sergio Ramírez visualizaba la posibilidad de ser el candidato del FSLN, pero cuando se percató de los resultados del Congreso [extraordinario, en Mayo de 1994], decidió buscar una candidatura dentro de la opción de centro (..) a partir de ese momento comenzó una batalla a muerte por eliminarme antes de despegar cualquier candidatura política". [15]

A lo anterior habría que agregar otros elementos que no mencionan los medios de comunicación. Lacayo rompió el Protocolo de Transición de 1990 que estipulaba que los altos mandos militares se mantendrían en sus puestos hasta 1996. Sin embargo, ya fueron mandados a retiro el primer jefe de la Policía Nacional, Comandante René Vivas Lugo, y el fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS), General Humberto Ortega. Además, en aras de lograr un consenso entre los principales grupos económicos, para apuntalar su candidatura presidencial, Lacayo viajó recientemente a Miami para buscar un acuerdo con la burguesía nicaragüense en el exilio, y ordenó la instalación de una sucursal de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) para gestionar directamente la devolución de sus propiedades. Estos giros y la proximidad de la contienda electoral han puesto fin al matrimonio político entre Lacayo y el FSLN.

Un último elemento en esta pugna interburguesa es la privatización del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), las dos ultimas, grandes y rentables empresas administradas por el Estado. La privatización parcial de ambas aportaría mas de mil millones de dólares en efectivo. Es un pastel demasiado suculento para dejárselo íntegramente al poder ejecutivo. Uno de los puntos de mayor conflicto con la burguesía sandinista, ha sido el rápido enriquecimiento de Antonio Lacayo y su grupo, a partir de oscuras licitaciones y remates de los bienes del Estado.

Nuevo régimen político

Después de varios de meses de presiones y contrapresiones, la alianza del sector renovador del FSLN, la democracia cristiana y los partidos de la UNO, posibilitó una tensa votación del proyecto de reformas constitucionales al final de la legislatura de 1994 y al comienzo de la nueva legislatura de 1995, cumpliendo con el requisito establecido por la Constitución de 1987. A pesar de los halagos y la compra descarada de votos, la mayoría de los diputados se negó a votar un artículo transitorio que le permitiera a Lacayo presentarse como candidato en 1996. Una probable negociación de última hora, con la pistola en la sien, no es descartable.

De esta manera, Antonio Lacayo ya no puede ser candidato a la presidencia de la república, ni continuar en su puesto de ministro de la presidencia, por su parentesco cercano con la presidente Chamorro. La publicación de la Constitución y su puesta en vigencia, liquidan a la principal cabeza del gobierno e inaugura un nuevo régimen político semiparlamentario, que limita los poderes del Presidente y otorga nuevas facultades a la Asamblea Nacional.

Indudablemente que el gobierno se resistirá a someterse a un nuevo régimen político, y ya ha anunciado que recurrirá por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, a pesar que ésta se encuentra paralizada por falta de quórum. En los últimos seis meses, la Asamblea Nacional se ha negado a elegir a los nuevos magistrados de la CSJ, precisamente para que el gobierno no tenga un mecanismo legal para combatir la nueva Constitución.

El conflicto entre la Asamblea Nacional y la Presidente Chamorro puede, en determinado momento, abrir una profunda crisis política e institucional que termine con la relativa estabilidad económica y social de los últimos años.

Este pleito no puede seguir en las alturas, es necesario que el pueblo participe, opina y decida. Por ello se debe convocar inmediatamente a un referéndum que decida si las reformas constitucionales deben entrar en vigencia inmediatamente o si, por el contrario, se debe convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana, máximo organismo de discusión democrática en la presente coyuntura.

III. El conflicto por la propiedad

El fenómeno de la "piñata", que condujo al surgimiento de los "nuevos ricos" de Nicaragua, no ha sido estudiado debidamente. Para camuflar el parto de esta nueva burguesía, el gobierno sandinista promulgó leyes que otorgaban algunos beneficios a quienes habitaban casas propiedad del Estado o administradas por sus instituciones (ley 85), a quienes habitaban en repartos intervenidos (ley 86) o que permitían al campesino el ansiado derecho de propiedad de su parcela (ley 88).

El conjunto de personas beneficiadas por estas leyes y que voluntariamente se han sometido al proceso de revisión, según datos de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), suman unas 110,875 personas, que no representan el total de familias beneficiadas. [16] Un informe de la ONU calcula en 300,000 personas el sector beneficiado por las tardías medidas del gobierno sandinista. Al final, tenemos un resultado altamente contradictorio: por un lado, un reducido sector de nuevos burgueses y terratenientes y, por el otro, un sector social relativamente amplio que resultó beneficiado con las migajas del proceso de la "piñata".

Reforma y contrarreforma agraria

Para Julio de 1989, durante las celebraciones del décimo aniversario de la revolución, el MIDINRA informó que el sector reformado en el agro ascendía a 3,904,794 manzanas de tierra, un 48,4% del área total. Si restamos la cantidad de tierras pertenecientes a las grandes empresas agropecuarias bajo administración estatal, podemos concluir que realmente el total de tierras repartidas a los campesinos fue de 2,800,000 manzanas aproximadamente. [17]

Por esas ironías de la historia, en el período 1990-1993, el gobierno de la Sra Chamorro se vio obligado a entregar mas de un millón de manzanas de tierras que pertenecían al Estado. Era la única forma de convencer a los campesinos contras a entregar las armas, y de persuadir a las tropas del EPS y del Ministerio del Interior a acogerse a los diversos planes de desmovilización y licenciamiento. Si no lo hubiera hecho así, el gobierno de la Sra Chamorro hubiera tenido que enfrentar amotinamientos en las Fuerzas Armadas y la prolongación de la guerra civil, con protagonistas y características diferentes.

Solo entre abril de 1990 y marzo de 1992, el gobierno de la Sra Chamorro entregó 701,500 manzanas, beneficiando a unas 24 mil familias campesinas. [18] Unas 10,493 combatientes de la Resistencia Nicaragüense, fueron beneficiados con la entrega de tierras. Los beneficiados por las Fuerzas Armadas ascienden a 8,300 personas.

A pesar de la profundidad de la reforma agraria, un informe del INRA confirma que mas del 70% de las beneficiados no tienen títulos legalmente inscritos en el Registro Público de la Propiedad. El INRA planea metas de legalización, ordenamiento, titulación o "rectificación" del dominio de 2,9 millones de manzanas. En el interín, al no gozar del acceso al crédito, las cooperativas y los pequeños propietarios terminan vendiendo sus tierras a "precio de guate mojado", iniciándose un acelerado proceso de "contrarreforma agraria". Los principales compradores son los coroneles del EPS y altos funcionarios del gobierno.

Los nuevos terratenientes sandinistas no se sometieron al proceso administrativo de revisión, por que, en la mayoría de los casos, sus haciendas fueron asignadas mediante permutas, contratos de compra-venta a "cooperativas fantasmas" que, en base a la ley 88, podían vender libremente sus tierras. El Código Civil, vigente desde 1905, y que no fue reformado por el gobierno sandinista, impide a los antiguos dueños la reivindicación de sus propiedades, cuando estas han sido compradas de "buena fe" y se encuentran debidamente asentadas a nombre de terceras personas en el Registro Público de la Propiedad. De esta forma, centenares de "cooperativas fantasmas" o propietarios individuales, vendieron legalmente tierras a los nuevos latifundistas

Todo parece indicar que, al inicio, los comandantes sandinistas fomentaron esta situación de inseguridad de la propiedad con el objetivo de tener un sector social en el cual apoyarse en el caso de no llegar a acuerdos satisfactorios con el gobierno de la Sra Chamorro. Posteriormente, la inseguridad de la pequeña propiedad en el campo, ha sido otra "piñata" que permite comprar buenas tierras a precio barato. Una masa de pequeños propietarios está siendo arruinada por la política de ajustes del gobierno y por la inseguridad en la propiedad.

Reforma urbana

Las medidas tardías del gobierno sandinista también beneficiaron a un sector de las masas urbanas, otorgándoles derechos de propiedad sobre casas y lotes. Las propiedades más valiosas, asignadas en base a la jerarquía dentro del FSLN o al status dentro del gobierno sandinista, fueron entregadas, en la mayoría de los casos, como contratos de compra-venta. En pocas palabras, muchas de estas propiedades no se sometieron al proceso administrativo de revisión. Hasta el momento no conocemos de un solo comandante o alto funcionario que haya sido desalojado de su mansión.

La OOT informó de la existencia de 11,244 casos de la ley 85, de los cuales se sometieron a revisión 10,229 (el 91%). De ese total fueron aprobados 7,506, denegados 2,344, y 379 fueron rechazados por que no correspondían a la ley 85. El 9% (1015) de los casos no se presentaron voluntariamente al proceso de revisión y, por lo tanto, fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia. Otros 1,230 casos fueron remitidos a la Procuraduría por no demostrar el cumplimiento de los requisitos. Todavía se encuentran en trámite de apelación 1,114 casos. De cada 100 casos revisados, 74 fueron aprobados y 23 denegados. Del ese total, el 53% corresponde a Managua y 47 a los departamentos.

Pero el dato más interesante proporcionado por la OOT, es el relacionado al tamaño de las casas (ver cuadro anexo)

Como podemos observar, un 88% de las casas son menores de 100 mts. Las casas entre 100 y 200 metros, ubicadas en repartos de clase media alta, no constituyen una cifra escandalosa. En cambio, las grandes mansiones, las más valiosas, suman apenas 883 casas.

En relación a los beneficiados con terrenos, la OOT informó que al 28 de febrero de 1993 habían recibido 90, 264 solicitudes de Solvencias de Ordenamiento Territorial (SOT), de las cuales ya habían sido revisadas 72,212, faltando únicamente por revisar 18,052 casos. Se otorgaron 51,000 SOT y todavía se encuentran en proceso unas 21,212 solicitudes.

De cada 100 solicitudes, 67 corresponden a Managua y 33 a los departamentos. Fueron denegadas solamente 163 solicitudes por estar ubicadas en repartos residenciales y no como lo establece el art. 1 de la ley 86 en repartos ilegales, urbanizaciones progresivas o barrios populares consolidados. [20]

En relación a los alcances de la ley 86, es necesario aclarar que el art. 1 otorgaba "el derecho de propiedad, valiendo la posesión del inmueble por Título." A diferencia de la ley 85 que permitía el otorgamiento del título ante notario, inscribible en el Registro de la Propiedad, la ley 86 no dice absolutamente nada. Le pasa la brasa caliente al nuevo gobierno. La burguesía sandinista utilizó la misma táctica: apropiarse de las mejores casas, cediendo las de menor tamaño, permitiendo la toma de terrenos baldíos, descompresionando el problema de la falta de viviendas, con el objetivo de crear una base social que le permitiera enfrentar cualquier decisión del gobierno de la Sra Chamorro.

Las privatizaciones

La "piñata" no paró ahí. Después vinieron las privatizaciones y devoluciones. Hubo un sector de las empresas privatizadas que pasó a manos de la burocracia sindical sandinista, cuyos activos reales se desconocen, pero que en términos generales oscila alrededor del 25%. Ultimamente el gobierno pretende desconocer algunos acuerdos de privatización a favor de los sindicatos.

IV. La unica salida: la Asamblea Constituyente

El conflicto por la propiedad en Nicaragua es un verdadero laberinto. Se trata de un asunto de suma importancia, ya que está relacionado directamente con el surgimiento de un nuevo sector burgués que emergió del hundimiento de la revolución, y con la sobrevivencia de miles de pequeños propietarios que salieron beneficiados por el reparto de tierras, casas y lotes.

Los revolucionarios no podemos apoyar una burguesía contra otra, no podemos enterrar a la somocista para bautizar a la burguesía sandinista. Ambas son burguesías que, aunque salidas de procesos diferentes, son enemigas de los trabajadores.

El FSLN oficial pretende resolver el conflicto de la propiedad a través de la aprobación de una Ley de Estabilidad de la Propiedad, que garantice los derechos adquiridos por miles de beneficiados. Esta medida es necesaria, para evitar la ruina de miles de pequeños propietarios urbanos y rurales, pero legalizaría el surgimiento de la burguesía sandinista.

Por ello, en las presentes circunstancias, lo mas conveniente sería que la Asamblea Nacional vote una ley que garantice la posesión de casas y tierras, que permita el crédito a los campesinos, mientras se convoca a una Asamblea Constituyente libre y soberana, que decida como reorganizar el país y defina una solución al problema de la propiedad. Un asunto de tanta importancia debe ser discutido y decidido por toda la población.

Las dos corrientes sandinistas, a pesar de sus diferencias, coinciden en su temor a convocar al pueblo a discutir y resolver el problema de la propiedad. Por eso aprobaron las reformas constitucionales aceleradamante, sin que el pueblo pudiera opinar.

Los trabajadores y los pobres también debemos "rayar el cuadro" para defender nuestros intereses y realizar nuestro propio juego.

 

Honduras: Ajuste y Contra Reforma Laboral

Las dos caras de la "contrarrevolución económica"

Por Carlos Amaya Funez

Este retroceso histórico en las conquistas de la clase obrera se da por medio de mecanismos democráticos "legales" como son las reformas legislativas a las que se llega por medio de la "concertación, convergencia o diálogos nacionales". Salvo en el caso de Chile donde el plan comenzó a implementarse bajo la dictadura de Pinochet, en el resto de países latinoamericanos ha sido la "democracia" la que está quitando conquistas que las dictaduras de décadas anteriores no pudieron arrancar ni con la fuerza de las armas.

Este hecho es sumamente significativo como para que los activistas y luchadores obreros y populares reflexionen sobre los alcances de la democracia de nuestros países. No se trata de una democracia del pueblo y para el pueblo como tratan de hacernos creer a través de todos los medios posibles, sino que es una democracia al servicio de los capitalistas y en contra de los intereses de la clase obrera y el pueblo trabajador, es una democracia de clase: es la democracia burguesa por medio de la cual la minoría capitalista impone su voluntad a la inmensa mayoría de la población.

Bases materiales para la contra reforma laboral

Las reformas laborales impulsadas internacionalmente responden a profundas necesidades de la burguesía, tanto imperialista como de los países semicoloniales. Desde fines de la década de los ‘60 la economía mundial atraviesa una crisis crónica permanente que ha tenido crisis agudas coyunturales en 1966-67; 1973-1975; 1979-82 y la cuarta que se inicia en 1990 y llega hasta nuestros días.

En todos los casos, la superación de la crisis se logra por un aumento de la explotación de los trabajadores de todo el mundo -aumento de la plusvalía- que frena o revierte momentáneamente la inexorable caída de la tasa de ganancia, pero que al mismo tiempo, "prepara una crisis mayor: al aumentar colosalmente el capital, se produce una sobreacumulación de capital, que busca inversiones donde obtener ganancias; y como la masa de plusvalía sigue igual y el capital ha aumentado, la cuota de ganancia baja abruptamente, originando una nueva crisis coyuntural". [1] En otras palabras cada una de esas crisis agudas fue superada con el aumento de la explotación de la clase obrera que pierde cada vez más conquistas que no vuelve a recuperar en los tiempos de "bonanza". Por esa profunda razón es que a pesar de superar la burguesía sus crisis agudas coyunturales, las condiciones de vida y de trabajo de las masas van empeorando año tras año.

Frente a la actual crisis el imperialismo responde con una política global. "...Los planes de ajuste se han generalizado y comienzan a ser implementados también en los países imperialistas. Los procesos de privatizaciones en todos los países capitalistas se generalizan y avanzan. Los acuerdos como el NAFTA, Maastricht, Mercosur y GATT se comienzan a implementar, colocando al imperialismo en mejores condiciones para incrementar la superexplotación y quitar viejas conquistas obreras, acabar las políticas proteccionistas sobre distintas áreas económicas y profundizar la intervención económica y política en los países semicoloniales..."

"El régimen de multitareas (multiplicidad de tareas) y el trabajo a destajo se generalizan al interior de las fábricas. Se trata de liquidar la jornada de ocho horas, con la pretensión de que la patronal, de acuerdo a sus necesidades de producción, pueda acomodar los turnos a veces a más de ese tope y a veces a menos y no tenga que pagar horas extras cuando es a más ni el salario completo cuando es a menos. Los términos de los contratos laborales cada vez son más "flexibles" en función de los intereses patronales y se pierde la estabilidad laboral. Con la automatización, la tercerización y la flexibilización laboral, las patronales logran aumentos de la productividad con simultánea disminución del empleo. Con las políticas de "retiros voluntarios", planes de indemnizaciones y jubilaciones anticipadas, la burguesía logra, con la complicidad de las burocracias sindicales, que sectores de los trabajadores renuncien a defender el derecho al empleo. (...)" [2]

Un Código de Trabajo insuficiente

Es en ese marco que se impulsa en Honduras la llamada Reforma Laboral. Por ello, por más que los voceros a sueldo del gobierno y el capital digan que la reforma responde a una necesidad propia de las relaciones laborales en nuestro país, la verdadera razón hay que buscarla en las necesidades del capital imperialista que apela a la explotación de la clase obrera mundial para salir de su crisis. No es casual entonces que esta política esté presente en cuanta carta de intención se firme con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Frente a estas nuevas necesidades del capitalismo en crisis, el actual Código del Trabajo hondureño es un obstáculo. Las nuevas técnicas de producción y las necesidades de aumentar las ganancias de los capitalistas, ha llevado a que las más elementales conquistas logradas por la clase obrera en años de lucha estén cuestionadas. Es más, en la mayoría de las empresas, particularmente en las trasnacionales (tradicionales o maquiladoras) esas conquistas mínimas ya se han perdido (estabilidad laboral, la jornada de trabajo, el trabajo de la mujer).

Frente a la constante violación a la legislación laboral en Honduras, los gobiernos patronales agachan la cabeza y en vez de "garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal" [3] haciendo que se cumplan los mínimos derechos consagrados en el actual Código del Trabajo; organizan Comisiones Tripartita para eliminar esas conquistas legalizando las injusticias y abusos que cometen los capitalistas y los explotadores. En otras palabras, necesitan un nuevo Código de Trabajo adecuado "a las nuevas necesidades de la producción", por medio del cual se garantice a la empresa privada el "derecho a la libre explotación" de la clase obrera sin la molesta -aunque ineficiente- vigilancia del Estado.

Un Código de ilimitada explotación

Es así que a comienzos de 1993 se conforma una Comisión Tripartita integrada por representantes del Gobierno, la Empresa Privada y las Centrales Obreras para trabajar en el proyecto de reformas del Código del Trabajo. Finalmente, tras largos meses de silencio, sale a la luz pública un borrador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social titulado Anteproyecto de Código de Trabajo, fechado en Comayagüela en junio de 1994 que muestra los avances logrados por esta Comisión.

Faltando algunos capítulos fundamentales como el referente a los salarios y vacaciones, la contratación colectiva y los regímenes especiales, particularmente el de las maquilas, podemos afirmar -sin temor a equivocarnos- que estamos ante la legalización de una brutal pérdida de conquistas de la clase obrera de nuestro país. A modo de ejemplo, baste decir que en nombre de las "necesidades de los procesos de producción" se liquida la estabilidad laboral; en nombre de facilitar la organización obrera se fomenta la división obrera por fábrica y empresa; y en nombre de la "eficiencia y el bien común" se ponen nuevos obstáculos para el derecho de huelga y organización. Es más, estamos ante un Código de Trabajo que abandona el criterio reformista por medio del cual el Estado debe proteger los derechos del trabajador y retoma el viejo y reaccionario criterio de la "igualdad" entre los factores de la producción.

Entre las principales conquistas que se pierden con el nuevo Código de Trabajo están la estabilidad laboral y la jornada de trabajo; y se retrocede en materia de derecho de organización y de huelga.

Desaparece la estabilidad laboral

Una de las conquistas más importantes logradas por la clase obrera, en años de lucha, es la estabilidad laboral, regulada legalmente por medio del contrato por tiempo indefinido. Este tipo de contrato fue un notable avance en las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, ya que permitió a los trabajadores organizarse y emprender importantes luchas por mejorar las condiciones de trabajo con la seguridad de no ser despedidos de sus empleos.

El Código del Trabajo en vigencia en Honduras, tomó en cuenta este aspecto de la estabilidad laboral y por ello al reglamentar los diferentes tipos de contratos individuales de trabajo, privilegió el contrato por tiempo indefinido fijando para los contratos por tiempo determinado una duración máxima de un año sin posibilidad de renovación, y estableciendo que "sólo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar..." [4].

La reforma propuesta en el nuevo Código de Trabajo -y aceptada por los representantes obreros- establece que "el contrato de trabajo por tiempo determinado no podrá tener una duración mayor de un año, pero podrá ser renovado ilimitadamente por las partes." (artículo 46, nuevo, ambas alternativas)

Este acuerdo, logrado aparentemente en julio de 1993, "constituye [para la Comisión Tripartita] una de las propuestas de reforma más importante al permitirse la existencia de contratos a tiempo fijo; ... la propuesta busca flexibilizar, en forma moderada, la legislación laboral" [5].

Artículo derogado Art. 48. Es nula la cláusula de un contrato de trabajo en que el trabajador se obligue a prestar servicios por término mayor de un (1) año, pero la nulidad sólo podrá decretarse a petición del trabajador. Igual disposición regirá para los servicios que requieran preparación técnica especial cuando el término del contrato sea mayor de cinco (5) años.

Se deja sin efecto los preceptos por los cuales el trabajo temporal, eventual o de duración limitada es una excepción y se legisla con el claro propósito de favorecer este tipo de relación laboral. Se afectan así las conquistas sociales, la antigüedad en el trabajo, la continuidad y estabilidad de las organizaciones sindicales y se lleva al trabajador a vivir en la permanente zozobra sobre su empleo. Es más, el nuevo Código también establece un período de prueba obligatorio para todo tipo de contrato de trabajo, es decir que incluso quienes firmen un contrato de tiempo determinado corren el riezgo de perder su trabajo antes del término establecido si la patronal sostiene -como suele hacerlo- que el trabajador no pasó el período de prueba.

Jornada de trabajo

Como el objetivo que persigue la reforma al Código del Trabajo es garantizar el aumento de las ganancias de los capitalistas, también se ataca la jornada de 8 horas de trabajo. Los legisladores proponen crear dos nuevos artículos "con el propósito de brindar diferentes opciones para la organización del trabajo en las empresas" y suprimir aquellos que trataban de garantizar la salud del trabajador mediante un descanso mínimo.

Es así que el trabajador pierde las 10 horas de descanso ininterrumpido que le garantiza el actual código; se elimina la prohibición a los patrones de sacrificar el tiempo que el trabajador dedica para reponer sus fuerzas y realizar cambios de turnos que produzcan alteración en las horas de descanso y comida del trabajador. También se elimina el tope de doce (12) horas para la jornada extraordinaria y la prohibición de jornadas extraordinarias en los trabajos peligrosos o insalubres.

A cambio se propone el trabajo por turnos y el trabajo sin interrupción por medio de los cuales las jornadas estarán libradas a la total conveniencia de las empresas sin tomar en cuanta la salud de los trabajadores. Una semana se trabajará 16 horas diarias y la otra 2 horas, al final el promedio de las 3 semanas dirá que se ha trabajado 8 horas, y como por arte de magia habrán desaparecido las horas extras laboradas.

Divide y reinarás

Evidentemente estas medidas serán resistida -tarde o temprano- por la clase obrera y ésta luchará contra la explotación ilimitada de los capitalistas apelando a sus organizaciones sindicales.

Previendo esta situación, los reformadores tratan de crear las condiciones que les permitan, llegado el caso, "concertar" con dirigencias "amigas" la entrega de estas conquistas; y la mejor forma de hacerlo es legalizando los "asaltos" de organizaciones y la proliferación de sindicatos amarillos con quienes negociarán la solución de los conflictos con la "ayuda" del Ministerio del Trabajo.

Gracias a la trampa legal pseudo democrática de permitir la existencia de más de un sindicato por empresa, el Estado y la burguesía aumentarán su ingerencia en las organizaciones obreras, fomentado lo que ya hoy es un cáncer para los trabajadores: la burocracia sindical.

Es más, esta medida hace que lo que en un principio parece una medida progresiva: facilitar el proceso de formación y reconocimiento de los sindicatos, se vuelva en contra de los propios trabajadores. Con el actual Código, cuando los obreros quieren organizarse deben enfrentar la lentidud del Ministerio para reconocer el sindicato y la rapidez de la patronal para despedir a los activistas ante el silencio de las autoridades laborales. Con el nuevo Código los sindicatos amarillos o paralelos serán inscritos en tiempo récord, tan pronto como estalle un conflicto, la patronal apelará a los rompehuelgas para organizar un sindicato con el cual terminará "negociando".

El derecho de huelga cuestionado

Una de las características principales de la legislación laboral hondureña ha sido la enorme cantidad de obstáculos existentes en la reglamentación de los conflictos colectivos. Situación que permite a la patronal utilizar todas las tácticas dilatorias imaginables para darle largas a las peticiones obreras, haciendo que una contratación colectiva, por ejemplo, pueda dilatarse por más de un año. Y mientras no se cumpla con todos esos pasos previos los trabajadores no pueden realizar huelgas. Por ese motivo en la historia de nuestro país casi todas las huelgas han sido "ilegales".

Durante años, el movimiento sindiacal ha tratado de reformar esta reglamentación. Pues bien, escudados en estas legítimas aspiraciones, los funcionarios del capital han elaborado reformas que si bien dan la impresión de agilizar los procesos ante un conflicto colectivo, establece nuevas y más profundas limitaciones al derecho de huelga.

En primer lugar se prohiben las huelgas para una inmensa cantidad de trabajadores de los servicios públicos como hospitales, energía eléctrica y suministro de agua. Casualmente los servicios que serán privatizados perdiendo los trabajadores todas sus conquistas.

Por otro lado, se diferencia entre conflictos económicos y jurídicos, prohibiéndose las huelgas en estos últimos. Justamente cuando uno de los principales motivos de huelga en nuestro país es la falta de cumplimiento de compromisos contraidos por la patronal y el gobierno. Gracias a esta maniobra legal, la patronal podrá argumentar que el problema es de interpretación de lo acordado y listo: prohibida la huelga.

Otra brillante maniobra de los reformadores es la prohibición a los trabajadores de añadir nuevos motivos o modificar el pliego de peticiones iniciales después de presentado. Esto significa que si un sindicato está en un conflicto por contratación colectiva y la empresa despide arbitrariamente a los trabajadores -como hizo la Tela Railroad Co. en la última contratación del SITRATERCO [6]- el sindicato no podrá incluir la exigencia de reintegro inmediato de los despedidos, tendrá que esperar a que finalice el presente conflicto para poder, recién entonces, luchar contra los despidos.

Pero esto no es todo, quienes no tengan prohibido el derecho a huelga por ser un servicio "esencial", no estén frente a un conflicto jurídico y no agreguen nuevos reclamos a sus peticiones, podrán realizar una huelga pero... el Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá ordenar la reanudación de labores sometiendo el conflicto al arbitraje!!! Quedando para los trabajadores el derecho de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.

Conclusiones

Por donde se mire, la reforma al Código de Trabajo es perjudicial a la clase obrera. Ella legaliza la pérdida de conquistas que se ha venido operando en los últimos años. De aprobarse significará otra derrota -en el terreno económico-social- para las masas hondureñas y centroamericanas.